26 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas desde 2011; Guanajuato y Sonora son los estados más peligrosos
En los últimos 13 años se han registrado 26 casos de asesinato, feminicidio o desaparición de familiares de personas desaparecidas, para un promedio de dos cada año.
Noe Sandoval, Lorenza Cano, Lucero Berenice, Teresa Magueyal y Blanca Esmeralda son algunos de los buscadores que fueron ultimados o desaparecidos, y a pesar de que ya habían recibido amenazas o habían sido víctimas de agresiones, no recibieron una protección o ésta fue insuficiente para salvaguardar su integridad.
En su “Diagnóstico sobre seguridad para colectivos de familias de personas desaparecidas en México”, la organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) identificó que un total de 22 buscadores fueron asesinados entre febrero de 2011 y agosto de 2024, de los cuales cinco fueron desaparecidos previo a su muerte; tres personas más fueron desaparecidas, pero localizadas con vida; y una más aún no es encontrada.
Este informe fue realizado con la participación de integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Las entidades con mayor incidencia de estas agresiones fueron Guanajuato y Sonora, ya que en el primero se han registrado cinco asesinatos y las desapariciones de Catalina Vargas, quien fue encontrada con vida, y de Lorenza Cano, que a la fecha no ha sido localizada.
En el segundo estado se han reportado tres asesinatos y la desaparición de Yesenia Guadalupe Durazo, quien fue localizada con vida.
De las personas asesinadas, 12 eran mujeres y 10 hombres. Además de los antes nombrados, también fueron víctimas de homicidio y feminicidio Miriam Rodríguez en Tamaulipas, José de Jesús Jiménez en Veracruz, Cornelia Guevara en Estado de México, Bernardo Carreto en Guerrero, Sandra Luz Hernández en Sinaloa, Leopoldo Valenzuela en Durango y Nepomuceno Moreno en Sonora.
A la lista se suman Pablo Miramontes y Jesús Isaac Castillo en Jalisco; Zenaida Pulido en Michoacán; Gladys Aranza en Sonora; José Nicanor en Zacatecas; Rosario Zavala, María del Carmen Vázquez, Javier Barajas y Jorge Ulises Cardona en Guanajuato; Rosario Rodríguez en Sinaloa; Brenda Jazmín en Sonora; Angela Meraz en Baja California.
De las 9 personas desaparecidas, mismas que se registraron en los últimos seis años, cinco fueron halladas sin vida, mientras que sólo dos con vida y una más, Lorenza Cano, no ha sido localizada desde su desaparición en enero de 2024.
Familiares de personas desaparecidas han cubierto los costos de las agresiones en su contra
A lo anterior se suman otros casos de tentativa de homicidio y feminicidio, en los cuales se ocasionaron graves ataques a personas buscadoras. En todas las ocasiones fueron las familias quienes cubrieron los gastos hospitalarios y de recuperación para las personas agredidas, notó la red del MNDM.
“Se documentó la adquisición de deudas y pérdidas patrimoniales para poder pagar los costes médicos, entre los que se encuentran cirugías, reconstrucción, terapias físicas de recuperación del habla y la movilidad”, detalló en su informe.
Con respecto a la respuesta institucional, sólo en uno de los casos la Fiscalía local brindó un botón de emergencia a la persona buscadora, mientras que en el resto de los casos se abrieron carpetas de investigación por delitos menores como lesiones o riñas, y de ellas varias fueron archivadas.
“Estas graves omisiones institucionales y faltas al debido proceso han traído como consecuencia que las personas buscadoras agredidas no puedan tener acceso a medidas de protección como víctimas de delito, ni atención integral por parte de las Comisiones de Atención a Víctimas locales y federal al no reconocerles su calidad de víctima, y dejándolos en una condición de alta vulnerabilidad”.
Buscadores se enfrentan a agresiones físicas, amenazas y criminalización
En el diagnóstico, MNDM también identificó 13 tipos de agresiones y violaciones de derechos humanos a los que han estado expuestos familiares de personas desaparecidas que conforman los colectivos de búsqueda: agresiones físicas, amenazas, ataques al patrimonio, hostigamiento e intimidación, allanamiento, ataques armados, criminalización, agresiones letales u homicidio, desaparición forzada y a mano de particulares.
A estas también se suman acciones para la obtención ilegal de información, vigilancia y seguimientos; estigmatización y deslegitimación; vulneración y exposición de datos personales e información sensible; y agresiones digitales.
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Las agresiones físicas documentadas incluyen golpes, intentos de atropello con un vehículo, arañazos, agresiones con botellas o piedras, con armas punzocortantes, patadas, empujones, entre otros.
