“Pacientes internados seguirán recibiendo atención”, dicen autoridades sobre nuevo modelo de salud mental
Con las recientes reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental, uno de los temas que ha causado preocupación es qué pasará con aquellos pacientes con tratamiento psiquiátrico que están internados, pues las reformas instruyen que los hospitales psiquiátricos se transformen en hospitales generales.
Contrario a lo que se especuló sobre que los dejarían salir de las instituciones sin ninguna atención y seguimiento, Juan Manuel Quijada Gaytán, director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud federal (Ssa), aseguró que la atención a estos pacientes no se verá modificada y mucho menos se cancelará.
“Lo último que pensaríamos definitivamente es dejarlos a su suerte, es todo lo contrario”, subrayó el funcionario.
En los tres hospitales psiquiátricos a cargo de la Secretaría de Salud, por ejemplo, hay 101 pacientes que están internados y reciben atención permanente. Se trata de personas, hoy adultos mayores, que fueron abandonadas y han estado en estos espacios por al menos 50 años.
En el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, la dependencia reportó no tener pacientes crónicos internados, mientras que en el psiquiátrico infantil Juan N. Navarro hay nueve pacientes mayores de 60 años —en su mayoría mujeres que fueron abandonadas en su niñez—.
“En el hospital Samuel Ramírez Moreno, que es un hospital psiquiátrico de adultos, ahí tenemos aproximadamente 92 pacientes que ahí viven y que, igual que lo que te acabo de comentar, la mayoría son mayores o adultos mayores porque hace 40 o 50 años fueron abandonados en la institución”, informó Quijada Gaytán.
Agregó que son estos hospitales los que han tenido que cargar con la demanda de atención de la población que bien puede darse —y es lo que proponen las reformas— en unidades de primer y segundo nivel.
“Al haber una repartición más equitativa en la demanda de atención, estos hospitales psiquiátricos tendrán mucha mayor oportunidad de darle mejores condiciones a estos pacientes que allí viven (porque) lo último que pensaríamos, desde luego, sería no brindarles un lugar, al revés, estamos muy comprometidos principalmente con ellos y esta transformación, esta reforma, nos ayudará a poder darles —incluso— mejores condiciones a estos pacientes que ya viven en esos hospitales”, explicó el funcionario.
Concretar la transformación del modelo de atención a la salud mental y adicciones no será una labor fácil ni pasará de la noche a la mañana, incluso, aceptó el funcionario, es posible que no se termine de concretar al término de la presente administración, sin embargo, sí se tiene como objetivo dejar los cimientos del plan para que ya no haya retroceso.
“La expectativa es que no haya marcha atrás, para que no queramos volver al modelo asilar, al de los manicomios, sino a un modelo comunitario con respecto a los derechos humanos. Eso es a lo que aspiramos, y por supuesto, en algún momento en el que la gente pueda, sin mayor temor, hablar de sus emociones, hablar de lo que está sintiendo y pedir ayuda cuando lo considere necesario”, agregó el director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud federal.
Internamiento: la última opción
Aunque las reformas hechas a la Ley General de Salud en materia de salud mental contemplan la reconversión paulatina de los hospitales psiquiátricos a hospitales generales, esto no quiere decir que los usuarios que así lo requieran y/o decidan, no podrán ser internados para recibir la atención necesaria.
En este sentido, los cambios al artículo 75 detallan que el internamiento de la población usuaria de los centros de salud mental, así como las personas con consumo de sustancias psicoactivas y de adicciones, será el último recurso terapéutico y deberá ajustarse a los principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.
En tanto, “el internamiento sólo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria y cuando aporte mayores beneficios terapéuticos para la persona que el resto de las intervenciones posibles”. Deberá llevarse a cabo en el Hospital General o pediátrico más cercano al domicilio del usuario y solo por el tiempo estrictamente necesario.
“Por ningún motivo el internamiento puede ser indicado o prolongado, si tiene el fin de resolver problemas familiares, sociales, laborales o de vivienda y de cuidado del paciente”, precisa la legislación.
De acuerdo con la Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM), los trastornos mentales afectan a casi el 30% de la población y solo uno de cada 5 pacientes recibe tratamiento médico.
En lo que respecta a los ingresos a hospitales psiquiátricos se estima que un 67% son involuntarios debido a la condición de gravedad con la que las personas usuarias de los servicios de salud mental llegan a estos espacios, por lo que ahora, como parte de las modificaciones a la Ley General de Salud, se pone en primer término la existencia de un consentimiento informado para recibir o rechazar los servicios de salud.
Incluso, se estipula que este puede estar contenido en un documento de voluntad anticipada.
“En situaciones en las que una persona no pueda dar su consentimiento para un tratamiento en un momento específico por ningún medio, no exista un documento de voluntad anticipada, y su salud se encuentre en tal estado que, si el tratamiento no se administra de inmediato, su vida estaría expuesta a un riesgo inminente o su integridad física a un daño irreversible, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato a preservar la vida y salud del usuario dejando constancia en el expediente clínico, otorgando informe justificado a los comités de ética y a la autoridad judicial competente”, se estipula en la reforma hecha al artículo 51 BIS de la Ley General de Salud.
Las reformas a la ley incluyen, por primera ocasión, un listado de derechos de los usuarios en donde se subraya que tienen derecho a no ser sometidos a medidas de aislamiento, contención coercitiva o a cualquier práctica que constituya tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en su caso, ser sujeto a medios para atenuar el escalamiento de crisis.
Tampoco se puede obligar a los usuarios a someterse a tratamientos irreversibles o que modifiquen su integridad y toda atención que reciban debe hacerse en su comunidad o lo más cercana posible al lugar donde habiten sus redes de apoyo como familiares y amigos.
“La persona con trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas y de adicciones es quien ostenta el derecho de consentir o denegar el permiso para cualquier tratamiento o internamiento, por lo que deberá presumirse que todos los pacientes tienen capacidad de disentir y deberán agotarse los esfuerzos para permitir que una persona acepte voluntariamente el tratamiento o el internamiento”.
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El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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