En los últimos 13 años se han registrado 26 casos de asesinato, feminicidio o desaparición de familiares de personas desaparecidas, para un promedio de dos cada año.
Noe Sandoval, Lorenza Cano, Lucero Berenice, Teresa Magueyal y Blanca Esmeralda son algunos de los buscadores que fueron ultimados o desaparecidos, y a pesar de que ya habían recibido amenazas o habían sido víctimas de agresiones, no recibieron una protección o ésta fue insuficiente para salvaguardar su integridad.
En su “Diagnóstico sobre seguridad para colectivos de familias de personas desaparecidas en México”, la organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) identificó que un total de 22 buscadores fueron asesinados entre febrero de 2011 y agosto de 2024, de los cuales cinco fueron desaparecidos previo a su muerte; tres personas más fueron desaparecidas, pero localizadas con vida; y una más aún no es encontrada.
Este informe fue realizado con la participación de integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Las entidades con mayor incidencia de estas agresiones fueron Guanajuato y Sonora, ya que en el primero se han registrado cinco asesinatos y las desapariciones de Catalina Vargas, quien fue encontrada con vida, y de Lorenza Cano, que a la fecha no ha sido localizada.
En el segundo estado se han reportado tres asesinatos y la desaparición de Yesenia Guadalupe Durazo, quien fue localizada con vida.
De las personas asesinadas, 12 eran mujeres y 10 hombres. Además de los antes nombrados, también fueron víctimas de homicidio y feminicidio Miriam Rodríguez en Tamaulipas, José de Jesús Jiménez en Veracruz, Cornelia Guevara en Estado de México, Bernardo Carreto en Guerrero, Sandra Luz Hernández en Sinaloa, Leopoldo Valenzuela en Durango y Nepomuceno Moreno en Sonora.
A la lista se suman Pablo Miramontes y Jesús Isaac Castillo en Jalisco; Zenaida Pulido en Michoacán; Gladys Aranza en Sonora; José Nicanor en Zacatecas; Rosario Zavala, María del Carmen Vázquez, Javier Barajas y Jorge Ulises Cardona en Guanajuato; Rosario Rodríguez en Sinaloa; Brenda Jazmín en Sonora; Angela Meraz en Baja California.
De las 9 personas desaparecidas, mismas que se registraron en los últimos seis años, cinco fueron halladas sin vida, mientras que sólo dos con vida y una más, Lorenza Cano, no ha sido localizada desde su desaparición en enero de 2024.
A lo anterior se suman otros casos de tentativa de homicidio y feminicidio, en los cuales se ocasionaron graves ataques a personas buscadoras. En todas las ocasiones fueron las familias quienes cubrieron los gastos hospitalarios y de recuperación para las personas agredidas, notó la red del MNDM.
“Se documentó la adquisición de deudas y pérdidas patrimoniales para poder pagar los costes médicos, entre los que se encuentran cirugías, reconstrucción, terapias físicas de recuperación del habla y la movilidad”, detalló en su informe.
Con respecto a la respuesta institucional, sólo en uno de los casos la Fiscalía local brindó un botón de emergencia a la persona buscadora, mientras que en el resto de los casos se abrieron carpetas de investigación por delitos menores como lesiones o riñas, y de ellas varias fueron archivadas.
“Estas graves omisiones institucionales y faltas al debido proceso han traído como consecuencia que las personas buscadoras agredidas no puedan tener acceso a medidas de protección como víctimas de delito, ni atención integral por parte de las Comisiones de Atención a Víctimas locales y federal al no reconocerles su calidad de víctima, y dejándolos en una condición de alta vulnerabilidad”.
En el diagnóstico, MNDM también identificó 13 tipos de agresiones y violaciones de derechos humanos a los que han estado expuestos familiares de personas desaparecidas que conforman los colectivos de búsqueda: agresiones físicas, amenazas, ataques al patrimonio, hostigamiento e intimidación, allanamiento, ataques armados, criminalización, agresiones letales u homicidio, desaparición forzada y a mano de particulares.
