Aumenta violencia contra jornaleros de zonas agrícolas; Michoacán y Sonora con más casos
Por lo menos de tres años atrás a la fecha, los hechos de violencia en zonas agrícolas son cada vez más visibles. A pesar de ello, sigue sin existir un registro oficial certero, de acuerdo con lo documentado por académicos y organizaciones que trabajan con personas jornaleras.
Pese a que no existe una claridad cuantitativa de los hechos, entre 2011 y 2024 han ocurrido al menos 14 ataques letales a jornaleros por parte de grupos delictivos o del crimen organizado, de los cuales ocho sucedieron después de 2021, de acuerdo con un recuento elaborado por Margarita Nemecio, del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG).
Aunado a ello, cualitativamente persiste una sensación colectiva más amplia y una mayor cantidad de testimonios, tanto de experiencias registradas por la prensa como de manera directa, explica José Eduardo Calvario Parra, profesor de la Universidad de Sonora e integrante de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.
Esto se traduce en la presencia de organizaciones delictivas en los campos agrícolas que, por ejemplo, con o sin permiso de los dueños, cooptan el mercado local de cerveza o de drogas, y son responsables de la comisión de delitos de alto impacto –que son, sobre todo, los reportados con más frecuencia en los últimos tres años–.
Cinco estados concentran violencia en zonas agrícolas
Según el registro del CECIG, basado mayoritariamente en reportes de medios locales, pero sin incluir los asesinatos también perpetrados por personas armadas en los que no se supo si se trataba de grupos criminales, los hechos han ocurrido principalmente en Michoacán (6), Sonora (5), Durango, Coahuila y Zacatecas. Hay otros que no resultaron letales o no fueron documentados.
Uno de los más violentos se presentó en junio de 2021 en el campo agrícola Santa Inés, en Valle de Guaymas-Empalme, Sonora, en el que un comando armado quemó vivos a tres jornaleros agrícolas, sin que las autoridades se pronunciaran al respecto. En noviembre de 2021, el asesinato de 11 jornaleros en la comunidad de Tarecuato, en Tangamandapio, Michoacán, incluyó a seis menores de edad.
En tanto, en hechos distintos en marzo y abril de 2022, en Guaymas y Empalme, Sonora, grupos delincuenciales incendiaron seis galeras y la cocina del campo Santa Inés, donde trabajadores agrícolas perdieron todas sus pertenencias; al mes siguiente, personas armadas abrieron fuego, le quitaron la vida a un jornalero y siete más fueron lesionados. Como consecuencia, grupos de jornaleros migrantes de Oaxaca, Chiapas y Guerrero prefirieron regresar.
En 2024, tan solo durante febrero se documentaron dos hechos distintos de violencia en Tepalcatepec, Michoacán y Caborca, Sonora.
Zonas agrícolas en México: terreno “fértil” para la violencia
Al contexto cada vez más violento en las zonas agrícolas le antecede, detalla Calvario Parra, un conjunto de circunstancias, condiciones sociales, económicas y de distinta índole que han favorecido un terreno fértil para ese tipo de expresiones.
Hace apenas poco más de un mes, el ataque de un grupo armado contra 29 jornaleros –donde cuatro fueron asesinados y siete más heridos– en Caborca, Sonora en una brecha de terracería que conduce del Campo San Francisco al Ejido Yaqui Justiciero el domingo 4 de febrero, condujo a que la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas hiciera un llamado de alerta.
En el pronunciamiento emitido en ese momento se recordó que en otro hecho violento, solo un par de semanas antes, el 20 de enero de 2024 en la carretera estatal que cruza la zona agrícola de la costa de Hermosillo, familias jornaleras vivieron el fuego cruzado entre cuerpos de seguridad pública y grupos de la delincuencia organizada.
“Situaciones como las anteriores se expresan en distintos puntos geográficos del país, con especial preocupación las vemos en las zonas campesinas y agrícolas, tanto del sur como en las regiones de la agroindustria mexicana”, advirtió la Red.
