Áreas Naturales Protegidas en México están en riesgo, enfrentan disminución de presupuesto y falta de vigilancia
Tras siete años de litigio entre la empresa estadounidense Vulcan Materials y el gobierno de México, el pasado 23 de septiembre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador declaró como Área Natural Protegida (ANP) “Felipe Carrillo Puerto” a más de 53 mil hectáreas en Quintana Roo. Sin embargo, expertos consideran que la declaración es insuficiente si se considera la falta de presupuesto y vigilancia que adolecen estas áreas en el país.
La disminución del monto asignado a las áreas naturales protegidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) entre el 2018 y el 2024 corresponde a 148 millones 472 mil 702 pesos nominales, al tiempo que el sexenio sumó 50 nuevas ANP para llegar a un total de 232.
“Esta administración saliente del expresidente Andrés Manuel López Obrador inició un sexenio, si mal no recuerdo, con 180 áreas naturales protegidas (182), y terminó este sexenio con 232 áreas naturales protegidas. Y vaya, todavía hasta el año pasado, hasta diciembre de 2023, con el número de ANP que existían en ese entonces, que ya llegaban a las 200, sólo se tenía de presupuesto contemplado alrededor de 10.7 pesos por hectárea… ni para la gasolina, ni para 1 litro de gasolina que requiere que un área protegida sea vigilada”, menciona Gina Ileana Chacón Fregoso, directora de política pública para la organización civil Wildlands Network.
La carencia del presupuesto para los Planes de Manejo es resultado del insuficiente financiamiento para la Conanp y que también se traduce en menos apoyo a los programas de manejo. La nueva ANP Felipe Carrillo Puerto ha surgido sin uno y, con ello, sin las indicaciones de lo que se debe realizar dentro de la misma.
“Es ni más ni menos, el documento primordial para poder manejarlas, conservarlas. Y sería como una receta, digamos, si estuviéramos hablando en términos médicos, como una prescripción de lo que necesita, de lo que se puede hacer en ellas y de lo que no se debe de hacer en ellas”, explica Chacón Fregoso.
En términos generales, el presupuesto destinado al medio ambiente y recursos naturales se redujo un 11% en 2024. De esta bolsa el 89% se destina a Conagua, que contrasta con el 1.40% a la Conanp y el 1.28% a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), institución federal que se encarga de procurar justicia y vigilancia ambiental, de acuerdo con el Análisis de Presupuesto para el sector ambiental 2018-2024 de Oceana.
Vigilancia
Profepa destina un tercio de ese presupuesto para su único programa de vigilancia, apunta el análisis. El papel de vigilancia de la institución es indispensable, debido a este, en el 2018 se determinó que la empresa Vulcan Materials Company en su filial Sac-Tun (antes Calica), ubicada en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, de Quintana Roo, hizo un aprovechamiento mayor al permitido de roca caliza, de acuerdo con la relatoría del Gobierno de México tras una audiencia del Tribunal Arbitral del Capítulo XI del T-MEC. Por ello fue clausurada y sancionada.
Vulcan, el mayor productor de agregados de construcción de Estados Unidos respondió a esta clausura con una demanda contra el Estado mexicano que reclamó una compensación de más de mil 500 millones de dólares.
La empresa alegó que el acuerdo celebrado en 1986 entre el Gobierno Federal, las secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) y de Comunicaciones y Transportes, el Gobierno de Quintana Roo y la empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V (Calica) era suficiente para realizar sus actividades de manera ilimitada temporalmente. Sin embargo, en México no existe una autorización en materia de impacto ambiental que sea indefinida.
Además de la falta de un plan de manejo, no hay intenciones de restauración dentro del área. Guillermo DChristy, activista de 59 años, miembro del colectivo de Ciencias Ciudadanas, Cenotes Urbanos y el movimiento Sélvame del Tren, ha sido testigo de los estragos que la empresa Sac-Tun (antes Calica) ha dejado en su cantera de aproximadamente dos mil hectáreas.
“No hay ningún plan para restaurar… restaurar el agua que ves en esas grandes lagunas… Aquí, Sac-Tun ha estado extrayendo tanto material pétreo que ya llegó al nivel del manto acuífero. Entonces, lo que se ve ahí es el acuífero. ¿Cómo resarcir eso?”, explicó DChristy.
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Los mantos acuíferos están naturalmente protegidos por capas de suelo o roca que impiden la contaminación. Sin embargo, al exponer el agua al ambiente exterior, se abre la posibilidad de que entren contaminantes.
Futuras Áreas Naturales Protegidas
El número de las nuevas ANP en este sexenio aún es incierto. De acuerdo con Chacón, es necesario esperar dos documentos para saber un aproximado. El primero es el presupuesto de 2025 destinado para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el Proyecto de Egresos de la Federación (PPF).
Si bien no es obligatorio que en éste se contemple el número de ANP estimadas a declarar, sí ha ocurrido anteriormente.
“En los documentos anteriores del Proyecto de Presupuesto de Egresos ha aparecido como dentro de la Conanp algunos de los objetivos. Dice ‘bueno, esto será para dar seguimiento a la creación de tantas áreas naturales protegidas el año fiscal siguiente’. Pero al final se vio, por ejemplo, que en el 2024 se decretaron más de lo que decía el PPF del 2024. Entonces ese sería un primer documento para tener una aproximación”, expuso Chacón.
El segundo documento, detalló, sería el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas disponible a finales de 2025 que podría ofrecer una proyección de los objetivos de trabajo del comisionado nacional de ANP, Pedro Álvarez Casa.
