El recorte de becas de posgrado del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) ―luego de reclasificar de los criterios para el otorgamiento de los apoyos―, afectó a 104 universidades, colegios e instituciones de educación superior públicas por lo que algunas de ellas se han pronunciado e interpuesto quejas y amparos contra el retiro de los apoyos.
De acuerdo con información obtenida por Animal Político, además de la Universidad de Querétaro que hizo público que se amparó contra la decisión, otras Instituciones de Educación Superior ya se pronunciaron contra la reducción de apoyos económicos para los estudiantes de maestría, doctorado y especialidad y solicitaron un diálogo con autoridades federales.
Entre ellas se encuentran la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de las Américas Puebla.
Además de que ya existen 41 amparos interpuestos contra los lineamientos del Conahcyt por científicos, integrantes del Colectivo Ciencia Plural Mx y Uniendo Caminos.
Universidades también confirmaron a Animal Político que en los próximos días tendrán una reunión con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) para discutir los lineamientos y el recorte de becas.
Instituciones de Educación Superior en Querétaro, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Campeche, Ciudad de México y Coahuila también se han pronunciado ante la disminución de apoyos económicos.
El pasado 9 de agosto, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) anunció un amparo contra los nuevos lineamientos de la Ley General de Ciencia por los cuales la institución perdería 23 programas de posgrado y los alumnos no podrán solicitar becas que se otorgan a través del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
De acuerdo con Margarita Teresa de Jesús García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la nueva Ley General de Ciencias, Tecnologías, Humanidades e Innovación (LGHCTI) está condicionando el otorgamiento de becas a la gratuidad y no descartó que procederá en términos legales “por la legítima defensa de los intereses de la comunidad universitaria”.
En una carta firmada por la rectora y publicada el 18 de agosto se detalla que los nuevos “Lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías” presentan condiciones que afectan los programas de posgrado en el país, por lo que solicitaron abrir el diálogo para hacer una revisión que se adapte con las condiciones que se viven en dicha institución.
La UAQ detalló que la clasificación de posgrados no es clara y “no corresponde con la naturaleza de los programas de nuestra institución” y determinó que los criterios para la elegibilidad de becas son “imposibles de satisfacer” debido a las condiciones del programa, el volumen de alumnos y de docentes.
También se pronunciaron porque se condicione la asignación de becas a la desaparición de cuotas “sin que existan alternativas para que las instituciones públicas reciban el recurso suficiente y oportuno, pone en riesgo la operatividad de los programas de posgrado y la viabilidad de la institución”.
Y sostienen que dejar la carga de gratuidad a las instituciones “resulta inviable”, por lo que confiaron en que encontrarán “mejores caminos”, pues “aun cuando sabemos que existe la vía legal, esta es la mejor alternativa”, dice el documento.
Otra de las entidades en las que se ha hecho pública la inconformidad ante el recorte de becas es en Chihuahua, pues la gobernadora Maru Campos Galván, acompañada del director de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Carlos Hinojosa, denunciaron el drástico recorte del Conahcyt.
De acuerdo con el director de Investigación, la reducción equivale al 90% de las becas y acusó que las más afectadas son las carreras administrativas y explicó que de los 67 posgrados que oferta la Universidad Autónoma de Chihuahua solo 11 fueron elegibles para becas.
Tras la decisión, la universidad interpuso apelaciones ante el Consejo para incrementar el número de becas y lograron la apertura de 6 programas más de posgrado, por lo que hasta el 22 de agosto son 17 doctorados y maestrías considerados elegibles para solicitar una beca para su estudio, informó la universidad.
El Congreso de Chihuahua se sumó a los reclamos y firmaron un exhorto dirigido al Conahcyt para pedir que los posgrados de universidades públicas de la entidad sean considerados prioritarios.
