Banco obliga a usuario a hacer trámite presencial en ambulancia y postrado en una camilla
En ambulancia, postrado en una camilla y con oxígeno, José tuvo que acudir el pasado miércoles a una sucursal del banco HSBC ubicada en la colonia Roma Norte para poder realizar la actualización de su aplicación bancaria, con el fin de que su familia pudiera disponer del dinero en su cuenta para pagar los gastos médicos que ha implicado la cirugía de cadera que requirió a los 87 años.
Su esposa Blanca intentó por mes y medio realizar la actualización de la aplicación bancaria en el teléfono celular de José, pero no pudo, y al consultar con ejecutivos bancarios le dijeron que la única forma de realizar el trámite era llevar al señor a la sucursal “en la condición que estuviera”, o esperar a su fallecimiento.
Después de agotar las opciones para conseguir la actualización de la aplicación sin exponer al señor, que implicaron el pago de un poder notarial de 8 mil pesos y el desembolso de otros 6 mil pesos para una ambulancia particular, Blanca acudió al banco y consiguió completar el trámite solicitado, sin embargo, acusa que el trato recibido por el banco fue discriminatorio y señala que buscará que se investiguen los hechos.
Animal Político consultó a HSBC su postura sobre el caso, sin que hasta el momento de la publicación haya recibido respuesta.
Mes y medio entre hospitalizaciones, vueltas al banco y gastos
Como jubilado, la principal fuente de ingresos de José es el dinero que recibe cada mes, del que su familia disponía para cubrir los gastos de su domicilio y de su recuperación médica, pero durante el tiempo en que estuvo hospitalizado en Magdalena de las Salinas, su celular dejó de funcionar y con ello se pausó la disposición de efectivo desde su cuenta bancaria.
Ante esa situación, Blanca acudió a la sucursal bancaria de HSBC ubicada en la calle de Oaxaca, colonia Roma Norte, donde se abrió la cuenta, para que la apoyaran con la actualización de la aplicación bancaria en otro dispositivo, y ante su explicación de que el cliente del banco se encuentra en estado de postración, le pidieron presentar un poder notarial, el cual tramitó con un costo de 8 mil pesos, y al final cuando lo presentó le rechazaron el documento.
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“Luego de haber gastado ese dinero, acudí ante la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), y lo único que me dijeron era que tenía que solicitar los mismos trámites que había ido a gestionar en el banco, o sea, no resolvieron nada, y en la sucursal insistieron que tenía que presentarse mi marido, o esperar a su fallecimiento“, lamentó.
Fue por ello que, finalmente, tras agotar todas las opciones, tuvo que gastar 6 mil pesos para que una ambulancia llevara al señor desde Los Dinamos hasta la colonia Roma, y batallar en los espacios reducidos de la sucursal para que el personal bancario pudiera tomar los datos del cliente y concretar los trámites.
“Llegamos en la ambulancia, que además no tenía espacio dónde estacionar frente a la sucursal, y tuvimos que bajarlo en la camilla con oxígeno, porque los ejecutivos señalaron que no podían ir hasta la unidad a tomar los datos, entonces tuvimos que entrar por una puerta angosta donde apenas y cabíamos, y mover algunas mamparas para llegar hasta el lugar donde nos pudieron atender”, cuenta Blanca.
“No recibimos ni siquiera una disculpa”, reclama familia de cuentahabiente
Una vez que consiguieron ingresar a la sucursal con la camilla, Blanca detalla que “nos atendieron de maravilla, muy rápido, hicieron lo necesario para actualizar la aplicación y poder disponer del dinero sin tarjeta, pero no recibimos ni siquiera una disculpa, y me parece que se trató de un acto de discriminación en contra de quienes tienen edad avanzada o se encuentran enfermos, porque no creo que sea la única ni la última persona a la que esto le sucede”.
