Alianza Kanan Kay, un faro contra la pesca ilegal
En un país en el que persiste la pesca ilegal, la sobreexplotación de los recursos marinos y la falta de vigilancia en las costas, la Alianza Kanan Kay representa un impulso a la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de esta actividad.
La alianza está conformada por actores de diversos sectores que tienen interés en el mar, desde su conservación hasta su aprovechamiento sustentable, para contribuir al abastecimiento en la Península de Yucatán. Sin embargo, el trabajo que realizan no es fácil, hay retos diarios que se arrastran desde años atrás y se agravan con el paso del tiempo.
Raziel Villegas Núñez, coordinador jurídico, de control y vigilancia de la Alianza Kanan Kay, explicó que, hace 14 años, pescadores y otros actores sociales urgieron a las autoridades a tomar acciones tras observar que había ya pesquerías con alta presión y explotación en Quintana Roo, como el mero, la langosta, el caracol rosado y otros.
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“Esas especies se encontraban ya en un peligro de viabilidad y comenzó a tener repercusiones biológicas, comerciales y por supuesto en la vida socioeconómica de los pescadores”, describió.
Fue así como inició la organización entre diversas personas para dar paso a lo que sería la Alianza Kanan Kay. Al sumar fuerzas, trabajaron en la conformación de zonas de refugios pesqueros, como una medida para contrarrestar la sobreexplotación de especies marinas.
“Con esta figura lo que planteamos fue proteger algunas especies de pesquerías, ejemplares juveniles, zonas de agregación, reproducción y desove. Precisamente, para permitir que se recuperen las especies”, mencionó el abogado jurídico.
Para dicho trabajo se conjuntó la experiencia de personas dedicadas a la pesca, la academia y organizaciones no gubernamentales.
Una de las especies que recibió mayor atención en los inicios de la alianza fue la langosta. Con estadísticas de ciclo reproductivo notaron que en promedio sobrevivía el 10 % de 10 mil huevos. Se trata de mil nuevos crustáceos, es decir, consideraron una cantidad suficiente para aumentar la producción.
Retos contra pesca ilegal
A pesar de los logros de la alianza, hay un problema que enfrentan de manera cotidiana y es la pesca ilegal.
“Cuando en los refugios pesqueros comenzó a notarse una recuperación de las especies, los pescadores ilegales se dieron cuenta de que ahí había oportunidad de pesca y comenzaron a meterse y capturar lo que se estaba cuidando”, expuso Raziel Villegas.
La falta de vigilancia en la zona costera, acusó Villegas, es uno de los principales problemas. En las costas de Quintana Roo es posible detectar únicamente tres inspecciones anuales por parte de elementos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
“Eso es impunidad porque tenemos conocimiento de dos o tres inspectores para todo el territorio de la Península de Yucatán. Además, de que se trata de 117 lanchas para recorrer 17 estados costeros y de estas, hasta el año pasado, 67 no servían por algún problema mecánico y las autoridades federales sólo afirman que no hay presupuesto para repararlas”, describió.
Aunque destacan casos de éxito, como el de Vigía Chico y Cozumel, en los que disminuye la pesca ilegal por medio de la vigilancia de las y los pescadores, en Banco Chinchorro no ocurre de igual forma, pues ahí la pesca ilegal está ligada con la delincuencia organizada y la especie que más capturan es el caracol rosado, según las observaciones de la alianza.
Logros por los que trabajan para evitar pesca ilegal
Actualmente, la alianza tiene como meta el incremento de al menos el 30 % de la biomasa de especies de interés comercial dentro de las zonas de refugio pesquero.
Laura Isabel González Rivera, coordinadora general de la Alianza Kanan Kay, compartió que uno de los logros de la agrupación es la conformación de cooperativas y grupos de vigilancia en Quintana Roo, Campeche y Yucatán.
“Se les empezó a dar capacitaciones para que supieran a dónde ir en caso de detectar pesca ilegal y cómo darles seguimiento y ahora también ellos mismos cuidan y vigilan sus zonas”, relató.
Hoy, quienes forman parte de la alianza cuentan con una aplicación para que desde sus teléfonos denuncien casos de pesca ilegal. Ahí suben pruebas como fotografías y videos que pueden sumar a un proceso de denuncia.
Laura González dijo que los primeros años sólo trabajaron en Quintana Roo, pero la suma de esfuerzos los llevó a los estados vecinos, en donde refuerzan el sentido comunitario y se decretan más zonas de refugio pesquero.
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“Hemos visto cómo los pescadores tienen una mayor percepción de conservación, un compromiso real con su entorno y hay una mayor interacción entre comunidades pesqueras, al mismo tiempo que integran a más mujeres y jóvenes en la toma de decisiones”, añadió Laura.
El trabajo dirigido a cada zona de refugio pesquero depende de las necesidades de las comunidades pesqueras y se protegen las especies más sobreexplotadas.
“Uno de los mejores resultados es que como Alianza existe el reconocimiento de las y los pescadores, y son ellas y ellos quienes deciden sobre lo que hacen en sus territorios”, indicó.
