“Como si fuera un delincuente”: retienen e incomunican a migrante en el AICM durante 24 horas y lo regresan a su país
El 10 de abril de 2022, Muhammad Faheem, de origen pakistaní, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 9 de la mañana proveniente de Turquía. Desde ese momento y durante las siguientes 24 horas, los agentes de migración que lo retuvieron ahí “cometieron actos arbitrarios, discriminación, abuso de autoridad, omisión de información y maltrato psicológico”.
Así lo describe su esposa Arelly Nieto en el primer recuento que hizo para reclamar esos hechos y exigir una reparación al Instituto Nacional de Migración (INM). A más de dos años, el matrimonio no solo sigue en espera de que la dependencia admita sus errores y omisiones, sino que casos similares siguen contándose por decenas para ciudadanos de Pakistán, Venezuela, Colombia, Brasil, países de Centroamérica y otros.
Turistas, personas con residencia autorizada o con derecho a ingresar a territorio mexicano son retenidas en aeropuertos, principalmente el de Ciudad de México y el de Cancún, de manera arbitraria, incomunicados y en condiciones adversas. En el caso de Muhammad, relatan él y su esposa en entrevista, ellos habían contraído matrimonio meses antes y él contaba con una visa de residencia temporal en México.
Se habían conocido por un amigo en común y decidieron que era mejor casarse antes de que él llegara a vivir a México precisamente por los estigmas que pesan sobre su nacionalidad. Hicieron “todo en orden y como se debe”, subraya Arelly. Ella previó también un viaje para recibirlo en el AICM, pues vive en Guanajuato. A las 8 de la mañana ya lo esperaba en el área de llegadas internacionales.
“La verdad no sabía yo de esta mafia que hay en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el Benito Juárez, y pues no tenía ni poquita intranquilidad. Estábamos muy contentos de vernos, de esperarlo, pero cuando pasaron dos horas y ya habían salido todos los pasajeros, casualmente no salieron los de Pakistán; había otra chica también casada con un pakistaní”, cuenta.
Llegó el mediodía sin una respuesta. Ninguna autoridad migratoria decía más que “tienen que esperar”. A la 1 de la tarde salió el otro pakistaní. Arelly, desesperada, le preguntó por su esposo. Por lo menos pudo confirmarle que estaba adentro y quizá lo devolverían. Desde ese momento consiguió un abogado migratorio, pero las autoridades seguían sin confirmar la devolución ni los motivos. Confiada en que el abogado había apoyado muchos casos similares, según dijo, sobre todo de colombianos, a las 11 de la noche todavía tenía esperanza de que lo liberaran.
Pero pasaron más de 24 horas y nada ocurrió. Un empleado de la aerolínea pudo confirmarle que estaba contemplado en un vuelo de regreso. “Como si fuera un delincuente lo llevaron escoltado hasta Pakistán”, reclama ella. Sus pertenencias le fueron retiradas, y solo pudo tener acceso a una llamada hasta que estuvo en Cancún, como parte de una escala durante su regreso.
En todo ese tiempo a Muhammad, según consta en la queja promovida después, le determinaron rechazo sin una segunda revisión, en ningún momento le dijeron los motivos de su inadmisión al país, le inspeccionaron su celular por propia mano y sin autorización, lo incomunicaron durante 25 horas, no le permitieron contactar a su embajada y no le proporcionaron un traductor.
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Él recuerda cómo hizo la fila de Migración para extranjeros, de inmediato lo llevaron a otro lugar y le quitaron sus cosas. Le pidieron llenar una forma que no entendía, porque no habla español y que, después supo, los agentes completaron como si se tratara de respuestas suyas. Ninguno intentó siquiera comunicarse en inglés, idioma que habla y entiende.
Nunca olvidará, dice, a los agentes que lo cuestionaron sobre su vida y su relación, revisaron sus papeles en regla y vieron su dirección en Guanajuato. Él insistía en que Arelly era su esposa y estaba esperándolo afuera. Preguntaba qué estaba pasando. Fue entonces que también empezaron a inspeccionar su teléfono celular y sus contactos.
“Los agentes de Migración no saben, no tienen educación ni sentido común –reclama–. Me llevaron a un cuarto sin ventanas, baños, con el aire acondicionado muy frío, con otras personas de diferentes países, algunos de Turquía, brasileños, colombianos. Estoy solo ahí, no sé cómo hablar con ellos, nunca hablé con nadie, solo me senté preguntándome qué estaba pasando. Nunca dormí. Nadie hizo nada”, relata.