A estas también se suman acciones para la obtención ilegal de información, vigilancia y seguimientos; estigmatización y deslegitimación; vulneración y exposición de datos personales e información sensible; y agresiones digitales.
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Las agresiones físicas documentadas incluyen golpes, intentos de atropello con un vehículo, arañazos, agresiones con botellas o piedras, con armas punzocortantes, patadas, empujones, entre otros.
En cuanto a los agresores que pudieron ser identificados por los integrantes de los colectivos de búsqueda, fueron presuntos miembros de la delincuencia organizada, autoridades de cualquier nivel de gobierno, medios de comunicación, personas de su misma comunidad o personas no identificadas.
La detención de Ekrem Imamoglu, principal opositor al presidente Erdogan y candidato a las presidenciales ha desencadenado la mayor oleada de protestas antigubernamentales de los últimos tiempos en Turquía.
Decenas de miles de personas llevan saliendo a las calles de Turquía desde el pasado miércoles para protestar por la detención del hombre que se ha convertido en el principal rival político del presidente Recep Tayyip Erdogan y amenaza para sus 22 años en el poder.
Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul, es una de las más de 100 personas, entre políticos, periodistas y empresarios, detenidas la semana pasada en el marco de una investigación judicial.
Imamoglu fue detenido y acusado formalmente de corrupción, según él por motivos políticos, algo que Erdogan niega.
Desde que se iniciaron las protestas, más de 1.100 personas han sido detenidas en 5 noches de manifestaciones pacíficas, pero que este domingo se registraron los peores disturbios de la última década en el país.
En ciudades como Estambul se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, que portaban banderas turcas y que fueron violentamente reprimidos con gases lacrimógenos, pelotas de goma y cañones de agua.
Según el ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya, en los últimos días los ciudadanos que han salido a las calles han “abusado” del derecho a manifestarse, y acusó a los manifestantes de “intentar alterar el orden público, incitar a actos callejeros y atacar a nuestra policía”, algo que “no se tolerará en absoluto”.
Erdogan condenó las manifestaciones y aseguró que el secular Partido Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas en turco), la formación de Imamoglu, trata de “polarizar al pueblo”.
Pero la oposición acusa al presidente turco de “intentar dar un golpe de Estado” con la detención de sus rivales políticos.
Las protestas se iniciaron el pasado miércoles, cuando Ekrem Imamoglu fue detenido en una redada policial en la que arrestaron a un centenar de personas, entre ellos periodistas, empresarios y otros políticos.
La fiscalía lo acusó de corrupción y de ayudar a un grupo terrorista, calificándolo de “sospechoso de liderar una organización criminal”.
Miles de personas salieron entonces a la calle, a los campus universitarios y a las estaciones de metro, coreando eslóganes contra el gobierno en una muestra de cólera pública como no se había visto en años.
“¡Erdogan, dictador!” y “¡Imamoglu, no estás solo!”, gritaron los manifestantes frente al ayuntamiento de Estambul, cuya alcaldía ocupaba desde 2019 el líder opositor detenido.
Según el Ministerio del Interior, Imamoglu ha sido suspendido de su cargo de alcalde.
El gobierno prohibió las manifestaciones en Estambul, la mayor ciudad del país, limitó el tráfico y el transporte público y restringió drásticamente el acceso a redes sociales como X, TikTok, YouTube e Instagram, según pudo comprobar Netblocks, un organismo de vigilancia de Internet con sede en Reino Unido.
Pese a las restricciones y la prohibición, las protestas han seguido celebrándose cada noche desde el arresto de Imamoglu, convirtiéndose en las más grandes que ha visto el país desde las de Gezi en 2013, que comenzaron en Estambul por la demolición de un parque local.
En total, se celebraron manifestaciones en al menos 55 de las 81 provincias turcas, es decir, en más de dos tercios del país, según un recuento de AFP, con protestas también en Ankara, la capital del país y sede del gobierno.
