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“Yo sigo esperando a mi hijo”: la vida de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 10 años después
“Yo sigo esperando a mi hijo”: la vida de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 10 años después
Luz María Telumbre es la mamá de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste
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“Yo sigo esperando a mi hijo”: la vida de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 10 años después

Tras una década de búsqueda, las madres y padres de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y de Benjamín Ascencio Bautista, dos de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014, combinan su vida cotidiana con la lucha por la justicia y en contra del olvido.
26 de septiembre, 2024
Por: Manu Ureste
@ManuVPC 

–No es posible que este gobierno nos quiera entregar a nuestros hijos por pedazos. Eso es un desgaste tremendo para las familias; un sentimiento de angustia que no sé ni cómo expresarlo. El gobierno nos mata a cada rato

Luz María Telumbre es la mamá de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que desapareció a manos de policías la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. 

Sentada en una silla de plástico de esas que suele haber en las fonditas económicas, y rodeada en el salón de su casa de coloridos altares, velas prendidas, y cuadros con retratos de su hijo y de sus otras tres hijas, la mujer sostiene con ambas manos una lona con el rostro de Cristian; un joven de 19 años al momento de desaparecer, de tez morena y ojos negros profundos, que sus familiares describen de carácter afable y cariñoso –salvo cuando alguien se metía con alguna de sus tres hermanas– y amante de la danza folclórica.

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Con los ojos negros humedecidos por el recuerdo, la mujer cuenta bajando la mirada para encontrarse con la de su hijo plasmada en la lona, que en el verano de 2022, cuando autoridades del Gobierno federal pidieron urgentemente hablar con ella y su marido Clemente, vivió uno de los peores días de su vida.  

Ese día, les informaron que en un sitio diferente al basurero de Cocula, donde el gobierno de Peña Nieto había situado el ‘epicentro’ de la llamada ‘verdad histórica’, que quedó desacreditada, se habían hallado ahora nuevos restos humanos que correspondían a dos normalistas de los 43. Y uno de ellos era su hijo Cristian Alfonso, de quien habían encontrado fragmentos de un pie. 

–Pero para mí eso no es una prueba definitiva de muerte –dice la mujer restregándose los ojos con ambos dorsos de las manos con las que, a diario, se dedica a palmear tortillas de maíz para sostener los gastos de la casa junto a su marido Clemente, que antes de la desaparición vendía agua embotellada por las calles de Tixtla, el pequeño municipio de poco más de 21 mil habitantes donde está la normal rural de Ayotzinapa

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–Para mí no es prueba de nada –insiste Luz María negando rotunda con la cabeza. 

Sobre las láminas de hierro del tejado de su casa comienzan a caer ruidosas gotas de lluvia que alivia un poco el sofocante calor guerrerense.

–Hasta que el gobierno nos dé una prueba más contundente de lo que le pasó, nosotros vamos a seguir en la lucha y buscándolo con vida. 

–Pero lo que no puede ser –agrega ahora con el ceño fruncido– es que nos los quieran entregar por pedacitos –insiste–, porque eso nos destroza psicológicamente. Yo misma le dije al presidente López Obrador que un ser vivo puede vivir perfectamente sin un pie, así que yo sigo esperando a mi hijo, así sea sin un pie. 

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Luz María Telumbre es la mamá de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste

 

A continuación, la mujer dobla con cuidado la lona y la deja sobre la silla. Sale al patio de su casa, donde una techumbre de lámina cubre de la lluvia la olla de la que sale aroma a café, y lo sirve en una bonita taza de artesanía con el rostro de un ocelote, de esas que también vende su marido. 

–Todo el día tenemos a nuestro hijo en la cabeza, todo el día –murmura la mujer tras sacar una canastita con pan dulce para la visita–. Yo digo que, a lo mejor, si nos lo hubieran entregado completo, pues le habríamos dado una sepultura digna en un lugar al que ya sabemos dónde está. Pero no. Diez años y esta pesadilla no se acaba. Se acuesta una pensando en esto y se levanta pensando en esto. No hay paz en nosotros. Es un desgaste constante. 

