Autoridades “pierden” las fichas de búsqueda de 5 de los 43 normalistas de Ayotzinapa del Registro de Personas Desaparecidas
A casi 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, las autoridades encargadas de la búsqueda y rescate de los jóvenes “perdieron” las fichas de búsqueda de 5 de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Se trata de las fichas de Carlos Iván Ramírez Villarreal, Giovanni Galíndez Guerrero, Jonás Trujillo González, José Ángel Campos Cantor y Miguel Ángel Hernández Martínez, quienes desaparecieron junto con sus compañeros tras una serie de hechos violentos la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
El extravío de las fichas de búsqueda de los estudiantes, que por ley deberían estar dentro de la consulta pública del Registro Nacional, ocurre en medio de la controversia provocada por el cruce de diversas bases de datos y de un censo “casa por casa” ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, acción con la que finalmente el Gobierno de México presumió que fueron localizadas 16 mil 681 personas desaparecidas en México, en una conferencia de prensa en la que primaron omisiones, dudas y opacidad.
También ocurre luego de que el pasado viernes 29 de diciembre de 2023, el Gobierno de México prometió abrir por dos meses todos los archivos del caso Ayotzinapa a padres de los 43 normalistas, quienes han solicitado en reiteradas ocasiones al presidente la apertura de la información sobre el caso, sobre todo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a quienes incluso les solicitaron 806 documentos de los cuales solo les han entregado 5.
Pese a lo anterior, las fichas de búsqueda de los cinco estudiantes, que deberían contener datos como la fotografía de los jóvenes, su edad al momento de la desaparición, la fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de la desaparición y señas particulares, entre otros datos, no aparecen dentro del Registro Nacional, lo que incluso se podría catalogar como una falta administrativa grave.
Animal Político buscó a la Comisión Nacional de Búsqueda(CNB), a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), para preguntar el motivo por el cual no aparecen las fichas de los cinco jóvenes, y la dependencia aseguró que la publicación de estos “boletines” responde a las “autoridades primarias”, que en este caso pudieron ser la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Guerrero o la Comisión Estatal de Búsqueda, encargadas de subir la información desde el primer momento de la desaparición.
“Para que esté un nombre en el Registro Nacional tuvo que haberlo subido una autoridad primaria o el familiar de algún desaparecido. Es la única manera. En general la Comisión Nacional, a menos que reciba una orden o reciba aquí a los familiares a los denunciantes, nosotros no hacemos, no subimos los registros, sino son las autoridades primarias”.
Este medio también buscó a la FGR para conocer el motivo por el cuál no está registrada esta información, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.
No obstante, Vidulfo Rosales Sierra, representante de las madres y los padres de los 43 de Ayotzinapa aseguró que las familias no sabían sobre la desaparición de las fichas de búsqueda de los cinco jóvenes y que “no hay motivo para ello, a menos que no hayan sido registrados”.
“Pero en su momento a todos se les realizó una ficha de búsqueda ¿correcto?”―se le preguntó―.
“Sí, a los 43 “, respondió.
Localización con vida o sin vida: las opciones para dar de baja información del Registro Nacional
De acuerdo con la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, si una persona con estatus de desaparecida o no localizada es encontrada viva o si fueron encontrados sus restos óseos se dará de baja del Registro Nacional su información, dejando constancia de ello, lo cual no debe de interferir con el seguimiento de la investigación correspondiente.
El Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas indica que entre las responsabilidades que las autoridades primarias tienen para la búsqueda inmediata de personas está realizar una entrevista inicial con familiares o testigos de la desaparición, así como registrar en el RNPDNO datos como nombre completo y apodos usuales, dirección de domicilio o centro de trabajo, rutinas, fotografías recientes, señas particulares, último contacto, vestimenta, fecha de nacimiento y edad, género, ocupación, entre otros.
Y agrega que “ninguna información que las personas entrevistadas proporcionen debe quedar sin registrar” y que las personas servidoras públicas solicitan información para orientar la búsqueda, “pero absolutamente nada de lo que obtengan puede ser usado como base para negarse a registrar y buscar diligentemente a la persona desaparecida o no localizada”.
A su vez, cuando las autoridades responsables de la búsqueda de personas desaparecidas localicen a una víctima del delito de desaparición forzada, como fue el motivo de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, tienen por obligación poner a la persona a salvo, cuidando que quienes la violentan no tengan forma de hacerle daño a ellas o a sus familiares.
“Las autoridades que realicen la localización deben notificar de los hechos a la fiscalía especializada en desaparición de la entidad de la que se trate, o, cuando se advierta la participación de agentes federales, a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República”, señala este documento.