Frente al ayuntamiento estambulí, la esposa del líder arrestado, Dilek Kaya Imamoglu, se dirigió a la multitud el domingo, y les dijo a los manifestantes que la “injusticia” a la que se había enfrentado su marido había “tocado la fibra sensible de todas las conciencias”.
“Todos encontraron algo de sí mismos y de las injusticias a las que se enfrentan en lo que le hicieron a Ekrem”, aseguró.
“Tenemos derecho a votar”, dijo una joven manifestante, que prefirió no dar su nombre, a la BBC en Estambul. “Tenemos derecho a elegir a quien queramos que nos gobierne. Pero él (el presidente Erdogan) nos está quitando ese derecho”, criticó la joven.
A diferencia de protestas anteriores, las manifestaciones de los últimos días han congregado a un gran número de jóvenes.
“Queremos democracia”, declaró uno de ellos a la BBC. “Queremos que el pueblo elija a los gobernantes. Y queremos el derecho de elegir a quien queramos sin que nos encarcelen”.
La detención de Imamoglu se formalizó este domingo, cuando su partido tenía previsto votar en las primarias para elegir a un candidato para las elecciones presidenciales, previstas para 2028 si el gobierno no decide adelantarlas.
Imamoglu era el único candidato de la lista de la primarias, pero la votación se convirtió en una muestra simbólica de apoyo, con largas colas en los centros de votación.
Según el CHP, casi 15 millones de personas votaron por él este domingo. De ellos, solo 1,6 millones eran votos de miembros del partido, mientras que el resto fueron depositados en unas urnas simbólicas por personas que quisieron mostrar su solidaridad con el político arrestado.
La BBC no pudo verificar esas cifras de forma independiente.
A pesar de su arresto, Imamoglu ha sido declarado oficialmente por su partido como el candidato a la presidenciales de 2028. Sin embargo, si llega a ser condenado por alguno de los cargos que se le imputan, no podrá presentarse.
El líder del CHP, Ozgur Ozel, quien acusó a Erdogan de no solo “desafiar” a Imamoglu, sino a millones de turcos, exigió la celebración de elecciones anticipadas.
El partido también acusó al gobierno de intentar dar “un golpe de Estado”.
Ekrem Imamoglu es uno de los políticos más populares de Turquía.
Este hombre de 54 años, líder del opositor CHP y alcalde de Estambul, es considerado desde hace tiempo el rival más temible del presidente Recep Tayyip Erdogan.
El año pasado sorprendió a Erdogan y a su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) cuando retuvo el control de Estambul en las elecciones municipales, ganando un segundo mandato consecutivo.
Para muchos observadores y comentaristas políticos, esta victoria fue “la peor derrota de Erdogan”.
Pero Imamoglu ya había demostrado en el pasado que era capaz de salir victorioso.
Cuando ganó sus primeras elecciones en 2019 para ponerse al frente de la alcaldía de Estambul, el AKP alegó irregularidades, y las autoridades electorales anularon la votación y ordenaron su repetición.
Imamoglu volvió a ganar, esta vez con un porcentaje mayor, lo que solidificó su figura como rival principal de Erdogan.
Nacido en 1970 en Akcaabat, ciudad de la provincia de Trabzon, en la costa turca del Mar Negro, Imamoglu se trasladó a Estambul en su adolescencia, estudió empresariales y trabajó en el sector de la construcción.
A pesar de los orígenes conservadores y de centro-derecha de su familia, Imamoglu afirma que “abrazó los valores socialdemócratas durante su estancia en la universidad”.
Tras una carrera empresarial, a los 43 años se inició en la política al ser elegido alcalde, primero de un distrito de clase media de Estambul y finalmente de la gran ciudad del Bósforo.
Estambul alberga a una quinta parte de los casi 85 millones de habitantes de Turquía, y concentra una parte importante de su economía, especialmente del comercio, el turismo y las finanzas.
Erdogan, quien también fue alcalde de Estambul antes de ser primer ministro y finalmente llegar a la presidencia, dijo en su momento que “quien gana Estambul, gana Turquía”, unas palabras que llegaría a lamentar.