El caso de los jornaleros de Caborca, acota Calvario Parra, es muy ilustrativo porque ha sido uno de los más extremos de aniquilación y ajusticiamiento, fuera equivocado o no. Sin embargo, en Sonora se han reportado también desapariciones –desde años atrás pero ahora recrudecidas–, hallazgos de fosas –en Tastiota, el Choyudo y el Triunfo– e intentos de presión y extorsión que no llegaron a resultados funestos.
“Esto ha estado velado, había estado más soterrado ahí, pero sí la presencia y el aumento de estos casos, por medio del registro de la prensa también, ha tenido mayor exposición”, precisa el académico.
“Un cóctel desde hace décadas”
Calvario Parra, que desde 2002 ha dado seguimiento al poblado Miguel Alemán, en la zona de la costa de Hermosillo, diagnostica que la situación actual es, al mismo tiempo, el resultado de “un cóctel desde hace décadas” en el que de manera cada vez más densa van combinándose factores: un débil desarrollo comunitario, de atención, de infraestructura, y de servicios básicos como salud y educación.
Marco –cuyo nombre fue cambiado– ha trabajado en varias zonas agrícolas de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Durango. Considera que en el trabajo agrícola ya hay mucha decadencia por la paga y porque siempre se batalla para costear alojamiento y traslados, pues no existen apoyos por parte del gobierno ni de los patrones.
“Uno se la tiene que ingeniar solo, ora sí que con la ayuda de Dios, porque la verdad no hemos contado con apoyos. Incluso si uno sale fuera (a trabajar), queda uno fuera también de los apoyos que entregan en las comunidades, cuando también tenemos derechos”, dice el jornalero, que trabaja cinco o seis días a la semana –en promedio seis a siete horas al día–, según la demanda de trabajo.
En el lugar donde está ahora, explica, le toca viajar de 30 minutos hasta una hora y media cada día, dependiendo de a dónde lo lleven a trabajar. Ahí lleva alrededor de cuatro meses, y pronto regresará a Guerrero, su lugar de origen, para estar con su familia, y después salir a trabajar de nuevo. “Es la única manera en que uno se puede ayudar para sostener a la familia”, cuenta.
Los albergues cercanos a los campos agrícolas no siempre son suficientes, por lo que hay que conseguir donde quedarse, señala, con una jornada que se paga entre 300 y 350 pesos al día. Aunque él no ha vivido personalmente un hecho de violencia, hace énfasis en que no deberían existir motivos para molestarles.
“De aquí nos vamos a Michoacán, de ahí a Zacatecas; sí ha habido casos, problemas así, de matazones, pero pues uno va de donde vive al trabajo, y de regreso. Gracias a Dios no nos ha tocado ese tipo de problema”, afirma. Ahora en la pizca de tomatillos, está rentando una “casita” de un amigo junto con su esposa, que también trabaja en el campo.
Le gustaría que el gobierno federal o los estatales pudieran apoyar a las personas jornaleras agrícolas, “porque últimamente se han olvidado”. Como ciudadano, afirma, tiene los mismos derechos que el resto. Han sido tantos años, que ya no recuerda el momento exacto en el que dejó de recibir apoyo, pero asegura que ha sido así por lo menos los dos últimos sexenios.
Las carencias y precariedad que están en el fondo del olvido del campo y de que no existan estadísticas certeras sobre los hechos violentos que ocurren en ese entorno, también están relacionadas –apunta Calvario Parra– con los vaivenes en la administración pública, que no han permitido diseñar políticas públicas de intervención a mediano o largo plazo.
“Son como efecto curita: parchecitos aquí, parchecitos allá, pero se requiere mayor presupuesto a las zonas, a las localidades, a las comunidades, y también se requiere un programa que focalice en particular a la población jornalera, tanto migrante asentada como migrante pendular, itineraria, golondrina”, precisa.
