26 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas desde 2011; Guanajuato y Sonora son los estados más peligrosos
En los últimos 13 años se han registrado 26 casos de asesinato, feminicidio o desaparición de familiares de personas desaparecidas, para un promedio de dos cada año.
Noe Sandoval, Lorenza Cano, Lucero Berenice, Teresa Magueyal y Blanca Esmeralda son algunos de los buscadores que fueron ultimados o desaparecidos, y a pesar de que ya habían recibido amenazas o habían sido víctimas de agresiones, no recibieron una protección o ésta fue insuficiente para salvaguardar su integridad.
En su “Diagnóstico sobre seguridad para colectivos de familias de personas desaparecidas en México”, la organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) identificó que un total de 22 buscadores fueron asesinados entre febrero de 2011 y agosto de 2024, de los cuales cinco fueron desaparecidos previo a su muerte; tres personas más fueron desaparecidas, pero localizadas con vida; y una más aún no es encontrada.
Este informe fue realizado con la participación de integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Las entidades con mayor incidencia de estas agresiones fueron Guanajuato y Sonora, ya que en el primero se han registrado cinco asesinatos y las desapariciones de Catalina Vargas, quien fue encontrada con vida, y de Lorenza Cano, que a la fecha no ha sido localizada.
En el segundo estado se han reportado tres asesinatos y la desaparición de Yesenia Guadalupe Durazo, quien fue localizada con vida.
De las personas asesinadas, 12 eran mujeres y 10 hombres. Además de los antes nombrados, también fueron víctimas de homicidio y feminicidio Miriam Rodríguez en Tamaulipas, José de Jesús Jiménez en Veracruz, Cornelia Guevara en Estado de México, Bernardo Carreto en Guerrero, Sandra Luz Hernández en Sinaloa, Leopoldo Valenzuela en Durango y Nepomuceno Moreno en Sonora.
A la lista se suman Pablo Miramontes y Jesús Isaac Castillo en Jalisco; Zenaida Pulido en Michoacán; Gladys Aranza en Sonora; José Nicanor en Zacatecas; Rosario Zavala, María del Carmen Vázquez, Javier Barajas y Jorge Ulises Cardona en Guanajuato; Rosario Rodríguez en Sinaloa; Brenda Jazmín en Sonora; Angela Meraz en Baja California.
De las 9 personas desaparecidas, mismas que se registraron en los últimos seis años, cinco fueron halladas sin vida, mientras que sólo dos con vida y una más, Lorenza Cano, no ha sido localizada desde su desaparición en enero de 2024.
Familiares de personas desaparecidas han cubierto los costos de las agresiones en su contra
A lo anterior se suman otros casos de tentativa de homicidio y feminicidio, en los cuales se ocasionaron graves ataques a personas buscadoras. En todas las ocasiones fueron las familias quienes cubrieron los gastos hospitalarios y de recuperación para las personas agredidas, notó la red del MNDM.
“Se documentó la adquisición de deudas y pérdidas patrimoniales para poder pagar los costes médicos, entre los que se encuentran cirugías, reconstrucción, terapias físicas de recuperación del habla y la movilidad”, detalló en su informe.
Con respecto a la respuesta institucional, sólo en uno de los casos la Fiscalía local brindó un botón de emergencia a la persona buscadora, mientras que en el resto de los casos se abrieron carpetas de investigación por delitos menores como lesiones o riñas, y de ellas varias fueron archivadas.
“Estas graves omisiones institucionales y faltas al debido proceso han traído como consecuencia que las personas buscadoras agredidas no puedan tener acceso a medidas de protección como víctimas de delito, ni atención integral por parte de las Comisiones de Atención a Víctimas locales y federal al no reconocerles su calidad de víctima, y dejándolos en una condición de alta vulnerabilidad”.
Buscadores se enfrentan a agresiones físicas, amenazas y criminalización
En el diagnóstico, MNDM también identificó 13 tipos de agresiones y violaciones de derechos humanos a los que han estado expuestos familiares de personas desaparecidas que conforman los colectivos de búsqueda: agresiones físicas, amenazas, ataques al patrimonio, hostigamiento e intimidación, allanamiento, ataques armados, criminalización, agresiones letales u homicidio, desaparición forzada y a mano de particulares.
A estas también se suman acciones para la obtención ilegal de información, vigilancia y seguimientos; estigmatización y deslegitimación; vulneración y exposición de datos personales e información sensible; y agresiones digitales.
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Las agresiones físicas documentadas incluyen golpes, intentos de atropello con un vehículo, arañazos, agresiones con botellas o piedras, con armas punzocortantes, patadas, empujones, entre otros.
En cuanto a los agresores que pudieron ser identificados por los integrantes de los colectivos de búsqueda, fueron presuntos miembros de la delincuencia organizada, autoridades de cualquier nivel de gobierno, medios de comunicación, personas de su misma comunidad o personas no identificadas.
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Continúa la búsqueda de cuatro menores que desaparecieron en Ecuador en confusas circunstancias. El país está conmocionado con la falta de respuestas en un incidente donde participó una patrulla militar.
Ismael, Josué, Saúl, y Steven salieron a jugar un partido de fútbol el 8 de diciembre y no regresaron a sus casas.
La desaparición de los menores de entre 11 y 15 años ha conmocionado al país ante la falta de información y la presunta participación de militares.
En los últimos días ha aumentado la presión sobre el gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para que entregue información sobre el caso, tras dos semanas de silencio.
Noboa dijo este lunes que es prematuro hablar de una “desaparición forzada”, como la familia de los jóvenes, organizaciones de derechos humanos y opositores están calificando el caso.
Mientras, la Asamblea Nacional llamó a comparecer al ministro de Defensa y a dos mandos de las Fuerzas Armadas para esclarecer lo ocurrido.