Para la mujer de 67 años “es indignante lo que nos hicieron pasar, incluso que hicieran a mi esposo firmar documentos pese a que por lo hinchado de sus manos le era difícil y que teníamos afuera a la ambulancia con el temor de recibir una infracción de tránsito, porque era un vehículo alquilado y el personal no estaba preparado para apoyar en una situación así”.
“Los del banco argumentaron temas de seguridad, pero considero que deben contar con protocolos que se adecúen a personas enfermas, con alguna discapacidad, porque hay gente que no tiene recursos para gastar en una ambulancia o en un poder notarial que al final, aunque ahí lo dan como opción, resulta que no sirve cuando este llega con el departamento jurídico”, señaló Blanca.
Al terminar con los trámites, que llevaron unas tres horas entre el traslado José y la atención recibida en la sucursal, acompañado de su esposa volvió a su domicilio en ambulancia, con un agotamiento severo y tos, provocados por el desgaste que implicó tener que acudir hasta la sucursal.
La búsqueda de justicia para José
Aunque después de varias vueltas y gastos al fin concluyeron con los trámites que requerían, Blanca indicó que acudirá ante las instancias correspondientes para que se investigue y se sancione al banco por no contar con protocolos para atender a personas que se encuentran en estado de postración.
“Esto no se trata de ningún acto de propaganda, yo no hubiera querido exponer a mi esposo ni mucho menos, para mí se trató de un acto de discriminación, y todavía tuvimos que lidiar con la incomodidad de las miradas sorprendidas de trabajadores y clientes del banco que se quedaban viendo… Fue muy incómodo y cansado, pero este es apenas el comienzo de la búsqueda de justicia”, apuntó.
Desde agosto de 2021, la Condusef exhortó a todos los bancos a adherirse a los “Principios básicos a observarse en la atención de las personas adultas mayores”, que considera que las instituciones financieras deben contar con protocolos híbridos que consideren las vulnerabilidades de las personas adultas mayores.
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Sin embargo, en el caso de HSBC, hasta ahora sólo ha incorporado algunos elementos de accesibilidad para personas con discapacidad física o visual.
De acuerdo con un comunicado de HSBC de diciembre pasado, la institución financiera estableció que en la apertura o reapertura de sucursales, estas deberán contar con “la mayor cantidad de elementos de accesibilidad de una lista preestablecida, que incluye rampas de acceso, puertas que abren de manera automática, ventanillas al público a una altura más baja, piso con relieves en el suelo para personas con debilidad visual y aparatos para maximizar el sonido de quienes utilizan aparatos de sordera”.
Otros elementos a incorporar son “sillas en el módulo de atención inicial para mujeres embarazadas o de la tercera edad y espacios de atención secundaria más amplios o accesibles para una mejor circulación de silla de ruedas”, pero aún no cuentan con adaptaciones para personas en estado de postración.
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La hospitalización del papa Francisco ha evidenciado, según los expertos, un vacío normativo en el Vaticano que deja varias cuestiones sin resolver.
El papa Francisco, de 88 años, enfrenta una crisis de salud que mantiene en vilo a millones de católicos en todo el mundo.
Desde el 14 de febrero permanece ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por una grave infección pulmonar que evolucionó a neumonía bilateral.
En los últimos días sufrió episodios de insuficiencia respiratoria aguda, lo que requirió intervenciones médicas urgentes -como la ventilación mecánica no invasiva- para facilitar su respiración.
Aunque el pontífice está consciente, su estado sigue siendo delicado al presentar un cuadro “complejo”, según los médicos.
Además de las preocupaciones por su salud, la hospitalización de Francisco ha evidenciado, según algunos expertos, un vacío normativo dentro de la Iglesia que deja sobre la mesa varias cuestiones sin resolver.
Una de ellas es qué sucede si un Papa no puede seguir gobernando, pero tampoco ha fallecido ni ha renunciado.
Qué ocurre en el Vaticano
El Papa es la máxima autoridad de la Iglesia católica y del Estado Vaticano, por lo que su liderazgo es vital tanto en la dimensión religiosa como en la administrativa y la diplomática.