Eso permitiría impulsar no solamente el aspecto económico en torno a los dueños de los campos agrícolas, sino también el componente social, que conserva un rezago mucho más marcado que otros sectores. En ese sentido, cuenta, la Red ha hecho un esfuerzo –que es el motivo de su aparición y existencia– para tratar de visibilizar y colaborar en activar mecanismos que permitan el respeto a derechos laborales y humanos, a la dignidad y al trabajo digno.
Desde 2013, y cada vez más presente
Paulino Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan –con sede en Tlapa, Guerrero–, relata que el primer hecho violento que la agrupación tiene documentado en zonas agrícolas data de 2013, cuando un grupo de cinco jornaleros fueron confundidos, atacados y asesinados por un grupo de delincuencia organizada en La Piedad, Michoacán.
“Fue el primer caso que documentamos de cuestiones de esa naturaleza, que desde ese año la delincuencia organizada ha trastocado la vida de la población jornalera agrícola migrante”, afirma. Más de 10 años después, recuerda que un caso reciente se presentó en el último trimestre de 2023 en la zona de Yurécuaro, nuevamente en Michoacán.
En ese hecho, dos jornaleros fueron secuestrados por la delincuencia organizada al cargar sus camionetas. “Los privaron de la libertad, los tuvieron prácticamente casi una semana, pero lo que nos cuentan las víctimas es que el grupo de la delincuencia organizada en esa zona vio que no formaban parte de ningún grupo contrario al de ellos, y los soltaron pero ya no les devolvieron la camioneta”, relata.
Esa es la situación que enfrentan las familias jornaleras en diferentes zonas de Zacatecas, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua y Sonora, subraya Rodríguez. Uno de los fenómenos que ha detectado Tlachinollan es que algunos integrantes de grupos delincuenciales creen que las personas jornaleras ganan mucho dinero en su labor, a veces solo por traer un vehículo propio, lo cual los ha convertido en blanco de esas situaciones.
Por otro lado –afirma– existen varias zonas agrícolas, empleadores e incluso empresas grandes que recurren a grupos relacionados con la delincuencia organizada para proteger sus áreas de cultivo, por lo que cuando las familias jornaleras tratan de ejercer sus derechos, esos mismos grupos son usados para hostigarlas, amedrentarlas, privarlas de la libertad e incluso amenazarles de muerte.
“Por ejemplo, en la zona agrícola de Guanajuato se han presentado casos, mismo en la zona viñera de Sonora, donde estos grupos de la delincuencia organizada, en complicidad con los encargados de esas agrícolas, se da mucho también la trata de personas, en particular hacia las mujeres; es otro de los casos que documentamos en coordinación con la Red allá en Sonora hacía dos años”, explica.
Entérate: Trabajadoras agrícolas en Sinaloa: de ser blanco de violencias a la organización en sus comunidades
Pese a los casos cada vez más conocidos, desde aquel sucedido en La Piedad, Michoacán, fuera de la reacción inicial que obedece a la presión pública, generalmente las autoridades se deslindan, no hay investigaciones y prevalece la impunidad. “Sobre todo, dejan aún más desprotegidas a estas familias que en su momento hayan pasado una situación de esa naturaleza”, añade.
En su opinión, la delincuencia organizada últimamente se ha generalizado mucho más en las zonas agrícolas, a donde migran muchas familias que luchan para sobrevivir. Por ello, las autoridades deberían estar pendientes de atender y garantizar protección a las personas jornaleras. Hasta que se presenta un caso lamentable, dice, es cuando el gobierno voltea a ver.
Para Calvario Parra, esta problemática –y todas las carencias que de por sí enfrentan las personas trabajadoras agrícolas– requiere una labor conjunta entre organizaciones, sociedad civil y los tres niveles de gobierno, pero también de sindicatos y del sector patronal. Pese al rezago histórico, aclara, hay algunos avances, sobre todo en normativa y mejora del salario mínimo. “No es que todo sea desolador, pero es tal el rezago que se requiere más”, puntualiza.
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El subsuelo del país guarda grandes depósitos de hierro, bauxita y oro, pero también se cree que hay abundantes reservas de coltán y de tierras raras, muy demandadas por la industria tecnológica.
