“Causan un daño irreparable”: habitantes de Bacalar exigen a Sedena que frene construcción de un edificio a orillas de la laguna
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construye un edificio a las orillas de la laguna de Bacalar, sin consulta ciudadana previa y con un impacto ambiental que ha sido calificado como ecocidio por ambientalistas.
Inconformes con el proyecto, habitantes de este municipio de Quintana Roo clausuraron de manera simbólica las obras de la Sedena e instalaron el pasado jueves un plantón, el cual ya fue retirado, para frenar el desarrollo, que consideran una amenaza grave para el ecosistema del principal atractivo turístico del sur de Quintana Roo y su patrimonio histórico.
El empresario y representante de la Asociación Agua Clara, Sandro Ciccarelli, explicó que las obras de la Sedena vulneran la Ley General de Equilibrio Ecológico, ya que el proyecto no fue sometido a consulta pública, impidiendo que la ciudadanía conozca la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y analice adecuadamente los efectos que la obra pueda causar. Además, se atenta contra el patrimonio histórico de Bacalar, por lo que exigen su reubicación.
“Se propone que la Sedena reubique su proyecto y que este terreno, que se encuentra en un lugar tan icónico, pase al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y quede abierto al público”, señaló Ciccarelli.
Advirtió que la construcción de un edificio con habitaciones para los empleados en la Base de los Marinos, frente al Fuerte de Bacalar y a la orilla de la laguna, representa una agresión al patrimonio histórico del municipio y pone en riesgo la inversión millonaria que cientos de empresarios han destinado para consolidar Bacalar como el principal atractivo turístico del sur de Quintana Roo.
“Iniciativas como estas frustran las inversiones y, lo más grave, causan un daño irreparable al ecosistema. Queremos que, antes que nada, se detenga la obra de inmediato y que se lleven a cabo labores para mitigar el daño ambiental creado”, enfatizó.
Habitantes y turistas se han unido a las protestas en rechazo al proyecto, reiterando que la Sedena no informó a la población sobre los trabajos de relleno en la orilla de la laguna, lo que podría ocasionar un ecocidio irreversible en una de las lagunas más importantes del país.
“La laguna no se toca, es un ecosistema vital, la están matando, es un ecocidio sin permiso”, protestó Zen, una turista que se unió a los manifestantes.
Patrimonio histórico de Bacalar en peligro por la Sedena
La construcción del Ejército se encuentra frente al Museo del icónico Fuerte de San Felipe del “Pueblo Mágico”.
El Fuerte de San Felipe fue construido en 1733 para proteger Bacalar de los piratas ingleses, franceses, holandeses, y de otras nacionalidades. Durante la Guerra de Castas, el fuerte fue tomado por los indígenas insurrectos el 21 de febrero de 1858. Con el paso de los años tuvo diversos usos de carácter militar hasta que en 1965 uno de sus cuatro baluartes fue adaptado como museo y declarado Patrimonio Histórico Nacional. Desde 1974, último año de Quintana Roo como territorio, ha sido un símbolo histórico.
“Están en una zona totalmente endeble, vulnerable a derrames, al suelo inestable, al drenaje que ya es un problema. Seguir compactando el terreno solo agrava la situación”, explicó Armando, habitante de Bacalar.
Empresarios, habitantes e incluso servidores públicos propusieron la recaudación de firmas de personas que rechacen la construcción para entregarlas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en los próximos cinco días.
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No obstante, reiteraron que continuarán las manifestaciones y exigirán la eliminación de las tablas que obstruyen la visibilidad a la Laguna de Bacalar.
Sandro Ciccarelli insistió en que la zona donde se ubica el Fuerte de San Felipe debe ser protegida para evitar la alteración del patrimonio histórico y la destrucción del frágil ecosistema de la laguna en el futuro.
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Zamora, que destapó importantes casos de corrupción, denuncia una persecución política por parte de la fiscalía guatemalteca.
Un juez de Guatemala ordenó este lunes el regreso a prisión preventiva de José Rubén Zamora, un laureado periodista al que fiscales acusan de lavado de dinero en un proceso ampliamente señalado como una persecución política.
Zamora, fundador del desaparecido diario El Periódico en el que destapó importantes casos de corrupción, calificó la resolución como “arbitraria” durante su comparecencia en el tribunal.
También afirmó que el juez no tenía otra opción: “Lo dejaron acorralado, sin salida”, declaró”.
La orden del magistrado llegó después de que un tribunal superior revocara la medida de arresto domiciliario que se le había concedido previamente.
Prisión preventiva
El periodista, que durante sus más de 40 años de carrera había recibido constantes amenazas y ataques, entró en prisión preventiva en julio de 2022, acusado de lavado de dinero por la venta de un cuadro por valor de unos US$30.000.
En junio de 2023 lo condenaron a seis años de prisión, pero un tribunal de apelaciones revocó la sentencia por errores en el proceso y está a la espera de un nuevo juicio.
El 18 de octubre del año pasado, cuando llevaba 813 días entre rejas, un juez dictó que José Rubén Zamora pasara a arresto domiciliario al considerar que no tenía sentido mantenerlo en prisión preventiva.
Un mes después el tribunal superior ordenó su regreso a la cárcel, pero los abogados de Zamora habían logrado retrasar la aplicación del fallo en los últimos meses.
Zamora aseguró haber sufrido torturas durante su estancia de más de dos años en prisión y denunció ser víctima de un montaje a cargo del Ministerio Público.
Este organismo está liderado por la fiscal Consuelo Porras y su mano derecha, el fiscal Rafael Curruchiche.
Ambos figuran en las listas de “actores corruptos” de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntamente usar la justicia para beneficiar a aliados y perseguir a disidentes desde el anterior gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Bajo la mira de los fiscales
El periodista guatemalteco había destapado varias tramas corruptas vinculadas al expresidente Giammattei, entre ellas la presunta concesión de una explotación minera a una empresa rusa mediante sobornos.
La fiscalía guatemalteca sostiene que el proceso contra Zamora está completamente desvinculado de su actividad periodística, pero en la comunidad internacional se considera ampliamente una represalia y un intento de amordazarlo.
Amnistía Internacional considera las causas contra él “infundadas”, en línea con otras organizaciones internacionales.
Estas han denunciado en los últimos años una campaña represiva del anterior gobierno y los fiscales contra funcionarios, jueces y medios de comunicación independientes, con decenas de ellos en la cárcel o en el exilio.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también considera que Zamora es víctima de una persecución política de la fiscalía.
Arévalo, que asumió el cargo en enero de 2024, mantiene un tenso enfrentamiento con el Ministerio Público, dominado aún por los citados fiscales afines a Giammattei que han tratado de destituirlo del cargo en varias ocasiones.
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