CDMX elimina el delito de peligro de contagio, un paso a la descriminalización del VIH
El Congreso de la Ciudad de México eliminó el delito de peligro de contagio del código penal local, lo que representa un avance hacia la descriminalización del VIH y la eliminación de estigmas hacia las personas que viven con el virus, consideran organizaciones e involucrados en el proceso que condujo a su derogación.
El decreto que formaliza esta decisión del Congreso fue publicado este jueves 11 de enero y entra en vigor el 12 de enero.
¿Qué es el delito de peligro de contagio?
El delito de peligro de contagio estaba tipificado en el artículo 159 del código penal capitalino, y castigaba “al que sabiendo que padece una enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia”.
En esos casos se imponía prisión de tres meses a tres años, y cincuenta a trescientos días de multa.
“Si la enfermedad padecida fuera incurable, se impondrá prisión de tres meses a diez años y de quinientos a dos mil días multa. Este delito se perseguirá por querella de la víctima u ofendido”, se lee en el Código Penal, texto que quedó eliminado este jueves 11 de enero al publicarse la reforma en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Por tanto, entrará en vigor a partir de este viernes 12 de enero, de acuerdo con el decreto.
La existencia de este delito –que aún persiste en los códigos penales de 29 estados– permitía que cualquier persona con VIH o medicamento antirretroviral en su poder pudiera ser denunciada, aún cuando no se concretara la transmisión del virus.
“Este delito está totalmente fuera de control, ni siquiera tiene un por qué, tampoco se explica de forma científica”, asegura Alain Pinzón, director de la organización VIHve Libre.
El activista lo califica como una situación muy noventera, en la cual el VIH y otras infecciones de transmisión sexual son vistas de manera prejuiciosa, en el sentido de que solo las adquieren las personas promiscuas o con determinada orientación sexual o prácticas sexuales.
“Eso tenía que cambiar porque la Ciudad de México se supone que era la ciudad de avanzada de todo el país, y el que tuviera un artículo que criminalizara directamente la vida sexual de una persona, me parece muy grave”, señala Pinzón.
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Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), explica que se trataba de un delito –todavía contemplado también por el código penal federal– que en sus inicios tenía como objetivo controlar el trabajo sexual y sancionar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual.
Sin embargo, tras el descubrimiento del VIH, derivado del pánico que se generó en la década de los 80 y 90, se incorporó un párrafo más para incluir una mención sobre enfermedades incurables, lo que además equiparaba al VIH con el Sida.
Estos párrafos se copiaron tal cual en varios códigos estatales, incluidos el de Ciudad de México, donde además se elevó la pena, desde la estigmatización a quienes viven con VIH.
“El delito ahí seguía. Los datos que nosotros en Copred tenemos de manera reciente es que es un delito que no se denunciaba; se empezó a utilizar durante la pandemia por Covid como una manera de amenazar o perseguir a personas que presuntamente tenían covid, y sí se ubica un pico en el número de denuncias recibidas durante 2020 y 2021 en la Fiscalía”, agrega González de la Vega.
Si bien la mayoría de las denuncias presentadas –a excepción de una en 2021– no llegaron a convertirse en una orden de aprehensión, la Fiscalía capitalina conservaba un promedio anual de 9 carpetas iniciadas entre 2012 y 2019 –con un mínimo de 2 en 2014 y un máximo de 14 en 2013–, las cuales ascendieron a 78 en 2020 y 73 en 2021, para descender nuevamente a 22 en 2022.
Según los datos reportados por la dependencia, en 11 años se abrieron 246 carpetas de investigación por este delito.
La figura de “peligro de contagio” básicamente se utilizaba como una amenaza, pues no exige resultado, es decir, no es necesario que se concrete una transmisión, sino que sancionaba la mera situación de haber generado un supuesto “peligro”.
“Los efectos de la existencia de este delito eran básicamente, desde el Estado, criminalizar el vivir con VIH u otras condiciones de salud”, añade la titular del Copred.
A partir de este contexto y del caso de Juan “N”, un joven detenido en la Ciudad de México en junio de 2021, desde los activismos en torno al VIH se empezó a exigir su derogación, porque sólo contribuía a la estigmatización de las personas que viven con VIH.
Tras su eliminación, Pinzón considera que podrá dejar de usarse para extorsionarlas, como le ocurrió a Juan “N”, y al mismo tiempo da certeza respecto al tipo de ciudad que es la capital.
