Juan Carlos Ramírez Michaca lleva preso la mitad de su vida con base sólo en la declaración de unos elementos policiacos. En 2005, sin orden de aprehensión, fue detenido por policías ministeriales que lo sacaron de su domicilio mientras dormía. Eran entre las dos y tres de la mañana. Fue declarado culpable de los asesinatos de dos personas y sentenciado a más de 70 años de prisión. Con pruebas sobre un proceso lleno de inconsistencias, amigos y familiares de Juan Carlos piden amnistía para el hombre de 39 años.

“A mi esposo lo toman como confeso cuando jamás dio una confesión en la cual él aceptara el delito. Pese a que fue torturado, jamás aceptó el delito, lo toman como confeso porque los policías ministeriales dijeron que al momento de la detención se bajó de la camioneta que iba circulando y que dijo ‘sí, fui yo el que mató a unas calles de aquí’ y que en la cintura llevaba una pistola. Ésa es la declaración de los ministeriales”, dice Alejandra Estrada, pareja de Juan Carlos Ramírez. 

Desde hace tres años, Juan Carlos fue trasladado de un penal del Estado de México al Centro Federal de Reclusión Social 13, una prisión privada de máxima seguridad en Miahuatlán, Oaxaca, a 581 kilómetros de distancia de donde está su familia. Lo que dificulta las visitas de familia y su defensa.

Han apelado e ingresado amparos sin éxito. Con las pruebas de las inconsistencias, les queda solicitar amnistía al Poder Judicial a través de una comisión.

La detención de Juan Carlos

La madrugada del 20 de febrero de 2005, Juan Carlos y su familia dormían en unos cuartos que tenían dentro de un taller de radiadores. En una habitación estaban una tía de Juan Carlos y tres primas menores de edad, además de sus primos Noé y Diego, este último también menor de edad. En otra habitación dormía Juan Carlos.

Con fotografías, la familia acusa que los policías ministeriales saquearon las habitaciones donde dormían y se llevaron ahorros y joyería.

“Ni escuché nada, cuando vi ya estaban enfrente, adentro apuntando. Nos pararon, nos sacaron, me puse un pantalón, unos tenis y nos sacaron. Nos esposaron. Cuando íbamos saliendo, los que según eran los testigos decían: ‘ellos no son’, pero los policías dijeron: ‘Solo los vamos a llevar a declarar’”, dice Noé Ramírez en entrevista. 

Noé recuerda que dentro de las patrullas los golpearon en el rostro y en el cuerpo y los llevaron al Ministerio Público. 

“No éramos ni una banda ni nada, nada más porque salíamos a jugar a la calle básquetbol, eso era todo. Nos reuníamos en la esquina, una calle cualquiera, teníamos un tablero y ahí estábamos”.

Noé Ramírez estuvo detenido tres años y medio en el penal de Chiconautla. Lo sentenciaron inicialmente a 210 años. Con un amparo logró una reducción a 140 años y posteriormente, en una apelación, obtuvo la sentencia absolutoria. A su primo Juan Carlos solo lo ha visto en una ocasión desde que salió.

Registros periodísticos sobre el evento señalaron que las tres muertes de los jóvenes ocurrieron luego que policías de Ecatepec les balearon al salir de un centro nocturno. 

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Inconsistencias, tortura y secuelas en caso Juan Carlos Ramírez Michaca

Las abogadas de Juan Carlos Ramírez, Araceli Olivos y Roberta Cortés, explican las inconsistencias que hallaron en el caso.

Mientras el parte de novedades de la policía municipal de Ecatepec señala que los jóvenes fueron detenidos entre 2 y 3 de la madrugada, los policías ministeriales señalaron que las detenciones ocurrieron hasta las 10 de la mañana. Aunque los jóvenes fueron extraídos de sus domicilios, los policías ministeriales señalaron que los detuvieron armados a bordo de un vehículo. 

No sirvió que saliera negativa la prueba de Harrison Gilroy a Juan Carlos, que sirve para identificar metales pesados expulsados cuando alguien detona un arma de fuego. Tampoco importó que testigos de la detención señalaron que Juan Carlos y sus primos no eran los responsables de los asesinatos. 

La familia acusa que aunque policías municipales y ministeriales se contradecían en careos sobre el lugar y la hora de la detención de Juan Carlos, eso fue desestimado por las autoridades.

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El certificado médico ministerial registró en Juan Carlos lesiones congruentes con tortura. Asimismo, el dictamen médico-psicológico conforme al protocolo de Estambul que le practicaron a Juan Carlos determinó que hay una relación firme con los alegatos de tortura recabados.

El documento registró secuelas físicas como dolores de cabeza, taquicardia, dolor estomacal, sudoración, dificultad para dormir, tensión muscular y mareos asociados a ansiedad con policías o custodios, que le recuerdan el evento traumático.

También detectaron dolor en el oído derecho y disminución de la sensibilidad auditiva, por golpes recibidos en el momento de su detención.

El dictamen señala que existe afectación psicológica y emocional que requiere atención especializada para sobrevivientes de tortura y además de transtornos de depresión persistente y de ansiedad generalizada.

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Impactos en la familia de Juan Carlos

La familia de Juan Carlos presenta también secuelas de su encarcelamiento, sobre todo porque la carga de cuidados y gastos económicos del proceso recaen principalmente en su pareja Alejandra Estrada. Lo que se agrava con el cambio del penal a otro estado.