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El desgaste a lo largo de esta década ha sido tal, que doña Luz dice que no ha tenido más remedio que empezar a alternar más la protesta social y el activismo, el cual ha dejado más en manos de su esposo, con quedarse en casa para atender el negocio de tortillas y, sobre todo, a sus otras hijas, que además de sufrir la desaparición forzada de un hermano, vieron cómo también perdieron un poco a sus padres desde aquel fatídico 26 de septiembre de 2014.

–Antes de la desaparición, mis hijas llegaban a la casa y sabían que aquí estaba su mamá al pendiente de ellas. Pero pasó esto y llegó el momento en que también me reclamaron. 

Doña Luz hace una pausa para respirar hondo. 

–Me dijeron: ‘mamá, nosotras también somos tus hijas y te necesitamos’. 

Afuera, la lluvia cae furiosa, y los truenos cimbran los cristales de la casa. 

–Fue muy duro y muy feo para nosotros abandonarlas. Porque antes, al inicio, no era solo cosa de irnos un día y volver. ¡No! –exclama con los ojos muy abiertos–. Era ir todos los días a marchas, a paros, a plantones… Hemos hecho de todo en estos 10 años para encontrar a nuestro hijo –lamenta la mujer con un gesto de tristeza en el rostro–. Pero esta pesadilla nomás no se acaba.

***

Don Clemente Rodríguez Moreno estaciona frente a la puerta de su casa la vieja camioneta blanca de trabajo. En la luna delantera un enorme 43 se ve a varios metros de distancia. El hombre se baja y se disculpa por la tardanza. Estaba alimentando a los cerdos, gallinas y pollos que tiene en su ‘porqueriza’, explica, el otro trabajo con el que, además de las artesanías y la venta de mezcales, saca dinero para la casa y para asistir periódicamente a las marchas en Ciudad de México y a los encuentros que mantenían con Alejandro Encinas en la Segob y con el propio presidente López Obrador en Palacio Nacional. 

–Antes de la desaparición en 2014, llevábamos una vida muy feliz aquí en la casa –se arranca Clemente, que viste una playera tipo polo, unos pantalones holgados de mezclilla de color gris deslavado, y unas botas camperas. 

–Yo vendía agua de garrafón. Iba por las calles gritando para que la gente saliera y me comprara –sonríe tímidamente con el recuerdo, en la que será la única sonrisa durante la entrevista–. Era muy feliz –insiste–. Mi hijo Cristian me ayudaba a hacer la composta para plantar limoncitos y otros frutos. 

Además de trabajar, don Clemente cuenta que su hijo quería estudiar. Su objetivo era convertirse en ingeniero agrónomo, aunque luego lo cambió por el de ser maestro de educación especial. Por ello, aplicó para una escuela en Chilpancingo, la capital guerrerense ubicada a unos 30 minutos en combi de Tixtla, pero se quedó a cuatro puntos de lograr el acceso. Tras la negativa, aplicó entonces para la normal rural de Ayotzinapa, que está a unos pocos minutos caminando desde su casa. Ahí tuvo que pasar una semana de prueba y se quedó. Pero en ese ínter, le hablaron de Chilpancingo diciéndole que había una vacante y que lo habían aceptado en la escuela de educación especial. 

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Clemente Rodríguez Moreno es papá de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste

 

“Lo que tú decidas, nosotros te apoyamos”, le dijeron sus padres.

Cristian decidió quedarse en la normal rural de Ayotzinapa. Era agosto de 2014. Faltaba solo un mes y medio para que desaparecería en el grupo de los 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de la policía de la localidad de Iguala, a unos 120 kilómetros de Tixtla.

–Ojalá le hubieran dicho antes que sí se quedaba en Chilpancingo, quizá así no le hubiera pasado nada de esto –interviene en la plática Luz, que se lamenta–. Pero el hubiera no existe. Quizá ya estaba escrito que esto iba a pasar.

