Casa La Serena: un lugar para cuidar la salud física y mental de las defensoras de derechos humanos
En enero de 2022, llegaron los resultados. Once defensoras de derechos humanos se habían realizado una serie de estudios médicos, patrocinados por su organización, para conocer su salud general tras la pandemia.
Los exámenes incluían biometría, química sanguínea, revisión ginecológica y un diagnóstico psicoemocional. Fue un momento decisivo cuando supieron que todas tenían al menos una condición física que necesitaba atención.
Cada una de las activistas, integrantes del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer), organización civil oaxaqueña dedicada a la atención en casos de violencia hacia mujeres, recibió su propio diagnóstico. En lo general, los resultados reflejaron altos niveles de cortisol, triglicéridos, hipertensión, falta de sueño, diabetes mal atendidas, ansiedades y depresiones.
“Quedamos tan sorprendidas al ver nuestros resultados y darnos cuenta de que no nos volteábamos a ver a nosotras mismas, que buscamos la manera de cuidarnos y mejorar nuestra salud”, explica Tania Melchor, defensora de derechos humanos de
las mujeres desde hace 32 años.
Afectaciones a defensoras de derechos humanos
Las personas defensoras de derechos humanos están constantemente sometidas a estrés por su contacto sistemático con quienes han vivido violencia.
Esta presión impacta en su bienestar físico, psicológico y emocional. Para evitarlo, algunas recurren a espacios especializados para desarrollar herramientas para su autocuidado, que les permiten continuar su labor preservando su salud mental y replican sus conocimientos con otras activistas.
Tras conocer sus resultados clínicos, las defensoras del GESMujer, junto con una asesora, solicitaron una estadía de ocho días en Casa La Serena, “una casa de descanso dedicada a defensoras como nosotras” que se ubica en la ciudad de Oaxaca, comenta Melchor.
Este espacio fue fundado en 2016 por Consorcio Oaxaca, una organización civil dedicada a promover los derechos de las mujeres y a la protección integral y cuidado de la salud mental de defensoras. Surgió como parte de una iniciativa
promovida por organizaciones civiles de México y Centroamérica para responder a los desafíos que enfrentan estas profesionales en la región.
“Al día de hoy, se han recibido y atendido a más de 350 personas de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Brasil y a una delegación de varios países de África”, dice Nallely Tello, coordinadora de Casa La Serena.
América Latina registra “alarmantes niveles de violencia en contra de personas defensoras, incluyendo el mayor número de asesinatos a nivel mundial”, señaló en un comunicado de diciembre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se encarga de promocionar y proteger los derechos humanos en el continente americano.
En 2023, se registraron 126 asesinatos de personas defensoras en la región, reportó la comisión.
Reconocer la carga emocional
Tello asegura que es común que algunas personas que llegan a la casa de descanso se dediquen a dormir durante los primeros días. “A veces, el desgaste y nivel de responsabilidad al atender casos pueden llegar a ser tan fuertes en su vida diaria, que, al llegar aquí, finalmente descansan”.
Según un estudio publicado por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, las personas defensoras pueden ver afectada su salud mental a partir de la experiencia empática de tener
contacto sistemático y cercano con quienes han vivido violencia.
Esto ocasiona una serie de malestares emocionales, como pueden ser recuerdos recurrentes de la situación, anestesia emocional, aislamiento, insomnio, falta de concentración e irritabilidad.
Por ello, generar estrategias para procurar la salud mental es una manera de sostener el trabajo de defensa de derechos humanos, explica Tello.
Angélica Ayala, defensora en GESMujer con más de 40 años de experiencia, reconoce que antes de aprender herramientas de autocuidado, no se permitía destinar tiempo para el mismo ni tampoco tomaba descansos.
Señala que, hasta su estancia en Casa La Serena, no se había dado cuenta de la carga emocional que le generaba su trabajo. Sin embargo, tomarse un respiro de sus actividades diarias le permitió asimilar la impotencia que siente ante los casos que
atiende de manera cercana.
“La violencia se ha incrementado y los niveles de impunidad son una constancia de frustración para nosotras”, considera Ayala.
Entre marzo y abril de 2023, 74.6% de la población mexicana mayor de 18 años consideró que vivir en su entidad federativa era inseguro, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ineig).
La ENVIPE muestra que durante 2022, más de 21.1 millones de personas de 18 años o más fueron afectadas por algún delito en México. Esta cifra representa una disminución de 1 millón respecto al año previo.
Para Ayala, entrar a Casa La Serena es un proceso de autocuidado fue desafiante.
“Noté mucha resistencia durante las sesiones que nos dan en el lugar, pero cuando me solté y permití tomar conciencia de lo que me sucedía, fue un momento muy fuerte para mí y desde entonces tuve una inmersión total y pude darme cuenta
de la carga emocional que tenía yo de años”, dice.
