Cárceles privadas: el Gobierno busca llenarlas a costa de los derechos humanos de los reclusos
“Hay que decir que se logró… Mediante este diálogo, se acordó mejorar también con estos recursos las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad”. Era 22 de abril de 2021 y, con estas palabras, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez festejaba las modificaciones a los contratos de las ocho prisiones privadas que hay en México, lo que permitiría ahorrar más de 41 mil millones de pesos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador fue quien dio la orden de revisar los contratos de los ocho Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos) privados, que calificó de “leoninos” por ser “muy favorables para las empresas y muy malos para la hacienda pública, para el pueblo”.
Los contratos fueron firmados en la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, entre el entonces secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, y particulares, para la construcción y operación de ocho penales.
Pero desde que se renegociaron los contratos, el Gobierno de López Obrador intensificó el traslado de personas privadas de la libertad (PPL) de penales estatales a penales federales, incluidos los ocho privados, con el pretexto de “mantener la gobernabilidad de los centros penitenciarios del país”.
Los datos de la Secretaría de Seguridad muestran que desde 2019 a enero de 2023 se efectuaron 8 mil 740 traslados de personas privadas de la libertad de centros estatales a centros federales y un total de mil 686 se concentraron en siete de los penales privados.
Se trató de 717 para el Cefereso 12 Guanajuato; 437 para el 11 Sonora; 249 para el 18 Coahuila; 149 para el 16 Femenil Morelos; 101 para el 15 Chiapas; 24 para el 17 Michoacán y nueve para el 13 Oaxaca.
Desagregado por fecha se evidencia que el número de traslados se disparó precisamente a raíz de las modificaciones a los contratos de los 8 penales privados a mediados de 2021: En 2019 se registraron 339 traslados a estas cárceles, en 2020 bajó a 97, en 2021 apenas subió a 146, pero para el 2022 llegaron a mil 104, un aumento del 935% en solo dos años, cifra que siguen al alza.
En un comunicado publicado el 2 de junio pasado, la SSPC informó que de enero de 2023 al 15 de mayo pasado, habían sido trasladadas otras mil 32 personas de centros penales estatales a federales y para justificarlo señaló que tenían un “alto perfil delincuencial”, sumando un total de nueve mil 830 personas en lo que va del sexenio.
“Los traslados tuvieron como destino principal los Centros Federales de Readaptación Social (CPS): 15 de Chiapas, 18 de Coahuila y 13 de Oaxaca”, se puede leer en el documento. Los tres son penales privados.
Las autoridades realizaron los traslados sin seguir el protocolo y concentrando gran parte de los traslados en los mismos penales privados criticados por el gobierno federal, que concentran recomendaciones y quejas sin resolver ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Los traslados penitenciarios representan una de las formas más comunes de violación del derecho a la seguridad jurídica de las personas privadas de la libertad, ya que además de obstaculizar el seguimiento de su proceso, generalmente alejan a la persona del lugar más cercano a su domicilio, situación, que sólo es dable bajo las excepciones que la propia Constitución”, señaló la CNDH en un pronunciamiento sobre presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas en traslados de personas internas.
La creación de los Ceferesos público-privados
En 2010, como parte del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, se estipularon las primeras construcciones de cárceles privadas en el país, que serían financiadas y construidas mediante esquemas de Asociación Público-Privada por diversos contratos de prestación de servicios. El objetivo, se dijo en ese momento, era potenciar la capacidad de reclusión del Sistema Penitenciario Federal y asumir en esas instalaciones la custodia de la totalidad de la población del fuero federal.
De acuerdo con informes del gobierno, el propósito era mejorar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de la libertad y contribuir a su reinserción social con menores costos sociales y económicos, por lo que se construirían 12 centros penitenciarios con capacidad para 32 mil 500 personas.
La entonces Secretaría de Seguridad Pública concesionó a seis consorcios y empresas privadas la construcción y operación de centros penitenciarios federales con una vigencia de 22 años, incluyendo servicios como lavanderías, comedores y mantenimiento.
