Cárceles privadas: el Gobierno busca llenarlas a costa de los derechos humanos de los reclusos
“Hay que decir que se logró… Mediante este diálogo, se acordó mejorar también con estos recursos las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad”. Era 22 de abril de 2021 y, con estas palabras, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez festejaba las modificaciones a los contratos de las ocho prisiones privadas que hay en México, lo que permitiría ahorrar más de 41 mil millones de pesos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador fue quien dio la orden de revisar los contratos de los ocho Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos) privados, que calificó de “leoninos” por ser “muy favorables para las empresas y muy malos para la hacienda pública, para el pueblo”.
Los contratos fueron firmados en la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, entre el entonces secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, y particulares, para la construcción y operación de ocho penales.
Pero desde que se renegociaron los contratos, el Gobierno de López Obrador intensificó el traslado de personas privadas de la libertad (PPL) de penales estatales a penales federales, incluidos los ocho privados, con el pretexto de “mantener la gobernabilidad de los centros penitenciarios del país”.
Los datos de la Secretaría de Seguridad muestran que desde 2019 a enero de 2023 se efectuaron 8 mil 740 traslados de personas privadas de la libertad de centros estatales a centros federales y un total de mil 686 se concentraron en siete de los penales privados.
Se trató de 717 para el Cefereso 12 Guanajuato; 437 para el 11 Sonora; 249 para el 18 Coahuila; 149 para el 16 Femenil Morelos; 101 para el 15 Chiapas; 24 para el 17 Michoacán y nueve para el 13 Oaxaca.
Desagregado por fecha se evidencia que el número de traslados se disparó precisamente a raíz de las modificaciones a los contratos de los 8 penales privados a mediados de 2021: En 2019 se registraron 339 traslados a estas cárceles, en 2020 bajó a 97, en 2021 apenas subió a 146, pero para el 2022 llegaron a mil 104, un aumento del 935% en solo dos años, cifra que siguen al alza.
En un comunicado publicado el 2 de junio pasado, la SSPC informó que de enero de 2023 al 15 de mayo pasado, habían sido trasladadas otras mil 32 personas de centros penales estatales a federales y para justificarlo señaló que tenían un “alto perfil delincuencial”, sumando un total de nueve mil 830 personas en lo que va del sexenio.
“Los traslados tuvieron como destino principal los Centros Federales de Readaptación Social (CPS): 15 de Chiapas, 18 de Coahuila y 13 de Oaxaca”, se puede leer en el documento. Los tres son penales privados.
Las autoridades realizaron los traslados sin seguir el protocolo y concentrando gran parte de los traslados en los mismos penales privados criticados por el gobierno federal, que concentran recomendaciones y quejas sin resolver ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Los traslados penitenciarios representan una de las formas más comunes de violación del derecho a la seguridad jurídica de las personas privadas de la libertad, ya que además de obstaculizar el seguimiento de su proceso, generalmente alejan a la persona del lugar más cercano a su domicilio, situación, que sólo es dable bajo las excepciones que la propia Constitución”, señaló la CNDH en un pronunciamiento sobre presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas en traslados de personas internas.
La creación de los Ceferesos público-privados
En 2010, como parte del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, se estipularon las primeras construcciones de cárceles privadas en el país, que serían financiadas y construidas mediante esquemas de Asociación Público-Privada por diversos contratos de prestación de servicios. El objetivo, se dijo en ese momento, era potenciar la capacidad de reclusión del Sistema Penitenciario Federal y asumir en esas instalaciones la custodia de la totalidad de la población del fuero federal.
De acuerdo con informes del gobierno, el propósito era mejorar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de la libertad y contribuir a su reinserción social con menores costos sociales y económicos, por lo que se construirían 12 centros penitenciarios con capacidad para 32 mil 500 personas.
La entonces Secretaría de Seguridad Pública concesionó a seis consorcios y empresas privadas la construcción y operación de centros penitenciarios federales con una vigencia de 22 años, incluyendo servicios como lavanderías, comedores y mantenimiento.