Al hacer del autocuidado un hábito, Ayala recuerda que hubo sesiones terapéuticas completas durante su estadía en la casa, en las que no dejó de llorar.
Ana Hernández, fundadora de Casa La Serena, explica que para las personas que defienden los derechos humanos, es difícil permitirse ser vulnerables, debido a que en su actividad profesional son ellas quienes se encargan de cuidar a otros.
El derecho de autocuidarse
Tello, coordinadora del espacio, dice que cada grupo recibe un plan especial para atender sus necesidades, “pero en lo general, las terapias van desde psicológicas personales, en grupo, clases de yoga, cuidado en la alimentación, masajes, ejercicios de autorretratos en cerámica, meditaciones guiadas, y como estamos en Oaxaca, acudimos a la medicina tradicional con prácticas como limpias y temazcales”.
Durante la estancia cada persona crea su propio plan de autocuidado con el fin de dar continuidad a su bienestar, una vez que regresen a sus actividades.
Las defensoras del GESMujer, por ejemplo, recibieron herramientas para sanar sus relaciones de trabajo y ayuda para crear políticas laborales con comunicación asertiva.
Como resultado de su estancia en Casa La Serena, las integrantes del GESMujer tienen una sesión terapéutica grupal cada semana y una charla mensual con especialistas en diversos temas. Además, crearon una guía de autocuidado y cuidado colectivo para defensoras, la cual reparten en los lugares donde ofrecen talleres.
“Al año, nos volvimos a hacer estudios y todos nuestros resultados mejoraron”, comparte Melchor.
Ahora, cuando llega una nueva integrante a la organización, le explican sobre la obligación que ellas tienen sobre su autocuidado y el cuidado colectivo del equipo.
“Les decimos que más que sea una tarea obligada, es un derecho humano hacia nosotras mismas”, finaliza la presidenta del consejo directivo de GESMujer, Rosario Martínez.
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Un hotel de lujo en la capital panameña se transformó en un sitio de “custodia temporal” para 299 migrantes deportados desde EE.UU. Muchos piden auxilio por las ventanas, incluidos niños.
“Por favor, ayúdennos”, dice el mensaje escrito en un trozo de papel que dos niñas muestran a través de la ventana de una habitación del lujoso hotel Decápolis, en Ciudad de Panamá.
Un hotel que ofrece a sus clientes habitaciones con vistas al mar, dos exclusivos restaurantes, piscina, spa, transporte privado, pero que de pronto se transformó en un centro de “custodia temporal” que alberga a 299 migrantes deportados desde EE.UU., según informó el martes el gobierno de Panamá.
Algunos migrantes levantan los brazos y los cruzan a la altura de las muñecas como tratando de decir que se encuentran privados de libertad. Otros cuelgan pequeños carteles con mensajes como “no estamos seguros en nuestro país”.
En un día normal, los turistas podrían entrar y salir del hotel sin ningún inconveniente, pero bajo las actuales circunstancias, con miembros del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá fuertemente armados custodiando el exterior y estrictas medidas de seguridad en el interior, el edificio parece más un improvisado búnker que un centro vacacional.
Desde la calle, se ven perchas con ropa lavada colgadas en la ventana. Una de las prendas es una camiseta amarilla de basketball con el número 24 de los Lakers, la que vestía el legendario jugador Kobe Bryant.
En otra, un grupo de adultos y tres niños levantan un brazo con el dedo pulgar metido en la palma, haciendo un gesto de auxilio internacional utilizado por quienes se sienten amenazados. En el vidrio está escrito con letras rojas la frase help us (“ayúdennos”).
Y un poco más allá, dos menores de edad con el rostro cubierto sostienen contra el vidrio unas hojas con el mensaje: “Por favor, salva a las niñas afganas”.
Estos migrantes, enviados por el gobierno de Donald Trump como parte de su política de deportación de personas indocumentadas, llegaron a Panamá en tres vuelos la semana pasada, luego de que el gobierno del presidente José Raúl Mulino aceptara convertirse en un país “puente” para los deportados en tránsito hacia otros países.
Sin embargo, de los 299 migrantes -entre los cuales hay ciudadanos provenientes de India, China, Uzbekistán, Irán, Vietnam, Turquía, Nepal, Pakistán, Afganistán y Sri Lanka que viajaron en el primero de los tres vuelos-, solo 171 aceptaron regresar a sus naciones.
Los otros 128 migrantes que no desean ser enviados de regreso a su país de origen enfrentan, al menos hasta ahora, un destino incierto.
Según informaron las autoridades panameñas, este grupo será trasladado a un campamento en la provincia del Darién, que ha servido hasta el momento para recibir temporalmente a los migrantes irregulares que cruzaban la selva con destino a EE.UU.