El 11 de Sonora y el 12 de Guanajuato fueron los primeros Ceferesos que se incorporaron a la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios (CPS), que consistió en que una empresa privada se hiciera cargo de construir y operar los centros, mientras que las autoridades federales asumían la seguridad en su interior.
En 2013, se incorporaron los Ceferesos 13 de Oaxaca y 14 de Durango, un año después también el 15 de Chiapas, y en 2015 se incorporó el 16 Femenil de Morelos, todos bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. Asimismo, en 2016 se incorporó el Cefereso 17 de Michoacán mientras que el último fue el 18 de Coahuila en 2018.
De esa manera, la empresa Pápagos Servicios para la Infraestructura se encargó del Cefereso 11 de Sonora; Sarre Infraestructura y Servicios del 12 de Guanajuato; Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca del 13 de Oaxaca y DIP Concesionaria duranguense de infraestructura penitenciaria del 14 de Durango.
Mientras que Makobil del 15 de Chiapas; CRS Morelos del 16 Femenil de Morelos; Concesionaria en Infraestructura Especializada de Michoacán del 17 de Michoacán y Operadora de Infraestructura Especializada de Guanajuato del 18 de Coahuila.
Sin embargo, la deficiencia en la atención médica de las personas internas en estos penales ‘semiprivados’ fue señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno ha tenido que reconocer desde entonces esta y otras problemáticas.
Entrada la actual administración, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se identificó como prioridad “la recuperación y dignificación de las cárceles” y en el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana (PSSPC) 2020-2024 se reconoció que en los Ceferesos “existe la carencia de reinserción social, debido a que se presentan deficiencias en la atención a la salud, falta de personal médico, la atención en las adicciones”.
Además de falta de profesionalización del personal penitenciario y deficiencias en la comunicación y vinculación de las personas privadas de la libertad con sus familiares.
Arreglo o demanda, las opciones de AMLO para las empresas
El 13 de enero de 2021, poco más de un año después de que García Luna fuera detenido en Estados Unidos acusado por cargos relacionados a narcotráfico y corrupción, la actual secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez informó en conferencia de prensa que por instrucción presidencial, tanto la dependencia a su mando como la Consejería Jurídica de la Presidencia, revisaron ocho contratos de prestación de servicios celebrados con las ocho cárceles privadas que hay en el país.
Se trató de los contratos celebrados para los Ceferesos 11 de Sonora, 12 de Guanajuato, 13 de Oaxaca, 14 de Durango, 15 de Chiapas, 16 de Morelos (el único exclusivamente destinado para recibir mujeres) y el 18 de Coahuila, siete de los cuales fueron suscritos el 27 de diciembre de 2010; en tanto que el de Oaxaca fue suscrito el 18 de marzo de 2011.
La empresa EXI Quantum S.A. de C.V. adquirió los contratos del Cefereso 11 de Sonora a Pápagos Servicios para la Infraestructura y el 12 de Guanajuato a Sarre Infraestructura y Servicios.
Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca cedió el contrato del 13 de Oaxaca a GIA S.A. de C.V., y Makobil y CRS Morelos traspasaron a Capital Inbursa el Cefereso 15 de Chiapas y el 16 Femenil de Morelos.
Mientras que Operadora de Infraestructura Especializada de Guanajuato cedió el contrato del 18 de Coahuila a Black Rock S.A. de C.V.
Los contratos fueron suscritos en su tiempo por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador general de Centros Federales; por Arturo Sosa Viderique, director general de Administración de la excoordinación general de Centros Federales, y por Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de Adquisiciones de la misma dependencia.
Un año después, en enero de 2022, los tres funcionarios fueron imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de asociación delictuosa junto a otros exfuncionarios, que además fueron imputados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades por sobrecostos en los mismos contratos.
Además, una investigación de Animal Político publicada en junio pasado reveló que Villarreal Guerra también participó en el pago por 6.4 millones de dólares que el Gobierno de AMLO autorizó para empresas de la presunta red de corrupción de García Luna al principio de la administración.
