
Una jueza de la Ciudad de México concedió medidas cautelares a un médico acusado de violencia obstétrica por decenas de mujeres, y que ya cuenta con orden de aprehensión, y ordenó a Animal Político no publicar nada sobre el caso. Según la jueza, el trabajo periodístico que dio voz a las víctimas “ataca la dignidad, honor y reputación” del médico, hoy prófugo de la justicia, pues las notas con los testimonios de las denunciantes y la documentación de la violencia obstétrica provocan -de acuerdo con la resolución- “escarnio y desprestigio público”.
La Jueza del Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, Ana Mercedes Medina Guerra, concedió las medidas cautelares en respuesta a una demanda civil que el médico promovió en agosto de 2024 contra dos medios de comunicación y dos periodistas pidiendo que dejen de publicar su trabajo periodístico en torno al caso.
Esto, al tiempo que el médico enfrenta denuncias penales de varias de sus víctimas y ha evadido la justicia durante más de ocho meses. Además, desde el 20 de diciembre se reactivó una orden de aprehensión en su contra, la cual permanece activa luego de que omitiera asistir a la audiencia a la que estaba llamado a presentarse el pasado 13 de diciembre, tras meses de dilaciones.
En el documento, notificado a dos medios de comunicación y dos periodistas que ahí laboran, se ordena a los codemandados “se abstengan de continuar con los ataques a la dignidad, al honor y reputación del promovente, a través del escarnio y desprestigio público ya sea mediante declaraciones o reportajes periodísticos, tanto en medios escritos, digitales, así como en redes sociales”.
En marzo de 2023 Animal Político dio a conocer el testimonio de 14 mujeres expacientes del ginecobstetra, enmarcados en una investigación periodística sobre violencia obstétrica e impunidad en el gremio médico. En éste se consigna que en diversas ocasiones se extendió al médico la invitación a ejercer su derecho de réplica. Tras la primera publicación, 17 mujeres más se comunicaron de manera orgánica con este medio para compartir historias similares.

Un par de meses después, se creó la colectiva Con Ovarios como iniciativa de varias de sus víctimas, la cual, con el apoyo probono de un despacho de abogados, impulsó diversas denuncias penales en su contra. Los avances de ese proceso y la verdad jurídica que obra en los expedientes han sido rigurosamente documentados por Animal Político.
Además, durante la ampliación de esta investigación para el proyecto transfronterizo Tanto Coraje, una serie en podcast coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas CLIP, al médico se le hizo una vez más la petición de ejercer su derecho de réplica, a lo que no dio respuesta.
Más tarde, el 19 de diciembre de 2024 se comunicó con este medio para ofrecer, tras casi dos años, una entrevista al día siguiente, misma que canceló una hora antes del horario pactado. El medio no recibió mayor noticia sobre la propuesta de reagendarla a inicios de enero, según fue comunicado por su asistente.
No obstante, este 15 de enero Editorial Animal y otro medio, así como las periodistas Marcela Nochebuena y otra colega, fueron notificadas por primera vez de las medidas cautelares concedidas por la jueza para impedir que se hagan más publicaciones sobre el caso, pese a que en el mismo documento sostiene que no pretende prejuzgar acerca de la legalidad de la situación ni los derechos o responsabilidades del solicitante.

De manera paralela, desde mediados del año pasado la página de Facebook Santa Ana TV ha difundido una serie de videos, donde se descalifica y desacredita a diferentes víctimas de violencia obstétrica que denunciaron al médico, al tiempo que se hacen afirmaciones falsas sobre el trabajo y las publicaciones de Animal Político.
Del mismo modo, en ese espacio se han hecho públicos nombres y detalles confidenciales contenidos en los expedientes de las denuncias penales promovidas contra del conocido ginecobstetra. En los videos publicados en dicha página de Facebook relativos al caso de manera frecuente se etiqueta a un Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, que se define a sí mismo como “mujeres antifeministas, provida, defensoras del principio de igualdad, derechos humanos y niñez”.
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Por separado, una cuenta de TikTok también ha difundido videos donde se ventilan detalles de la vida personal del médico —a la cual este medio de comunicación es ajeno y nunca ha considerado de relevancia periodística— y se descalifica, adjetiva y emiten acusaciones falsas en torno a víctimas, medios y periodistas. Además, la periodista que investigó el caso ha recibido peticiones de mensajes directos en sus cuentas personales de Twitter y Facebook de usuarios desconocidos que desacreditan su trabajo periodístico.

La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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