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Académico brasileño fue detenido, incomunicado y deportado en el AICM; investigadores exigen a Migración cambiar protocolos
Académico brasileño fue detenido, incomunicado y deportado en el AICM; investigadores exigen a Migración cambiar protocolos
Cuartoscuro
7 minutos de lectura

Académico brasileño fue detenido, incomunicado y deportado en el AICM; investigadores exigen a Migración cambiar protocolos

Investigadores de México y Brasil denuncian que el académico Diego de Oliveira Souza y su familia sufrieron violaciones a sus derechos humanos, por lo que exigen explicaciones y que situaciones así no se repitan. 
02 de febrero, 2023
Por: Marcela Nochebuena

El académico brasileño Diego de Oliveira Souza, profesor investigador de la Universidad de Alagoas (UFAL), fue detenido, separado de su familia, incomunicado y deportado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de arribar a la capital el viernes pasado para iniciar una estancia posdoctoral en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Ante ello, profesoras investigadoras del Centro de Estudios sobre la Ciudad de México (CEC), de la universidad capitalina, han iniciado una petición en change.org —con casi 3 mil firmas hasta ahora— para que el Instituto Nacional de Migración (INM) modifique sus políticas de revisión. Además, la UACM sigue conformando un expediente en torno a la situación jurídica del profesor de la UFAL, que no ha sido aclarada.

En entrevista, Iván Azuara, coordinador del CEC en la UACM, aseguró que la universidad está avanzando, con el abogado general de la institución, en el apoyo legal a De Oliveira Souza para aclarar su situación, así como recabando los documentos necesarios y las fotografías donde se aprecian sus visas arrancadas, para buscar la posibilidad de resarcir las afectaciones que derivaron de la incomunicación que vivió en el AICM.

“Si hubieran al menos dejado una llamada, nosotros estábamos ahí esperando y podríamos haber actuado legalmente; no tuvimos la posibilidad de hacerlo, y entonces este tipo de prácticas está generando una indefensión… Toda la documentación ya la tenemos y estamos armando un expediente jurídico de lo ocurrido”, señaló.  

Al mismo tiempo, dijo, académicos e investigadores de la universidad han solicitado la revisión del abordaje y los protocolos de actuación de las autoridades migratorias, ante las retenciones sistemáticas que pueden lesionar en diversos grados a las personas. Ese ajuste tendría que darse con todos los viajeros de América Latina, para que no se siga incurriendo en violaciones a los derechos humanos. 

“Estamos preocupados; creo que es responsabilidad tanto de Gobernación como de Relaciones Exteriores, es una cuestión hasta cierto punto delicada. Sigue en una condición de alerta migratoria, sigue en una situación jurídica indefinida, no sabemos cuál es su situación y la de su familia. Además, teníamos ya toda la cuestión de la estancia financiada por el propio Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (de Brasil)”, afirmó Azuara. 

Animal Político publicó que las devoluciones de personas que llegan al país por el AICM se triplicaron en los últimos cinco años, al pasar de un promedio de 947 mensuales en 2017 a más de 3 mil 500 por mes en los últimos dos años.

Desde 2017, las nacionalidades colombiana y venezolana ya ocupaban los primeros lugares, pero a partir de 2019 las devoluciones de personas peruanas, ecuatorianas y brasileñas pasaron de contarse en centenas en años anteriores a sumar miles para 2021 y 2022. 

Por segunda ocasión, personas académicas brasileñas

Diego de Oliveira Souza es profesor del programa de Posgrado en Servicio Social de la UFAL. Como investigador, ha escrito artículos sobre trabajo y salud, salud colectiva y las determinantes sociales de la salud. 

Viajaba a una estancia postdoctoral en México como parte de un convenio de cooperación entre la UFAL y la UACM, con el financiamiento que el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de su país le había dado para coordinar la investigación “Riesgos y exigencias del y en el trabajo en enfermería en el enfrentamiento de la pandemia de COVID-19 en Alagoas”. 

En la CDMX, también impartiría, junto con colegas de ambos países, el diplomado internacional “Metrópolis y salud”, aunado a la presentación de su investigación. Ante una estancia que se extendería por seis meses, viajaba con su esposa, dos hijos de tres años y un año y medio, su suegra y gastos pagados por anticipado. El viernes por la tarde, su avión aterrizó en el AICM.  

Como lo han reportado otras personas latinoamericanas, su pasaporte y celular le fueron retirados. Los agentes del INM argumentaron que su visa, tramitada de manera oficial en el consulado mexicano en Río de Janeiro, era falsa. La arrancaron de su pasaporte y no le permitieron comunicarse con nadie antes de que su deportación estuviera decidida. 