–Nos tocó a nosotros aprender a la fuerza muchas cosas –dice ahora don Clemente, que tiene el semblante ojeroso y profundamente cansado–. Aprendimos que no solo a los ricos les pasa esto de las desapariciones para luego pedirles dinero, sino  que también nos pasa a los pobres, y a mucha gente en todo el país. No son solo nuestros 43, son miles los desaparecidos.  

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Desde la noche del 26 de septiembre de hace 10 años, Clemente dice que ya no ha vuelto a ser el mismo. 

–Mi vida cambió totalmente, yo era una persona alegre y ahora… –deja una pausa–. Ahora, el cuerpo ya muestra cansancio después de 10 años de caminar. Hay muchos padres que en este tiempo ya han padecido enfermedades, como diabetes, o que incluso ya se murieron sin saber qué pasó con sus hijos. 

–También hay mucho cansancio psicológico –agrega tras dejar otros segundos de reflexión flotando por la sala que huele a café y a la humedad de la lluvia. 

–Yo llegó un momento en que quedé destrozado totalmente, de querer… De ya no saber qué hacer por tanta desesperación. 

Como su esposa, Clemente recuerda que cuando llegaron a darles la noticia del hallazgo de un resto del pie de Cristian “fue un martirio para la familia”, aunque asegura que gracias al apoyo de mucha gente que les ofreció su solidaridad han podido salir, una vez más, adelante. Precisamente, el padre del normalista dice que en toda esta lucha ha sido clave el apoyo de esa gente que desde el inicio se acercó para darles “una moneda” cuando tuvo que vender “absolutamente todo” para enfocarse “en la lucha” y en la búsqueda de su hijo. 

–Pero la gente también se va cansando –murmura lacónico el hombre–. Tampoco es que anden enrollando el dinero con pala, y pues también se van olvidando del caso, y de ahí viene también nuestra preocupación de cómo le vamos a hacer. Porque es totalmente falso que el gobierno nos dé dinero, o nos mantenga. Nosotros vivimos de nuestro trabajo. 

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A continuación, el periodista le pregunta a Don Clemente qué le diría a la gente que cree que de alguna forma están ganando dinero con el caso de los 43. 

–Pues les diría que antes de hablar conozcan a las familias –responde tajante–. Que vengan a una marcha y conozcan los testimonios de cada uno de los padres y madres. No es como alguna gente que dice, ‘ah, ya se vendieron con el gobierno, ya tienen buenas casas y buenos carros’. 

El hombre mira hacia la puerta de su modesta vivienda, hacia el viejo carro estacionado. 

–Que vengan a caminar con nosotros –insiste–. Que vengan y vean quiénes somos, cómo vivimos; que escuchen las injusticias de las que hemos sido víctimas en estos años y cómo el gobierno nos ha mentido una y otra vez en la cara para no entregarnos a nuestros hijos.

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Clemente Rodríguez Moreno es papá de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste

 

“No he dormido bien desde que desapareció”: la familia de Benjamín Ascencio Bautista

Doña Cristina Bautista, mujer indígena náhuatl de 49 años, camina con pasos cortos pero rápidos y ágiles por entre las largas matas de maíz de la pequeña milpa que tiene en su comunidad en Alpuyecancingo de las Montañas, una población rural que pertenece al municipio de Ahuacuotzingo, a unos 100 kilómetros de la capital guerrerense sierra adentro. Aquí, según datos del Coneval, hasta el 93% de la población vive en condiciones de pobreza moderada o pobreza extrema. 

Vestida con un pantalón gris de faena, una camisa a cuadros con tonos fucsia, y tocada con un sombrero de palma, Doña Cristina explica al tiempo que comienza a tronar y el aire corre impregnado con olor a lluvia que, además de maíz, en esta milpa  siembra con ayuda de su padre, un hombre enjuto, de rostro agrietado y también sonrisa rápida, calabaza, frijol y otros vegetales. 