Además, no entendía por qué lo trataban como un criminal, pero sin decirle si había cometido alguna falta. Tampoco le informaron que su ingreso sería rechazado. Al mismo tiempo, su familia en Pakistán reclamaba saber dónde estaba o qué le había pasado. Tras ser devuelto a su país y luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera la recomendación 211/2022, el INM tardó más de un año en acatar las acciones para su ingreso y residencia en México. Sin embargo, hasta ahora no ha cumplido con la reparación de daños.
De hecho, de acuerdo con los documentos que Arelly conserva del caso y de los que Animal Político tiene copia, el Instituto ni siquiera ha admitido su responsabilidad. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ya tiene conocimiento del caso, aunque el trámite va lento, acusa ella, porque no hay quien hable inglés, pero también por la falta de respuesta del INM para hacerse responsables.
“De nuestro proceso de calidad de víctimas con la CEAV ya vamos en la última etapa, se supone, y estamos en la elaboración del proyecto de reparación, pero en eso tenemos cuatro meses, y hemos durado meses para que nos hagan caso, llamamos a diario. Llevamos más de dos años de trámite”, lamenta.
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Decenas de casos en 2024, como ha ocurrido desde 2022
El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) calcula que durante 2024 recibió al menos 15 solicitudes de personas que fueron detenidas o rechazadas arbitrariamente en aeropuertos. Sin embargo, la coordinadora de su clínica jurídica, Lorena Cano, advierte que se trata de un número bajo, que quizá no representa la realidad, por las múltiples barreras que existen en estas circunstancias para denunciar los hechos o pedir ayuda.
En su mayoría, se trata de visitantes extranjeros que no saben qué hacer o a dónde acudir en caso de vivir una experiencia de este tipo. Además, en el caso específico de turistas, de los que se han ventilado diversas historias en redes sociales desde el pasado diciembre, en realidad no vale la pena promover algún recurso legal en el momento, pues tardaría en resolverse más tiempo del que tienen contemplado que dure su visita a México.
Cuando una persona visita el país en estas circunstancias, lo último que quiere, refiere Cano, es estar privado de la libertad en condiciones indignas y torturantes, según han documentado diversas organizaciones y testimonios de personas extranjeras que son enviadas a procesos de segunda revisión. Un obstáculo central es que el sistema no funciona de manera inmediata ni eficaz.
Muchas veces el único recurso es promover una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo menos para dejar constancia de que las detenciones y devoluciones arbitrarias siguen ocurriendo.
“Hay algunas personas que acceden, otras que dicen ‘mejor no’ y no vuelvo más a este país. ¿Por qué digo que normalmente el sistema no funciona como debería? El juicio de amparo se supone que tiene como finalidad proteger a las personas de violaciones a los derechos humanos y existe este supuesto en el que puede ser promovido por otra persona porque la víctima o el quejoso no tiene posibilidades de promoverlo porque está privado de la libertad o incomunicado”, explica Cano.
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Normalmente, se trata de acciones graves o urgentes, una de las cuales es la deportación, la privación de la libertad o la incomunicación. Es lo que regularmente sucede en los rechazos aéreos, por lo que el juez debería dictar una orden inmediata, dentro de máximo 24 horas, para que esos actos cesen. Sin embargo, muchas veces las resoluciones no llegan tan pronto como se necesitan: la actuación tendría que ser sumamente rápida.
Por otro lado, en general los jueces no toman una decisión definitiva, sino que definen que por lo pronto la persona no sea devuelta pero se mantenga en el lugar hasta que haya una determinación. Eso conduce a que queden privadas de la libertad durante todo el proceso del amparo, lo cual la especialista califica como “sumamente ridículo”.
“Por eso cuando personas turistas o visitantes que son de corta estancia nos llaman, les explico todo esto que te acabo de explicar y les digo que se va a quedar de pronto días o hasta meses, de acuerdo a la orden que dé el juez, entonces obviamente eso no es la expectativa cuando uno promueve un amparo”, añade.
Una tercera barrera es que los amparos normalmente pueden promoverse por actos de deportación, pero lo que sucede en los aeropuertos es que Migración técnicamente está rechazando a las personas, no deportándolas. Bajo ese tecnicismo, el INM alega con frecuencia que no ha incumplido las órdenes de jueces. La persona se encuentra, pues, en un limbo jurídico, pues no ha llegado formalmente a territorio mexicano.