Venezuela y el petróleo son casi sinónimos.
Durante más de un siglo, el país sudamericano fue uno de los principales productores de crudo del mundo y a finales de la década pasada se confirmó lo que hasta entonces era una sospecha: posee la principal reserva de este hidrocarburo del planeta.
El suelo venezolano alberga unos 300.000 millones de barriles de crudo, sobre todo extrapesado, superando los 260.000 millones que tiene Arabia Saudita (el mayor productor), según datos del anuario estadístico de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
“Aquí está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí, en Venezuela, tenemos petróleo para más de 100 años”, declaró con insistencia el fallecido presidente Hugo Chávez.
Sin embargo, en las entrañas del suelo venezolano no solo hay crudo, sino también grandes yacimientos de distintos metales y minerales.
Durante años, Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, achacaron sus malas relaciones con Estados Unidos al interés de Washington por apropiarse de esos recursos.
“¿Cuál es la meta del gobierno actual de EE.UU.? Ya lo han dicho: agarrarse todo el petróleo de Venezuela, el oro, las tierras raras, las riquezas de Venezuela”, declaró Maduro en una entrevista difundida el 1 de enero, dos días antes de la inédita operación militar que Donald Trump ordenó ejecutar contra Venezuela y la cual terminó con la captura del gobernante y de su esposa, Cilia Flores.
Las primeras palabras del mandatario estadounidense luego de esos sucesos parecieron confirmar las sospechas.
“Lo que necesitamos (de las autoridades interinas venezolanas) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, dijo Trump.
Para los analistas consultados por BBC Mundo y para el propio gobierno interino venezolano esas “otras cosas” que no especificó el mandatario estaounidense parecen incluir los también vastos yacimientos minerales del país.
Un amplio inventario
“En Venezuela no solamente existe el petróleo como recurso mineral importante, sino que también hay otros, una minoría de los cuales han comenzado a ser explotados”, le dijo a BBC Mundo el geólogo venezolano Gustavo Coronel.
¿Cuáles son esos minerales? “El hierro, la bauxita y el oro”, enumeró el experto, quien fue uno de los directivos fundadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Por su parte, Emiliano Terán Mantovani, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) agregó a la lista “los diamantes, el coltán, el níquel, el cobre y el carbón”. Terán Mantovani es un investigador especializado en los impactos en América Latina del llamado “extractivismo” (la explotación y exportación de grandes volúmenes de recursos naturales con escaso procesamiento).
Las autoridades, entretanto, han asegurado que en el país hay al menos 50 minerales y estiman que unos 15 pueden ser explotados comercialmente.
Según el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), organismo adscrito a la Vicepresidencia venezolana, el país tiene la octava reserva mundial de hierro, con 14.721 millones de toneladas métricas, y posee más de 321 millones de toneladas de bauxita, que es la materia prima para obtener aluminio metálico, con el cual se fabrican aviones, automóviles y otros productos.
En lo que se refiere al oro, el CIIP asegura que el país alberga entre 2.200 y 8.000 toneladas, lo que convertiría a Venezuela en la segunda reserva mundial de este metal precioso. No obstante, los expertos consultados por BBC Mundo advirtieron que esos datos no han sido verificados independientemente.
“Nadie sabe, ni siquiera el gobierno, a cuánto ascienden las reservas probadas de oro, porque la explotación ha sido muy desorganizada y no se han realizado más estudios”, afirmó Coronel.
La mayoría de los yacimientos de estos minerales se ubican al sureste del país, en particular en la región de Guayana, conformada por los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, y algunos de ellos son explotados desde hace varias décadas.
Sin embargo, en otras partes del país como en la península de La Guajira, en el occidental estado Zulia, fronterizo con Colombia, hay depósitos de carbón; mientras que los de cobre están esparcidos por el centro-norte y el nororiente.