Este artículo fue originalmente publicado en Causa Natura Media
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En la antesala de una nueva “marcha de los miércoles”, la periodista Gabriela Navarra cuenta cómo es vivir de una jubilación en Argentina y por qué participó de la última marcha que se tornó violenta.
Gabriela Navarra, de 66 años, fue una de las personas que participó de la última “marcha de los jubilados”, una protesta frente al Congreso de Argentina que todos los miércoles se realiza en reclamo de mejores remuneraciones.
Su experiencia resultó una pesadilla: terminó con cuatro heridas de bala de goma en las piernas y dice que este miércoles no volverá a participar de la marcha, a pesar de que la apoya.
“Todavía estoy mal, angustiada por lo que pasó, y mucha gente que es importante para mí me pidió que no volviera a ir”, dice sobre la manifestación del 12 de marzo que acabó con medio centenar de heridos y más de cien arrestados.
Gabriela se jubiló hace seis años y es una de los más de 7 millones de argentinos que cobra una jubilación o pensión, según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Su situación, cuenta, es mejor que la de la mayoría de los jubilados, ya que por su trabajo de más de tres décadas como periodista logró obtener un haber jubilatorio por encima del mínimo que cobran dos de cada tres jubilados, según datos de la Anses.
Aún así, cuando alcanzó la edad de retiro debió seguir trabajando como freelancer para poder mantener sus gastos habituales.
Pero su situación empeoró con la llegada de Javier Milei al poder, en diciembre de 2023.
“Perdí la mitad de mis empleos porque se redujeron las fuentes de trabajo, y mi prepaga (seguro médico privado de salud) aumentó de un mes a otro más del 100% porque Milei liberó los precios”, señala.
“Quedé muy muy mal económicamente y tuve que vender mi auto. Tenía que elegir entre pagar mi prepaga o tener auto, a pesar de que antes podía tener ambos”, afirma.
Aunque su jubilación recibió aumentos por inflación -que en 2024 alcanzó casi el 120%- asegura que siempre eran menores “a lo que veía cuando vas a hacer las compras”.
“Desde que me jubilé tuve que cambiar mis consumos, dejar de tomar el vino que me gusta, comprar otro tipo de fiambres. También dejé de salir a comer afuera. Si salgo es a merendar, que es más barato”, dice.
Un tercio, pobres
No obstante, sabe que al lado de muchos de sus pares es una privilegiada.
“La mayoría de los jubilados está arañando la línea de pobreza”, afirma sobre los dos tercios de adultos mayores que cobran el haber mínimo, que en febrero alcanzó los $343.000 (menos de US$300 a valor de mercado), apenas por encima de la canasta básica de $334.500 que determina quién es pobre.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), entre los mayores de 65 años la pobreza prácticamente se duplicó en el primer semestre que gobernó Milei (la última cifra oficial disponible), en comparación con los seis meses anteriores: pasó del 17,6% al 29,7%.
No solo impactó el congelamiento de un bono que reciben quienes perciben los haberes más bajos y que el gobierno mantiene fijo desde marzo de 2024 (a pesar de que el costo de vida se duplicó).
También se vieron afectados por el fuerte aumento de las tarifas de servicios públicos -como agua, gas y electricidad- que aumentaron muy por encima de la inflación debido a la quita de subsidios.
Otro factor que incidió mucho en este grupo etario fue el aumento del costo de los medicamentos.
La mayoría de los jubilados son afiliados al Programa de Asistencia Médica Integral del Estado (Pami), que registró incrementos promedio del 240% en los medicamentos durante 2024, según un informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar).
El Pami también redujo el acceso de muchos jubilados a los medicamentos gratuitos, que ahora deben solicitarse a través de un trámite especial.
“Muchos jubilados no tienen hijos que los puedan ayudar”, comenta Gabriela, quien considera que el gobierno de Milei es “cruel con los más vulnerables”.
Consultado sobre la precaria situación de los jubilados, el presidente libertario ha remarcado que “son el segmento etario que menos pobres tiene” en Argentina.
En efecto, la tasa de pobreza entre los jubilados es mitad de la que existe en la población entre 15 y 29 años (60,7%), y también es bastante menor que la del segmento entre los 30 y los 64 años (48,6%).
En tanto, el grupo etario más pobre del país es, por lejos, el de los menores de 14 años. Siete de cada 10 niños argentinos no tiene sus necesidades básicas satisfechas (el 66,1%, según en Indec). Es a este grupo al que se dirigen las mayores ayudas estatales, dice Milei.
Un sistema “insostenible”
El gobierno libertario también sostiene que el sistema previsional, que es el mayor gasto del Estado, es “insostenible” en su formato actual, algo en lo que coinciden muchos expertos.
El principal motivo son las “moratorias” aprobadas durante las últimas dos décadas que permitieron que millones de personas, sobre todo amas de casa, pudieran recibir una jubilación a pesar de no haber realizado los 30 años de aportes que exige el sistema.
Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), más del 60% de quienes reciben una jubilación hoy no realizaron los aportes correspondientes, algo que contribuyó a que el sistema previsional sea “una de las principales fuentes de déficit fiscal” (o exceso de gasto del Estado).
En ese sentido, el gobierno, cuyo principal logro económico ha sido eliminar ese déficit para controlar la inflación, anunció que no prorrogará la última moratoria previsional que vence el 21 de marzo y que permite acceder a una jubilación a personas que no cumplen con los años de aportes necesarios, mediante el acceso a un plan de pagos en cuotas.
Para Gabriela, el gobierno “recrimina haber jubilado a mujeres que durante toda su vida cuidaron, alimentaron y se preocuparon por sus maridos e hijos, una tarea que, se ha demostrado, es la contribución más importante al Producto Interno Bruto del país”.
El fin de las moratorias previsionales es una de las medidas contra las que marcharán los manifestantes este miércoles frente al Congreso.
Resurgimiento
Estas marchas de los miércoles no son un fenómeno nuevo: las protestas de los jubilados frente al Congreso comenzaron en la década de 1990, liderados por una famosa activista llamada Norma Plá, en reclamo por aumentos jubilatorios durante el gobierno de Carlos Menem.
Con el paso del tiempo, la manifestación se tornó emblemática, haciendo eco de la marcha que todos los jueves, desde los años ’70, realizan las Madres de Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, el palacio presidencial, para reclamar por los desaparecidos durante el último régimen militar.
Pero la protesta de los jubilados resurgió con fuerza con la llegada de Milei, quien desde el día uno realizó un drástico recorte del gasto público para terminar con el déficit fiscal.
“El principal aporte a esta reducción fueron las jubilaciones”, señaló a BBC Mundo un dirigente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
En septiembre, el mandatario incluso vetó una ley sancionada por el Congreso que disponía elevar el haber mínimo jubilatorio y fijaba una nueva fórmula de cálculo de los ingresos de los jubilados, por considerar que ponía en jaque su objetivo de “déficit cero”.
Por todo esto, la marcha de los jubilados siguió sumando adeptos. Pero a medida que se tornaba más masiva también empezó a ponerse más violenta, con la policía utilizando métodos cada vez más represivos para evitar que los manifestantes corten las calles alrededor del Congreso.
Y es que otra de las banderas del gobierno libertario es que lograron poner fin a los “piquetes”, los bloqueos de calle que se tornaron una forma común de protesta en los últimos años y que hacían que transitar por el centro porteño fuera una pesadilla.
En febrero pasado, un incidente en una de las marchas entre la policía y un jubilado que vestía una camiseta de su club de fútbol, Chacarita, hizo que simpatizantes de ese equipo decidieran sumarse a la siguiente manifestación, para “proteger a los jubilados”.
La idea ganó popularidad y resultó en una masiva autoconvocatoria de hinchas de los principales clubes del fútbol del país, que el 12 de marzo pasado se sumaron a la protesta.
Gabriela cuenta que esto fue lo que la llevó a decidir participar de la movilización, algo que había estado queriendo hacer hace tiempo.
“Pensé que iba a ser una marcha especial por la participación de los hinchas”, señala.
Lejos de sentir temor por la posible presencia de “barras bravas” -algo sobre lo que había advertido la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- ella cuenta que disfrutó de ver “cómo los hinchas de clubes que habitualmente se enfrentan estaban todos juntos y abrazados”.
Lo que no se esperaba era el violento desenlace que tendría la protesta, en la que terminó siendo una de las decenas de personas, entre manifestantes y policías, que resultaron heridas.
“Estaba caminando por la vereda a una cuadra del Congreso y pasaron policías en motocicleta disparando balas de gomas”, relata. Cuatro impactaron contra sus piernas, generándole lesiones en la piel.
“El uso de la violencia que vi fue completamente desproporcionado”, afirma, sobre el despliegue de gas lacrimógeno, carros de agua, bastones y balas de gomas que usó la policía para dispersar a los manifestantes, algunos de los cuales les lanzaron piedras y otros objetos. Un patrullero y varios contenedores de basura también fueron incendiados.
La víctima más grave de los incidentes fue el fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza mientras se encontraba de cuclillas retratando la violencia, y sufrió una fractura de cráneo que aún lo mantiene en “situación delicada” en el hospital, según contó su padre a la prensa.
Gabriela señala que después de lo que vivió no volverá por el momento a sumarse a otra “marcha de los miércoles”, una medida que también podrían tomar otros jubilados preocupados por su seguridad.
Sin embargo, dice que no le molesta que los hinchas de fútbol y otros grupos se hayan tornado en los nuevos protagonistas de las marchas, quitándole el foco mediático a los jubilados y sus demandas.
“Cuantas más personas puedan salir a reclamar mejor, y cuantos más sectores sean convocados y puedan ocupar el espacio público, mejor, porque esto es como ese poema que se le atribuye a Bertolt Brecht y en realidad era de un pastor protestante que Hitler encerró en un campo de concentración:
‘Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista’… y así”.
“Esto es un dominó, entonces el que no fue tocado hasta ahora capaz mañana lo sea”.
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