–Aquí solo sembramos en tiempos de agua porque no llega el riego –dice quitándose el sombrero y mirando el cielo la madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, otro de los 43

El trabajo en el campo, explica la mujer, es la base que le garantiza unas tortillas y un plato de frijoles en la mesa. Y aparte, dice, se dedica a hacer artesanías, al bordado –con una habilidad pasmosa aprovecha los continuos viajes en incómodas y ajetreadas combis para ir bordando telas con el rostro y el nombre de su hijo–, y a la venta de mezcal, sombreros de palma, y de aretes y bolsas que ella misma confecciona. Con eso se mantiene y saca adelante a sus otras dos hijas.

Todos los padres y madres de los 43 vivimos de nuestro trabajo –explica la mujer mientras agarra con cuidado una mazorca de maíz y la observa con detenimiento–. Hay gente que nos dice que ya nos gustó andar en la calle, que somos flojos y huevones, que nos la pasamos en marchas gritando, pero esa gente no sabe lo difícil que es esto. No saben todo lo que hemos pasado. 

A continuación, luego de que sobre el cielo colmado de nubes grises apareciera el repentino trazo de un relámpago, Doña Cristina explica que en Tixtla, reciben apoyo de los estudiantes de Ayotzinapa para trasladarse por la localidad. E igual para ir en camión a la Ciudad de México, donde organizaciones de derechos humanos, como el Centro Pro, los apoyan con estancia y comida. Pero nadie los apoya, por ejemplo, para llegar a la escuela normal, donde las familias hacen base antes de los eventos. De hecho, Doña Cristina, tal y como atestiguó Animal Político en un recorrido con ella, tiene que invertir más de 4 horas a bordo de varias combis y taxis rurales que le cobran hasta 400 pesos por viaje para llegar a la escuela Ayotzinapa.

–Nosotros tenemos que buscarle, porque nadie va a llegar y nos va a decir: ‘mire, tomen, aquí hay dinero. Sigan en pie de lucha, los apoyamos’. 

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Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Foto: Manu Ureste

 

Son algo más de las siete de la tarde y entre los nubarrones y la lenta caída del sol que se sumerge por entre los cerros verdes de la sierra ya casi no se aprecian las sombras. En unos minutos más, la noche caerá por completo. 

Doña Cristina, tras echar un último vistazo a la milpa, insta al periodista para que mejor se marchen con su padre en un modesto Tsuru y se resguarden en su casa. No es que el pueblo de apenas 2 mil habitantes y calles en su mayoría sin asfaltar y con muy poco alumbrado público sea especialmente peligroso. Pero a unos pocos kilómetros, en la cabecera municipal de Ahuacuotzingo, los dos atestiguaron cómo en pleno centro, junto a una colorida iglesia, una camioneta sin logos de policía pasó lentamente junto a ellos con cuatro jóvenes a bordo que, sonrientes, los saludaron mostrando sus armas largas. 

La prudencia, insiste la mujer, sugiere ponerse a resguardo.

***

La casa de Doña Cristina, que hasta quinto de primaria era conocida como ‘Teresa’ –sus padres, tras perder a un primer hijo por la picadura de un alacrán, tenían la creencia de que si ocultaban su verdadero nombre, Cristina, ‘engañarían’ de alguna forma a la muerte y protegerían a su hija de otra posible desgracia–, es una vivienda grande; de un par de niveles de altura, aunque aún mantiene algunas partes en obra negra. 

Afuera, en una pared de la fachada, hay un enorme mural pintado sobre un estridente color amarillo, que incluye un retrato de Benjamín en una bandera mexicana, un enorme corazón con el 43, y a la señora Cristina con el puño alzado junto al lema ‘¡Hasta encontrarlos!’. 

Ya en el interior de la vivienda, en la cocina, bajo la tenue luz titilante de un foco de luz blanca y rodeada de un inmenso silencio –el pueblo está prácticamente a oscuras y sin nadie caminando por las calles desiertas–, la mujer cuenta que a principios de los años 2000 emigró en dos ocasiones para trabajar como indocumentada en un restaurante de mariscos en Connecticut. 