Solo bajo este supuesto es que el protocolo indica que podrán realizar un informe de localización, que a su vez deberá consignar las decisiones y actuaciones de las autoridades responsables de la búsqueda a partir de la determinación del paradero de las víctimas, y dejar disponible para la víctima y sus familiares una copia de este informe y otra copia que se anexará a la carpeta de investigación o averiguación previa en que se investigan los delitos cometidos contra la persona localizada.
“La búsqueda de la persona debe darse de baja en el RNPDNO rellenando el formulario de localización y el informe de localización debe adjuntarse al sistema”, señala el mismo Protocolo.
Bajo esta situación se puede entender la ausencia de las fichas de búsqueda de los estudiantes Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, los tres normalistas cuyos segmentos han sido identificados hasta ahora, pero no la ausencia de las fichas de búsqueda de sus cinco compañeros, que siguen desaparecidos al día de hoy, ni tampoco las investigaciones sobre el caso.
Por otro lado, en el mismo protocolo se señala que si se realiza una localización sin vida, la notificación debe hacerse a la familia “con extrema sensibilidad”, por un equipo interdisciplinario que incluya personal especializado en psicología y asesoría jurídica, y en los casos en que la notificación sea producto de la identificación de un cuerpo o restos óseos, el equipo debe integrar también personal pericial y forense que conozca en caso o haya intervenido en la identificación, lo que no ha sucedido en los casos de las supuestas localizaciones del censo “casa por casa”.
“En los casos en que la recuperación, identificación y restitución de los restos sea materialmente imposible, la notificación debe incluir la exhibición y explicación de la totalidad del material probatorio utilizado para alcanzar esa conclusión, del cual le será entregada copia a la familia. De conformidad con el Eje Rector Operativo de Permanencia y los Principios Rectores aprobados por el CED-ONU, en estos casos el consentimiento de las y los familiares es necesario para suspender la búsqueda y darla de baja en el RNPDNO. La búsqueda no se suspenderá si entre familiares no hay consenso”.
Gobierno federal abre nuevo sitio de consulta pública sobre personas desaparecidas
Pese a lo anterior, autoridades de la CNB señalaron que el pasado mes de diciembre de 2023, el Gobierno Federal presentó un nuevo sitio de la “versión pública especial para consulta” de personas desaparecidas (que tiene la misma información de la “versión pública integral” del RNPDNO) creada a partir de la “Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada” del presidente López Obrador, con fecha de corte de la versión pública al 22 de agosto de 2023 y fecha corte de la estrategia nacional al 13 de diciembre de 2023.
“La diferencia entre una y otra es justo el tipo de búsqueda. Es decir, es un poco más amable. Esta versión lo hicimos así para que pudieran encontrar más fácil, pero es la misma versión que en la parte de arriba dice versión integral y ahí está también el registro de Excel con un poco de más datos al que se pueda acceder igual, pero es un poquito más rebuscado”, aseguraron.
En esta nueva base Animal Político buscó nuevamente la información de los 40 normalistas de Ayotzinapa que aún están desaparecidos y encontró que la información del normalista José Ángel Campos Cantor aparece como “confidencial” por ser “información reservada por la FGR”.
“Si tú los buscas en ésta (página) vas a encontrar los datos que están dentro del Registro Nacional y Registro Nacional también es el que se utiliza para generar los boletines. Sin embargo, las autoridades pueden determinar la pertinencia de que el boletín sea público o no sea público y es por eso que pueden no estar en la página de boletines y sí encontrarse dentro del Registro Nacional”, respondió la CNB.
No obstante, la información de Campos Cantor no aparece en “la versión pública integral” del Registro Nacional.
Familias identifican ‘rasurada’ de al menos 120 personas en Tamaulipas
El 28 de diciembre de 2023, la activista y defensora de derechos humanos, Delia Quiroa, denunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) que familias de víctimas de desaparición en el estado de Tamaulipas aseguraban que sus familiares no aparecían en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
“Hoy con tristeza y frustración leo los chats de familias con alguien desaparecid@ preguntando ¿cómo busco a mi hij@ en el registro? Y pienso ¿acaso lo que hizo el presidente no vuelve a desaparecer a nuestros familiares? Claro que sí, las familias están desesperadas
No solo hay que buscar a nuestros desaparecidos por todas partes sin descanso, ahora hay que estar buscandol@s en el registro nacional derivado de la “rasurada” que le dieron al censo”, escribió Quiroa, quien desde el año 2013 busca a su hermano.
Consultada por Animal Político, la también licenciada en derecho y juicios orales aseguró que hasta el momento 120 familias han identificado que los datos de sus familiares desaparecidos en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, han sido “rasurados” del Registro Nacional.
“Pero faltan más. Necesitamos el permiso de las familias (para dar a conocer los casos) y en eso estamos, porque es importante que se sepa. No sabe la cantidad de mensajes que llegan a los chats de familias, quejándose de que ya no aparece su familiar. Son demasiados”, aseguró.