En cuanto a los agresores que pudieron ser identificados por los integrantes de los colectivos de búsqueda, fueron presuntos miembros de la delincuencia organizada, autoridades de cualquier nivel de gobierno, medios de comunicación, personas de su misma comunidad o personas no identificadas.
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El presidente Noboa nombró a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras la suspensión de Abad por 150 días.
A solo tres meses de las elecciones en las que el presidente de Ecuador buscará renovar su mandato, el gobierno de Daniel Noboa desplazó a la vicepresidenta, Verónica Abad, de su cargo.
La decisión llega después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera de manera temporal a Abad, que además es embajadora de la paz de Ecuador ante Israel, por haberse demorado en un trámite diplomático.
Para los abogados constitucionalistas consultados, la decisión es “absoluta y abiertamente inconstitucional” debido a la legitimidad de origen del cargo de vicepresidente que es el voto directo de una mayoría de ecuatorianos.
“Es llamativo que, a través de un sumario administrativo, una funcionaria designada por el presidente –que es la ministra de Trabajo– sancione a otra funcionaria que fue elegida a través del voto popular”, le dice a BBC Mundo Sebastián López, doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
La cartera de Trabajo anunció el sábado que suspendía a la vicepresidenta por 150 días por “abandono de trabajo” al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre como estaba dispuesto, sino el 9 de ese mes.
En su lugar, el presidente designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador. Moya, que en campaña había sido pensada para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, estaba al frente de la secretaría de Planificación.
Para los analistas, la decisión del presidente de nombrar a una nueva “vicepresidenta encargada” para reemplazar a Abad debe ser leída en clave electoral.
Esto sería, dicen, porque Noboa, que buscará renovar su mandato en febrero, no quiere que Abad asuma en su lugar cuando él tenga que dimitir para empezar su campaña.
Abad asegura que en el último año Noboa no ha hecho otra cosa que inhabilitarla por varias vías para que no asuma la presidencia durante la campaña, tal como dispone la Constitución de Ecuador.
“Denuncio que [el presidente Noboa] ha vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas”, expresó Abad en un video difundido en sus redes oficiales este domingo.
Los motivos de la suspensión
Si bien el gobierno argumentó que esta decisión responde al cumplimiento del artículo 150 de la Constitución, que establece las normas para la renuncia del presidente o vicepresidente, los motivos parecen más políticos que institucionales.
La desconfianza de Noboa hacia Abad quedó expuesta a finales de 2023, cuando el presidente la nombró embajadora por la paz en Israel en un intento de mantenerla fuera del país y limitar su influencia en Ecuador.
“Es cuestionable que a través de un sumario administrativo se pretenda minar la legitimidad de una autoridad electa a través del voto popular directo”, dice el especialista en derecho Sebastián López.
En aquel momento, Abad señaló que su nombramiento como diplomática al mismo tiempo que debía ejercer el puesto de vicepresidenta no era más que una estrategia de Noboa para “alejarla” del poder.
Abad ha declarado que Noboa la ha presionado en más de una oportunidad para que renuncie a su cargo, mientras que desde el entorno de Noboa aseguran que no confían en ella para la posible sucesión temporal de la presidencia durante la campaña electoral.
Abad debía presentarse ante la embajada de su país en Turquía, país al que fue trasladada por razones de seguridad en medio del incremento de las tensiones por el conflicto de Israel en Gaza en Medio Oriente.
En ese contexto es que el Ministerio de Trabajo la sanciona por no presentarse en la fecha requerida.
“El presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero de 2025”, declaró Abad en un video que difundió en redes sociales.
Abad indicó en más de una oportunidad que se sentía perseguida y que había recibido presiones para renunciar, por eso pidió a la Asamblea que revise la resolución del Ministerio de Trabajo.
“La reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”, señaló.
Qué caminos abre la decisión
Para los especialistas en derecho, la decisión del gobierno abre un camino incierto en la política ecuatoriana que podría definirse en los próximos días.
Entre las posibilidades la vicepresidenta tiene la opción de cuestionar constitucionalmente, a través de una “acción de protección”, la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo.
“Pero me parece que los tiempos no le van a ser suficientes, a pesar de que tiene un mecanismo de impugnación”, dice el doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Para el especialista, el recurso puede ser inefectivo porque hasta que finalmente se concrete la medida habrán pasado los 150 días de sanción y deberán presentarse a una nueva elección.
La vicepresidenta desplazada apunta a responsabilizar al Estado en el plano internacional. Es decir, un cuestionamiento ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, algo que ya tiene antecedentes.
“Ecuador tendrá una responsabilidad y una condena internacional, pero muy poco de esto le importa al presidente actual”, opina el especialista.
“Lo que más me preocupa como profesor de Derecho Constitucional es cómo se ha trastocado el sentido constitucional y cómo se ha abusado de la institucionalidad”.
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