Así fue como, primero, construyó la estructura de la casa, y luego la equipó con lo que pudo para sus hijos. Todo, sin la ayuda de su expareja con la que se casó a los 15 años, que también emigró para Estados Unidos, pero una vez allá se desentendió de la familia y los abandonó. Aun así, la mujer cuenta con una sonrisa fatigada que el señor tuvo los arrestos de llamarla por teléfono cuando su hijo desapareció para reclamarle “por qué lo había metido a estudiar en la escuela”. “Por tu culpa se perdió”, cuenta que le dijo con un gesto de rabia contenida en los labios. 

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Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Foto: Manu Ureste

 

De vuelta en México, en su comunidad, abrió su fondita de comida económica en 2007, donde además vendía pan que su hijo Benjamín le ayudaba a repartir hasta que éste decidió que quería estudiar.

–Un día de las madres, él llegó muy contento con regalos para mí, su hermana y su abuela, y ahí fue cuando nos dijo que había conseguido una ficha para hacer el examen para entrar a la normal rural de Ayotzinapa

Cristina no estaba feliz con la noticia, prefería que su hijo la ayudara con el trabajo que se acumulaba en el campo y en la fonda. Pero antes de marcharse a pasar la semana de prueba en la normal, su hijo le pidió un favor al que no pudo negarse. 

–Compró unas veladoras y me dijo: ‘mami, tienes que apoyarme en esto. Tienes que rezar para que yo me quede en la normal a la primera’. 

Doña Cristina lo apoyó y prendió las veladoras. Benjamín fue aceptado a la primera en la normal de Ayotzinapa, pero a los dos meses, en septiembre de ese año, desapareció con el resto de los 43

–Yo antes de 2014 no tenía ni idea de que en México desaparecían a personas, y mucho menos a estudiantes. Yo estaba en mi comunidad y en mi mundo, trabajando. No sabía nada de eso –explica la mujer que sirve una taza de café de olla, y comienza a recordar los primeros días de la pesadilla, cuando iban al Centro Pro en la Ciudad de México para que les ayudaran a denunciar el caso. 

–Ahí vi que había gente que tenía un año buscando a su ser querido, dos años, tres, cinco… Eso me desesperó mucho, porque yo pensaba: ‘¡yo no voy a aguantar un año sin saber de mi hijo! Y pues mira… –hace una pausa en la que se escucha el sonido de la lluvia afuera– ya llevamos 10 de caminar y de luchar. 

Una década, dice ahora ya con la voz agotada, en la que siempre que se acerca la fatídica fecha del 26 de septiembre se enferma, motivo por el que no pudo asistir a la última reunión en agosto pasado con el presidente López Obrador, cuando los padres y madres anunciaron que ya no volverían a tener diálogo con él tras su postura fija de defender al Ejército en el caso Ayotzinapa

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–Siempre que se acerca la fecha me enfermo de los nervios por la preocupación –dice Cristina tras bajar las escaleras que llevan de la cocina a la habitación de su hijo Benjamín, donde está su cama intacta y unos pósters viejos, de cuando fue la cuarta marcha por Ayotzinapa

–Otro año más sin alcanzar la verdad es algo muy duro –agrega la mujer, que se ha recogido el largo cabello negro antes de dar por terminada la jornada–. Ya no vivo tranquila, estoy siempre triste. No he dormido ni un día bien desde que desapareció –dice paseando la mirada por la habitación de Benjamín. 

–Me meto a la cama y no paro de pensar: ‘¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está?’. 

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Imagen BBC
Cómo funciona en Bolivia la elección de jueces por voto popular como la que aprobó México (y las críticas que se le hacen)
10 minutos de lectura

En el mundo solo Bolivia tiene un sistema de elección de altos magistrados por la vía del voto popular, algo que México implementará a partir del próximo año.

20 de septiembre, 2024
Por: BBC News Mundo
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En México se promulgó hace unos días un nuevo sistema de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces a través del voto popular, en una polémica reforma del Poder Judicial que solo tiene un paralelo en el mundo: Bolivia.

El país sudamericano adoptó en su Constitución de 2009 un método inédito para adjudicar los puestos de las altas cortes del país a través de elecciones universales.

Solo algunos países a nivel local -Estados Unidos, Suiza y Japón- tiene elecciones de jueces.