Una situación similar ocurrió en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en junio, pues luego de que estudiantes de posgrado de áreas económico-administrativas protestaran por no ser consideradas disciplinas prioritarias para la asignación de becas, la institución informó que tras entablar diálogo los apoyos económicos serían restituidos.
“Después de mantener diálogos entre representantes de ambas Instituciones, se determinó que el alumnado del área Económico-Administrativa que se vio afectado por los nuevos lineamientos que consideraban ‘no prioritarias’ a estas disciplinas, sí recibirán las diversas becas”, señalaron en un comunicado.
La UAM informó que junto con representantes de Conahcyt se pudo “dar solución puntual a los 47 casos de cuatro programas de posgrado afectados”.
Además de que las universidades confirmaron a Animal Político que tienen una reunión pendiente con la titular del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, para discutir sobre el recorte de becas, este viernes 25 de agosto todos los rectores miembros de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se congregarán en Mérida, Yucatán, para revisar los impactos que ha causado la reducción de apoyos económicos de posgrado.
A esto se suma que la preocupación por la reclasificación de los criterios para el otorgamiento de las becas por parte del Conahcyt llegó hasta la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados.
En la última reunión ordinaria de la Comisión, distintos legisladores solicitaron convocar a Álvarez-Buylla para que explique los alcances de dichas modificaciones que han afectado a programas de posgrado de distintas universidades en el país.
La formalización de la petición se hará en los próximos días.
De los 2 mil 942 posgrados que integran el Sistema Nacional de Posgrados (SNP), solo el 18.4% son considerados prioritarios para recibir una beca del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, es decir, 542. En este sentido, los posgrados enfocados en ciencias sociales, ingeniería y administración son los más afectados por el recorte.
El Conahcyt clasificó los posgrados en cuatro categorías: dos de ellas se imparten en instituciones privadas y no son elegibles para becas. En esta situación están 128 posgrados.
De los 2 mil 814 que se imparten en IES públicas, solo 542 son considerados prioritarios para la asignación de becas, debido a que están orientados a la investigación; mientras que los 2 mil 272 que están en la categoría 3 y son considerados “profesionalizantes” pueden ser “elegibles”, estar “proceso de revisión” o “no elegibles” dependiendo si responden a “asuntos de interés público nacional o de atención prioritaria que contemple la agenda nacional”, detalla el Consejo en sus lineamientos.
Respecto de los que están “en revisión” los más afectados están en el área de la salud (38 posgrados); protección y mejoramiento del ambiente (52) e ingenierías y tecnologías (50); mientras que del lado del arte y humanidades hay 77 posgrados en esta categoría en áreas como arte y cultura (9); ciencias sociales (48) educación (15) y administración (5).
Sobre los posgrados “no elegibles para becas”, Animal Político realizó una revisión de cada uno de los programas basados en la actualización de datos del Conahcyt al 15 de agosto y utilizando las mismas categorías que utiliza el Consejo para los que están en revisión se encontró que las disciplinas más afectadas son: área de la salud humana (51 posgrados sin posibilidad de beca); protección y mejoramiento del ambiente (34); ingenierías y tecnologías (78); del arte y cultura (26); ciencias sociales (114); educación (32) y administración (96).
En suma, los posgrados en ciencias sociales y administrativos son los más afectados por el recorte de becas, pues al integrar las categorías “en revisión” y “no elegibles”, estas disciplinas cuentan con el mayor número de posgrados.
Por ejemplo, en el área de la salud humana 89 posgrados se encuentran en estas condiciones; protección y mejoramiento del ambiente son 86; ingenierías y tecnologías son 136; arte y cultura son 35; ciencias sociales 162; educación 47 y administración 101.
A esto se agrega que aunque existen posgrados considerados “elegibles” para obtener apoyos económicos, su designación depende del presupuesto del Consejo y de que sean temas de agenda nacional, por lo que no se asegura que puedan acceder a ellos.
Ambos ejércitos del conflicto armado en Ucrania se han visto acorralados por drones, artillería y guerra electrónica.
