Culiacán, Sinaloa.- Ha pasado un mes del incendio en la tienda Coppel Hidalgo y la Procuraduría General de Justicia del Estado no tiene avances en la investigación.

Esta inmovilidad gubernamental ha hecho que algunos familiares caigan en la desesperanza, otros todavía exigen justicia, como lo hace Alma Rosa Moreno Zazueta, hermana de la víctima, Carmen Selene.

“(Coppel) se está haciendo cargo de los gastos, está cumpliendo con todo, pero nada va a regresar a nuestras familias. Se tiene que sacar la verdad, si fue un accidente, un descuido, o lo que haya sido, que salga a la luz”, declaró para Animal Político.

-¿Qué le pide a la autoridad a un mes de la tragedia?

-“¿Qué podía pedir ya, a un mes?”.

-“Sí, ¿y a cuántos se les ha hecho justicia? A muy pocos. Yo lo que quisiera es que me regresaran a mi hija… y sí, es lo que quisiéramos todos los padres que estamos pasando por esto: Justicia”.

-¿Cómo van las investigaciones?

No tenían forma de salir

Las víctimas de la tragedia del 9 de noviembre son Claudia Janeth Bernal Delgado, de 25 años; Mariana López Soto, de 24 años; Carmen Selene Moreno Zazueta, de 36 años; Verónica Picos Bastidas, de 22 años; Perla Zapata, de 25 años, y Rosa Imelda Félix, de 26.

Las mujeres dejaron nueve hijos en la orfandad, el mayor tenía 20 añoS; el menor, 45 días de nacido.

Ese día, las trabajadoras del corporativo realizaban un inventario. Pasaban de las 21:00 horas cuando el humo empezó a brotar en el interior del almacén, le siguieron las llamas provocadas por un presunto corto circuito. Las empleadas subieron al segundo piso de la empresa para refugiarse, para encontrar una salida de emergencia, pero no encontraron cómo escapar, según han coincidido testimonios de familiares que recibieron llamadas y la propia autoridad. Las mujeres nunca pudieron salir del inmueble.

Como sistema antirrobo, por las noches, la empresa asegura las puertas y corre cortinas de metal por las ventanas. Después de una revisión física y documental de la tienda siniestrada y de otros almacenes en Culiacán, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social  emitió un boletín en el que asentó que las salidas de emergencia no cumplían con la normatividad federal, y a pesar de esto, se dio la autorización de Protección Civil Municipal.

“Las salidas de emergencia, tanto de la sucursal siniestrada como de las dos sucursales visitadas, no cumplen con los requisitos establecidos en la norma oficial mexicana”, reza el documento.

Incluso, en un informe preliminar, el director de Inspección Federal del Trabajo, Rafael Adrián Avante Juárez, afirmó que resulta evidente que si las autoridades tuvieron que forzar las puertas para entrar, indica que las empleadas no tenían forma de salir.

“De la visita que realizamos, y si bien no incide en el ámbito de competencia de la Secretaría, sí pudimos apreciar que las diversas vías de acceso del inmueble mostraban signos evidentes de haber tenido que ser forzadas por parte de los cuerpos de protección y emergencia, lo que nos hace suponer que efectivamente las trabajadoras no tenían forma de salir del inmueble”, resaltó en entrevista.

De acuerdo con la norma 02STPS2000, las puertas deben:

1. Abrirse en el sentido de la salida al exterior y contar con un mecanismo que la cierre y otro que permita abrirla desde adentro mediante una operación simple de empuje.

2. Estar libre de obstáculos, candados, picaportes o cerraduras con seguro puesto durante las horas laborales.

3. Comunicar a un descanso en el caso de que acceda a una escalera.

4. Ser de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el paso del humo entre áreas de trabajo.

5. Estar identificadas conforme a lo establecido por la norma en materia de señalización.

… Pero las salidas de las empleadas estaban aseguradas

La empresa citó a medios de comunicación para decir que las empleadas tenían llave de las puertas, y que sí podían salir; sin embargo, la Procuraduría de Justicia local no ha encontrado la llave, a pesar de que han buscado “centímetro por centímetro”.

“Hasta este momento no se ha encontrado ninguna llave”, declaró el director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría local, Louis Alberto Jauss López, el pasado 7 de diciembre.

Lo “curioso” es que la empresa operaba en regla, es decir, a pesar de la clara violación que hizo notar la Secretaría del Trabajo federal, la dirección de Protección Civil Municipal la había revisado y avalado, siendo en marzo el último chequeo,  informó el propio director, Marco Antonio Martínez de Alba.

A 20 días de que concluya el actual gobierno estatal, y con esto se dé el cambio de todo el aparato de procuración de justicia, no se conoce públicamente el móvil del incendio. Sólo se ha llamado a declarar a cerca de 20 personas, algunos gerentes de la tienda. A los dueños del corporativo, Enrique y Agustín Coppel, no se les ha requerido.

La procuraduría atribuye la lentitud de las averiguaciones a la alerta que envió Protección Civil, en la cual menciona que el edificio incinerado puede derrumbarse.

“Eso no nos ha permitido avanzar con la prontitud que nosotros quisiéramos para tener el resultado de las pruebas periciales”, mencionó Jauss López.  Pero este argumento nunca fue citado por la Secretaría del Trabajo.

Y mientras la Procuraduría avanza a paso lento, a pesar de la proximidad del cambio de gobierno, la familia Coppel indemniza a las víctimas, opera con los medios de comunicación locales y, según se consignó en Animal Político, contrató a un despacho de abogados, encabezados por dos de los hombres más influyentes de este sexenio: el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el expresidente nacional del PAN, Germán Martínez.

El pasado 30 de noviembre, estos políticos se reunieron en Culiacán, y a puerta cerrada, con el exgobernador Juan Millán Lizárraga, mano derecha y “padre político” del próximo mandatario de Sinaloa, Mario López Valdez.

“Fue una junta de amigos”, dijo Millán Lizárraga ante la prensa local.