“Por medio de la exigencia pública, de la presentación de estos casos emblemáticos como el de ‘Juan N’, que ya estaba en el Reclusorio Norte cuando protestamos afuera, hay un reconocimiento a esa voz pública”, indica.
La Ciudad de México es la tercera entidad del país en eliminar el delito, que según el estudio “La legislación mexicana en materia de VIH y Sida. Su impacto en las personas viviendo con VIH”, al mismo tiempo inhibía la generación de políticas de salud pública enfocadas en disminuir el número de nuevas infecciones, además de enviar un mensaje de negatividad, culpabilidad y castigo.
Cuando hay dolo, aplica el delito de lesiones
El diputado Temístocles Villanueva –promotor de la primera iniciativa para eliminar el delito, que antes no había prosperado– subraya que la eliminación de la figura de peligro de contagio no implica dejar al descubierto la posibilidad de sancionar aquellos casos en donde pueda llegar a probarse la transmisión de algún virus, infección o enfermedad a otra persona con dolo.
“Esto es resultado de una exigencia de hace muchos años del activismo civil que ha luchado en contra de la epidemia del VIH-sida en nuestro país y toda la ciudad. El primer referente fue el de Veracruz, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional en 2015 un artículo en su código penal que también se refería a peligro de contagio”, refiere en entrevista el legislador local.
Desde 2018, Villanueva había presentado la iniciativa ante el Congreso; sin embargo, él considera que el tema no avanzaba por la falta de información de algunas personas legisladoras y por las coyunturas políticas de la capital.
El diputado precisa que la aprobación representa un reconocimiento de que las personas que viven con VIH son poseedoras de los mismos derechos humanos.
“Este tipo penal va en contra de todos los lineamientos establecidos a nivel internacional, que lo que buscan es eliminar todos los estigmas y la discriminación que padecen las personas que viven con VIH. Importante insistir en que no estamos liberando de culpabilidad a quien de manera dolosa quiera transmitir el virus; para eso existe otro tipo penal, que es el tipo penal de lesiones”, subraya.
La reforma aprobada –presentada esta vez por la diputada Ana Francis– añade una fracción al capítulo II, que tipifica el delito de lesiones, para establecer una sanción en caso de que exista una transmisión o contagio de una condición que afecte la salud, con dolo, de manera voluntaria y con la existencia de un resultado.
En una relación sexual, destaca Villanueva, ambas personas son igual de responsables sobre su salud sexual. Al mismo tiempo, recalca que la ciencia ha avanzado a tal punto que el día de hoy existen tratamientos antirretrovirales que permiten que una persona que vive con VIH pueda ser indetectable, es decir, no transmite el virus.
Sin embargo, no se puede lograr que haya un alcance mayor del tratamiento mientras no se garanticen todas las pruebas necesarias para detectar el VIH. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Salud Pública, explica Villanueva, una de las razones por las que las personas prefieren no hacerse la prueba del VIH es por miedo a terminar encarceladas.
“El tipo penal abona a generar mayor temor en iniciar un tratamiento antirretroviral y lograr la llamada indetectabilidad”, añade. Los problemas de salud pública y de salud sexual, señala, deben ser tratados a partir del diseño de política pública de prevención, comunicación, empatía y no del punitivismo, pues tener personas en la cárcel no va a erradicar el virus del VIH.
Pinzón considera que hay una desactualización importante respecto a la información en torno a la indetectabilidad e intransmisibilidad que pueden alcanzar la mayoría de las personas que viven con VIH, como lo muestra el caso de la legisladora local Ana Villagrán, que votó en contra de la propuesta –asegura el activista– por desconocimiento.
“Ella dice que el sida se contagia, y ella votó en contra porque como el sida se contagia, hay un montón de señores teniendo relaciones sexuales sin condón con sus esposas para, accidental o incidentalmente, contagiarlas. Ese es el argumento. No nada más hay una desactualización, sino una bola de prejuicios impresionantes en este tipo de personajes de la política mexicana; es alarmante”, alerta Pinzón.
La publicación de la reforma al código penal en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se prevé para los próximos días.
González de la Vega recordó que el Copred envió opiniones consultivas a Consejería, Jefatura de Gobierno y el Congreso para la derogación del delito, y acompañó con un escrito en calidad de amicus curiae el caso de “Juan N”, quien ganó su amparo, el cual determina que el delito es inconstitucional por criminalizar a las personas que viven con VIH.