En días recientes, Rusia y Urania se han atacado mutuamente con el mayor número de drones desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.
Se informa que Ucrania lanzó más de 80 drones contra Rusia, algunos dirigidos hacia Moscú. Por su parte, se reporta que Rusia lanzó más de 140 drones contra objetivos por todo Ucrania.
La intensidad del uso de drones como armas de ataque es una de las formas en que este conflicto está revolucionando cómo se hace la guerra.
En combinación con la guerra electrónica y los ataques de artillería, los drones también han demostrado ser efectivos como armas defensivas, inmovilizando a las fuerzas enemigas en el campo de batalla.
Los drones se han convertido en uno de los principales elementos en la guerra en Ucrania y están afectando profundamente la manera en que se pelea, según Phillips O’Brien, profesor de Estudios de la Guerra de la Universidad St. Andrews, en Escocia.
“Han vuelto el campo de batalla mucho más transparente”, comenta.
Los drones de vigilancia pueden detectar el movimiento de tropas o los preparativos para un ataque a lo largo de todo el frente y en tiempo real.
Cuando ven un objetivo, pueden enviar las coordinadas al centro de comando, que puede ordenar un ataque de artillería.
Esta secuencia, desde la detección del objetivo hasta su ataque, se llama la “cadena de ataque” en la terminología militar y se ha acelerado por el uso de drones, dice el profesor O’Brien.
“Todo se puede detectar a no ser que esté muy encubierto. Significa que no puedes reunir tanques y otro armamento para una avanzada sin que sean golpeados”, indica.
Los drones de ataque se están usando, junto con la artillería, para golpear al enemigo. Las fuerzas ucranianas han logrado repeler los avances de las columnas de tanques rusos con solo el uso de drones.
Al inicio de la guerra, Ucrania usó el TB-2 Bayraktar de fabricación turca, un dron de capacidad militar que puede arrojar bombas y lanzar misiles.
Sin embargo, con mayor frecuencia ambas partes están optando por el uso de drones “kamikaze” que son más baratos.
Estos suelen ser drones de uso comercial, acoplados con explosivos.
Pueden ser controlados desde una distancia de varios kilómetros y pueden merodear el objetivo antes de atacar.
Rusia también ha estado usando miles de drones kamikaze, como el Shahed-136 de fabricación iraní, para atacar objetivos militares y civiles en Ucrania.
Frecuentemente los despliega en enjambres, con la intención de abrumar las defensas aéreas ucranianas.
La artillería se ha convertido en el arma de mayor uso en toda la guerra en Ucrania.
Según el centro de análisis británico Royal United Services Institute (RUSI), Rusia ha estado disparando 10.000 proyectiles al día y Ucrania entre 2.000 y 2.500, también diariamente.
La artillería se usa para contener el movimiento de tropas enemigas y para atacar vehículos blindados, defensas, puestos de mando y depósitos de suministros.
“Durante la guerra, la munición es como el agua, que las personas necesitan beber constantemente, o como el combustible para un automóvil”, explica el experto de artillería y especialista militar de la BBC coronel Petro Pyatakov.
Ambos lados han usado millones de proyectiles de artillería extranjeros. Estados Unidos y Europa se los han suministrado a Ucrania. Rusia los importa de Corea del Norte.
Los países occidentales han tenido dificultades para suministrar a Ucrania todas las municiones que requiere, y eso ha resaltado el problema que tienen en sus propias industrias armamentistas, según Justin Crump, director ejecutivo de Sibylline, un grupo de análisis de defensa en Reino Unido.
“Las empresas de defensa de Occidente actualmente producen una cantidad de armas de precisión relativamente baja”, afirma.
“No tienen la capacidad de emitir altos volúmenes de armamento básico como proyectiles”.
Tanto Rusia como Ucrania también han estado usando artillería de alta precisión.