Como solo lleva unos días hospitalizado y mantiene la lucidez, de momento no se han observado trastornos importantes en la actividad de la Santa Sede.
“Los departamentos del Vaticano ya tenían su calendario programado. Este año se celebra el Jubileo y todo el programa ya estaba previsto”, indica a BBC Mundo Filipe Domingues, director del Centro Laico en Roma y especialista en asuntos del Vaticano.
El experto aclara que “los responsables de cada dicasterio pueden dirigir sus propias áreas, más o menos como ministros en un gobierno, por lo que no es necesario que el Papa tome cada decisión individualmente”.
Algunas tareas específicas sí están reservadas exclusivamente al pontífice, como los nombramientos de obispos, aprobar las canonizaciones de nuevos santos y sus mensajes a los fieles de los miércoles o domingos.
“Estos mensajes están saliendo, pero de manera limitada. Cuando él puede aprobarlos, se publican. Si no puede, tardan más en salir”, explica el experto.
Cuando el Papa no puede ejercer sus funciones de manera presencial, la administración de la Iglesia recae en la Curia Romana, el órgano de gobierno eclesiástico, y especialmente en el Secretario de Estado del Vaticano, cargo que actualmente ocupa el cardenal Pietro Parolin.
“Si el Papa no estuviera consciente, por ejemplo, todo seguiría más o menos igual: cada cardenal tiene su propio rol en el Vaticano y el secretario de Estado desempeña un papel muy importante en este contexto”.
Parolin supervisa asuntos diplomáticos y administrativos y actúa como una especie de “primer ministro” del Vaticano.
Sin embargo, su autoridad no sustituye la del Papa: el secretario de Estado “no puede tomar las decisiones que corresponden al pontífice, como por ejemplo el nombramiento de obispos”, subraya Domingues.
“Si el Papa no está consciente, no habrá nuevos nombramientos. Se tendrá que esperar -no existe un ‘vicepapa’- pero pueden seguir ejecutando los proyectos que ya estaban diseñados, manteniendo las prioridades del pontífice”, explica.
Mientras tanto, las celebraciones religiosas y eventos eclesiásticos siguen adelante.
Por ejemplo, el pasado domingo el arzobispo Rino Fisichella presidió la Misa Jubilar en la Basílica de San Pedro que originalmente debía oficiar el Papa.
En todo caso, aunque la Santa Sede cuenta con ciertos mecanismos para mantenerse operativa en ausencia de su líder, existen carencias en su sistema normativo que podrían plantear dificultades si la salud del pontífice se complica por un período más largo.
Qué dicen las normas
A diferencia de lo que ocurre en caso de fallecimiento o renuncia, donde existen normas bien establecidas para la sucesión, no hay un protocolo claro para delegar el liderazgo de la Iglesia si el Papa no puede ejercer plenamente sus funciones debido a una enfermedad grave.
La Santa Sede tampoco cuenta con un mecanismo para sustituir temporalmente al pontífice por enfermedad o incapacidad.
El director del Centro Laico atribuye esto, en parte, a la tradición e idiosincrasia de la Iglesia católica.
“Hay una comprensión de que el Papa es el sucesor de San Pedro, el líder de la Iglesia, y que su papel va más allá de un simple cargo. No es solo un puesto de trabajo que alguien ocupa temporalmente y luego deja”, explica.
Agrega que “uno de los títulos del Papa es ‘Vicario de Cristo’, lo que significa que es el principal representante de Cristo en la Tierra; por eso el planteamiento de ‘si ya no está bien, pongamos a otro’ no encaja con la lógica de la Iglesia”.
“La actitud es más bien: ‘Recemos por él para que mejore o pase por esta situación en paz. Y cuando llegue el momento, haremos lo que tengamos que hacer'”, explica el experto.
Los expertos señalan que el derecho canónico, que prevé procedimientos detallados para la sucesión papal en caso de muerte o renuncia, deja un vacío legal cuando el Papa sigue vivo pero no puede ejercer plenamente sus funciones.