El 11 de Sonora y el 12 de Guanajuato fueron los primeros Ceferesos que se incorporaron a la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios (CPS), que consistió en que una empresa privada se hiciera cargo de construir y operar los centros, mientras que las autoridades federales asumían la seguridad en su interior.
En 2013, se incorporaron los Ceferesos 13 de Oaxaca y 14 de Durango, un año después también el 15 de Chiapas, y en 2015 se incorporó el 16 Femenil de Morelos, todos bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. Asimismo, en 2016 se incorporó el Cefereso 17 de Michoacán mientras que el último fue el 18 de Coahuila en 2018.
De esa manera, la empresa Pápagos Servicios para la Infraestructura se encargó del Cefereso 11 de Sonora; Sarre Infraestructura y Servicios del 12 de Guanajuato; Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca del 13 de Oaxaca y DIP Concesionaria duranguense de infraestructura penitenciaria del 14 de Durango.
Mientras que Makobil del 15 de Chiapas; CRS Morelos del 16 Femenil de Morelos; Concesionaria en Infraestructura Especializada de Michoacán del 17 de Michoacán y Operadora de Infraestructura Especializada de Guanajuato del 18 de Coahuila.
Sin embargo, la deficiencia en la atención médica de las personas internas en estos penales ‘semiprivados’ fue señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno ha tenido que reconocer desde entonces esta y otras problemáticas.
Entrada la actual administración, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se identificó como prioridad “la recuperación y dignificación de las cárceles” y en el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana (PSSPC) 2020-2024 se reconoció que en los Ceferesos “existe la carencia de reinserción social, debido a que se presentan deficiencias en la atención a la salud, falta de personal médico, la atención en las adicciones”.
Además de falta de profesionalización del personal penitenciario y deficiencias en la comunicación y vinculación de las personas privadas de la libertad con sus familiares.
Arreglo o demanda, las opciones de AMLO para las empresas
El 13 de enero de 2021, poco más de un año después de que García Luna fuera detenido en Estados Unidos acusado por cargos relacionados a narcotráfico y corrupción, la actual secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez informó en conferencia de prensa que por instrucción presidencial, tanto la dependencia a su mando como la Consejería Jurídica de la Presidencia, revisaron ocho contratos de prestación de servicios celebrados con las ocho cárceles privadas que hay en el país.
Se trató de los contratos celebrados para los Ceferesos 11 de Sonora, 12 de Guanajuato, 13 de Oaxaca, 14 de Durango, 15 de Chiapas, 16 de Morelos (el único exclusivamente destinado para recibir mujeres) y el 18 de Coahuila, siete de los cuales fueron suscritos el 27 de diciembre de 2010; en tanto que el de Oaxaca fue suscrito el 18 de marzo de 2011.
La empresa EXI Quantum S.A. de C.V. adquirió los contratos del Cefereso 11 de Sonora a Pápagos Servicios para la Infraestructura y el 12 de Guanajuato a Sarre Infraestructura y Servicios.
Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca cedió el contrato del 13 de Oaxaca a GIA S.A. de C.V., y Makobil y CRS Morelos traspasaron a Capital Inbursa el Cefereso 15 de Chiapas y el 16 Femenil de Morelos.
Mientras que Operadora de Infraestructura Especializada de Guanajuato cedió el contrato del 18 de Coahuila a Black Rock S.A. de C.V.
Los contratos fueron suscritos en su tiempo por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador general de Centros Federales; por Arturo Sosa Viderique, director general de Administración de la excoordinación general de Centros Federales, y por Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de Adquisiciones de la misma dependencia.
Un año después, en enero de 2022, los tres funcionarios fueron imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de asociación delictuosa junto a otros exfuncionarios, que además fueron imputados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades por sobrecostos en los mismos contratos.
Además, una investigación de Animal Político publicada en junio pasado reveló que Villarreal Guerra también participó en el pago por 6.4 millones de dólares que el Gobierno de AMLO autorizó para empresas de la presunta red de corrupción de García Luna al principio de la administración.