El coordinador del CEC, que había extendido la carta invitación, pudo hablar con él hasta la mañana siguiente, pero ya había sido trasladado a Bogotá, vigilado y con su pasaporte aún retenido. “No podíamos actuar porque no tenía los pasaportes; yo quise interceder en Colombia, a ver si a través de la embajada se podía hacer una gestión, pero él inmediatamente me dijo que ni le moviera porque no les iban a entregar los pasaportes”, relató. 

“Si nosotros estamos tratando de establecer colaboraciones internacionales con otros organismos, imagínese en qué situación queda uno y cómo vamos a resarcir, pero eso nada más es una particularidad que le ocurre a nuestro centro de investigación; lo que sí es preocupante es la condición del doctor Diego Oliviera de Souza en torno a la alerta migratoria, a su situación jurídica y a la de su familia”, agregó.

Explicó que la carta firmada por los integrantes del CEC obedece a un gesto de solidaridad con los académicos invitados, pues el estado de ánimo del grupo era de ilusión por trabajar en la capital, con una reflexión muy profunda en torno a la pandemia desde diferentes miradas. “Esa ilusión se volvió, en palabras de ellos, una pesadilla, porque ni siquiera tienen su situación jurídica clara”, lamentó Azuara. 

La deportación de Diego de Oliveira Souza es la segunda en menos de un año de personas académicas de origen brasileño que llegaron a México con cartas invitación para participar en eventos internacionales. En junio de 2022, dos académicas brasileñas fueron detenidas y deportadas en el AICM cuando llegaban al país para participar en la novena Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Ciencias Sociales y Humanidades de CLACSO. 

Lee: Sin explicación, 2 académicas que asistían al congreso CLACSO fueron deportadas; al menos 8 fueron retenidas en el AICM

Embajada brasileña insiste en respeto a derechos humanos

En el comunicado emitido por profesores e investigadores del CEC se detalla que, a pesar de que De Oliveira Souza presentó sus cartas invitación, fue ignorado por las autoridades migratorias, tratado de manera violenta y afectado en sus derechos humanos, al mantenerlo aislado y sin sus pertenencias, lo que también vivieron su esposa, suegra e hijos. Además, se exige la eliminación de la alerta migratoria.

Por separado, la propia UFAL emitió un manifiesto difundido en Brasil en el que se describe cómo la autenticidad de su visa no fue reconocida, por lo que se le negó el ingreso al país. “Más allá de las irregularidades donde no se reconoció toda su documentación oficial, Diego fue humillado, experimentando la violencia del aislamiento, separado por largas horas de los familiares que lo acompañaban en el viaje, sin tener acceso a mecanismos de esclarecimiento y defensa”, dice el documento.

Sus colegas de la UFAL se dicen horrorizados e indignados con toda la suerte de violencias que acompañaron las medidas arbitrarias. “Venimos, también a través de este manifiesto, a demostrar nuestro apoyo y solidaridad a Diego y sus familiares. Además, nos sumamos a aquellos y aquellas que reclaman por la reparación de este acontecimiento injusto, arbitrario y violento que se opone a todo lo que defendemos en relación con los derechos humanos, cívico-políticos y sociales”, agregan. 

Aunado a ello, al ser consultado vía correo electrónico sobre la comunicación que emitió a la prensa brasileña, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país señaló a Animal Político que, a través de la embajada de Brasil en la CDMX, tiene conocimiento del caso y está en contacto con los familiares del académico, así como con el gobierno mexicano. 

“La admisión de extranjeros es una prerrogativa absoluta y soberana del gobierno de cada país; sin embargo, la embajada de Brasil en la Ciudad de México ha insistido ante las autoridades mexicanas en que la recepción y el trato de todos los ciudadanos brasileños, sean admitidos o no en territorio mexicano, se realicen sobre la base de normas públicas y transparentes y dentro del más estricto respeto a los derechos humanos de cada individuo”, agregó.

Cuando se han recibido denuncias de malos tratos a ciudadanos brasileños por parte de autoridades mexicanas, la embajada ha solicitado aclaraciones al INM, detalló la autoridad brasileña. Sin embargo, descartó la posibilidad de dar datos específicos sobre el caso en particular con base en su ley de acceso a la información. 

