Calderón <i>desdeña</i> acto de CIDH sobre muertas de Juárez
Hoy se llevará a cabo en Ciudad Juárez un acto oficial de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado mexicano en el caso de la muerte de ocho mujeres, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez en 2001, al que, sin embargo, no asistirá el presidente Felipe Calderón, pese a ser el principal representante del país.
Con el acto, a realizarse hoy a las 9:00 horas de Ciudad Juárez, se dará respuesta a la sentencia dictada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación al caso conocido como “Campo Algodonero”, en la que condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos de las víctimas y exige el reconocimiento de su responsabilidad en un acto público.
El reconocimiento de responsabilidad internacional estará a cargo de Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, como representante del Estado mexicano, mientras el presidente Calderón encabeza la Ceremonia de Inauguración de la Semana Nacional PYME 2011 en la ciudad de México.
Aunque en su sentencia la CIDH no establece qué representantes del gobierno mexicano deben hacer el reconocimiento de la responsabilidad, sí exige que sean de alto rango. Las organizaciones representantes solicitaron que se debería incluir en dicho acto a los tres órdenes de gobierno, y añadieron que debería estar presente el Presidente de la República, el Gobernador del estado de Chihuahua, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia de Chihuahua, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con lo reportado por medios locales como El Diario de Juárez, El Digital y El Norte Digital, al acto, en el que también se inaugurará el memorial para recordar a las mujeres asesinadas, sólo asistirán representantes de los tres niveles de gobierno.
Al acto asistirán la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío García Gaytán; y la procuradora Social de Atención a Víctimas, Sara Irene Herrerías.
También participarán la secretaria general de Gobierno, Graciela Ortiz; la titular del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña Lobera y el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, quien es el único gobernante que participará en la ceremonia.
Para la construcción del memorial, que también fue exigido por la CIDH, el gobierno federal aportó 10 millones de pesos, el estatal seis millones, mientras el municipio de Ciudad Juárez contribuyó con la maquinaria y mano de obra.
El caso del campo algodonero
De acuerdo con información publicada por organizaciones sociales en el sitio web http://www.campoalgodonero.org.mx, el 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados ocho cuerpos de mujeres asesinadas, con claras señas de tortura sexual, en un campo algodonero de Ciudad Juárez.
Las autoridades anunciaron el 9 de noviembre las identidades de dichos cuerpos sin ninguna técnica fiable para ello. Ante esa acción del gobierno, en 2006 las madres de las víctimas solicitaron al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizara los peritajes adecuados en siete de los ocho cuerpos.
Tras las investigaciones y de acuerdo con las organizaciones, a la fecha se tiene certeza de que seis de los cuerpos encontrados en el campo algodonero corresponden a:
Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz, María Rocina Galicia. Una mujer permanece todavía como no identificada. La identificación de Claudia Ivette González fue realizada sólo por las autoridades mexicanas.
En noviembre del 2009 la CIDH condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares.
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