En los últimos tres o cuatro meses, según ha documentado el Instituto, se ha dado por lo menos la posibilidad de hacer una llamada, pero en muchas ocasiones han permanecido incomunicados y en condiciones de maltrato, abuso, vejaciones, con aire acondicionado excesivo o comida fría. Generalmente, lo único que esperan las personas es que la situación termine, pero no necesariamente ejercer una defensa de sus derechos.
Llaman a visitantes a promover quejas formales
Debido a lo anterior, el Imumi no ha promovido más de seis quejas ante la CNDH, aunque cuando las personas han accedido generalmente recurren a este organismo y además promueven un amparo. Durante 2024, la CNDH emitió siete recomendaciones al INM por violaciones de derechos a personas que trataron de ingresar por aeropuertos. En casos como el de la familia de origen chino retenida 10 días en el AICM en noviembre pasado, incluso acudieron al sistema interamericano de derechos humanos.
“A veces tengo la impresión de que solamente hacemos las quejas de la CNDH por dejar el registro, pero sin ninguna expectativa de eficaz intervención”, apunta. Aun con todas las limitaciones, la especialista recomienda a las personas que no dejen pasar la situación y promuevan algún tipo de queja, porque el INM muchas veces, como en el caso de Muhammad, ni siquiera provee un documento que explique el motivo del rechazo.
El Imumi ya ha conocido varios casos como ese, de mujeres mexicanas casadas con personas extranjeras cuyo ingreso es rechazado, por lo que tienen que cruzar dos o tres países y terminan perdiendo muchísimo dinero. Cuando las personas demandan, pueden reclamar incluso una reparación del daño y recuperar por lo menos lo perdido por un rechazo arbitrario.
“Te puedo confirmar en este momento que todos los casos que he litigado de rechazo aéreo nunca se ha acreditado que, efectivamente, la persona tuviera una alerta migratoria de seguridad o realmente no tuviera dónde alojarse o que no tuviera recursos para el viaje… Todo lo que normalmente argumenta Migración para rechazar nunca lo pueden acreditar, jamás lo han acreditado. Todos han sido rechazos arbitrarios”, sostiene.
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La organización Sin Fronteras, que principalmente atiende a personas que buscan protección internacional, durante 2024 documentó 30 casos –además de los que solo fueron orientaciones– de personas que podían ingresar a México de manera regular por el aeropuerto y fueron detenidas o rechazadas arbitrariamente. Sin embargo, es tan recurrente que por lo menos dos veces a la semana reciben alguna solicitud de asesoría vía redes sociales.
Desde la perspectiva de la organización, esta práctica se ha mantenido a lo largo de la administración pasada y actual, lo que también responde al reforzamiento de limitar las posibilidades o las vías para que las personas ingresen de manera regular. Apuntan que durante los periodos vacacionales, como el pasado diciembre, se vuelven más recurrentes los casos. Animal Político ha documentado diversos testimonios desde 2022 de personas académicas y turistas que vivieron estas arbitrariedades.
“Migración, y en ocasiones también Guardia Nacional, se rige mucho por esta discrecionalidad, por la arbitrariedad e incluso cuando las personas aun cumpliendo ya con todos los requisitos para entrar, ya con su documento, visa, residencia en mano, las mismas autoridades migratorias les pueden devolver. Al menos en este cambio de administración no hemos notado ninguna diferencia, sigue este margen de discrecionalidad”, señala Ariadna Cano, de Sin Fronteras
Ambas organizaciones recuerdan que la Ley de Migración establece las etapas para el ingreso y los plazos máximos de una segunda revisión, que son cuatro horas; sin embargo, se han documentado casos de días y semanas, en los que, además, las situaciones de salud o vulnerabilidad no son atendidas, no se garantiza el acceso a traductores y no se explican las etapas del proceso o el motivo de la detención.
La recomendación de Sin Fronteras es que las personas se acerquen a alguna organización antes de su vuelo, pues la información es una herramienta esencial. En los casos donde existe asesoría previa, hay mayor probabilidad de que se concrete un ingreso exitoso.
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En el remot asentamiento de Kapisillit, los groenlandeses le cuentan a la BBC que Trump puede visitar la isla “pero eso es todo”.
