“CDMX debe ser pionera en presupuesto para cuidados”: organizaciones piden diseño de política pública y no solo una etiqueta
Para entender mejor
Si bien la iniciativa de ley que pretende crear un sistema de cuidados para la Ciudad de México plantea una irreductibilidad y progresividad presupuestales, deben existir lineamientos claros y procesos de seguimiento sobre esos recursos que tendrían que replantearse de forma adicional a los anexos que agrupan programas que ya existen pero no fueron pensados expresamente para ese fin, coincidieron organizaciones de la sociedad civil.
La propia representación de la Consejería capitalina reconoció, durante las jornadas de consulta que empezaron esta semana, que uno de los mayores retos para ejercer un presupuesto con perspectiva de cuidados es reconocer que esa transformación no depende únicamente de la voluntad política, sino también de la capacidad institucional para modificar la forma en que se planea, clasifica y ejecuta el gasto público.
Esto debido a que históricamente, los presupuestos han estado estructurados en programas y capítulos que no reflejan la complejidad de los cuidados y no permiten identificar claramente lo destinado. Por ello, avanzar en esa agenda implicaría desarrollar metodologías claras, indicadores y mecanismos de seguimiento para saber qué funciona, qué falta y hacia dónde deben dirigirse los recursos.
Alejandra Macias, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, destacó que aunque cuando se piensa en el sistema de cuidados, normalmente se hace con enfoque en cierto grupo, el de las personas adultas mayores, por ejemplo, va a requerir cada vez más de cuidados específicos y especializados, que requieren inversiones diversas.
“Tenemos que pensar también en los que vienen atrás, que cada vez son menos, invertir en sus oportunidades, en las primeras infancias, en cambiar estructuras de mercado, en el medio ambiente, en muchos recursos que no estamos modificando, no estamos invirtiendo y nos está ganando el enriquecimiento”, apuntó.
El sistema de cuidados, dijo, debe pensarse desde un diseño de política pública, y no únicamente ponerle la etiqueta de cuidados a las ya existentes, pues eso no funcionará, alertó. Por ejemplo, a nivel federal el anexo transversal consiste en programas que ya existen y se les está catalogando como parte de cuidados. “No estamos cambiando la operación, las actividades hacia estos indicadores precisos de seguimiento”, agregó.
Ejemplificó con el programa de la pensión universal a adultos mayores, que no tiene perspectiva de género, porque no fue diseñado con esos fines, pero ya se le ha agregado esa etiqueta, y ahora también se contempla dentro de lo destinado a cuidados, cuando en su diseño no tiene ninguno de esos dos enfoques. Para enmarcarlo en estos, tendrá que haberse rediseñado o repensado, señaló.
“Teníamos un análisis desde hace varios años de programas, antes de que existiera el Anexo 31 (a nivel federal), que considerábamos podían ser una base de un sistema de cuidados, que básicamente eran guarderías y estancias, porque en el presupuesto no hay otros programas que tengan que ver más cercanamente con los cuidados, incluso el presupuesto para cuidados de adultos mayores era nulo. Este presupuesto rondaba los 45 mil millones de pesos, y resulta que de 2025 a 2026 estos programas traen un recorte del 18%”, explicó.
Proponen destinar impuestos por hospedaje y apuestas al sistema de cuidados
Carlos Brown, de Oxfam México, coincidió en que un presupuesto destinado al sistema de cuidados debe considerar a quién va dirigido, y materializarse más allá de una etiqueta, sino repensando por completo cómo entendemos las políticas públicas.
“Desde Oxfam México decimos que las políticas de cuidados no tienen una perspectiva completa si no cumplen dos cosas: aumentar la autonomía de tiempo de las personas cuidadoras, y aumentar la autonomía de las personas que requieren cuidados; esos son los lentes que nos ponemos para decir si le falta, va a la mitad o está incompleta”, apuntó.
En ese sentido, una mirada generalmente omitida es que además de la brecha de género que persiste por la carga desproporcionada de cuidados que recae principalmente en las mujeres, existe una diferencia aún más grande por nivel socioeconómico: dedican mucho más tiempo a cuidar las mujeres que tienen menores ingresos, drásticamente cuando se compara el 20% más pobre con el 20% más rico, porque las últimas tienen la posibilidad de pagar a terceros. Por lo tanto, persiste una división sexual del trabajo, pero también una social.
Puedes leer: La exclusión laboral en México tiene rostro femenino: casi 20 millones de mujeres no trabajan por cuidados
Destacó este elemento porque en el país hay 30 millones de mujeres que viven en pobreza –dos de cada cinco—, y en la Ciudad de México 1.6 millones, es decir, una de cada tres. Por otro lado, es indispensable poner atención a la composición demográfica, que para 2050 se la va a invertir en la capital: una de cada tres personas tendrá más de 60 años de edad y las personas jóvenes serán solo el 18% de la población.
