En los últimos 13 años se han registrado 26 casos de asesinato, feminicidio o desaparición de familiares de personas desaparecidas, para un promedio de dos cada año.
Noe Sandoval, Lorenza Cano, Lucero Berenice, Teresa Magueyal y Blanca Esmeralda son algunos de los buscadores que fueron ultimados o desaparecidos, y a pesar de que ya habían recibido amenazas o habían sido víctimas de agresiones, no recibieron una protección o ésta fue insuficiente para salvaguardar su integridad.
En su “Diagnóstico sobre seguridad para colectivos de familias de personas desaparecidas en México”, la organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) identificó que un total de 22 buscadores fueron asesinados entre febrero de 2011 y agosto de 2024, de los cuales cinco fueron desaparecidos previo a su muerte; tres personas más fueron desaparecidas, pero localizadas con vida; y una más aún no es encontrada.
Este informe fue realizado con la participación de integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Las entidades con mayor incidencia de estas agresiones fueron Guanajuato y Sonora, ya que en el primero se han registrado cinco asesinatos y las desapariciones de Catalina Vargas, quien fue encontrada con vida, y de Lorenza Cano, que a la fecha no ha sido localizada.
En el segundo estado se han reportado tres asesinatos y la desaparición de Yesenia Guadalupe Durazo, quien fue localizada con vida.
De las personas asesinadas, 12 eran mujeres y 10 hombres. Además de los antes nombrados, también fueron víctimas de homicidio y feminicidio Miriam Rodríguez en Tamaulipas, José de Jesús Jiménez en Veracruz, Cornelia Guevara en Estado de México, Bernardo Carreto en Guerrero, Sandra Luz Hernández en Sinaloa, Leopoldo Valenzuela en Durango y Nepomuceno Moreno en Sonora.
A la lista se suman Pablo Miramontes y Jesús Isaac Castillo en Jalisco; Zenaida Pulido en Michoacán; Gladys Aranza en Sonora; José Nicanor en Zacatecas; Rosario Zavala, María del Carmen Vázquez, Javier Barajas y Jorge Ulises Cardona en Guanajuato; Rosario Rodríguez en Sinaloa; Brenda Jazmín en Sonora; Angela Meraz en Baja California.
De las 9 personas desaparecidas, mismas que se registraron en los últimos seis años, cinco fueron halladas sin vida, mientras que sólo dos con vida y una más, Lorenza Cano, no ha sido localizada desde su desaparición en enero de 2024.
A lo anterior se suman otros casos de tentativa de homicidio y feminicidio, en los cuales se ocasionaron graves ataques a personas buscadoras. En todas las ocasiones fueron las familias quienes cubrieron los gastos hospitalarios y de recuperación para las personas agredidas, notó la red del MNDM.
“Se documentó la adquisición de deudas y pérdidas patrimoniales para poder pagar los costes médicos, entre los que se encuentran cirugías, reconstrucción, terapias físicas de recuperación del habla y la movilidad”, detalló en su informe.
Con respecto a la respuesta institucional, sólo en uno de los casos la Fiscalía local brindó un botón de emergencia a la persona buscadora, mientras que en el resto de los casos se abrieron carpetas de investigación por delitos menores como lesiones o riñas, y de ellas varias fueron archivadas.
“Estas graves omisiones institucionales y faltas al debido proceso han traído como consecuencia que las personas buscadoras agredidas no puedan tener acceso a medidas de protección como víctimas de delito, ni atención integral por parte de las Comisiones de Atención a Víctimas locales y federal al no reconocerles su calidad de víctima, y dejándolos en una condición de alta vulnerabilidad”.
En el diagnóstico, MNDM también identificó 13 tipos de agresiones y violaciones de derechos humanos a los que han estado expuestos familiares de personas desaparecidas que conforman los colectivos de búsqueda: agresiones físicas, amenazas, ataques al patrimonio, hostigamiento e intimidación, allanamiento, ataques armados, criminalización, agresiones letales u homicidio, desaparición forzada y a mano de particulares.
A estas también se suman acciones para la obtención ilegal de información, vigilancia y seguimientos; estigmatización y deslegitimación; vulneración y exposición de datos personales e información sensible; y agresiones digitales.
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Las agresiones físicas documentadas incluyen golpes, intentos de atropello con un vehículo, arañazos, agresiones con botellas o piedras, con armas punzocortantes, patadas, empujones, entre otros.
En cuanto a los agresores que pudieron ser identificados por los integrantes de los colectivos de búsqueda, fueron presuntos miembros de la delincuencia organizada, autoridades de cualquier nivel de gobierno, medios de comunicación, personas de su misma comunidad o personas no identificadas.
La droga, cuya versión moderna fue creada en Colombia en 2010, está de moda en países como España y Reino Unido. Sus composición impredecible puede hacer que sea extremadamente peligrosa.
Un coctel de drogas sintéticas conocido como cocaína rosa se ha convertido rápidamente en una preocupación importante en España, Reino Unido y otros lugares.
A principios de este mes, las autoridades españolas llevaron a cabo la mayor redada de drogas sintéticas de su historia, incautando una gran cantidad de cocaína rosa junto con más de un millón de pastillas de éxtasis. La operación se centró en redes de tráfico de drogas en Ibiza y Málaga.