“Hubo algún error, algún malentendido o acaso un prejuicio… Llegando a México después de un viaje muy cansado de 14 horas, fui sorprendido por la policía de migración diciendo que nuestra visa era falsa… Yo intentaba explicar diciendo que soy un investigador con financiamiento del gobierno brasileño, pero ellos nunca me escucharon y no me explicaban nada”, declaró el docente a un medio de su país. Tras el agotamiento físico y psicológico, además de señalar que no tiene deseos de regresar a México, descartó dar más entrevistas.

Con traducción de Jorge Palafox.

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Imagen BBC
El alto costo de huir de la guerra de Putin para los soldados desertores del ejército ruso
9 minutos de lectura

Un número récord de soldados rusos está siendo procesado por deserción. Muchos están siendo ayudados y ocultados por sus familias.

22 de noviembre, 2024
Por: BBC News Mundo
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Los tribunales rusos han registrado un número récord de casos de soldados que desertan de sus unidades o no regresan a casa tras su tiempo de permiso, según una investigación del servicio ruso de la BBC. Muchos desertores se refugian en casa de familiares, quienes también corren el riesgo de ser procesados.

En la mañana del 23 de marzo de 2023, en un pueblo de la región de Stavropol en el sur de Rusia, un joven llamado Dmitry Seliginenko llevó a su novia en motocicleta para que pagara sus facturas en las oficinas de la autoridad local.

Seis meses antes había sido llamado a filas para combatir en Ucrania, en el marco de la movilización militar del presidente ruso Vladimir Putin.

En marzo de ese año debería haber vuelto al frente de combate.

Pero no regresó a su unidad tras 10 días de baja médica y ahora figuraba en la lista de personas buscadas por Rusia.

De camino por el pueblo, el joven fue localizado por su antiguo compañero de clase Andrei Sovershennov, que se había unido al cuerpo de policía tras terminar los estudios.

Sovershennov alertó a la policía militar y, poco después, tres hombres intentaron detener a Seliginenko mientras esperaba a su novia.

Seliginenko consiguió ponerse en contacto con su madre y su padrastro, que se dirigieron al pueblo para intervenir. Hay dos versiones diferentes de lo que ocurrió después.

Según la versión oficial de la policía, el padrastro de Seliginenko, Aleksandr Grachov, agarró las esposas de Sovershennov y gritó: “Arréstenme a mí”. A continuación, supuestamente empujó a un oficial al suelo y empezó a golpearle.

Según la versión de la familia, fue Aleksandr Grachov quien supuestamente fue empujado al suelo y golpeado tras exigir ver una orden de detención contra su hijastro.

Ambos acabaron en el hospital, y Grachov fue acusado posteriormente de agresión a un policía.

Seliginenko, por su parte, se subió al coche de sus padres y se marchó.

El incidente generó un acalorado debate en un grupo de chat creado por los habitantes del pueblo.

La familia de Seliginenko afirma que su hijo ni siquiera estaba destinado a alistarse en el ejército; que no se le sometió a un examen médico adecuado para ver si realmente era apto para el servicio, y que fue enviado al frente a pesar de dar positivo en las pruebas del coronavirus.

En enero de 2023, Seliginenko presentó afecciones en su piel, causadas por el frío extremo, y se le dio tiempo libre para descansar. Dos días después de llegar a casa, fue sometido a una operación gástrica. La familia argumentó que Dmitry no era apto para el servicio militar y que debería haber sido evaluado por una comisión médica militar.

No todos en el grupo de chat simpatizaban con sus argumentos, y en respuesta la familia publicó este emotivo llamamiento a sus vecinos.

“Aquí estás viviendo cómodamente en nuestro pueblo, pero ¿quién de ustedes vendrá con nosotros a un hospital de Pyatigorsk, Budyonnovsk o Rostov para ver cuántos soldados heridos yacen ahí?… Antes de juzgar a los demás, pónganse en la piel de la madre y su hijo que ya han sufrido tanto… Tienen a sus maridos e hijos a su lado; ¡será mejor que recen para que a ustedes no les pase lo mismo!”.

En marzo de 2024, Aleksandr Grachov fue encontrado culpable de agresión y multado con 150.000 rublos (US$1.500).

Dmitry Seliginenko no ha vuelto a su unidad militar y se desconoce su ubicación actual.

Ninguno de los involucrados quiso hablar con la BBC.

“Nos han quitado a todos los hombres”

Ilustración de dos hombres peleando.
BBC
Los desertores se han enfrentado a la policía militar.

A cientos de kilómetros del pueblo de la región de Stavropol, otros dos casos han sido llevados ante el juez en un tribunal de Buriatia, una república al otro lado de Rusia.