Desde que se adoptó el nuevo sistema en Bolivia, los ciudadanos han acudido a las urnas en dos ocasiones (en 2011 y 2017) para votar por los candidatos que aspiraban a ocupar los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.

Pero este tipo de elecciones no han contado con respaldo popular: en 2011 un 60% de los que votaron lo hicieron en blanco o anulando su voto, cifra que en 2017 llegó al 65%. Según algunos analistas, esto se debe a que los ciudadanos no conocen a los cientos de aspirantes que aparecen en las boletas.

“En el acto de votación, la gente manifiesta su propósito de dejar claro que no está de acuerdo con el método. Porque no conocen a los candidatos ni creen que sea la mejor forma de conformar a los tribunales”, explica Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fuera presidente de Bolivia (2005-2006) y presidente de la Corte Suprema de Justicia del país (2004-2005).

Por su parte, el jurista Farit Rojas, profesor e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, sostiene que la elección popular de los jueces ha sido un cambio positivo de “conquista de derechos”, pero coincide en que el método de selección de los candidatos -por una lista votada por mayoría en el Congreso- no cuenta con el respaldo mayoritario de los ciudadanos.

“En Bolivia estás obligado a votar, y si no hay sanciones. Y bajo esta lógica es que la gente acude a votar. Pero cuando no saben por quién votar, hay voto blanco o nulo”, explica Rojas.

El método boliviano es muy similar al que acaba de aprobar México.

López Obrador
Reuters
El presidente López Obrador impulsó como prioritaria la reforma al Poder Judicial.

“Que los elija la gente”

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador abanderó su propuesta de reforma al Poder Judicial como su máxima prioridad en su último año de gobierno. Aseguró que la intención de la reforma es democratizar un poder que califica como “ajeno” al pueblo.

“Consideramos que si se elijen a los jueces, como se hace en EE.UU. y en otros países, puede reformarse el Poder Judicial. Limpiarse, purificarse, y esto nos va ayudar a todos. Entonces no es algo para perjudicar al pueblo, para afectar la vida pública del país. No es concentrar el poder. Se está planteando un órgano independiente [de control] que no va a depender del Ejecutivo”, planteaba López Obrador en junio pasado.

“Primero que los elija la gente, porque es mucho mejor que los elija el pueblo a que se elijan en la cúpula. Es democrático. La gente sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene… ¿Y qué cosa no conviene? Que haya corrupción”.

Argumentos similares fueron esgrimidos en la Asamblea Constituyente que formuló una nueva Carta Magna en Bolivia en 2009.

“La administración de Justicia siempre fue vista como una herencia colonial, que servía para despojar derechos, territorios y otras poblaciones indígenas. Siempre hubo una desconfianza muy grande respecto de las instituciones de Justicia”, explica Farit Rojas. “Tenían en claro que debía participar la población. Lo que no tenían en claro era cómo elegir los mejores candidatos”.

En los últimos 15 años, dos han sido los mayores problemas en la experiencia boliviana: la selección de candidatos y el proceso de votación.

Una protesta contra la Reforma Judicial
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Empleados del Poder Judicial mexicano han realizado huelgas y protestas por la reforma.

La cuestión de la preselección

La Constitución de Bolivia recoge una renovación sexenal de los altos cargos del Poder Judicial (la elección de 2023 se pospuso en medio de una disputa política y jurídica de los tres poderes).

La votación parte de una preselección que realiza la Asamblea Legislativa a través de una verificación de idoneidad de candidatos que es aprobada por una mayoría de dos terceras partes.

Tal mayoría la ha tenido en los últimos años el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), lo que ha supuesto que esta fuerza política haya tenido el poder de aprobar la lista.

Rodríguez Veltzé señala que este ha sido uno de los primeros puntos cuestionables. “Aprobaron las nóminas para la elección popular y no llevaron a los ciudadanos más capacitados o conocidos”.

“Al contrario, gente que tenía algún prestigio o que podía ser eventualmente un buen candidato, prefirió no presentarse para evitar la manipulación política o partidaria”, continúa.