La secretaria federal informó que en nueve años se había pagado un total de 75 mil 661 millones de pesos por los ocho penales, correspondientes al 36% del pago total pactado, y explicó que aún había un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190 mil 638 millones de pesos. De acuerdo con los contratos, en algunos penales hasta 2032 y en otros hasta 2036 o 2037. Es decir, el costo total proyectado a 20 años ascendía a 266 mil 300 millones de pesos.
Julio Scherer Ibarra, entonces consejero jurídico de la Presidencia, dijo que estos contratos por casi 270 mil millones de pesos fueron otorgados por adjudicación directa y que los contratos establecían que, concluida la vigencia, el inmueble y sus instalaciones serían propiedad del proveedor.
El gobierno dijo que el gasto por cada interno e interna en 2020, antes de la renegociación de los contratos, era de aproximadamente 3 mil 819 pesos diarios, y aunque no hubiera internos se tenía que pagar el 100 por ciento, como si estuviera lleno el reclusorio.
“Traslados arbitrarios, sin que nadie se entere”
Tres meses y nueve días después de la orden presidencial, en conferencia de prensa del 22 de abril de 2021, Rosa Icela Rodríguez tomó la palabra para festejar que se habían conseguido modificaciones a los ocho contratos celebrados, que significarían ahorros por 41 mil 496 millones de pesos, y que las instalaciones de los centros penitenciarios serían incorporadas a los bienes de la nación al concluir los contratos.
“Así como que se busque siempre con las autoridades penitenciarias en los servicios el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y así se logra un daño irreversible a la hacienda pública y al patrimonio de los mexicanos y las mexicanas” dijo.
El presidente López Obrador, por su parte, aseguró que este acuerdo no significaría que desde el Gobierno Federal se fueran a deshacer contratos o incumplirlos, sino lo que se buscaba es “quitarles a esos contratos las aristas más nocivas para la hacienda pública y que logremos ahorros”.
Antes de terminar la conferencia, el presidente aprovechó para asegurar que gracias a su Gobierno se estaban ocupando los reclusorios privados, “porque cuando llegamos teníamos una ocupación del 30%, pero había que pagar el 100, como si estuviesen llenos; y ahora ya tenemos un promedio del 60, 61%, o sea, tenemos ahí espacio”.
“Vamos a (hacer) que cárceles que están completamente llenas, donde hay hacinamiento, puedan desahogarse, liberar espacios por condiciones también inhumanas en que están muchos reclusos. Entonces, se van a llenar por completo los reclusorios”, dijo.
Para el 3 de enero de 2023 el gobierno informó que se habían atendido las solicitudes de traslado de 30 gobiernos locales y que solo durante 2022 se habían realizado 4 mil 58 traslados.
Estos traslados significan que las personas privadas de la libertad tengan que estar a cientos de kilómetros de sus familias, defensas, juzgados y cualquier red de apoyo, sin mucha posibilidad de que puedan defenderse, de acuerdo con Salvador Leyva, exsecretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
“No hay criterios claros ni lógicos” para realizar estos traslados, dice y señala que su aplicación resulta “totalmente arbitraria”.
De acuerdo con un folleto informativo sobre traslados penitenciarios, realizado por la organización Documenta. Análisis y Acción para la Justicia Social A.C., existen tres tipos de traslados que prevé la Ley Nacional de Ejecución de Penas: el traslado voluntario, el traslado involuntario con autorización previa de una jueza o un juez y el traslado involuntario sin la autorización previa antes expuesta.
Entre los derechos que las personas privadas de la libertad tienen durante los traslados está el que se registre adecuadamente la autorización y ejecución del traslado, que se comunique sobre el traslado inmediatamente a un familiar o amistad y que estos se den en condiciones que no les ocasionen sufrimientos físicos y mentales.
Además, que se les proporcione alimento, agua y oportunidad de ir al baño -sobre todo cuando sea un traslado que implique muchas horas-, que no sean encadenados, amarrados o se utilicen instrumentos que causen dolor durante el traslado y que el personal que realiza los traslados tenga un perfil adecuado o que no se realicen traslados masivos, entre otros aspectos.