Según el propio RNPDNO, Tamaulipas tiene un total de 12 mil 931 personas desaparecidas y no localizadas desde el 10 de noviembre de 1961 hasta el 31 de diciembre de 2023, de las cuales 594 desaparecieron en el último año.
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El presidente Noboa nombró a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras la suspensión de Abad por 150 días.
A solo tres meses de las elecciones en las que el presidente de Ecuador buscará renovar su mandato, el gobierno de Daniel Noboa desplazó a la vicepresidenta, Verónica Abad, de su cargo.
La decisión llega después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera de manera temporal a Abad, que además es embajadora de la paz de Ecuador ante Israel, por haberse demorado en un trámite diplomático.
Para los abogados constitucionalistas consultados, la decisión es “absoluta y abiertamente inconstitucional” debido a la legitimidad de origen del cargo de vicepresidente que es el voto directo de una mayoría de ecuatorianos.
“Es llamativo que, a través de un sumario administrativo, una funcionaria designada por el presidente –que es la ministra de Trabajo– sancione a otra funcionaria que fue elegida a través del voto popular”, le dice a BBC Mundo Sebastián López, doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
La cartera de Trabajo anunció el sábado que suspendía a la vicepresidenta por 150 días por “abandono de trabajo” al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre como estaba dispuesto, sino el 9 de ese mes.
En su lugar, el presidente designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador. Moya, que en campaña había sido pensada para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, estaba al frente de la secretaría de Planificación.
Para los analistas, la decisión del presidente de nombrar a una nueva “vicepresidenta encargada” para reemplazar a Abad debe ser leída en clave electoral.
Esto sería, dicen, porque Noboa, que buscará renovar su mandato en febrero, no quiere que Abad asuma en su lugar cuando él tenga que dimitir para empezar su campaña.
Abad asegura que en el último año Noboa no ha hecho otra cosa que inhabilitarla por varias vías para que no asuma la presidencia durante la campaña, tal como dispone la Constitución de Ecuador.
“Denuncio que [el presidente Noboa] ha vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas”, expresó Abad en un video difundido en sus redes oficiales este domingo.
Los motivos de la suspensión
Si bien el gobierno argumentó que esta decisión responde al cumplimiento del artículo 150 de la Constitución, que establece las normas para la renuncia del presidente o vicepresidente, los motivos parecen más políticos que institucionales.
La desconfianza de Noboa hacia Abad quedó expuesta a finales de 2023, cuando el presidente la nombró embajadora por la paz en Israel en un intento de mantenerla fuera del país y limitar su influencia en Ecuador.
“Es cuestionable que a través de un sumario administrativo se pretenda minar la legitimidad de una autoridad electa a través del voto popular directo”, dice el especialista en derecho Sebastián López.
En aquel momento, Abad señaló que su nombramiento como diplomática al mismo tiempo que debía ejercer el puesto de vicepresidenta no era más que una estrategia de Noboa para “alejarla” del poder.
Abad ha declarado que Noboa la ha presionado en más de una oportunidad para que renuncie a su cargo, mientras que desde el entorno de Noboa aseguran que no confían en ella para la posible sucesión temporal de la presidencia durante la campaña electoral.
Abad debía presentarse ante la embajada de su país en Turquía, país al que fue trasladada por razones de seguridad en medio del incremento de las tensiones por el conflicto de Israel en Gaza en Medio Oriente.
En ese contexto es que el Ministerio de Trabajo la sanciona por no presentarse en la fecha requerida.
“El presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero de 2025”, declaró Abad en un video que difundió en redes sociales.
Abad indicó en más de una oportunidad que se sentía perseguida y que había recibido presiones para renunciar, por eso pidió a la Asamblea que revise la resolución del Ministerio de Trabajo.
“La reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”, señaló.
Qué caminos abre la decisión
Para los especialistas en derecho, la decisión del gobierno abre un camino incierto en la política ecuatoriana que podría definirse en los próximos días.
Entre las posibilidades la vicepresidenta tiene la opción de cuestionar constitucionalmente, a través de una “acción de protección”, la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo.
“Pero me parece que los tiempos no le van a ser suficientes, a pesar de que tiene un mecanismo de impugnación”, dice el doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Para el especialista, el recurso puede ser inefectivo porque hasta que finalmente se concrete la medida habrán pasado los 150 días de sanción y deberán presentarse a una nueva elección.
La vicepresidenta desplazada apunta a responsabilizar al Estado en el plano internacional. Es decir, un cuestionamiento ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, algo que ya tiene antecedentes.
“Ecuador tendrá una responsabilidad y una condena internacional, pero muy poco de esto le importa al presidente actual”, opina el especialista.
“Lo que más me preocupa como profesor de Derecho Constitucional es cómo se ha trastocado el sentido constitucional y cómo se ha abusado de la institucionalidad”.
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