Esta peligrosa sustancia se ha relacionado con un número creciente de muertes relacionadas con las drogas. La composición impredecible y la creciente popularidad de la cocaína rosa han dado lugar a llamamientos de las organizaciones europeas que buscan reducir los daños de las drogas para que se tomen medidas urgentes para abordar los riesgos que plantea.
A pesar de su nombre, la cocaína rosa no necesariamente contiene cocaína. Suele ser una mezcla de varias otras sustancias, como MDMA, ketamina y 2C-B. El MDMA, comúnmente conocido como éxtasis, es un estimulante con propiedades psicodélicas, mientras que la ketamina es un potente anestésico que tiene efectos sedantes y alucinógenos. Las drogas 2C se clasifican como psicodélicas, pero también pueden producir efectos estimulantes.
La cocaína rosa, que suele encontrarse en forma de polvo o píldora, es conocida por su color vibrante, diseñado para realzar su atractivo visual. Se colorea con colorante alimentario y, a veces, con sabor a fresa u otros aromas.
La forma psicodélica original de la droga data de 1974 y fue sintetizada por primera vez por el bioquímico estadounidense Alexander Shulgin. Pero la variante moderna surgió alrededor de 2010 en Colombia y es una imitación.
La droga ganó popularidad en las fiestas en América Latina y ahora se ha extendido a Europa. Los nombres comunes de la cocaína rosa varían mucho, desde “cocaína rosada” y “tuci” hasta “Venus” y “Eros”.
La cocaína rosa de hoy es una mezcla impredecible de sustancias y es ahí donde reside gran parte de su peligro. Los usuarios esperan a menudo un estimulante similar a la cocaína, pero la inclusión de ketamina puede provocar graves riesgos para la salud.
El abuso de ketamina, que está ampliamente disponible como droga de discoteca, puede provocar pérdida de conocimiento o una respiración peligrosamente dificultosa. Esto, a su vez, aumenta los peligros potenciales de la cocaína rosa.
Su aspecto estético y su condición de “droga de diseño” han contribuido a su atractivo, especialmente entre los jóvenes y en quienes la consumen por primera vez.
Esto refleja el atractivo histórico de drogas como la cocaína y el MDMA. Muestra una tendencia persistente en la que se idealizan ciertas sustancias a pesar de sus riesgos.
Los expertos comparan el consumo de cocaína rosa con jugar a la ruleta rusa con el consumo de sustancias, lo que subraya su naturaleza impredecible y peligrosa.
La droga se ha extendido más allá de Ibiza hasta Reino Unido, y hay pruebas de que ha ganado terreno en Escocia, partes de Gales e Inglaterra. Al otro lado del Atlántico, Nueva York también ha experimentado un aumento de su disponibilidad.
Las autoridades sanitarias de toda Europa están alarmadas. La cocaína rosa es difícil de detectar mediante pruebas de detección de drogas estándar, en particular en España, donde el sistema de pruebas actual aún no está equipado para identificar todos sus componentes.
La droga se vende a unos US$100 dólares el gramo en España, y se comercializa frecuentemente como un producto de alta gama. La respuesta legal varía, y las autoridades españolas trabajan para frenar su distribución.
En Reino Unido, la cocaína rosa está sujeta a la Ley de Uso Indebido de Drogas de 1971, que clasifica las drogas en tres categorías, clase A, B y C, en función de su daño percibido.
Si bien la cocaína rosa en sí puede no estar explícitamente incluida en la lista, las sustancias que se encuentran comúnmente en ella están controladas por la ley. Tanto el MDMA como el 2C-B son drogas de clase A, mientras que la ketamina es de clase B.
Una de las necesidades más urgentes que ha puesto de relieve el auge de la cocaína rosa es la de contar con servicios accesibles de análisis de drogas.
Los kits de análisis de drogas son una herramienta importante para reducir el daño para quienes desean analizar las sustancias que buscan consumir. Estos kits pueden ayudar a los usuarios a identificar componentes desconocidos, ofreciendo una capa de protección en un entorno de alto riesgo.
Mi propio trabajo demuestra lo vitales que son estos servicios de reducción de daños. Las campañas de concienciación pública y los servicios de apoyo también son una parte importante para limitarlos.
La creciente popularidad de la cocaína rosa es un duro recordatorio del panorama siempre cambiante de las drogas ilícitas, donde la estética, las tendencias de las redes sociales y el comportamiento arriesgado pueden combinarse para crear nuevas amenazas.
Si bien su tono rosa y su etiqueta de “diseño” pueden atraer a un público más joven, el cóctel impredecible de sustancias químicas que contiene presenta un peligro grave y creciente.
A medida que la cocaína rosa continúa extendiéndose por Europa y otros lugares, es fundamental que las autoridades, los servicios de salud y el público estén equipados para enfrentar los riesgos que plantea.
*Joseph Janes es profesor de Criminología, Universidad de Swansea, Reino Unido
*Este artículo fue publicado en The Conversatin y reproducido aquí bajo la licencia creative commons. Haz clic aquí para leer la versión original (en inglés).