Suicidios de mujeres en Cefereso 16 fueron por abandono y sentencias judiciales, dice Estado; organizaciones acusan aislamiento
Representantes del Estado mexicano dijeron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las condiciones que han llevado a 19 internas del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 16 de Morelos a suicidarse son “atribuibles a ellas” y a las “sentencias que dictan los jueces y magistrados del Poder Judicial”.
Durante la primera audiencia sobre el tema celebrada este martes por la mañana en la sede de la CIDH en Washington D.C., representantes del Estado mexicano refirieron que una de las causas del alza en los suicidios en el Cefereso 16 de Morelos se debe al abandono que han sufrido las internas por parte de sus familias, por lo que se ha trabajado en medidas para poder acercar a las partes.
En respuesta, representantes de organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos expresaron su rechazo a esta postura y señalaron que si hay un abandono es porque la mayoría de las internas originarias de otros estados fueron trasladadas a este centro penitenciario en Morelos, a donde resulta muy costoso llegar.
Además, insistieron en que es una obligación del Estado garantizar el derecho a la preservación del vínculo familiar de las internas.
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En cuanto a las sentencias del Poder Judicial, la magistrada Taissia Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), admitió que el sistema de justicia cuenta con problemas estructurales pero en lo que respecta a estos casos, algunas mujeres contaban con resoluciones judiciales favorables para recibir atención médica adecuada.
En la sesión se encontraban representantes de organismos de protección de derechos humanos como ASILEGAL, Documenta, el Instituto de Justicia Procesal Penal, así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), quienes promovieron esta audiencia después de que el pasado 6 de noviembre se registraron dos nuevos suicidios en el Cefereso 16 de Morelos, con los que suman un total 19 casos en los últimos tres años.
El objetivo del encuentro fue abordar esta situación que ha despertado alarmas sobre las condiciones de internamiento que ha llevado a que las mujeres pierdan la vida, así como promover políticas que permitan prevenir estos casos, investigarlos y garantizar la no repetición.
Por su parte, integrantes de la CIDH celebraron la asistencia de representantes del Estado mexicano a la sesión y sugirieron tomar en cuenta la propuesta de las organizaciones de llevar a cabo una mesa de trabajo conjunta para analizar las políticas que deberían implementarse para evitar que las internas recurran a esta práctica.
Asimismo, el comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana hizo un llamado a las autoridades mexicanas a permitirle realizar una revisión de las condiciones del centro penitenciario con el objetivo de encontrar oportunidades de apoyo y asistencia técnica.
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Traslado de mujeres privadas de la libertad al Cefereso 16 de Morelos
En 2021, el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador realizó modificaciones a los contratos de ocho prisiones privadas del país con el objetivo de ahorrar más de 41 mil millones de pesos.
Los contratos fueron celebrados en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, entre el entonces secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, y particulares, para la construcción y operación de ocho penales.
López Obrador señaló en ese entonces que se trataba de contratos “leoninos” por ser “muy favorables para las empresas y muy malos para la hacienda pública, para el pueblo”.
Tras esta medida, se intensificó el traslado de personas privadas de la libertad (PPL) de penales estatales a penales federales, incluidos los ocho privados, con el pretexto de “mantener la gobernabilidad de los centros penitenciarios del país”.
Las autoridades realizaron los traslados sin seguir el protocolo y concentrando gran parte de los traslados en los mismos penales privados criticados por el gobierno federal, que concentran recomendaciones y quejas sin resolver ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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Entre las personas afectadas se encontraban mujeres de distintos centros penitenciarios de Sonora, quienes en septiembre de 2022 fueron trasladadas al Cefereso 16 en Morelos, a más de dos mil kilómetros de sus hermanas, madres, hijas e hijos, abuelas, familiares y abogados.
Tan sólo dos días después del traslado más de 400 mujeres recluidas en el centro penitenciario se intoxicaron con la comida del lugar, de las cuales sólo cinco fueron atendidas en el servicio hospitalario.
De acuerdo con Salvador Leyva, abogado defensor de derechos humanos, mientras las mujeres esperan su sentencia dentro de este penal sufren condiciones indignas por falta de atención médica, alimentos insalubres, escasez de agua potable, ausencia casi total de oportunidades laborales y aislamiento de sus familias y redes de apoyo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido dos recomendaciones al respecto. Una por violaciones al derecho a la alimentación, protección a la salud y al trato digno en agravio de las 404 mujeres intoxicadas dentro del penal. Y otra dirigida al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) en la que determinó que se vulneraron los derechos humanos a la reinserción social, a la igualdad y a la no discriminación de cinco internas.