El misterio de las tierras raras
En los últimos años, las autoridades venezolanas han asegurado que en el país hay depósitos de las llamadas tierras raras —esos 17 elementos químicos tan demandados actualmente para fabricar baterías, pantallas, imanes y otros equipos tecnológicos—, una afirmación que los expertos respaldan.
“En el año 1971 se hizo un levantamiento aeromagnético y se detectó la presencia de tierras raras en el cerro Impacto, ubicado entre los estados Bolívar y Amazonas”, aseguró Coronel.
El torio —un elemento altamente radioactivo y muy apreciado en la industria nuclear— fue identificado junto con el niobio y el tantalio, se lee en un informe del Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés) fechado en 1990.
No obstante, el organismo estadounidense no incluye al país sudamericano entre aquellos que poseen depósitos de tierras raras por falta de datos. ¿La razón? Décadas después de los primeros hallazgos, todavía se desconoce qué tan importantes son estos yacimientos.
“Esos minerales están en una zona de difícil acceso, con abundante vegetación y están cubiertos por una enorme cantidad de sedimentos, por lo cual se requiere de excavaciones y perforaciones que afectarían seriamente el medio ambiente”, explicó Coronel.
Por su parte, las autoridades han asegurado que los depósitos de estos elementos, así como de coltán —un mineral crítico, también muy demandado por la industria tecnológica civil y militar—, son grandes.
“Las reservas (de coltán) en Venezuela pudieran, en una evaluación muy preliminar, aproximarse a los US$100.000 millones”, aseveró Chávez durante un discurso en el Parlamento en 2010.
No obstante, no fue sino ocho años después cuando se conoció la primera exportación del llamado “oro azul”.
En 2018, el entonces ministro de Desarrollo Minero, Víctor Cano, anunció que cinco toneladas de coltán, por un valor de US$330.000, fueron vendidas a Italia.
Desde entonces, no se ha informado de nuevos envíos de este mineral al exterior, al menos de manera formal, pero reportes de organizaciones ambientalistas y de medios locales apuntan a un creciente contrabando del mineral.
El plan B
Aunque la tradición minera venezolana se remonta a tiempos de la colonia, nunca fue un motor de la economía venezolana, pese a su potencial.
No obstante, esto cambió a partir de la segunda mitad de la década pasada.
“Debido a la caída de la producción petrolera, Maduro decretó en 2016 el Arco Minero del Orinoco para explotar los minerales de la zona, en particular el oro, que ha tomado protagonismo debido a que sus elevados precios internacionales”, recordó Terán.
El Arco Minero es una vasta zona de más de 110.000 kilómetros cuadrados, equivalente al 12% del territorio venezolano, ubicada al norte de los estados Amazonas, Bolívar y el sur de Delta Amacuro, cerca de la Faja Petrolífera del Orinoco, donde están el grueso de las reservas de crudo venezolanas.
El Arco fue dividido en cuatro bloques dependiendo de la preponderancia de yacimientos minerales que contienen.
“Se esperaba que unas 150 empresas participaran en la explotación del Arco, pero la falta de seguridad jurídica, la agudización de la crisis política y las sanciones internacionales lo frustraron”, explicó el experto.
El sector minero también fue objeto de expropiaciones durante el gobierno de Chávez y algunas de esas disputas siguen en tribunales internacionales.
“A partir de allí, el gobierno recurrió a la pequeña minería para recabar el oro, actividad que no siempre respeta el medioambiente ni a las comunidades indígenas”, agregó Terán.
Y como si lo anterior no fuera suficiente, el experto denunció que “el crimen organizado se expandió en la zona gracias a su asociación a sectores militares que se han enriquecido con el negocio minero”.
Las autoridades, por su parte, han reconocido que en la zona se han producido hechos irregulares. “Se llevan el oro, el coltán, los diamantes”, admitió Maduro el 5 de enero de 2018. No obstante, los funcionarios aseguran que estos son casos aislados y aseguran que sus responsables son perseguidos.
Pese los obstáculos, la explotación de oro ha aumentado de manera constante en los últimos años, llegando a cifras sin precedentes de entre 40 y 50 toneladas al año, lo cual representa entre US$2.700 y US$3.300 millones, según fuentes nacionales e internacionales.