El 26 de abril de 2021, Juan Carlos fue trasladado al Centro Federal de Reclusión número 13, en Miahuatlán Oaxaca, y aunque el 11 de diciembre de 2023 fue solicitado su regreso a un reclusorio en el Estado de México, el juez de ejecución encargado no ha resuelto. La familia y abogadas de Juan Carlos señalan que en el centro de máxima seguridad hay alimentos y agua reducidos y está sin actividades físicas dentro de una celda del tamaño de un baño 22 horas cada día. Solo tiene derecho a un libro al año o al semestre y tiene 10 minutos para hablar con su familia a la semana. Las únicas labores que puede realizar son papiroflexia y bordado.

Dentro del penal, Juan Carlos ya no conserva su nombre, sino que es llamado por un número.

“El vínculo de mis hijos con su papá se está perdiendo”: pareja de Juan Carlos

Alejandra y Juan Carlos eran vecinos y empezaron su relación cuando ella tenía 13 años de edad y él 15. Juan Carlos acababa de terminar una carrera como técnico informático, iba al gimnasio y comenzaba a facturar en una nueva empresa que había creado para seguir con el negocio familiar de radiadores. Ella estudiaba el bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Siete años después del encarcelamiento tuvieron a su primer hijo y dos años después al segundo, de 14 y 12 años actualmente, involucrados con la movilización para empujar la libertad de su padre.

“Mi mayor interés era que él no se transformara en alguien que no era”, dice Alejandra en entrevista. 

La distancia para llegar al penal de Oaxaca complica la relación entre Juan Carlos y su familia.  

“Vamos perdiendo nuestra posibilidad de tener algunas otras actividades con mis hijos o hay que sacrificar algunas otras cosas. Y solo tenemos una llamada cada 8 días de 10 minutos. Lo más cruel es que mis hijos en el año fueron dos veces. No es lo mismo solventar el gasto de una persona que de tres”.

Cuando Juan Carlos estaba recluido en el Estado de México aprovechaban los días de visitas para mantener cercanía, pero ahora la madre teme que sus hijos se vayan alejando de su padre.

“El vínculo de mis hijos con su papá se está perdiendo, porque amor se puede tener, pero necesita haber comunicación como había. Él era un papá que hablaba por teléfono y hacía tarea con ellos desde el teléfono, desde prisión les contaba un cuento en la noche… La llamada es de 10 minutos cada ocho días y yo ocupo siete para decirle qué pasa con el caso, que todos estamos bien y a mis hijos si acaso les tocan dos minutos de ‘hola, papá, te amo’ y se corta la llamada”.

Alejandra Estrada compra y vende productos como leche o café y los distribuye en algunos comercios. En ocasiones también hace pasteles y postres, vende raspados en la escuela de su sobrino. Recibe apoyo de sus suegros.

Solicitud de amnistía

Desde 2021, abogadas de Juan Carlos solicitaron amnistía ante una comisión especial del Congreso del Estado de México pero no les han resuelto. Las abogadas explican que este recurso aplicaría por haber sido torturado para inculparse, por lo que hay ya una carpeta de investigación por tortura abierta en la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura. Sin embargo, desde 2020 no tienen avances. 

De acuerdo con los señalamientos de la defensa y la familia de Jua Carlos, luego de su detención fue metido en un tambo de 200 litros de agua hasta que perdió la consciencia por la tortura. Despertó desnudo en el piso con más golpes de policías ministeriales. 

La abogada Araceli Olivos explica que en el Estado de México hay tres vías para solicitar  la amnistía: a través de una comisión legislativa, directamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México o a la gobernadora. Ellas lo solicitaron ante el Congreso, que debe pedir opiniones a la Comisión de Derechos Humanos, a la Fiscalía y al Poder Judicial, que toma la decisión final.

“La persona que podría otorgar la amnistía a Juan Carlos Ramírez, de acuerdo con la solicitud ingresada por su familia es un juez de ejecución del Estado de México”.

Roberta Cortés, también abogada, explica que dos semanas atrás visitaron a Juan Carlos en el penal de Oaxaca y comprobaron que las condiciones en las que está son extremas, por lo que su prioridad es que pueda ser trasladado de nuevo al Estado de México.

“Necesitamos lograr regresarlo al Estado de México para que ahora sí podamos tal vez acudir a una instancia internacional. Pero eso no quiere decir que el proceso de la amnistía lo vamos a dejar. Va a seguir a la par el proceso de amnistía, la solicitud de traslado. Ya que tengamos más sólido lo del traslado, sobre todo empezar a activar la cuestión de la una comunicación ante el Comité contra la Tortura”.

Campaña para pedir amnistía para Juan Carlos Ramírez Michaca

Éste sábado la familia y abogadas de Juan Carlos Ramírez anunciaron el inicio de la campaña “Juntxs por la verdad, justicia y libertad de Juan Carlos Michaca”, que continuará en febrero, cuando se cumplen 20 años de su detención.

El mayor de sus hijos le cantó un par de canciones con su acordeón y una más compuesta por él mismo, en la que relata el caso de su padre. Su hijo de 12 años leyó una carta dirigida también a su papá.