👩👧👦 En la #CapitalDeLaTransformación estamos impulsando un modelo que coloca el cuidado en el centro de la vida pública, reconociéndolo como un derecho esencial para todas y todos. 👨🦳👶👵
Con el #SistemaPúblicoDeCuidados todas y todos podrán tener acceso a servicios como:
👩🏻🍼… pic.twitter.com/DXhHYOPym3— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) November 28, 2025
“Hoy hay una importancia en las juventudes que tenemos que poner sobre la mesa, entendiendo que eso va a migrar y que quien va a representar la mayor parte de la sociedad van a ser las personas mayores. Por eso los cuidados no los podemos ver sólo de forma estática. No pueden ser solamente una foto para operar con lo que tenemos hoy. Tiene que ser una consideración dinámica en el tiempo, entendiendo que ese proceso de envejecimiento sí va a afectar”, puntualizó.
Además, explicó que es preciso empezar desde las periferias territoriales, sociales y económicas. La lección desde la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, agregó, está relacionada con que este empezó a extenderse desde 100 mil personas trabajadoras del sector industrial hacia las demás, es decir, de forma progresiva del centro a las periferias, lo que hasta hoy mantiene a muchas personas al margen. Para traer a la realidad el sistema, y después hacerlo universal, subrayó, se necesita dinero público.
“Es la conversación, es el elefante en la habitación, es el tabú del que no queremos hablar, pero es el que materializa los derechos. Es lo que nos lleva de las buenas intenciones y de los discursos bien intencionados a la realidad de millones de personas en nuestra ciudad”, apuntó.
La reforma constitucional que se hizo en la ciudad de México y la iniciativa que espera aprobación en el Congreso para crear el sistema de cuidados, que ni siquiera ha logrado impulsarse a nivel federal, por ejemplo, son pioneras, pero lo deben ser también en términos presupuestales, pidió.
“Cuando vemos la materialización de esto, entendemos que va a requerir mucho dinero, y no porque sea costoso, sino porque son grandes inversiones que no hemos hecho. Son grandes inversiones que hoy son costosas. Los cuidados son costosos. Ese costo lo llevan las mujeres más empobrecidas, pero en general las mujeres en nuestro país lo pagan con su tiempo”, apuntó. “Si intentamos hacer mucho con poco dinero, alguien paga la cuenta; no puede ser construido sobre la precariedad de terceras personas”.
El anexo que se dedique a cuidados, dijo, debe ser útil, y tener metodología con principios y criterios. Es un acierto que la iniciativa incluya la irreductibilidad y progresividad del presupuesto, pero la otra clave es que se utilice bien, mediante una conversación política acerca de quién y cuánto paga por las políticas de cuidado.
El especialista recordó que la ventaja de la Ciudad de México es que 44 de cada 100 pesos provienen de fuentes locales –un alto nivel comparado con otras entidades— y 56 de recursos federales, por lo que la autonomía fiscal es una oportunidad de autonomía política, y hoy podría usarse para incrementar el impuesto al hospedaje –sobre todo en vísperas del Mundial– y destinarlo al sistema de cuidados, así como en el caso de los juegos de apuestas.
“No hemos hecho una reforma profunda a nuestro sistema fiscal en 20 años. Celebro que el impuesto sobre nómina haya aumentado puntos porcentuales en parte para poder pagar los cuidados, pero es un impuesto parejo, que terminamos pagando las personas trabajadoras, no los empresarios. ¿Qué hay que hacer? Que paguen más quienes más ingresos reciben”, sugirió.
Además, criticó cómo la ciudad desaprovecha el impuesto al hospedaje, que hasta ahora es muy bajo, sobre todo cuando se espera un flujo masivo de turistas para el Mundial. De la misma manera, los juegos de apuestas pagan un bajo impuesto, que debería incrementar, consideró.
“Nada más emblemático que subirle a las apuestas para financiar los cuidados. Yo creo que subirle a la especulación para financiar los cuidados me parece un símbolo poderosísimo y realizable, además”, concluyó.
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Las incautaciones de cocaína con destino a Bélgica procedente de Sudamérica se multiplican. Mientras, la sociedad belga sufre las consecuencias del narcotráfico.
A finales de octubre, una magistrada de instrucción belga causó revuelo al publicar una carta abierta para pedirle ayuda “urgente” al gobierno de su país.
La funcionaria aseguraba que el narcotráfico estaba convirtiendo a Bélgica en un narcoestado y advirtió que el Estado de derecho estaba amenazado en este país ubicado en el corazón de Europa y cuya capital es también la capital de la Unión Europea (UE).
“¿Nos estamos convirtiendo en un narcoestado? ¿Exagerado? Según nuestro comisionado antidrogas, esta evolución ya ha comenzado”, acusó la jueza de Amberes, una ciudad cuyo puerto se ha convertido en una de las principales entradas de cocaína en Europa.