La secretaria federal informó que en nueve años se había pagado un total de 75 mil 661 millones de pesos por los ocho penales, correspondientes al 36% del pago total pactado, y explicó que aún había un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190 mil 638 millones de pesos. De acuerdo con los contratos, en algunos penales hasta 2032 y en otros hasta 2036 o 2037. Es decir, el costo total proyectado a 20 años ascendía a 266 mil 300 millones de pesos.
Julio Scherer Ibarra, entonces consejero jurídico de la Presidencia, dijo que estos contratos por casi 270 mil millones de pesos fueron otorgados por adjudicación directa y que los contratos establecían que, concluida la vigencia, el inmueble y sus instalaciones serían propiedad del proveedor.
El gobierno dijo que el gasto por cada interno e interna en 2020, antes de la renegociación de los contratos, era de aproximadamente 3 mil 819 pesos diarios, y aunque no hubiera internos se tenía que pagar el 100 por ciento, como si estuviera lleno el reclusorio.
“Traslados arbitrarios, sin que nadie se entere”
Tres meses y nueve días después de la orden presidencial, en conferencia de prensa del 22 de abril de 2021, Rosa Icela Rodríguez tomó la palabra para festejar que se habían conseguido modificaciones a los ocho contratos celebrados, que significarían ahorros por 41 mil 496 millones de pesos, y que las instalaciones de los centros penitenciarios serían incorporadas a los bienes de la nación al concluir los contratos.
“Así como que se busque siempre con las autoridades penitenciarias en los servicios el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y así se logra un daño irreversible a la hacienda pública y al patrimonio de los mexicanos y las mexicanas” dijo.
El presidente López Obrador, por su parte, aseguró que este acuerdo no significaría que desde el Gobierno Federal se fueran a deshacer contratos o incumplirlos, sino lo que se buscaba es “quitarles a esos contratos las aristas más nocivas para la hacienda pública y que logremos ahorros”.
Antes de terminar la conferencia, el presidente aprovechó para asegurar que gracias a su Gobierno se estaban ocupando los reclusorios privados, “porque cuando llegamos teníamos una ocupación del 30%, pero había que pagar el 100, como si estuviesen llenos; y ahora ya tenemos un promedio del 60, 61%, o sea, tenemos ahí espacio”.
“Vamos a (hacer) que cárceles que están completamente llenas, donde hay hacinamiento, puedan desahogarse, liberar espacios por condiciones también inhumanas en que están muchos reclusos. Entonces, se van a llenar por completo los reclusorios”, dijo.
Para el 3 de enero de 2023 el gobierno informó que se habían atendido las solicitudes de traslado de 30 gobiernos locales y que solo durante 2022 se habían realizado 4 mil 58 traslados.
Estos traslados significan que las personas privadas de la libertad tengan que estar a cientos de kilómetros de sus familias, defensas, juzgados y cualquier red de apoyo, sin mucha posibilidad de que puedan defenderse, de acuerdo con Salvador Leyva, exsecretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
“No hay criterios claros ni lógicos” para realizar estos traslados, dice y señala que su aplicación resulta “totalmente arbitraria”.
De acuerdo con un folleto informativo sobre traslados penitenciarios, realizado por la organización Documenta. Análisis y Acción para la Justicia Social A.C., existen tres tipos de traslados que prevé la Ley Nacional de Ejecución de Penas: el traslado voluntario, el traslado involuntario con autorización previa de una jueza o un juez y el traslado involuntario sin la autorización previa antes expuesta.
Entre los derechos que las personas privadas de la libertad tienen durante los traslados está el que se registre adecuadamente la autorización y ejecución del traslado, que se comunique sobre el traslado inmediatamente a un familiar o amistad y que estos se den en condiciones que no les ocasionen sufrimientos físicos y mentales.