El Canon 335 menciona la posibilidad de que la Santa Sede esté “vacante o totalmente impedida”, pero no define qué significa “totalmente impedida” ni establece pasos a seguir en ese escenario.
En el caso de los obispos, por ejemplo, la Iglesia sí tiene normas: según el Canon 412, una diócesis puede considerarse “impedida” si su obispo no puede ejercer su autoridad por razones de enfermedad, exilio o cualquier otra circunstancia, y el mando pasa a manos de un obispo auxiliar o vicario general.
Sin embargo, al no haber una disposición equivalente para el Papa, queda abierta la pregunta sobre quién debería asumir su rol en caso de incapacidad.
La carta de Francisco
En teoría, si un Papa no pudiera continuar en su cargo por motivos de salud, la única solución sería su renuncia.
Esto ocurrió en 2013 con Benedicto XVI, quien dimitió alegando que su deterioro físico ya no le permitía ejercer su labor.
Francisco, consciente de esta posibilidad, confirmó en 2022 que había dejado escrita una carta de renuncia para ser utilizada en caso de incapacidad médica.
Sin embargo, existe la incógnita de cómo se activaría esta renuncia si el Papa ya no estuviera en condiciones de manifestar su voluntad, ya que el derecho canónico establece que una dimisión papal debe ser “libre y manifiesta”.
En el caso de Benedicto XVI (2005-2013) él mismo anunció públicamente su renuncia; pero, si Francisco quedara en coma o sufriera una demencia avanzada, se plantea la duda de quién decidiría si su dimisión redactada con anterioridad es válida.
“Si el Papa tuviera Alzheimer y llegara un momento en el que ya no pudiera tomar la decisión por sí mismo, alguien de la Secretaría de Estado debería hacer pública la carta y presentar un informe médico”, considera Domingues.
“No conocemos los detalles de la carta, pero se mencionó algún tipo de incapacidad. Supongo que se necesitaría una declaración médica que confirmara que la situación será prolongada y que probablemente no podrá recuperarse”, agrega.
Y, si por algún motivo se descarta esta opción, “la Iglesia simplemente continúa hasta que termine el pontificado, lo que sucede cuando el Papa fallece. Así que hay que seguir adelante. No es lo ideal, pero ha ocurrido antes en la historia”, apunta el experto.
Existen precedentes históricos de cartas de renuncia papales, como la de Pablo VI, quien redactó un documento para pedir que se aceptara su dimisión si enfermaba gravemente.
Sin embargo, su misiva nunca se utilizó y Pablo VI permaneció en el cargo desde 1963 hasta su fallecimiento en 1978.
¿Habrá reformas?
Ante la falta de normas claras sobre la incapacidad papal, algunos especialistas en derecho canónico han propuesto reformas.
En 2021 un grupo de expertos sugirió que, en caso de que un Papa quedara completamente incapacitado, el Colegio de Cardenales debería asumir la gestión de la Iglesia y designar una comisión para evaluar periódicamente su estado de salud.
Esta propuesta implicaría que un comité médico revisara su estado de salud cada seis meses y, si se determinara que no puede seguir en su cargo, el Colegio de Cardenales podría activar un proceso para la elección de un sucesor.
Sin embargo, hasta ahora el Vaticano no ha aplicado ninguna de estas ideas, lo que significa que la Iglesia sigue sin un mecanismo formal para abordar la incapacidad prolongada de un Pontífice.
Preguntado sobre si existe debate dentro del Vaticano para reformar el derecho canónico en este sentido, Filipe Domingues dice “no haber escuchado nada al respecto”.
“No creo que haya planes en ese sentido, porque siempre existe la posibilidad de renuncia, y sigue siendo una opción”. afirma el director del Centro Laico.
Y agrega: “Por ahora estamos en una situación en la que él está consciente. Cada día informan de que está lúcido y al tanto de lo que le sucede a él y a la Iglesia. Todavía no hemos llegado a ese otro escenario”.
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