“Estamos aterrados”
Una mujer iraní que vive en Panamá hace años le dijo a BBC Mundo que estuvo en contacto con uno de los migrantes dentro del hotel Decápolis y describió que están “aterrados” por la posibilidad de que los lleven a Irán.
A través de un celular escondido, dado que no les permiten tener ningún contacto con el exterior del hotel, el migrante le contó a la mujer que hay “varios menores atrapados” allí, que les han negado tener un abogado y que no les dejan salir del cuarto ni siquiera para comer.
La mujer fue hasta el hotel para ofrecer su ayuda como traductora de farsi a español, pero le dijeron que ya tenían uno, algo que según su conversación con el migrante dentro del hotel no era cierto.
BBC Mundo se puso en contacto con el hotel Decápolis para indagar sobre las condiciones en las que se encuentran los migrantes, pero no accedieron a responder preguntas.
Después de que la historia de los deportados fuera dada a conocer el martes en la prensa, se extremaron las medidas de seguridad bajo las que permanecen los migrantes y les cortaron el acceso a internet, dijo la mujer iraní.
Un video que circula en redes sociales desde el fin de semana muestra a una de las migrantes relatando en farsi que fueron detenidos luego de cruzar la frontera hacia Estados Unidos y que les informaron que serían trasladados a Texas, pero terminaron en Panamá.
La mujer en el video insistía que sus vidas corren peligro en caso de regresar a Irán por las posibles represalias que podría tomar el gobierno de ese país.
Su intención, dice, es pedir asilo político.
Un asilo político difícil de obtener sin acceso a un abogado. Más difícil aún cuando el gobierno panameño anunció que no ha ofrecido ni ofrecerá esa protección a los deportados.
“Custodia temporal”
El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, informó este martes que los migrantes están de manera transitoria en ese país. El funcionario rechazó que los extranjeros estén en condición de detención y añadió que están bajo protección de las autoridades panameñas.
“Lo que acordamos con el gobierno de EE.UU. es que ellos quedan y están bajo la custodia temporal nuestra para su protección”.
Preguntado sobre la imposibilidad de salir del hotel, Ábrego respondió que se trata de una medida de prevención y añadió que su gobierno debe garantizar la seguridad y la paz de los panameños.
Y advirtió que aquellos migrantes que no desean regresar a su nación de origen, deberán elegir un tercer país.
En ese caso, relató, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) serán los responsables de su repatriación.
Panamá, dijo Ábrego, “recibió a estos señores migrantes, les dimos la acogida en un hotel de la localidad, en el hotel Decápolis, pues es el que tiene en este momento la capacidad de recibirlos”.
El jefe de la Seguridad Pública también informó que “no se espera la llegada de más migrantes” porque no se han acordado más vuelos de este tipo.
Panamá aceptó ser un país “puente” para las deportaciones después de la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, al país centroamericano en medio de las tensiones por las amenazas de Trump para “recuperar” la soberanía del Canal de Panamá.
Según han informado las autoridades panameñas, parte del acuerdo consiste en que Panamá facilitará la pista de aterrizaje y los albergues de las zonas urbanas de la provincia de Darién, donde está la peligrosa selva que atraviesan los migrantes rumbo a EE.UU., para que los migrantes deportados transiten hacia su destino final.
Un portavoz de la OIM le dijo a BBC Mundo que la organización está encargada de “brindar apoyo esencial” a las personas deportadas desde EE.UU.
“Estamos trabajando con funcionarios locales para ayudar a los afectados, apoyando el retorno voluntario de quienes lo solicitan e identificando alternativas seguras para otros”, apuntó.
“Si bien no tenemos una participación directa en la detención o restricción de movimiento de personas, estamos comprometidos a garantizar que todos los migrantes sean tratados con dignidad y de acuerdo con las normas internacionales”.
Muzaffar Chishti, investigador principal del centro de estudios Instituto de Política Migratoria en Estados Unidos, comentó que muchos de los deportados provienen de naciones conocidas como países “recalcitrantes”; es decir, países que no colaboran o no están abiertos a aceptar el regreso de nacionales deportados de EE.UU.
“Eso implica constantes negociaciones diplomáticas con esos gobiernos”, dijo en diálogo con BBC Mundo.
“Al enviarlos a Panamá, Estados Unidos sale de la foto”, agregó. “Es un dolor de cabeza para Panamá hacerse cargo de esas negociaciones y ver cómo hacer para que esos países acepten recibirlos de nuevo”.
Una de las grandes preguntas en este momento se refiere a cuál será el futuro de los 128 migrantes que no desean volver a su país de origen porque temen represalias.
Esta semana se espera que llegue un vuelo con deportados desde EE.UU. a Costa Rica, otro país centroamericano que ha hecho un acuerdo con la Casa Blanca para convertirse en “puente” en el camino de los migrantes hacia un destino incierto.
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