Además, que se les proporcione alimento, agua y oportunidad de ir al baño -sobre todo cuando sea un traslado que implique muchas horas-, que no sean encadenados, amarrados o se utilicen instrumentos que causen dolor durante el traslado y que el personal que realiza los traslados tenga un perfil adecuado o que no se realicen traslados masivos, entre otros aspectos.
Además, desde el momento en que ingresen a la nueva cárcel, las y los internos tienen el derecho de que se les brinde los medicamentos y atención médica que necesiten, recibir visitas familiares, de amistad e íntimas, y que se envíen sus expedientes médicos a las autoridades de las nuevas cárceles.
Sin embargo, en la investigación El cementerio de las vivas: el turbio negocio del Cefereso 16 de Morelos se documentó que no solo no se respetaron estas condiciones durante los traslados de las personas privadas de la libertad de cárceles estatales al Cefereso 16 de Morelos, sino que además llegaron de forma masiva al centro penitenciario, pese a que acumulan diversas quejas y recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos de las personas.
En el quinto informe de Gobierno, la administración de López Obrador reconoce un incremento en el número de quejas emitidas por la CNDH a la Autoridad Penitenciaria Federal que va de 129 a 822 de 2018 a 2020 y que sube de 1,482 a 2,626 de 2021 a 2022, periodo a partir del cual el Gobierno intensificó su campaña de traslados.
Otra omisión, según Leyva, es que los penales estatales no dan aviso a los jueces y a las juezas de ejecución que van a hacer ese traslado para que los califique de legales o ilegales.
“Hay un obstáculo material para acceder a la justicia. Es una suma de omisiones que permiten que estos traslados se puedan realizar de manera arbitraria sin que nadie se entere y sin que nadie se pueda defender”, dice.
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El segundo mandato de Donald Trump cumple 100 días. Repasamos lo más destacado y controvertido de su gobierno en este tiempo.
Durante la campaña presidencial del año pasado, Donald Trump repitió constantemente su intención de hacer cambios drásticos tan pronto como regresara a la Casa Blanca.
Pero pocos esperaban que esto sucediera a una velocidad tan vertiginosa.
En los tres meses transcurridos desde que asumió el cargo el 20 de enero, el 47º presidente de EE.UU. ha desplegado su poder de una manera comparable a la de pocos predecesores.
En forma de documentos encuadernados, firmados con pluma presidencial, o anuncios de políticas hechos en mayúsculas en las redes sociales, su vendaval de acciones ejecutivas ha llegado a todos los rincones de la vida estadounidense.
Para sus partidarios, la estrategia de “conmoción y pavor” ha sido una demostración tangible de un presidente dispuesto a actuar, a cumplir sus promesas y a promulgar reformas largamente esperadas.
Pero sus críticos temen que esté causando un daño irreparable al país y extralimitándose en sus poderes, paralizando importantes funciones gubernamentales y tal vez remodelando permanentemente la presidencia en el proceso.
A continuación te presentamos 6 momentos destacados de los primeros 100 días del segundo mandato de Trump y sus repercusiones.
Tormenta constitucional por una publicación de redes
Por una vez, no fue una publicación de Trump en las redes sociales lo que desencadenó protestas.
Tres semanas después del inicio del nuevo mandato, a las 10:13 de la mañana de un domingo, el vicepresidente JD Vance escribió una línea que marca una estrategia que desde entonces ha dado forma al segundo mandato de la administración Trump.
“Los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo”, declaró en X.
En el frenesí mediático que siguió, los expertos legales se alinearon para desafiar esa afirmación, señalando un principio de 220 años de antigüedad que se encuentra en el corazón de la democracia estadounidense.
Los tribunales tienen el poder de controlar y anular cualquier acción gubernamental (leyes, reglamentos y órdenes ejecutivas) que consideren que viola la Constitución de Estados Unidos.
Las palabras de Vance representaron un desafío descarado a la autoridad judicial y, más ampliamente, al sistema de tres ramas de gobierno co-iguales creado por los fundadores de Estados Unidos.
Pero Trump y su equipo no se disculpan por extender el alcance del poder ejecutivo a los otros dos dominios: el Congreso y los tribunales.
