
En los últimos 13 años se han registrado 26 casos de asesinato, feminicidio o desaparición de familiares de personas desaparecidas, para un promedio de dos cada año.
Noe Sandoval, Lorenza Cano, Lucero Berenice, Teresa Magueyal y Blanca Esmeralda son algunos de los buscadores que fueron ultimados o desaparecidos, y a pesar de que ya habían recibido amenazas o habían sido víctimas de agresiones, no recibieron una protección o ésta fue insuficiente para salvaguardar su integridad.
En su “Diagnóstico sobre seguridad para colectivos de familias de personas desaparecidas en México”, la organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) identificó que un total de 22 buscadores fueron asesinados entre febrero de 2011 y agosto de 2024, de los cuales cinco fueron desaparecidos previo a su muerte; tres personas más fueron desaparecidas, pero localizadas con vida; y una más aún no es encontrada.

Este informe fue realizado con la participación de integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Las entidades con mayor incidencia de estas agresiones fueron Guanajuato y Sonora, ya que en el primero se han registrado cinco asesinatos y las desapariciones de Catalina Vargas, quien fue encontrada con vida, y de Lorenza Cano, que a la fecha no ha sido localizada.
En el segundo estado se han reportado tres asesinatos y la desaparición de Yesenia Guadalupe Durazo, quien fue localizada con vida.
De las personas asesinadas, 12 eran mujeres y 10 hombres. Además de los antes nombrados, también fueron víctimas de homicidio y feminicidio Miriam Rodríguez en Tamaulipas, José de Jesús Jiménez en Veracruz, Cornelia Guevara en Estado de México, Bernardo Carreto en Guerrero, Sandra Luz Hernández en Sinaloa, Leopoldo Valenzuela en Durango y Nepomuceno Moreno en Sonora.
A la lista se suman Pablo Miramontes y Jesús Isaac Castillo en Jalisco; Zenaida Pulido en Michoacán; Gladys Aranza en Sonora; José Nicanor en Zacatecas; Rosario Zavala, María del Carmen Vázquez, Javier Barajas y Jorge Ulises Cardona en Guanajuato; Rosario Rodríguez en Sinaloa; Brenda Jazmín en Sonora; Angela Meraz en Baja California.
De las 9 personas desaparecidas, mismas que se registraron en los últimos seis años, cinco fueron halladas sin vida, mientras que sólo dos con vida y una más, Lorenza Cano, no ha sido localizada desde su desaparición en enero de 2024.
A lo anterior se suman otros casos de tentativa de homicidio y feminicidio, en los cuales se ocasionaron graves ataques a personas buscadoras. En todas las ocasiones fueron las familias quienes cubrieron los gastos hospitalarios y de recuperación para las personas agredidas, notó la red del MNDM.
“Se documentó la adquisición de deudas y pérdidas patrimoniales para poder pagar los costes médicos, entre los que se encuentran cirugías, reconstrucción, terapias físicas de recuperación del habla y la movilidad”, detalló en su informe.

Con respecto a la respuesta institucional, sólo en uno de los casos la Fiscalía local brindó un botón de emergencia a la persona buscadora, mientras que en el resto de los casos se abrieron carpetas de investigación por delitos menores como lesiones o riñas, y de ellas varias fueron archivadas.
“Estas graves omisiones institucionales y faltas al debido proceso han traído como consecuencia que las personas buscadoras agredidas no puedan tener acceso a medidas de protección como víctimas de delito, ni atención integral por parte de las Comisiones de Atención a Víctimas locales y federal al no reconocerles su calidad de víctima, y dejándolos en una condición de alta vulnerabilidad”.
En el diagnóstico, MNDM también identificó 13 tipos de agresiones y violaciones de derechos humanos a los que han estado expuestos familiares de personas desaparecidas que conforman los colectivos de búsqueda: agresiones físicas, amenazas, ataques al patrimonio, hostigamiento e intimidación, allanamiento, ataques armados, criminalización, agresiones letales u homicidio, desaparición forzada y a mano de particulares.