El mandatario dijo en una entrevista radial que sugirió a una comisión que los cuatro chicos “sean considerados como héroes nacionales”.
“No vamos a encubrir a nadie”, agregó, y señaló que se está analizando “en qué período hubo un operativo militar, en qué período desaparecieron”.
Este lunes hubo un plantón en las afueras de la Fiscalía de Guayaquil, en el que participaron decenas de personas que exigían conocer el paradero de los menores.
“¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!’, gritaban los manifestantes, que exigen saber “¿Dónde están los 4 de Guayaquil?”.
Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué, dos de los cuatro desaparecidos, expresó que estaban “totalmente devastados”.
Relató a la prensa local que había varios niños en la calle, cuando dos vehículos con personas vestidas de militares trataron de detenerlos. Los menores huyeron, pero cuatro de ellos fueron alcanzados por la patrulla, entre ellos, sus dos hijos.
Entre lágrimas, la madre de Ismael y Josué dijo que su instinto le decía que sus hijos están vivos y que tiene sus uniformes escolares planchados para que los niños vayan a la escuela tan pronto como regresen.
Versiones contradictorias
Durante el fin de semana el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, adjudicó la desaparición de los menores a “grupos delincuenciales”.
Quienes cuestionan a las Fuerzas Armadas buscan “hacerle el juego al crimen organizado” y “censurar a la institución”, puntualizó.
Sin embargo, este lunes, Loffredo reconoció que los menores fueron detenidos por una patrulla con 16 agentes que pasaban por el Mall del Sur.
Los militares “observan a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer”, explicó.
“Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprehenden a tres personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía que lo había cogido”, señaló el ministro en declaraciones a la radio City.
“Esta es lamentablemente la manera en que aprehenden a estos cuatro chicos”.
Loffredo confirmó que la patrulla militar que intervino tiene su base en Taura.
“Debe ser que camino a la base es cuando toman la decisión de dejar libres a estos niños”.
Cámaras de seguridad
Organizaciones de derechos humanos exigen que el caso se investigue como desaparición forzada y que los militares involucrados en el hecho sean procesados penalmente.
Pero el presidente Noboa dijo que se necesitaba un “análisis técnico” antes de que el incidente pudiera calificarse de desaparición forzada.
La Fiscalía General de Ecuador, por su parte, abrió una investigación y señaló en su cuenta de la red social X que las indagaciones estarán a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza en Quito.
La agencia Associated Press informó que revisó las imágenes de cámaras de seguridad que muestran el momento en que dos menores son capturados por hombres vestidos con uniformes militares y subidos a una camioneta.
Ambos son puestos boca abajo en la camioneta y a uno de ellos, un militar le da un puñetazo en la cabeza, informó la agencia.
Estas imágenes, agregó, fueron entregadas a la Fiscalía, a la Unidad Antisecuestros de la Policía y a la Asamblea Nacional por la empresa pública municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil.
Uno de los padres de los menores le dijo a la prensa local que mientras esperaba que los chicos regresaran a casa, recibió una llamada de un hombre desconocido que le dijo que fuera a buscar a los niños en el camino que va hacia la localidad de Taura, una vía que comunica con una base militar.
El padre agregó que pidió hablar con su hijo y que este le dijo por teléfono: “Los militares nos cogieron, nos metieron palo, nos están acusando de un robo, nos dejaron botados. Por favor ven, sálvame”.
Tras alertar a las autoridades, los familiares dicen haber recibido una segunda llamada con la voz de un hombre que decía: “La mafia se los llevó“.
Un país militarizado y en campaña presidencial
Ecuador vive en un estado permanente de militarización, luego que a comienzos de 2024, y en medio de una de las mayores crisis carcelarias que ha enfrentado el país, el gobierno de Noboa sacara a los militares a las calles para luchar contra el crimen organizado.
En aquel momento, el mandatario dijo que las Fuerzas Armadas tendrían la misión de apoyar las labores policiales para mantener el orden y la seguridad, y elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con lo que pasó a catalogar a las bandas como grupos “terroristas”.
Aunque el gobierno informa de una disminución del 17% en el número de homicidios a nivel nacional, las denuncias de extorsiones, secuestros y asesinatos por parte de las bandas criminales continúan.
Ecuador está entre los países con mayores tasas de homicidios per cápita en América Latina, en medio de una violencia que el gobierno atribuye a la acción de grupos criminales.
Noboa buscará la reelección en los comicios del 9 de febrero para gobernar el país por un período completo (2025-2029) tras haber ganado los comicios extraordinarios de 2023, después de la salida anticipada del expresidente Guillermo Lasso.
El país ya ha entrado en período de campaña electoral y en ese contexto, el caso de los cuatro menores desaparecidos podría convertirse en una piedra en el camino para las aspiraciones del mandatario, especialmente cuando las encuestas difundidas hasta ahora, arrojan que la contienda apunta a ser un nuevo cara a cara entre el actual presidente y la candidata presidencial del correísmo, Luisa González.
Como el tema de la seguridad es fundamental en la decisión de voto, Noboa ha tenido mucho cuidado en el manejo de la información del caso de los menores desaparecidos.
Pasadas dos semanas desde que fueron vistos por última vez, la presión ciudadana escaló en los medios de comunicación y las calles, exigiendo que se esclarezca la verdad de lo sucedido.
Sobre el caso, dijo Noboa: “No podemos caer en las provocaciones de la oposición que quiere llevarlo como si fuese un crimen de Estado”.
Y la oposición, por su lado, ha dejado entrever que el gobierno no ha hecho lo suficiente para que se conozca el paradero de los menores.
Están previstos nuevos plantones en Guayaquil durante esta semana para exigir mayores esfuerzos para el hallazgo de los niños.
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