La Casa Blanca ha actuado agresivamente para arrebatarle al Congreso el control del gasto, desfinanciando unilateralmente programas y agencias enteras.
Esta erosión de su poder ha sido en gran medida respondida con silencio en el Capitolio, donde los republicanos de Trump tienen estrechas mayorías en ambas cámaras.
Los tribunales se han mostrado más resistentes: hasta el momento hay más de 100 fallos que detienen acciones presidenciales que consideran inconstitucionales, según un recuento de The New York Times.
Algunos de los mayores enfrentamientos se han producido por la ofensiva migratoria de Trump.
En marzo, más de 200 venezolanos, considerados por el gobierno un peligro para EE.UU., fueron deportados a El Salvador y encarcelados en el Cecot, muchos de ellos bajo amplios poderes propios de tiempos de guerra y sin el proceso habitual de presentación de pruebas ante los tribunales.
Un juez designado por el republicano en un tribunal federal de apelaciones dijo que estaba “conmocionado” por cómo había actuado la Casa Blanca.
“Ahora las ramas están demasiado cerca de chocar irrevocablemente entre sí en un conflicto que promete debilitarlas a ambas”, escribió el juez J. Harvie Wilkinson.
Trump y funcionarios de la Casa Blanca han dicho que obedecerán los fallos judiciales, incluso aunque el presidente critique a muchos de los jueces que los emiten y la administración a veces avance lentamente para cumplirlos.
Todo esto equivale a una prueba única de un sistema constitucional que durante siglos ha funcionado con cierto grado de buena fe.
Aunque Trump ha estado en el centro de este impulso, uno de sus principales agentes del caos es un hombre que no nació en Estados Unidos, pero que construyó allí un imperio empresarial.
El poder de la motosierra
Elon Musk, vestido de negro de pies a cabeza y con gafas de sol, estuvo bajo los focos y disfrutó de la adulación de la multitud en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC por sus siglas en inglés).
El hombre más rico del mundo, que quiere recortar billones de dólares del gobierno federal de EE.UU., dijo que tuvo una sorpresa especial.
El presidente de Argentina, Javier Milei, conocido por sus propios recortes presupuestarios, apareció detrás del escenario y le entregó una brillante motosierra dorada.
“¡Esta es la motosierra de la burocracia!”, exclamó Musk. “¡¡¡MOTOSIERRA!!!”.
Fue una ilustración dramática no sólo del entusiasmo de Musk por su rol en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), sino también del estatus cercano a estrella de rock que el empresario tecnológico nacido en Sudáfrica ha desarrollado entre los fieles de Trump.
Desde esa aparición, Musk ha enviado sus agentes por todo el gobierno federal, intentando acceder a bases de datos gubernamentales sensibles para identificar programas susceptibles de ser recortados.
Aunque no ha llegado ni de lejos a encontrar los billones de dólares de despilfarro que una vez prometió, sus recortes han reducido drásticamente decenas de agencias y departamentos, cerrando esencialmente la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) e intentando desmantelar el Departamento de Educación.
Aunque las promesas de eliminar “el despilfarro, el fraude y el abuso” en el gobierno y reducir el creciente déficit federal suelen tener un amplio atractivo, la forma en que Musk ha utilizado su motosierra metafórica ha generado conflictos con altos funcionarios del gobierno y ha avivado el enojo entre una parte del público estadounidense.
Puede que algunos partidarios de Trump aprueben el agresivo recorte presupuestario de la administración, pero otros electores han criticado a los legisladores republicanos en eventos públicos.
Los manifestantes han expresado su temor de que los recortes afecten negativamente a programas gubernamentales populares como los planes de jubilación de la Seguridad Social, los beneficios para veteranos y la cobertura de seguro de salud para los pobres y los ancianos.
Puede que sus preocupaciones no sean del todo infundadas, dado que estos planes constituyen la mayor parte del gasto federal.