La magistrada de instrucción describió al narcotráfico como una “amenaza organizada que mina las instituciones”.
“Se han consolidado grande estructuras mafiosas, que se han convertido en una fuerza paralela que desafía no sólo a la policía, sino también al poder judicial”, añadió.
Aunque los expertos consideran que la denuncia de que Bélgica ya es un narcoestado es una exageración, alertan que el tráfico de drogas se ha convertido en un gran problema en el país europeo.
Debido a una creciente demanda de drogas en toda Europa, los narcotraficantes aprovechan la ubicación estratégica de Bélgica y del puerto de Amberes, como punto de distribución de la mercancía ilícita.
Pero quizá el factor más importante que ha hecho de Amberes un hub de la cocaína en Europa es el hecho de que su puerto es uno de los más grandes del continente: el flujo constante de contenedores ofrece oportunidades para ocultar productos ilícitos en cargamentos.
“La acusación es exagerada”
“Amberes tiene el segundo puerto más grande de Europa y tradicionalmente recibe mercancías de América Latina. Por eso, se ha convertido en un punto de entrada natural, junto con el puerto de Róterdam, para la cocaína”, le dice a BBC Mundo Letizia Paoli, criminóloga y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lovaina, en Bélgica.
“Y las autoridades neerlandesas comenzaron a intensificar los controles en Róterdam antes que las belgas”, prosigue.
“Pienso que la acusación de ‘narcoestado’ es exagerada, pero hay tendencias preocupantes, sin duda”, añade.
El año pasado, los funcionarios de aduanas belgas interceptaron 44 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, una caída significativa respecto a las 121 toneladas incautadas en 2023.
Pero las autoridades belgas afirman que estas cifras no son necesariamente una señal de progreso.
Durante el primer semestre de este año, 51 toneladas de cocaína con destino a Bélgica fueron interceptadas en Sudamérica, un aumento del 155% en comparación con las 20 toneladas del mismo período del año anterior.
Pero el problema no sólo se limita al sur del continente americano, si no que va más allá.
En diciembre de 2024, las autoridades de República Dominicana informaron la incautación de más de nueve toneladas de cocaína, la mayor en la historia del país.
La droga se encontró en dos contenedores de banano procedentes de Guatemala y que tenían como destino el puerto de Amberes.
1.977 casos de tráfico de drogas
Este relativamente nuevo problema belga no se limita a Amberes.
En Bruselas, la capital del país y de la UE, el narcotráfico también está dejando huellas.
Según cifras de la policía de Bruselas, en 2023 se registraron 1.977 casos de tráfico de drogas, un aumento del 26% respecto a 2022 y del 76% desde 2015.
También en el año 2023 se registraron en la capital belga 6.595 incidentes de posesión de drogas.
Y la violencia, que algunos vinculan al uso y tráfico de drogas, parece estar saliéndose del control de las autoridades.
En 2024 se registraron 89 tiroteos en la capital belga y los reportes apuntan que este año la cifra será aún mayor.
De igual forma, desde el año pasado, Bruselas tiene catalogadas 16 zonas que se consideran especialmente peligrosas llamadas hotspots, principalmente relacionadas con bandas criminales y el narcotráfico.
Muertes relacionadas con las drogas
También se han registrado varias muertes relacionadas con las drogas, algo rarísimo hace tan sólo una década.
“Mientras que en 2013 no encontramos ningún asesinato relacionado con el comercio de cocaína en Bélgica, entre 2014 y 2025 encontramos que en Amberes, que es el centro del tráfico de cocaína, hubo seis asesinatos relacionados con la droga”, explica la criminóloga Letizia Paoli.
“Pero si consideramos que en un solo año ocurren alrededor de 160 homicidios en Bélgica, los asesinatos relacionados con las drogas no son muchos. No representan ni siquiera el 10% de los asesinatos asociados con el tráfico de cocaína de alto nivel en Amberes, fueron solo seis en diez años”, matiza.
La carta abierta señala que las organizaciones criminales se han infiltrado en los puertos, las aduanas, la policía e incluso en los sistema penitenciario y judicial.
También afirma que jueces, incluida la autora, han sido amenazados y pide acción gubernamental.
La criminóloga Letizia Paoli asegura que apoya el llamado a que las autoridades destinen más recursos y ofrezcan una mayor protección a los magistrados: “Son peticiones realmente razonables y necesarias”.
Pero insiste en que no hay razón para hablar de Bélgica como un narcoestado.
En su opinión, un narcoestado tiene tres características: un nivel muy alto de violencia que afecte la vida comunitaria, una corrupción relacionada con las drogas tan extendida que alcance las más altas esferas del gobierno y una economía de la droga que aporte mucho al PIB.
“Ninguno de estos tres criterios se aplica a Bélgica”, apunta.
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