A estas también se suman acciones para la obtención ilegal de información, vigilancia y seguimientos; estigmatización y deslegitimación; vulneración y exposición de datos personales e información sensible; y agresiones digitales.
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Las agresiones físicas documentadas incluyen golpes, intentos de atropello con un vehículo, arañazos, agresiones con botellas o piedras, con armas punzocortantes, patadas, empujones, entre otros.
En cuanto a los agresores que pudieron ser identificados por los integrantes de los colectivos de búsqueda, fueron presuntos miembros de la delincuencia organizada, autoridades de cualquier nivel de gobierno, medios de comunicación, personas de su misma comunidad o personas no identificadas.

Dos meses después de que Israel y Hamás acordaran la primera fase de un cese del fuego en Gaza patrocinado por Estados Unidos, el progreso hacia una segunda fase sigue estancado.
Israel y Hamás acordaron en octubre pasado una primera fase de un cese el fuego, apoyado por Estados Unidos, que dio esperanzas de un posible camino para terminar con la disputa armada en el territorio.
Dos meses después, Gaza permanece estancada en la primera fase. Está dividida en dos partes y con su población desplazada y viviendo entre ruinas.
Bajo la segunda fase del cese el fuego propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, tanto Israel como Hamás enfrentan difíciles decisiones.
Hamás necesita entregar sus armas e Israel debe retirar sus tropas en Gaza y transferir las responsabilidades de la seguridad a una fuerza internacional.
La formación de un gobierno para administrar Gaza es otro desafío por resolver, así como la búsqueda por parte de Israel del último rehén que queda por entregar, Ran Gvili.
Gvili, un agente de policía de Israel, fue secuestrado por Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Hamás ha dicho que la búsqueda entre los escombros de Gaza no ha dado ningún resultado sobre su paradero.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha insistido que Hamás debe regresar a todos los rehenes -vivos o muertos- antes de que el acuerdo pueda seguir a su siguiente fase.
A los padres de Gvili, Talik e Itzik, se les dijo el año pasado que el agente no había sobrevivido.
“Ellos se robaron a nuestro hijo, ellos se lo robaron”, señala su madre a la BBC. “Ellos saben dónde está. Ellos solo están tratando de esconderlo o quedárselo. Están jugando con nosotros”, anota el padre.
La pareja cree que Hamás quiere mantener a su hijo como garantía para futuras negociaciones, tras el regreso de todos los demás rehenes.
Por su parte, funcionarios de Hamás le dijeron a la BBC que esas acusaciones son falsas y que Israel estaba tratando de evitar implementar el acuerdo.
Pero EE.UU. quiere avanzar hacia la segunda fase del cese el fuego, de acuerdo a los diarios Haaretz y The Times de Israel.
En una entrevista con la BBC, Gershon Baskin, un exnegociador israelí en casos de rehenes -particularmente en el acuerdo en 2011 por el soldado Gilad Shalit-, señala que Israel “no tiene muchas opciones” para posponer la segunda fase del acuerdo sobre Gaza.
Baskin dice que Trump ha sido “muy claro con su decisión” y le dirá a Netanyahu que “no hay espacio para la procrastinación”.
El exnegociador, quien ha tenido un rol importante en la comunicación entre Israel y Hamás, añade que el tema del cuerpo del rehén que no ha sido entregado “no es suficiente razón” para demorar el inicio de una segunda instancia en el acuerdo.
El desarme de Hamás de un modo que resulte aceptable para ambos bandos es de lejos la barrera más grande para avanzar el cese el fuego hacia su siguiente fase.
Turquía ha pedido insistentemente ser parte de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés), que será la encargada de desarmar al grupo islamista, de acuerdo al medio israelí Hayom.
Netanyahu ha sido claro en su intención de evitar que esto pase y cuenta con el apoyo de EE.UU., señala el medio.