Además, desde el momento en que ingresen a la nueva cárcel, las y los internos tienen el derecho de que se les brinde los medicamentos y atención médica que necesiten, recibir visitas familiares, de amistad e íntimas, y que se envíen sus expedientes médicos a las autoridades de las nuevas cárceles.
Sin embargo, en la investigación El cementerio de las vivas: el turbio negocio del Cefereso 16 de Morelos se documentó que no solo no se respetaron estas condiciones durante los traslados de las personas privadas de la libertad de cárceles estatales al Cefereso 16 de Morelos, sino que además llegaron de forma masiva al centro penitenciario, pese a que acumulan diversas quejas y recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos de las personas.
En el quinto informe de Gobierno, la administración de López Obrador reconoce un incremento en el número de quejas emitidas por la CNDH a la Autoridad Penitenciaria Federal que va de 129 a 822 de 2018 a 2020 y que sube de 1,482 a 2,626 de 2021 a 2022, periodo a partir del cual el Gobierno intensificó su campaña de traslados.
Otra omisión, según Leyva, es que los penales estatales no dan aviso a los jueces y a las juezas de ejecución que van a hacer ese traslado para que los califique de legales o ilegales.
“Hay un obstáculo material para acceder a la justicia. Es una suma de omisiones que permiten que estos traslados se puedan realizar de manera arbitraria sin que nadie se entere y sin que nadie se pueda defender”, dice.
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La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos abre las puertas para que empresas privadas asuman funciones de la industria petrolera venezolana que previamente estaban reservadas para el Estado.
Un cuarto de siglo después de que Hugo Chávez pusiera en marcha un polémico proceso de estatización de la industria petrolera en Venezuela, el país sudamericano acaba de dar media vuelta para abrirles los brazos (y los pozos) a muchas de esas mismas empresas internacionales que hace dos décadas fueron expropiadas y estatizadas.
Este jueves la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos orientada básicamente a abrir las puertas para que empresas privadas nacionales y extranjeras participen en la explotación petrolera en formas en las que legalmente no podían hacerlo desde 1976, cuando se produjo la nacionalización del petróleo.
Aunque estas compañías siempre han mantenido algún tipo de presencia en el negocio petrolero venezolano, desde que se produjo la nacionalización petrolera en 1976 el Estado venezolano ha tenido una gran preponderancia que se acentuó mucho durante la presidencia de Chávez.
“50 años y 28 días después, hoy concluye formalmente la etapa de la nacionalización petrolera. También hoy se pone punto final a la política de expropiaciones llevada a cabo durante el gobierno de Chávez”, escribió en la red X este jueves José Ignacio Hernández, un abogado venezolano experto en derecho constitucional y administrativo que trabaja como consultor para empresas internacionales.
En otro mensaje, Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), pareció coincidir con esta visión.
“Hoy fue sepultado el modelo de soberanía petrolera de Chávez. El sector privado puede producir y exportar crudo. La participación del Estado puede ser reducida a niveles mínimos, a discreción del Ministerio, sin consultar a la Asamblea Nacional. El fin de la revolución”, escribió.
El nuevo giro se produce a menos de un mes de la operación militar con la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores; y tras la cual el gobierno de Donald Trump anunció que su país iba a recuperar la industria petrolera venezolana y que las grandes petroleras estadounidenses iban a invertir hasta US$100.000 millones en ello.
Desde entonces, EE.UU. ha asumido un rol preponderante en el negocio petrolero en Venezuela al punto de hacerse cargo de vender el crudo y de administrar el fruto de sus ventas.
El gobierno de Trump ha dejado claro que espera que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, siga sus instrucciones insinuando no tan veladamente que, de lo contrario, podría correr una suerte similar a la de Maduro.
Fue Rodríguez quien puso en marcha el proceso de reforma de la Ley de Hidrocarburos la semana pasada.
¿Cuáles son los principales cambios?