Si no se recortan estos programas, la amplia bajada de impuestos que Trump ha prometido incrementará aún más la escala de la deuda del gobierno de EE.UU. y posiblemente pondrá en riesgo su mayor promesa electoral: la prosperidad económica.
“Tuve que pensar rápido porque se esfumaron miles de millones ante mis ojos”
Cuando el corredor de bolsa Richard McDonald vio a Trump sostener sus gráficos en el jardín de la Casa Blanca mostrando una lista de países afectados por los aranceles estadounidenses, supo que tenía que actuar rápido.
“Me puse de pie de un salto porque no esperaba un tablero de gráficos, sino un anuncio”, dice.
McDonald esperaba recortes arancelarios del 10% o 20%, pero dice que “nadie esperaba estas enormes cifras”.
Corrió a su mesa de trabajo tratando de comprender qué empresas podrían verse más afectadas. Luego vendió.
“Cada segundo se pierden miles de millones de dólares en los precios de las acciones, así que en realidad se trata de quién tiene ‘el dedo más rápido'”.
Es uno de los muchos operadores de bolsa que estaban en primera línea de los mercados globales cuando los precios de las acciones se desplomaron después del anuncio de aranceles del llamado Día de la Liberación de Trump el 2 de abril.
El índice S&P500 de las mayores empresas que cotizan en Estados Unidos se vio particularmente afectado, y aunque la Casa Blanca ha revertido el rumbo respecto a algunos de los aranceles más altos, no se ha recuperado totalmente desde entonces.
La economía fue la mayor preocupación de los votantes estadounidenses en las elecciones de noviembre, y Trump aprovechó una ola de profundo descontento por el manejo de la inflación que hizo el gobierno de Biden.
Su promesa de reducir los precios, disminuir la regulación gubernamental e impulsar la industria local fue un mensaje proempresarial que fue recibido calurosamente en Wall Street y por muchos trabajadores estadounidenses.
Pero a medida que Trump intenta cumplir su promesa de imponer nuevos aranceles, los costos económicos, al menos en el corto plazo, se han vuelto dolorosamente evidentes.
El mercado bursátil cae, las tasas de interés, incluidas las hipotecas, suben y la confianza del consumidor ha disminuido. El desempleo también está aumentando, en parte debido al creciente número de funcionarios que se ven obligados a dejar sus puestos de trabajo.
El Banco de la Reserva Federal, junto con expertos económicos, advierten de que el plan de Trump reducirá el crecimiento económico y posiblemente conducirá a una recesión.
Si bien los índices de aprobación del presidente respecto a su gestión de la economía han caído, muchos de sus partidarios lo apoyan. Y en antiguas zonas industriales afectadas por la pérdida de empleos manufactureros existe la esperanza de que los aranceles puedan equilibrar las reglas del juego a nivel mundial.
“Trump se ha ganado de nuevo el respeto”, dice el camionero Ben Maurer en Pensilvania, refiriéndose a los aranceles a China. “Seguimos siendo una fuerza a tener en cuenta”.
Las preocupaciones económicas han contribuido al declive general de Trump en las encuestas, pero en un área clave todavía mantiene una postura sólida ante los ojos del público: la inmigración.
Visto en una foto: “Mi hijo, encadenado en prisión”
“¡Es él! ¡Es él! Reconozco sus rasgos”, dice Myrelis Casique López, señalando una fotografía en la que se ve a hombres encadenados y esposados en el suelo de una de las prisiones más infames del mundo.
Identificó a su hijo en la imagen, tomada desde arriba, de un mar de cabezas rapadas pertenecientes a hombres con camisetas blancas sentados en filas largas y rectas.
En su casa de Maracay, Venezuela, una periodista de la BBC le mostró a Casique la fotografía, compartida por primera vez en línea por las autoridades de El Salvador.
La última vez que tuvo contacto con su hijo, él estaba en Estados Unidos y enfrentaba la deportación a Venezuela, pero ahora estaba a 2.300 kilómetros de ella, era uno de los 238 hombres enviados por las autoridades estadounidenses a una notoria megacárcel en El Salvador.