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El gobierno de Justin Tradeau anunció un importante recorte a la entrada de extranjeros que buscan residencia. ¿Por qué lo hace ahora?
Canadá anunció un fuerte recorte del número de inmigrantes que permite entrar en el país en un esfuerzo por “frenar el crecimiento demográfico”, una decisión que supone un notable cambio en la política del gobierno de primer ministro Justin Trudeau.
Como parte de los cambios, el país norteamericano reducirá el número de residentes permanentes en 2025 a 395.000, lo cual es 21% menos de los casi 500.000 autorizados hasta ahora.
Trudeau dijo que su gobierno “no obtuvo el equilibrio adecuado” cuando reforzó la inmigración después de la pandemia, cuando el país buscaba hacer frente a la escasez de mano de obra.
El apoyo a la política de apertura también ha ido disminuyendo. Según las encuestas, existe una creciente preocupación entre los canadienses por la llegada de más inmigrantes y su impacto en temas como la vivienda y los servicios sociales.
La medida se suma a la ya anunciada reducción de la admisión de estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales.
El anuncio
Este jueves Trudeau y el ministro de Inmigración, Marc Miller, anunciaron que habría recortes que limitarían la llegada de extranjeros a vivir al país.
El objetivo, dijo Miller, es fijar una meta menor de 365.000 nuevos residentes permanentes para 2027.
Esta reducción detendrá el crecimiento de la población en Canadá durante los próximos dos años, dijo Trudeau, lo que dará tiempo a las provincias para reforzar sus programas sanitarios y sus esquemas de vivienda.
Trudeau afirmó que “los canadienses están justificadamente orgullosos” de su sistema de inmigración abierto, el cual ha contribuido a impulsar la economía del país y a construir comunidades con diversidad.
“Nuestro sistema de inmigración siempre ha sido responsable y flexible”, afirmó Trudeau. “Actuamos hoy debido a que en los tiempos difíciles en que intentábamos salir de la pandemia, atendiendo las necesidades de mano de obra y el crecimiento de la población, no conseguimos el equilibrio adecuado”.
Casi todo el crecimiento demográfico de Canadá el año pasado -alrededor del 97%- se debió a la inmigración, según datos federales.
Al mismo tiempo, la tasa de desempleo en el país ha aumentado hasta el 6,5%. Entre los jóvenes supera el 14%.
La presión social
En el último medio siglo, Canadá se ha transformado en una nación multicultural.
Con una inmensa superficie habitada por solo 12 millones de personas tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno canadiense promovió durante las siguientes décadas políticas para atraer a extranjeros que poblaran el país y expandieran su economía.
Además de convertir a Canadá en una de las sociedades más multiculturales del mundo, la inmigración ha sido un motor clave de crecimiento al aportar talento y mano de obra a las empresas.
La nueva medida supone un cambio con respecto a décadas de políticas de inmigración abiertas, en las que Canadá ha confiado en los recién llegados para cumplir los objetivos de población y cubrir las carencias de mano de obra.
Desde que Trudeau fue elegido en 2015, su gobierno ha elevado los objetivos anuales de residentes permanentes de 272.000 a 485.000 este año. El mayor salto se produjo en 2021, tras la pandemia de covid-19.
Pero Trudeau y su gobierno han sido objeto de críticas por aumentar la inmigración sin reforzar los servicios sociales o la construcción de viviendas, que han enfrentado problemas por el rápido crecimiento de la población, según los economistas. Los servicios públicos como la sanidad también han tenido dificultades.
A principios de este mes, una encuesta del Instituto Environics, que ha seguido de cerca las actitudes de los canadienses hacia la inmigración desde 1977, reveló que el 58% de los entrevistados considera ahora que los niveles de inmigración son demasiado altos.
Según el instituto, los resultados sugieren que la opinión pública en el tema “ha pasado de ser aceptable (si no valiosa) a problemática”.
Los precios promedio de las viviendas en Canadá rondan los 700.000 dólares canadienses (US$517.400) y los alquileres han aumentado un 22% en los últimos dos años.
Pero los recortes a la inmigración también han sido criticados por grupos activistas, como la Red por los Derechos de los Inmigrantes, que escribió en una carta abierta a Trudeau y Miller diciéndoles que se está culpando injustamente a los extranjeros de la problemática.
“Los inmigrantes no son responsables de la crisis de la vivienda en Canadá, ni de la falta de empleo, ni de la inadecuada asistencia sanitaria u otros servicios públicos”, afirmaron.
El grupo añadió que estos problemas son más bien el resultado de “décadas de políticas federales y provinciales que han infrafinanciado y privatizado los servicios públicos”.
Trabajadores y estudiantes
Desde hace meses, Canadá comenzó a implementar algunos de los cambios en la política.
Respecto a los trabajadores en empresas canadienses, sus patrones han tenido que reducir la cantidad de extranjeros temporales o demostrar que esos puestos no pueden ser ocupados por un residente permanente o un ciudadano canadiense.
Las sectores con más excepciones han sido los obreros de la construcción y el personal sanitario, pues ambos han enfrentado escasez de mano de obra.
A principios de este año, Miller también estableció un límite en el número de estudiantes extranjeros que admitiría Canadá durante los próximos años, lo que resultó en una disminución planificada del 35% en las aprobaciones de permisos de estudio.
Más de 800.000 estudiantes extranjeros vivían en Canadá en 2022, frente a 214.000 una década antes.
Esa medida también ha recibido críticas, en particular de algunas instituciones de educación superior de todo el país a quienes preocupa que disuada a los estudiantes de venir a Canadá en favor de otros destinos.
Algunas universidades alegaron que un límite supondría una pérdida de ingresos para sus instituciones.
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