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos está dirigida a atraer la inversión privada en el sector petrolero de Venezuela y, para lograrlo, está dando un paso inédito al permitir que empresas privadas asuman “la gestión técnica y operativa” de los proyectos, algo que previamente estaba reservado a la estatal Pdvsa.
En el caso de las empresas mixtas (conformadas por asociaciones entre Pdvsa y compañías privadas, en las que la estatal venezolana seguirá teniendo al menos una participación del 50%) se permitirá que el socio minoritario pueda asumir las riendas.
Además, por primera vez se abre la puerta para que estas empresas privadas comercialicen el crudo.
Orlando Ochoa, consultor económico independiente y senior visiting fellow en el Oxford Institute of Energy Studies (Reino Unido), explica a BBC Mundo que, aunque estos cambios relacionados con la gestión son una novedad dentro de la ley, en la práctica era algo que ya se venía haciendo con las empresas Chevron, Repsol y la empresa francesa Maurel & Prom.
Algo similar ocurre con la comercialización del crudo. “En la práctica Chevron ya lo venía haciendo, a Repsol se le autorizó y Maurel & Prom también. Además, la ley dice ‘permitirá’ por lo que se mantiene una amplia discrecionalidad estatal”, agrega.
Otros cambio importante se produce en relación con las regalías y los impuestos que deben pagar estas empresas al participar en la actividad petrolera venezolana.
La nueva Ley de Hidrocarburos mantiene la regalía que deben pagar las empresas por explotar el crudo venezolano en un 30%, pero establece la posibilidad de que ese porcentaje se rebaje en función de la viabilidad económica del proyecto.
También se permite al Ejecutivo reducir la tasa del impuesto sobre la renta por la misma causa.
Además, se derogó una ley que obligaba a las empresas a pagar contribuciones especiales al fisco cuando el precio del petróleo alcanza “precios extraordinarios” y se eliminó la obligación que tenían de pagar una serie de impuestos previstos en leyes de áreas muy diversas como ciencia y tecnología, deportes, lucha contra las drogas, pensiones.
“En términos fiscales, hay una racionalización inicial al eliminar las cargas parafiscales e impuestos estatales o municipales que tendían a sobrecargar. Sin embargo, queda una alta discrecionalidad en los términos fiscales, pues quedará por determinar en qué casos se aplica una regalía y una tasa de impuesto sobre la renta y en cuáles otra”, apunta Ochoa.
Otro cambio relevante se produce con la introducción de la posibilidad de dirimir cualquier conflicto en relación con esos contratos petroleros a través de mecanismos alternativos de resolución de competencias como el arbitraje.
Este es un elemento de mucho interés para las empresas extranjeras, sobre todo, después de la experiencia de las estatizaciones realizadas por Chávez de forma forzosa.
Orlando Ochoa advierte, no obstante, que el texto de la ley habla de “arbitraje independiente”, pero no especifica que se trate de “arbitraje internacional”, por lo que el texto queda un poco ambiguo en este tema.
En todo caso, la cuestión de un posible arbitraje internacional en asuntos petroleros levanta polémica en Venezuela tanto por razones políticas como jurídicas, pues la Constitución prevé que los contratos de interés público deben resolverse en los tribunales nacionales y no darán lugar a reclamos internacionales, y estos contratos petroleros tienen una gran probabilidad de ser considerados como de interés público.
Ochoa considera probable que los términos de este tipo de mecanismos se establecerán de forma específica en los términos y condiciones de cada contrato.
Sin embargo, mientras exista esa previsión en la Constitución sobre los contratos de interés público habrá un cierto margen para la impugnación y la polémica.
Esta posibilidad, de hecho, se conecta con otra modificación relevante a la Ley de Hidrocarburos, pues en su nueva versión ya no exige que el Parlamento venezolano apruebe los contratos petroleros suscritos por el Ejecutivo, sino que simplemente establece que el Legislativo debe ser informado sobre los mismos.
Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este jueves, el diputado opositor Pablo Pérez cuestionó que el texto no mantuviera el requerimiento de que los contratos fueran aprobados por el Parlamento y argumentó que se trata de acuerdos de “interés público”.
Una reforma cuestionada…¿e insuficiente?
La reforma a la Ley de Hidrocarburos ha recibido duras críticas desde perspectivas muy diversas.
El Partido Comunista de Venezuela la calificó como “un retroceso histórico” que forma parte de “una política sistemática de desmantelamiento de la soberanía petrolera”.
Mientras que Andrés Izarra, quien fue ministro de Comunicación durante el gobierno de Chávez, publicó un artículo en el que consideraba como inconstitucionales muchos de los cambios por, entre otras cosas, transferir a agentes privados actividades petroleras reservadas al Estado.
“La reforma reduce a Pdvsa a un cascarón mientras otros operan”, escribió en un artículo publicado en la web Aporrea.org.
Expertos petroleros como Francisco Monaldi han considerado la ley como “muy deficiente” y han criticado la excesiva discrecionalidad que otorga al gobierno.
Orlando Ochoa considera la ley como un paso importante en la dirección correcta al reducir el peso del Estado y abrir un espacio para el sector privado, pero también apunta deficiencias.
“Sigue siendo un régimen basado en una empresa estatal, algo que no estaría mal si hubiera una trayectoria razonable, el problema es que en los últimos 20 años Pdvsa se sobreendeudó, suspendió pagos de deuda, suspendió pagos a contratistas y a socios. Todo esto antes de las sanciones”, señala.
“Entonces, en el contexto de las empresas mixtas queda un socio estatal que, pese a ser mayoritario, tiene poco músculo financiero y poca capacidad técnica”.
Ochoa considera que estos cambios generan un estímulo para las empresas que ya están operando en Venezuela porque ahora tendrán un mejor marco de términos y condiciones. Sin embargo, cree que se debe ir más allá.
“Si Venezuela quiere atraer nuevas empresas internacionales para levantar realmente la producción tiene que hacer mucho más que esto”, dice.
Frente a las críticas que ha recibido la reforma, tanto Delcy Rodríguez como su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han señalado la necesidad de que Venezuela saque provecho del hecho de tener las mayores reservas probadas del mundo, extrayendo el crudo para poner esa riqueza en función del desarrollo del país.
No es un argumento nuevo para los venezolanos.
Ideas similares sustentaron la Apertura petrolera, un proceso impulsado en la década de 1990 cuando Venezuela quería aumentar su producción petrolera pero no disponía de los recursos para hacerlo, por lo que recurrió a autorizar contratos de servicio para que empresas privadas participaran en la producción petrolera.
Hugo Chávez calificó ese proceso como una traición contra el país y fue con miras a ponerle fin que inició su estatización petrolera en 2001.
“Es positiva para el país, es la siembra del petróleo, es la diversificación de la economía, es darle mayor solidez a la industria petrolera”, declaró Chávez.
“De cada 10 venezolanos, siete son pobres. Una de las razones de esto es el mal manejo de la industria petrolera”, agregó según reseñó BBC Mundo.
Muchas cosas han cambiado desde entonces.
En aquel momento, Venezuela producía 2,8 millones de barriles de petróleo diarios y era el cuarto productor de petróleo del mundo. En la actualidad, es el productor número 20 y extrae menos de un millón de barriles diarios.
En cuanto a la pobreza, cifras de la Cepal ubicaban la pobreza en 2001 en un 43%, con una pobreza extrema de 4,4%.
Aunque la Cepal dejó de publicar este dato sobre Venezuela hace más de una década al no recibir más información del gobierno, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, registra que 73,2% de los hogares en Venezuela se encuentran en situación de pobreza de ingresos, de esos 36,5% se ubican en situación de pobreza extrema, según datos de 2024.
Así, al parecer, ciertamente Venezuela requiere ahora más que nunca convertir esa riqueza en el subsuelo en desarrollo para sus ciudadanos.
La pregunta es si los cambios que se están dando serán suficientes para conseguirlo.
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