En el último documento, la CNDH observó que las cinco mujeres “estaban en riesgo debido a la falta de atención médica especializadas en salud mental y la ausencia de actividades que favorecieran su estabilidad emocional y reinserción social”.
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Donald Trump ha intentado distanciarse del polémico proyecto promovido por un grupo de reflexión conservador para reformar el gobierno federal.
Con su victoria en las elecciones de este martes, Donald Trump es el hombre del momento en Estados Unidos.
Su triunfo en la carrera por la Casa Blanca sobre la candidata demócrata Kamala Harris, ha completado un regreso triunfal al poder que lo ha convertido en un héroe para muchos de sus seguidores.
Los focos se centran ahora en el presidente electo y surgen muchas preguntas sobre las decisiones que tomará en su segunda presidencia.
Durante la campaña fue objeto de atención y polémica el llamado Proyecto 2025, una iniciativa de un grupo conservador para reformar el gobierno federal.
Aunque el propio Trump ha intentado distanciarse, los demócratas y otros detractores del presidente electo creen que el Proyecto 2025 es en realidad su plan oculto de gobierno.
La propuesta fue creada por la Fundación Heritage y ha sido vinculada a Trump porque varios de sus antiguos funcionarios contribuyeron al plan.
El planteamiento, de más de 900 páginas, contempla el despido de miles de funcionarios, la ampliación del poder del presidente, el desmantelamiento del Departamento de Educación y otras agencias federales, así como recortes fiscales radicales.
Kamala Harris y los demócratas intentaron movilizar a los votantes contra un plan que, según el presidente Joe Biden, “destruiría Estados Unidos” de llevarse a cabo.
“No tengo ni idea de quién está detrás [del Proyecto 2025]”, escribió Trump en su red social Truth Social. “No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen y algunas de las cosas que dicen son absolutamente ridículas“.
Un portavoz de la iniciativa dijo hace meses en redes sociales que el Proyecto 2025 “no habla en nombre de ningún candidato o campaña”.
La Fundación Heritage dio a conocer el proyecto en abril de 2023 y desde entonces ha suscitado la preocupación y las críticas de los sectores que en Estados Unidos se describen como “liberales”.
A principios de julio, el presidente de Heritage, Kevin Roberts, planteó la perspectiva de la violencia política durante una entrevista en un podcast.
“Estamos en el proceso de la segunda revolución estadounidense, que seguirá siendo incruenta si la izquierda lo permite”, dijo Roberts al podcast War Room, fundado por el asesor de Trump Steve Bannon.
En respuesta, la campaña demócrata, entonces todavía encabezada por Biden, acusó a Trump y a sus aliados de “soñar con una revolución violenta para destruir la idea misma de Estados Unidos“.
Es habitual que los centros de estudio de Washington propongan listas de deseos políticos para posibles gobiernos en ciernes.
¿Qué más ha dicho Trump sobre el Proyecto 2025?
A principios de julio, Trump aseguró en su plataforma de redes sociales que no sabe “nada sobre el Proyecto 2025”.
“Cualquier cosa que hagan, les deseo suerte, pero no tengo nada que ver con ellos”, afirmó.
Sin embargo, varias personas vinculadas al proyecto trabajaron en el gobierno de Trump o como aliados en su campaña de reelección.
- El director del Proyecto 2025, Paul Dans, fue jefe de personal de la Oficina de Gestión de Personal bajo el mandato de Trump.
- El director asociado Spencer Chretien fue asistente especial de Trump y director asociado de Personal Presidencial.
- El asesor Russell Vought trabajó en la Oficina de Gestión y Presupuesto de Trump.
¿Qué es el Proyecto 2025?
El documento del Proyecto 2025 esboza cuatro objetivos principales: restaurar la familia como pieza central de la vida estadounidense; desmantelar el Estado administrativo; defender la soberanía y las fronteras de la nación; y garantizar los derechos individuales otorgados por Dios para vivir libremente.
Es uno de los varios documentos políticos de una plataforma conocida como Agenda 47, así llamada porque Trump será el 47º presidente de Estados Unidos.
la Fundación Heritage dice que el Proyecto 2025 fue escrito por varios exfuncionarios designados por Trump y refleja los aportes de más de 100 organizaciones conservadoras.
Aquí te presentamos un resumen de varias propuestas clave.
Gobierno
El Proyecto 2025 propone que toda la burocracia federal, incluidas agencias independientes como el Departamento de Justicia, quede bajo control presidencial directo, una controversial idea conocida como “teoría del ejecutivo unitario”.
En la práctica, eso agilizaría la toma de decisiones, lo que permitiría al presidente aplicar de manera directa sus políticas en una serie de ámbitos.