El sol se eleva sobre las montañas cubiertas de hielo del fiordo de Nuuk mientras viajamos por una de las últimas fronteras salvajes del mundo.
Pero hay sombras que se ciernen sobre este paisaje y sobre el resto de los espacios helados de Groenlandia.
Con Donald Trump a punto de convertirse en presidente de Estados Unidos, su negativa a descartar la toma de Groenlandia por la fuerza resuena en conversaciones de toda la isla.
“Será bienvenido si viene a visitarnos, por supuesto”, dice el patrón del barco pesquero reconvertido que nos lleva hacia el este. Consciente de que necesita relacionarse con gente de todos los colores políticos, pide que no se le nombre, pero utiliza una frase que se oye a menudo por aquí.
“Groenlandia pertenece a los groenlandeses. Así que Trump puede visitarla, pero nada más”.
Las aguas están en calma cuando llegamos al asentamiento aislado de Kapisillit, de unos 40 habitantes, donde unos cuantos cazadores salen en busca de focas.
La temperatura es de -16 ºC y, con el viento, la sensación térmica es de -27 ºC.
Pero cerca del puerto me encuentro con Kaaleeraq Ringsted, un bisabuelo de 73 años, que está secando filetes de bacalao pescados en las abundantes aguas junto a la puerta de su casa.
Cuando le pregunto si el presidente electo Trump comprará o invadirá Groenlandia, al principio se ríe. Luego su tono se vuelve serio.
“No se puede aceptar que diga esto. Groenlandia no está en venta”.
Luego me cuenta cómo aprendió a pescar y cazar aquí con su padre y su abuelo, y cómo quiere preservar esta vida para sus hijos y nietos.
Al cruzar la bahía, el barco se adentra en el hielo roto de la superficie. Dos águilas se posan en una roca en busca de peces en las aguas cristalinas.
Nos dirigimos a la granja de Angutimmarik Hansen, que cría ovejas y caza focas, aves silvestres y conejos.
Todo el alimento de invierno para las ovejas tiene que importarse de Dinamarca, un recordatorio de cómo el duro clima determina las condiciones de vida aquí.
En la puerta de su casa hay un estante con rifles de caza. Se da cuenta de que los miro.
“Son por si hay una invasión”, bromea.
Pero su actitud ante la retórica belicosa procedente de Mar-A-Lago dista mucho de ser tranquila.
“Menudo estúpido que es Trump”, afirma. “Jamás venderemos Groenlandia”.
Esta pequeña granja está a unos 4.828 km de Florida, donde el presidente entrante de EE.UU. dio su ya célebre rueda de prensa la semana pasada.
“Pero Trump no es EE.UU. Podemos entendernos con la gente de EE.UU.”, declara Hansen.
Visita familiar
El efecto Trump se disparó con la llegada a Groenlandia de Donald Trump Jr, que se sumó a las declaraciones de su padre. Llegó a la capital, Nuuk, en el avión 757 de la familia, el Trump Force One, y permaneció allí durante cuatro horas y treinta y tres minutos.
“Ha sido un placer increíble conocer gente, y la gente estaba muy contenta de reunirse con nosotros”, dijo, después de almorzar en un hotel local. “Papá tendrá que venir aquí”.
Luego regresó a los climas más soleados de Florida.
Trump Jr fue recibido por el empresario local Jorgen Boassen, que en su día hizo campaña por el presidente electo.
Boassen declaró a los medios locales que era el “mayor fan” de Trump y que “por supuesto que están interesados en nuestro país, y pueden venir y ver cómo es nuestro país. También se trata de abrirse al comercio y la cooperación”.
La ciudad de Nuuk es la capital más septentrional del mundo. Tiene una próspera sociedad civil y una prensa potente. Y hay cierta satisfacción por que los comentarios de Trump hayan impulsado el debate sobre la independencia de Groenlandia a la escena internacional.
Debe haber una Groenlandia que no sea colonia de nadie, dicen activistas como Kuno Fencker, diputado de la coalición gobernante y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad del Parlamento local.
Nos reunimos en el puerto, bajo la estatua de bronce de Hans Egede, el misionero del siglo XVIII considerado aquí como el hombre que abrió el camino a la colonización.
“Donald Trump es un político”, dice Fencker.
“Es un duro hombre de negocios y conocemos su retórica, y esa retórica es algo a lo que nos hemos acostumbrado desde 2019, y solo se trata de hablar con un igual, un aliado, sobre cómo podemos resolver las cosas aquí en el Ártico y también en la OTAN”.