Ucrania ha lanzado proyectiles guiados por satélite tipo Excalibur, suministrados por Occidente; Rusia usa sus propios proyectiles Krasnopol guiados por láser.
Además, EE.UU. y otras naciones occidentales han dotado a Ucrania de misiles Himars de largo alcance, guiados por satélite.
Estos les han permitido a las fuerzas armadas atacar los depósitos de municiones y los puestos de mando de Rusia en el frente.
Desde comienzos de 2023, las fuerzas rusas han usado miles de “bombas planeadoras” para atacar posiciones ucranianas en el campo de batalla y para bombardear zonas residenciales civiles e infraestructura.
Son bombas convencionales de “caída libre” acopladas con alas plegables y sistemas de navegación satelital.
Rusia es quien más suele usar esas bombas planeadoras. Varían en peso desde 200 kg hasta 3.000 kg o más.
“Las bombas planeadoras se han vuelto cada vez más efectivas para romper las posiciones defensivas y destruir edificios”, señala el profesor Justin Bonk, un experto en guerra de RUSI.
Añade que Rusia las ha utilizado extensamente para destruir las defensas ucranianas alrededor de la localidad estratégica de Adviivka, en el este de Ucrania, que Rusia capturó en 2024.
Las bombas planeadoras cuestan entre US$20.000 y US$30.000 en producir, según Bronk.
Pueden ser lanzadas desde decenas de miles de kilómetros de distancia de sus objetivos y son difíciles de interceptar, aún con el más sofisticado sistema de misiles de defensa aérea.
Ucrania también hace uso de bombas planeadoras suministradas por EE.UU. y Francia, como la llamada Joint Standoff Weapon de largo alcance.
También ha creado una de su propio diseño, añadiendo alas a las bombas de diámetro pequeño de fabricación estadounidense, que llevan unos 200 kg de explosivos.
Sin embargo, cuenta con menos bombas planeadoras que Rusia.
La guerra electrónica se ha implementado mucho más intensamente en el conflicto entre Rusia y Ucrania que en cualquier otra ocasión.
Miles de efectivos en cada lado trabajan en unidades especializadas, intentando incapacitar los drones y sistemas de comunicaciones del otro, y desviar los misiles enemigos.
Las fuerzas rusas tienen sistemas como el Zhitel, que puede incapacitar todas las comunicaciones satelitales, las comunicaciones por radio y las señales de teléfonos móviles en un radio de más de 10 m.
Pueden abrumar las ondas de radio emitiendo enormes pulsaciones de energía electromagnética.
Además, con su unidad Shipovnic-Aero, las fuerzas rusas pueden derribar un dron a 10 km de distancia. Este sistema también puede encontrar la posición de los pilotos de los drones y enviar sus coordinadas a las unidades de artillería para que disparen contra ellos.
Las naciones occidentales pueden estar sorprendidas de ver la facilidad con la que los sistemas de guerra electrónica de Rusia han inutilizado misiles de alta tecnología como los Himars en Ucrania, de acuerdo a Marina Miron, del Departamento de Estudios de la Guerra del King’s College de Londres.
“Es una guerra asimétrica”, indica. “Las fuerzas de la OTAN podrán tener armas que son técnicamente superiores a las que posee Rusia, pero Rusia ha demostrado que puede usar un equipo relativamente barato para desactivarlas”.
Duncan McCrory, del Instituto Freeman Air & Space de King’s College de Londres, opina que los comandantes militares de los países de la OTAN deben aprender lecciones de cómo Rusia está efectuando una guerra electrónica en Ucrania.
“Deben entrenar a sus tropas en cómo operar cuando están siendo acechadas por drones y cuando el enemigo está atento a cada señal de radio que envían”, afirma.
“La guerra electrónica ya no puede ser relegada a segundo plano. Necesita ser considerada en todo momento en que se estés desarrollando tus tácticas, entrenamiento y nuevos sistemas de armamento”.
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