Muchos expertos predijeron para Imamoglu un ascenso similar, por lo que el político se había convertido en una amenaza para el liderazgo de Erdogan.
Durante sus campañas políticas, Imamoglu ha sido elogiado por su actitud suave y humorística ante la política, que contrasta con la de muchos de sus rivales en el polarizado panorama político turco.
Imamoglu ha conseguido, además, ampliar la base laica del CHP, atrayendo a votantes más piadosos y conservadores, que tradicionalmente habían votado al AKP.
De esta forma, en sus campañas electorales ha incluido visitas a mezquitas, y recientemente anunció la restauración de una mezquita histórica en el popular barrio de Karakoy, en Estambul.
Si finalmente consiguiera salir indemne de las acusaciones que penden sobre él, la candidatura de Imamoglu se enfrenta a otro obstáculo.
El pasado martes, el día antes de ser arrestado, la Universidad de Estambul anuló la titulación universitaria del opositor, que obtuvo hace 31 años, alegando irregularidades.
Según la Constitución turca, los presidentes deben haber completado una educación universitaria para poder acceder al cargo.
El presidente de Turquía, quien lleva 22 años en el poder, ha acusado a Imamoglu y al CHP de intentar polarizar a la sociedad turca.
Desde el inicio de las protestas, Erdogan ha lanzado diversas advertencias contra los manifestantes, asegurando que “Turquía no sucumbirá ante el terror callejero”.
“Permítanme decirlo alto y claro: las protestas callejeras (…) son un callejón sin salida”, dijo el mandatario.
Los manifestantes, la oposición y el propio Imamoglu han denunciado que su arresto tiene motivaciones políticas, y que se trata, dijo el alcalde, de “una mancha en nuestra democracia”.
Antes de ser arrestado, Imamoglu aseguró desafiante: “Nunca me doblegaré”.
El ministerio de Justicia ha insistido en su independencia, y ha criticado a los que vinculan la detención del opositor con Erdogan.
Pero para muchos analistas y observadores, el encarcelamiento del opositor y la retirada de su título universitario “sugieren que Erdogan está seriamente preocupado por que Imamoglu suponga una seria amenaza para sus 22 años de gobierno”, analizó Ahmet T. Kuru, profesor de Ciencias Políticas y experto en Turquía de la Universidad Estatal de San Diego en un artículo de The Conversation.
Erdogan se aseguró un tercer mandato en las elecciones presidenciales de 2023 y, según la Constitución, no puede gobernar más allá de 2028.
Pero sus críticos dicen que podría cambiar la Constitución para aspirar a un nuevo mandato. Las próximas elecciones están previstas para 2028, pero es probable que se celebren antes.
La ley limita a dos mandatos de cinco años el tiempo que un presidente puede estar en el poder, pero Erdogan justificó su tercer mandato alegando que el primero tuvo lugar antes de la enmienda constitucional que estableció el sistema actual.
Si la limitación de mandatos se elimina, podría ser elegido una cuarta vez, o incluso más.
“El principal obstáculo para los planes de Erdogan es Imamoglu”, un político que es bastante más popular que el presidente, según Kuru.
Este intento “de acaparar el poder y ampliar los mandatos podría hacer que el sistema político turco pasara de ser una democracia imperfecta a una ‘dictadura electa’ similar a la Rusia de Vladimir Putin”, argumenta el experto de la universidad de San Diego.
Erdogan y su gobierno sobrevivieron a un intento de golpe de Estado en 2016 que se saldó con enfrentamientos en las calles de Estambul y Ankara, y 256 muertos.
Para sus partidarios, Erdogan ha aportado a Turquía años de crecimiento económico, pero para sus detractores es un líder autocrático intolerante con la disidencia que silencia con dureza a cualquiera que se le oponga.
La Comisión Europea instó el lunes a Turquía a “defender los valores democráticos” como país que es a la vez miembro del Consejo de Europa y candidato a la adhesión a la UE.
*Con reportería de Cagil Kasapoglu, Rachel Hagan y el servicio turco de la BBC.
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