Fencker ofrece el argumento central de los independentistas.
“Lo que hace falta aquí es que Groenlandia, como Estado soberano, negocie directamente con Estados Unidos y no que Dinamarca lo haga por nosotros”.
El debate por la independencia
La independencia de Dinamarca podría tener un coste financiero importante.
Groenlandia recibe subvenciones de Copenhague por valor de aproximadamente una quinta parte de su PIB cada año. Fencker sugiere, al igual que otras figuras destacadas, que la isla negocie con Estados Unidos y Dinamarca para obtener ayuda.
“No somos ingenuos. Necesitamos apoyo en defensa, seguridad y también desarrollo económico. Queremos una economía sostenible y autosuficiente”.
El director del periódico local Sermitsiaq, Maasana Egede, admite que le preocupó la amenaza implícita de fuerza de Donald Trump, pero quiere ver si la realidad coincide con la retórica.
En cuanto a la independencia, Egede se siente frustrado por lo que considera un debate polarizado en los medios de comunicación locales e internacionales.
“Estamos contando esta historia de que tiene que haber independencia o no independencia. Pero hay todo un relato intermedio, y es que la gente quiere la independencia, pero no a cualquier precio. Hay un nivel de vida que hay que mantener. Hay un comercio que hay que mantener. Hay formas de vida que hay que mantener”.
Existe la expectativa de que en algún momento -no en un futuro inmediato- se vote a favor y Dinamarca acepte el resultado.
El primer ministro de la isla, Mute Egede, ofreció una rueda de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a raíz de los últimos comentarios de Donald Trump.
“No queremos ser daneses, no queremos ser estadounidenses, queremos ser groenlandeses”, dijo. La primera ministra danesa se cuidó de no ofender a nadie, y menos al presidente entrante de Estados Unidos.
“El debate sobre la independencia de Groenlandia y los últimos anuncios de EE.UU. nos demuestran el gran interés que despierta Groenlandia”, declaró.
“Acontecimientos que ponen en marcha muchas reflexiones y sentimientos en Groenlandia y Dinamarca”, añadió.
Frederiksen sabe muy bien que este sentimiento viene de lejos en Groenlandia. El recuerdo de la injusticia y el racismo sigue fresco entre la población indígena inuit.
Heridas del pasado
Escándalos como la campaña de inserción de dispositivos intrauterinos (DIU) para evitar embarazos en miles de mujeres y niñas inuit en los años 60 y 70 ensombrecen la relación entre Groenlandia y Dinamarca.
No se sabe cuántos de estos procedimientos se llevaron a cabo sin el permiso de las implicadas, pero las cifras son considerables. El objetivo era reducir la población groenlandesa.
Maliina Abelsen es exministra de Finanzas del gobierno de Groenlandia, y ahora asesora a empresas y organizaciones que trabajan en la isla. También ha trabajado para UNICEF Dinamarca y para importantes empresas groenlandesas, como el grupo marisquero Royal Greenland.
Abelsen cree que hay que hacer mucho más para corregir las injusticias del pasado.
“Creo que mucha gente está diciendo, quizá también el gobierno y el Estado daneses: ‘Oh, bueno, ya sabes que esto ocurrió en el pasado. Fue hace muchos años. ¿Cómo vamos a ser responsables de ello? Es hora de seguir adelante'”.
“Pero no puedes seguir adelante si no lo has superado y no has reconocido lo que te ocurrió. Ese es un trabajo que tenemos que hacer junto con Dinamarca, no algo que Groenlandia pueda hacer por sí sola”.
A pesar de su alto perfil en la sociedad civil y los círculos empresariales, Maliina Abelsen afirma que cuando se trata de racismo -por ejemplo, bromas sobre los inuit- ella puede hablar en nombre de la mayoría de los groenlandeses “ya que todos lo hemos experimentado en nuestra vida”.
Las cuestiones de la autodeterminación y de afrontar el pasado están íntimamente entrelazadas.
Ahora, la intervención de Donald Trump ha puesto ambas ante los ojos del mundo.
Pero el mensaje que escuchamos -desde los remotos asentamientos del fiordo hasta la capital, Nuuk- es que el destino de Groenlandia debe decidirse aquí, entre personas cuyas voces han sido ignoradas durante demasiado tiempo.
Con información adicional de Adrienne Murray y Kostas Kallergis.
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