Las propuestas también abogan por eliminar la protección laboral de miles de empleados públicos, que podrían ser sustituidos por cargos políticos.
El documento califica al FBI de “organización hinchada, arrogante y cada vez más al margen de la ley” y aboga por revisiones drásticas de esta y otras agencias federales, incluida la eliminación del Departamento de Educación.
Inmigración
En el documento se propone aumentar la financiación para un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, una de las promesas emblemáticas de Trump en 2016.
Sin embargo, lo más destacado es la consolidación de varias agencias de inmigración estadounidenses y una gran expansión de sus poderes.
Otras propuestas incluyen eliminar categorías de visas para víctimas de delitos y trata de personas, aumentar las tarifas a los inmigrantes y permitir solicitudes por vía rápida para los inmigrantes que pagan una prima.
No todos esos detalles se repiten en la plataforma del Partido Republicano, pero la formación quiere implementar el “mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Esa idea fue uno de los principales argumentos de Donald Trump ante los votantes.
Clima y economía
El documento propone recortar drásticamente el dinero federal para la investigación y la inversión en energías renovables y pide que el próximo presidente “detenga la guerra contra el petróleo y el gas natural”.
Los objetivos de reducción de carbono serían reemplazados por esfuerzos para aumentar la producción y la seguridad energética.
El documento expone dos visiones contrapuestas sobre los aranceles y está dividido sobre si el próximo presidente debería intentar impulsar el libre comercio o levantar barreras a las exportaciones.
Pero los asesores económicos sugieren que un segundo gobierno de Trump debería recortar los impuestos a las corporaciones y sobre la renta, abolir la Reserva Federal e incluso considerar un retorno a la moneda respaldada por oro.
Aborto
El Proyecto 2025 no exige una prohibición del aborto a escala nacional.
Sin embargo, propone retirar del mercado la pastilla abortiva mifepristona.
El documento propone nuevos esfuerzos de recopilación de datos sobre el aborto y, de manera más general, sugiere que el Departamento de Salud y Servicios Humanos debería “mantener una definición de matrimonio y familia con base bíblica y reforzada por las ciencias sociales”.
Al menos en lo que respecta al aborto, el documento difiere bastante sustancialmente de la plataforma republicana, que sólo menciona la palabra “aborto” una vez.
La plataforma dice que las leyes sobre el aborto deberían dejarse en manos de los estados individuales y que los abortos tardíos (que no definen) deberían prohibirse, una visión a la que Trump se ha aferrado en gran medida.
La plataforma del partido añade que se debe proteger el acceso a la atención prenatal, el control de la natalidad y la fertilización in vitro, y no menciona la limitación de la distribución de mifepristona.
Tecnología y educación
Según las propuestas del Proyecto 2025, se debería prohibir la pornografía y cerrar las empresas de tecnología y telecomunicaciones que facilitan el acceso a dicho contenido.
El documento exige la posibilidad de elección de escuela y el control de los padres sobre los centros educativos y apunta a lo que llama “propaganda despierta”.
Propone eliminar una larga lista de términos de todas las leyes y regulaciones federales, incluidos “orientación sexual”, “diversidad, equidad e inclusión”, “igualdad de género”, “aborto” y “derechos reproductivos”.
Jared Huffman, un congresista demócrata de California, lanzó el grupo de trabajo Stop Project 2025.
Describió el Proyecto 2025 como “un complot distópico que ya está en marcha para desmantelar nuestras instituciones democráticas”.
Huffman dijo que el proyecto “aboliría los controles y equilibrios, socavaría la separación Iglesia-Estado e impondría una agenda de extrema derecha que infringe las libertades básicas y viola la voluntad pública”.
“Necesitamos una estrategia coordinada para salvar a Estados Unidos y detener este golpe antes de que sea demasiado tarde”, dijo Huffman antes del triunfo electoral de Trump.
La Fundación Heritage es uno de los centros de estudios más influyentes que ha elaborado documentos de políticas diseñados para guiar una posible segunda presidencia de Trump.
Desde la década de 1980, ha producido documentos políticos similares como parte de su serie Mandato para el Liderazgo.
El Proyecto 2025, respaldado por un presupuesto de US$22 millones, también establece estrategias para implementar políticas que comenzarán después de la toma de posesión presidencial en enero de 2025.
En sus discursos y en su sitio web, Trump ha respaldado una serie de ideas incluidas en el Proyecto 2025, aunque su campaña ha dicho que él tiene la última palabra sobre la política.
Muchas de las propuestas enfrentarían desafíos legales inmediatos si se implementaran.
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