La administración Trump dice que son miembros del Tren de Aragua, una poderosa banda criminal trasnacional, pero Casique insiste en que su hijo es inocente.
Una postura firme sobre inmigración fue un pilar central de la campaña de reelección de Trump, y el presidente ha usado sus amplios poderes de aplicación de la ley para cumplir esa promesa.
Los cruces fronterizos irregulares estaban disminuyendo al final de la presidencia de Biden, pero ahora están en su total mensual más bajo en más de cuatro años.
Una mayoría del público estadounidense todavía apoya la represión, pero ésta ha tenido un efecto paralizante en las comunidades de estudiantes extranjeros que se han visto atrapadas en medio de la ofensiva.
Algunos, incluidos residentes permanentes, han sido detenidos y se enfrentan a la deportación debido a su participación en las protestas propalestinas en campus universitarios. Han rechazado las acusaciones de apoyo al grupo radical Hamás.
Los abogados de derechos civiles advierten que algunos inmigrantes están siendo deportados sin el debido proceso, incluyendo a inocentes entre los “asesinos y matones” que Trump dice que están siendo perseguidos.
Si bien hasta ahora no ha habido el nivel de deportaciones masivas que algunos esperaban y otros temían, agentes de control de inmigración recientemente empoderados han tomado medidas en todo Estados Unidos en empresas, hogares e iglesias.
También han estado activos en las universidades, que se han convertido en un blanco destacado del presidente Trump de otras maneras.
Choques con el mundo académico, mediático y corporativo
El 21 de abril, el presidente de la Universidad de Harvard, Alan Garber, decidió enfrentarse directamente a la Casa Blanca.
En una carta a la comunidad universitaria, anunció una demanda que impugna la decisión del gobierno de Trump de congelar miles de millones de dólares en subvenciones federales.
Fue, dijo Garber, un intento ilegal de “imponer un control indebido y sin precedentes” sobre las operaciones de Harvard.
La Casa Blanca respondió que tenía que tomar medidas porque Harvard no había solucionado el antisemitismo en el campus, un problema para el que, según Garber, la universidad ya estaba tomando medidas.
La acción de la universidad fue la muestra más destacada de resistencia contra el uso del poder presidencial por parte de Trump para atacar a la educación superior estadounidense, un objetivo de larga data impulsado por las protestas a favor de los palestinos que se extendieron por los campus en 2024.
El presidente y sus funcionarios han confiscado o amenazado con retener miles de millones de dólares del gasto federal para remodelar instituciones de élite como Harvard, que Trump y muchos de sus partidarios creen que promueven una ideología liberal entre los estudiantes e investigadores.
A principios de mes, la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York había aceptado una serie de peticiones de la Casa Blanca, incluidos cambios en sus políticas de protesta, en las prácticas de seguridad del campus y en el Departamento de Estudios de Medio Oriente.
Una dinámica similar se ha desarrollado en el mundo corporativo y de los medios de comunicación.
Trump ha utilizado la retención de contratos federales como una forma de presionar a los bufetes de abogados para que recluten y representen a más conservadores.
Algunas de las firmas han respondido ofreciendo a la administración Trump millones de dólares en servicios legales gratuitos, mientras que dos firmas han presentado una demanda impugnando la constitucionalidad de los castigos del gobierno.
Una demanda por difamación que Trump presentó contra ABC News llevó a que la empresa de medios contribuyera con US$15 millones a la fundación presidencial de Trump.
CBS también está en conversaciones para resolver una demanda separada por una entrevista a Kamala Harris, mientras su empresa matriz, Paramount, busca la aprobación federal para una fusión con Skydance Media.
Associated Press, por el contrario, ha resistido la presión del gobierno para aceptar el cambio de nombre del Golfo de México por “Golfo de América” de Trump, a pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca para impedir que la agencia de noticias cubra al presidente.
Durante la campaña, Trump advirtió sobre el poder descontrolado del gobierno federal. Ahora en el cargo, ejerce ese poder como ningún otro presidente moderno.