Rojas coincide en que este método de preselección ha generado rechazo: “La población tiende a rechazar a los candidatos que evidentemente son candidatos del gobierno. La población no es tonta y sabe identificar a los candidatos afines al MAS y no los elije”.

La Asamblea Legislativa de Bolivia
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El partido MAS ha dominado la nominación de aspirantes a los tribunales de Bolivia.

En México, la reforma aprobada da un pase directo a la elección a los juristas que actualmente son parte del Poder Judicial. Pero también abre la puerta a la inscripción de otros perfiles con menor experiencia, pues basta con haber realizado la carrera de Derecho con una calificación de 8,5 sobre 10 y gozar de “buena reputación” para postularse a juez. En el caso de los magistrados de circuito, basta con tres años de experiencia.

En defensa de la reforma impulsada por AMLO, los legisladores del bloque mayoritario afirmaron que los requisitos son los que ya estaban en la ley y que solo están añadiendo más opciones y reglas de paridad de género.

Pero la oposición ha criticado que sea el Congreso, desde 2018 dominado por el bloque oficialista, el que elija a los aspirantes y que las listas solo sean sometidas a votación popular, al igual que ocurre en Bolivia.

Rodríguez Veltzé cree que, en general, este sistema no promueve que los juristas avancen en una carrera judicial profesional e independiente. Señala que en Bolivia, el hecho de que los mandatos sean sexenales, sin posibilidad de reelección, limita tal profesionalización. En México solo los jueces y magistrados de distrito podrán ser reelegidos, no así los ministros de la Suprema Corte. Todos estarán en el cargo durante 9 años.

“Creo que el sistema es contraproducente. No alienta a que los mejores abogados o abogadas participen de un proceso meritocrático”, sostiene Rodríguez Veltzé.

Rojas, sin embargo, encuentra positivo que el tradicionalmente cerrado ámbito judicial se haya abierto a la sociedad.

En ese sentido, los constituyentes bolivianos resaltaron que el nuevo sistema permitió por primera vez la participación de sectores marginados, como los pueblos indígenas, además de que privilegia la paridad de género.

La complicada votación

Los aspirantes que pasan por el filtro de la Asamblea Legislativa de Bolivia avanzan a la fase de elección, pero no pueden hacer campaña. Es el órgano electoral el encargado de informar a los ciudadanos sobre quiénes son, su hoja de vida y sus méritos.

“Cuando se presentaron las papeletas para el voto, eran unas hojas muy grandes con más de 100 fotografías pequeñas, con nombres de ciudadanas y ciudadanos, y al votante común le resultaba muy ajena la calidad de los postulantes”, explica Rodríguez Veltzé.

“Esta es una expresión objetiva del rechazo ciudadano a tomar una responsabilidad que en realidad debería responder a otra modalidad de elección”, añade.

En el caso de Bolivia, los ciudadanos votan por 26 cargos, mientras que en México la nueva ley somete a votación a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia (eliminando dos asientos) y a más de 1.600 magistrados de circuito y jueces de distrito. Para remplazar gradualmente los cargos, habrá elecciones a partir de 2025 y hasta 2036.

Una mesa de votación en Bolivia
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Los votantes en Bolivia deben elegir a su candidato en una larga lista de nombres.

Como en Bolivia, en México también estarán prohibidas las campañas financiadas con dinero público o privado, así como la contratación de publicidad. Pero a los candidatos se les permite usar espacios del Estado en medios de comunicación y participar en foros y debates.

Los defensores de la ley aseguran que será viable una votación masiva al estar programada en un sistema escalonado de votaciones en la próxima década.

Pero los críticos advirtieron que será muy complejo para el ciudadano no solo conocer los perfiles de los candidatos, sino elegir entre muchos nombres en las boletas, como ocurrió en Bolivia en las dos últimas elecciones.

Los legisladores del bloque del gobierno de México argumentaron durante los debates de la reforma que, bajo el nuevo sistema, la boleta no estará politizada ya que no mencionará a partidos políticos. Además, señalaron que los tres poderes tendrán el derecho de presentar propuestas de candidatos, independientemente de su afinidad política o ideológica.