Sin embargo, solo una pequeña porción de esos fondos ha terminado en las arcas públicas.
“Al Banco Central de Venezuela (BCV) apenas estaría ingresando 8% del oro explotado por concepto de regalías y 6% por autorizar las exportaciones, mientras las organizaciones criminales se estarían quedando con alrededor de 20% y las alianzas estratégicas vinculadas a la élite política con 66%”, denunció la organización Transparencia Venezuela en un informe publicado en 2024.
Las autoridades han sido muy opacas en cuanto a la producción de oro y no informan cuánto ingresa al BCV por este concepto. Este mes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que el oro “mantiene el servicio exterior” (embajadas y consulados) y financia “a los deportistas venezolanos” que asisten a competencias internacionales, al tiempo que reveló que en 2025 se extrajeron 9,5 toneladas del metal.
Las minas están en la mira
Más allá de la petición de Trump de “acceso total”, otros funcionarios estadounidenses han dejado en claro el interés de Washington por los otros recursos naturales venezolanos.
“Tienen hierro y todos los minerales críticos, tienen una gran historia minera que se ha oxidado, pero el presidente Trump va a arreglarlo y recuperarlo”, anunció el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, horas después de la captura de Maduro y Flores.
A lo anterior hay que sumarle que la bauxita, el níquel, el cobre y el carbón —que también posee Venezuela— fueron incorporados en noviembre de 2025 a la lista de minerales críticos fundamentales para la economía de EE. UU. que elabora el USGS, el Servicio Geológico de ese país.
“Los minerales críticos sustentan industrias por valor de billones de dólares, y la dependencia de las importaciones pone en riesgo sectores clave”, advirtió Ned Mamula, director del USGS.
Los expertos dieron por hecho que el interés de Washington no se limitará al petróleo, pues la administración estadounidense ha dejado en claro que quiere diversificar su cadena de materias primas.
“El oro es parte del interés de EE.UU. en esta nueva situación. No es desconocido que el presidente Trump tiene una especial predilección por el oro como lo prueba la decoración de su oficina en la Casa Blanca”, apuntó Coronel.
No obstante, el geólogo expresó preocupación por cómo puedan explotarse algunos minerales.
“Un gobierno democrático seguramente dejaría intacta la zona del cerro Impacto, ya que existe el riesgo de un desastre ecológico. Pero temo que ahora algunos países que necesitan desesperadamente esos minerales podrían presionar para abrir la zona a la exploración, y uno de ellos es, obviamente, EE. UU.”, dijo.
Terán también expresó inquietud por las apetencias de Washington.
“No está de más decir que aquí no hay ningún miramiento ambiental ni preocupación por la democracia o los derechos humanos; lo que estamos viendo son señales de unos acuerdos bastante subordinados que ponen en peligro la idea de soberanía que tuvimos”, advirtió.
Sin embargo, firmas especializadas como GlobalData Energy han expresado dudas sobre la capacidad de Venezuela para convertirse en un suministrador confiable de minerales para EE. UU. a corto plazo.
¿Por qué? Por la carencia de infraestructura moderna en el país, de estudios confiables sobre sus reservas y, sobre todo, de un marco jurídico estable, se lee en un informe publicado recientemente.
Este último aspecto ya está siendo atendido por las autoridades venezolanas, las cuales se han mostrado dispuestas a abrir los yacimientos minerales a la inversión privada.
“Esas inmensas reservas de petróleo (de Venezuela) tienen que ser sacadas para convertirlas en escuelas, en hospitales, (…) debajo de la tierra no le sirven a nadie”, declaró el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada—, al defender la veloz reforma a la Ley de Hidrocarburos, la cual revierte parte del modelo estatizador impuesto por el chavismo en las últimas dos décadas.
Entre los 29 textos que el oficialismo prevé modificar también figura que el regula la minería.
Mapa por Caroline Souza, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo
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