Sin embargo, en ninguna parte los impactos de sus esfuerzos han sido más visibles que en las agencias y departamentos del gobierno federal que ahora controla.
Paso atrás en temas de raza e identidad
La conferencia de prensa en la Casa Blanca comenzó con un momento de silencio por las víctimas de una colisión aérea sobre el río Potomac el miércoles 29 de enero.
Sin embargo, a los pocos segundos de terminar la pausa, Trump pasó al ataque.
Una iniciativa de diversidad e inclusión de la Agencia Federal de Aviación fue en parte responsable de la tragedia, afirmó el presidente, ya que llevó “al contrato de personas con discapacidades intelectuales graves como controladores aéreos”.
El presidente no presentó ninguna prueba.
Fue un momento sorprendente y emblemático del ataque que su presidencia ha lanzado contra los programas de inclusión que han proliferado en los últimos años en el gobierno y el mundo corporativo de Estados Unidos.
Trump ha ordenado al gobierno federal que ponga fin a sus programas de diversidad y equidad (DEI) e investigue a las empresas privadas y a las instituciones académicas que se cree que participan en “DEI ilegal”.
Su directiva ha acelerado los movimientos de importantes empresas globales como Meta y Goldman para recortar o eliminar estos programas.
Introducidas por primera vez en la década de los años 60 tras las victorias en la lucha por los derechos civiles, las primeras formas de DEI buscaron ampliar las oportunidades para la población afroestadounidense.
Posteriormente, se expandieron para incluir a las mujeres, la comunidad LGBT y otros grupos raciales.
Gran parte del sector empresarial estadounidense intensificó sus esfuerzos y los acogió a raíz de las protestas del movimiento Black Lives Matter de 2020 tras la muerte de George Floyd a manos de agentes de policía de Minneapolis.
Pero para sus críticos, la DEI estaba poniendo la política y la raza por encima del talento, creando división, y ya no era necesaria en los Estados Unidos modernos.
Aunque la directiva de Trump parece contar con el apoyo de una estrecha mayoría de votantes, algunas de las consecuencias inesperadas han generado sorpresa.
El Cementerio Nacional de Arlington eliminó de su sitio web toda mención de la historia de militares negros y mujeres.
Y el avión Enola Gay, que lanzó la bomba atómica sobre Japón, fue inicialmente marcado para su eliminación de los documentos del Pentágono, aparentemente debido a la palabra “gay”.
Los primeros 100 días de Donald Trump han sido una demostración sin precedentes de un poder unilateral ejercido por un presidente estadounidense moderno.
Sus esfuerzos por desmantelar grandes sectores del gobierno federal tomarán años, si no décadas, para que los presidentes posteriores los restablezcan si así lo desean.
Sin embargo, en otros sentidos, los esfuerzos de Trump hasta la fecha podrían resultar menos permanentes.
Sin el apoyo de nuevas leyes aprobadas por el Congreso, muchas de sus reformas radicales podrían ser anuladas por un futuro presidente.
Hasta qué punto este comienzo vertiginoso conducirá a un cambio duradero sigue siendo una pregunta abierta.
Más adelante este año, las estrechas mayorías republicanas en el Congreso intentarán brindar respaldo legislativo a la agenda de Trump, pero su éxito está lejos de estar garantizado.
Y en las elecciones legislativas de mitad de período del año próximo, esas mayorías podrían ser reemplazadas por demócratas hostiles empeñados en investigar a la administración y limitar su autoridad.
Mientras tanto, se avecinan más batallas judiciales, y si bien la Corte Suprema de Estados Unidos tiene una inclinación conservadora, sus decisiones en una serie de casos clave podrían, en última instancia, ir en contra de los esfuerzos de Trump.
Los primeros 100 días del segundo mandato de Trump han sido una demostración espectacular de fuerza política, pero los próximos 1.361 serán la verdadera prueba de si puede forjar un legado duradero.
Información adicional de Mitch Labiak, Nicole Kolster, Gustavo Ocando Alex y Madeline Halpert.
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