“No le tengan miedo al pueblo, no le tengan miedo a la democracia”, expresó el diputado Hamlet García Almaguer, del partido Morena, en uno de los debates.

¿Más influencia del crimen organizado?

Los críticos de la Reforma Judicial en México advirtieron que el voto popular podría abrir la puerta a que poderes ilícitos, como los cárteles del narcotráfico, pudieran influir en la elección de jueces al financiarlos o movilizar votos en su favor.

En Bolivia no se ha observado este fenómeno, señalan los analistas. La influencia se ha visto desde el sector de la política. “Cuando el voto está en manos de la población, es más complicado que los carteles puedan corromper a toda la población al votar”, explica Rojas.

“Creo, como muchos juristas, que la legitimidad no te la da el cómo eres nombrado, sino tus resultados, el cómo ejerces el cargo”, añade.

Los defensores de la reforma en México defienden que existen mecanismos para asegurarse de que esto no suceda, como los comités técnicos que realizarán evaluaciones rigurosas de la idoneidad de los candidatos antes de ser considerados por el Congreso.

También señalan que la reforma prevé mecanismos de control más fuertes que los que actualmente existen y que cuando los ciudadanos tengan sospechas de la complicidad de un magistrado con el crimen organizado, tendrán en sus votos el instrumento para detenerlo.

Y aseguran que con la creación del Tribunal de Disciplina se vigilará de manera efectiva la actuación de los jueces, a diferencia de lo que sucede con el actual Consejo de la Judicatura Federal, que tiene registros bajos de investigaciones contra magistrados (423 sanciones y 22 destituciones desde el año 2000).

Estudiantes se manifiestan a favor de la Reforma Judicial
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Los defensores de la Reforma Judicial en México señalan que el actual sistema no combate la corrupción.

¿Mejoró la justicia en Bolivia?

Lo cierto es que, luego de dos elecciones, en Bolivia el Poder Judicial sigue gozando de baja popularidad entre los ciudadanos.

Una encuesta difundida el año pasado -cuando debían haberse realizado las terceras elecciones de magistrados- por el Fondo de Promoción y Protección de Defensores de Derechos mostró que el 85% de los entrevistados en todo el país pensaba que la justicia era “poco o nada confiable”.

Rojas defiende que, aunque hay problemas, el sistema de votación popular ha sido un paso positivo hacia la mejora del sistema. Se puso la Justicia ante el ojo público, se redujeron los altos sueldos de los ministros y se abrió este poder a juristas externos al círculo tradicional.

“Se hizo pública la administración de justicia, cosa que no sucedía antes. Las reformas se pensaban en leyes, se pensaba que el problema era eso. Pero ahora se discute que el problema son las instituciones y las personas”, argumenta.

“En Bolivia la administración de justicia es lenta, es costosa, pero no en todos los casos es corrupta. Hay buenos jueces, buenos tribunales y buenas prácticas”.

Una manifestante confronta a policías en Bolivia
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Una encuesta mostró el año pasado que los bolivianos no confían en el sistema judicial.

Para Rodríguez Veltzé, por el contrario, la elección a través del voto popular no es la respuesta adecuada para tener buenos jueces. Además, cree que hace falta reformar otros elementos clave de la justicia para su correcto funcionamiento.

“No solamente son los jueces mal elegidos, sino el conjunto del órgano del poder que no ha contribuido a dar a la justicia su lugar. No hay un buen presupuesto, legislación adecuada, políticas públicas o tipos delictivos”, explica.

El bloque oficialista en México ha prometido que reformará otros aspectos de la justicia, como las fiscalías. Pero para Rodríguez Veltzé, la justicia “merece estar al margen de los vaivenes políticos”.

“El tema es tan serio que ameritaba mayor debate, mayor reflexión. Pero en todo caso, será la experiencia la que muestre los resultados. Lamento mucho que no hayan tomado en cuenta lo que pasó en mi país y que no ha funcionado”, reflexiona.

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BBC

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