Hasta el momento, ningún país ha anunciado formalmente que se unirá a las ISF.
De acuerdo a Baskin, Hamás tal vez aceptará “guardar sus armas” y posiblemente entregarlas a un gobierno palestino o a un tercer actor, pero no a Israel o EE.UU.
Y añade que EE.UU. sabe que el desarme de Hamás está vinculado al repliegue total de Israel en Gaza y que esto será difícil de lograr mientras las fuerzas israelíes permanezcan dentro de la Franja.
En este momento, Israel controla cerca del 53% de la Franja de Gaza.
Bajo la primera fase del acuerdo del cese el fuego, Israel aceptó un retiro parcial de tropas en el norte, sur y este de Gaza. El límite fijado se conoció como la “línea amarilla”
La segunda fase requiere un acuerdo mutuo de un nuevo repliegue del ejército israelí, mecanismos de desarme, reconstrucción y arreglos para un monitoreo internacional.
Estos temas son considerados sensibles, porque afectan directamente la seguridad de las localidades israelíes en la frontera con Gaza y el futuro de la presencia israelí en lo que se conoce como el Corredor de Filadelfia, un pedazo de tierra frente la frontera de Gaza con Egipto, que incluye el paso de Rafah.
Para el general Israel Ziv, un exmilitar israelí experto en operaciones, tanto Hamás como Israel están dudando en apresurar el avance hacia la segunda fase.
“Hamás no quiere perder el control y el lado israelí por razones políticas también quiere quedarse en Gaza”, dijo Ziv a la BBC.
De acuerdo con el militar, Trump es la única persona que puede forzar a ambos bandos, pero el tiempo se está agotando.
“Por estar esperando, creo que hemos perdido la oportunidad, porque Hamás se está reorganizando y está retomando fuerza”, añade.
Cómo formar el órgano administrativo de transición que gobernará Gaza en la siguiente fase es otro gran obstáculo.
Aunque el plan propuesto exige la formación de un gobierno tecnocrático palestino independiente, separado tanto de Hamás como de la Autoridad Palestina (AP), Israel sospecha que la participación de representantes de ambos grupos será inevitable.
Al gobierno israelí le preocupa que esto pueda habilitar a Hamás a conservar su influencia en las nuevas instituciones de gobierno, o provoque el regreso de la AP a Gaza.
Anteriormente, la AP ejercía un control limitado sobre partes de Gaza y Cisjordania, pero desde que Hamás tomó el control de Gaza, en 2007, solo ha gobernado partes de la Cisjordania ocupada por Israel.
El gobierno de Netanyahu rechaza cualquier participación de la AP o de Hamás y, en su lugar, exige una “entidad palestina neutral” para gobernar el territorio.
Al gobierno israelí también le preocupa que la segunda fase pueda significar “el comienzo real del establecimiento de un Estado palestino junto a Israel”, según Baskin.
Se espera que estos temas clave se traten en una reunión entre Netanyahu y Trump en Florida a finales de este mes.
El presidente estadounidense, quien negoció el alto el fuego en Gaza, tiene previsto anunciar la composición de la recién creada Junta de Paz para Gaza a principios del próximo año.
En su reunión con Trump, se espera que Netanyahu impulse el desarme de Hamás, bloquee su participación en cualquier futura administración de Gaza, asegure el despliegue del ejército israelí en la denominada zona de amortiguación e impida el despliegue de fuerzas turcas en la Franja, según detallan medios israelíes.
Trump, por otro lado, podría presionar a Netanyahu para que “ponga fin a las violaciones israelíes del acuerdo de alto el fuego”, apunta Baskin.
Y agrega: “Israel ha roto el alto el fuego más que Hamás”.
Desde el acuerdo del 10 de octubre, casi 400 palestinos han muerto y más de 1.000 han resultado heridos en Gaza, según cifras del Ministerio de Salud, dirigido por Hamás.
El número de muertos en Gaza desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023 asciende a 70.665 personas, según el organismo.
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