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La Corte Suprema de Justicia argentina confirmó las dos condenas previas que recibió la exmandataria por el delito de administración fraudulenta durante sus gobiernos.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Kirchner, quien podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria debido a su edad (72 años), fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos, entre 2007 y 2015.
El máximo tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años de prisión y agregar el delito de asociación ilícita.
La exmandataria, quien también ofició de vicepresidenta durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023), anunció días atrás que se presentaría como candidata a diputada en los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, en septiembre.
Sin embargo, la confirmación de su condena por la máxima instancia judicial del país significa que ya no podrá presentarse a elecciones.
Kirchner, una figura muy polémica y divisiva en Argentina, es actualmente la presidenta del Partido Justicialista (PJ), nombre oficial del peronismo, la principal fuerza opositora al gobierno del economista libertario Javier Milei.
La exmandataria escuchó el anuncio de la Corte desde la sede del PJ, acompañada por legisladores y dirigentes de su espacio.
Militantes peronistas cortaron los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires en la antesala del anuncio.
La expresidenta, quien niega los cargos en su contra, ha denunciado que es víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus rivales políticos.
También se ha comparado con sus pares Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Rafael Correa, en Ecuador, quienes fueron condenados por las cortes de sus países por casos de corrupción (la condena de Lula fue anulada luego de que el brasileño pasara un año y medio en prisión, y en 2023 volvió a la presidencia; Correa está prófugo de la justicia desde 2018).
Por qué fue condenada
La expresidenta fue condenada por la llamada “causa Vialidad”, en la que se la acusó de haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, el bastión de los Kirchner, donde su difunto marido, Néstor Kirchner, gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde ella aún mantiene su residencia.
Según la Fiscalía, días antes de que él asumiera como jefe de Estado, en 2003, los Kirchner crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego le adjudicaron la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.
Durante los 12 años en los que los Kirchner gobernaron el país, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de esa provincia patagónica.
Solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, los fiscales señalaron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios, estimando que la “cartelización organizada” desde el gobierno perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones.
De acuerdo con la causa, los Kirchner pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, quien actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez también fue condenado por esta causa, junto con otros siete exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya estaba detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.
Qué dice la expresidenta
La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a Cristina Kirchner con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.
“Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, detalló la propia expresidenta en su cuenta de X (entonces Twitter) cuando fue condenada en primera instancia, en diciembre de 2022.
Kirchner señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.
“El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación”, observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que haber juzgado a quien fue el primer jefe de Gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: Alberto Fernández, con quien mantuvo una áspera relación cuando gobernaron juntos, antes de la llegada de Milei.
La expresidenta incluso remarcó que otro poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones en obra pública cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos de la oposición.
Y su defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.
No obstante, en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Kirchner.
Sentencia que, con la ratificación de la Corte Suprema -la última instancia judicial a la que podía apelar-, ahora queda firme, por lo que la líder política será detenida y no podrá participar en elecciones u ocupar cargos públicos de aquí en adelante.
“Presa o muerta”
El pasado domingo, durante un acto electoral y en medio de fuertes versiones en la prensa de que la Corte estaba por anunciar su decisión, Kirchner reiteró su denuncia de que sufre persecución política.
“Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”, afirmó.
En sus palabras, Kirchner estaba haciendo alusión al 1 de septiembre de 2022 cuando, tres meses antes de recibir la primera condena en la “causa Vialidad”, fue víctima de un intento de magnicidio.
Aunque un hombre disparó un arma a centímetros de su rostro, la entonces vicepresidenta no resultó herida porque la pistola, que estaba cargada, “no funcionó”, según revelaron las autoridades.
El agresor, Fernando Sabag Montiel, está imputado por homicidio agravado en grado de tentativa, con una pena prevista de 8 a 17 años.
Kirchner, quien la semana última anunció durante una entrevista que se presentaría como candidata a diputada para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires -el bastión electoral del peronismo- en los próximos comicios legislativos de septiembre, también se mostró desafiante.
“Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”, arengó.
“Dale, mirá cómo tiemblo”.
El lunes, en un encuentro político del peronismo, la exmandataria se refirió a sí misma como una “una fusilada que vive”.
También denunció una serie de actos de presunta corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, y dijo que dado que nadie había sido detenido por estos casos, ni tampoco por endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional, para ella “estar presa es un certificado de dignidad”.
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