En el banquillo estaban el soldado Vitaly Petrov, que había desertado de su unidad, y su suegra, Lidia Tsaregorodtseva, que había intentado impedir que la policía local lo detuviera.

La BBC ha reconstruido lo sucedido a partir de documentos judiciales y del testimonio de personas familiarizadas con el caso, que no nombramos por razones de seguridad.

Vitaly Petrov, de 33 años, padre de dos hijos y originario de Sharalday, fue llamado a filas para combatir en Ucrania en 2022.

La región es una de las más pobres de Rusia. En otoño de 2022, tenía uno de los índices de movilización más altos del país, y también uno de los índices de muertes más elevados, según una investigación de la BBC y el medio de noticias independiente ruso Mediazona.

En junio de 2023, Petrov escapó de un hospital militar al que había sido enviado tras ausentarse previamente sin permiso y ser devuelto a la fuerza a su unidad a principios del mismo año.

Su suegra dice que él no era apto para el servicio militar y que sufría dolores de cabeza. Ella también declaró ante el tribunal que Petrov había sido objeto de violencia y extorsión en su unidad militar.

Los fiscales militares afirman que Petrov simplemente intentaba evitar ser enviado de nuevo al frente.

Durante el verano y el otoño de 2023, Petrov se escondió en casa de su suegra. Pasaba la mayor parte del día en el bosque cercano, buscando piñones, setas y frutos rojos, y volvía a casa de vez en cuando por la noche para dormir.

Grigory Sverdlin, activista de la ONG Run to the Forest, que ayuda a los soldados que han desertado a huir del país, calcula que alrededor del 30% de los desertores se quedan dentro de Rusia, mientras que el resto se va al extranjero. Según Mediazona, hay más de 13.000 casos en los tribunales rusos por cargos de deserción y ausencias sin permiso.

Una ilustración de la guerra.
BBC
“En los pueblos sólo quedan las mujeres silbando al viento”, dijo una fuente a la BBC.

En diciembre de 2023, la policía armada se presentó en la casa por la noche para detener a Petrov.

Lo que ocurrió después tiene de nuevo versiones diferentes.

Tsaregorodtseva afirma que la policía derribó la puerta e irrumpió en la casa, apartándola a ella y a sus dos nietas pequeñas aterrorizadas mientras empezaban a registrar la vivienda y a levantar las tablas del suelo con un hacha.

También afirma que la policía no le mostró su identificación ni una orden judicial, algo que las autoridades niegan, según los documentos judiciales. También señalan que no registraron la casa ni movieron nada.

Tanto la familia como la policía afirman que Petrov salió de su escondite en el sótano y sus hijas corrieron hacia él.

En los documentos judiciales, tanto la familia como la policía se acusan mutuamente de violencia, ya que se produjo un altercado mientras los policías intentaban detener a Petrov.

Él fue arrastrado afuera de la casa y, según sus hijas pequeñas, la policía lo golpeó con una pistola eléctrica. El investigador principal del caso fue trasladado al hospital con quemaduras producidas por agua hirviendo durante el altercado.

Tanto Petrov como Tsaregorodtseva fueron procesados. Petrov fue condenado a seis años de prisión por ausentarse sin permiso. Su suegra fue condenada a dos años de cárcel y a pagar una indemnización de 100.000 rublos (casi US$1.000) al agente de policía que resultó herido durante el altercado.

Una fuente familiarizada con el caso declaró a la BBC que la esposa de Vitaly Petrov se sentía aliviada de que su marido estuviera en la cárcel y no de vuelta en el frente de guerra.

Una fuente de la BBC también dijo que la guerra estaba pasando factura a los habitantes de las zonas rurales.

Nos han quitado a todos los hombres de los pueblos, no queda nadie para hacer el trabajo duro, cuidar de los animales y prepararse para el invierno. Un niño está enfermo, el otro está muerto de miedo. Si me perdonan la expresión, en los pueblos sólo quedan las mujeres silbando al viento”.

La misma fuente dijo que muchos hombres de la localidad se sentían en “una situación imposible”: enviados a la guerra quisieran o no, mientras sus familias se quedaban luchando solas en casa.

Siete años por deserción

Ilustración de la guerra en Ucrania
BBC
En enero de 2023, Roman Yevdokimov, de un pueblo de la frontera ruso-mongola, fue condenado a siete años de prisión por desertar de su unidad.

Otro caso visto por la BBC fue el de un soldado condenado.

En enero de 2023, Roman Yevdokimov, de un pueblo de la frontera ruso-mongola, fue condenado a siete años de prisión por desertar de su unidad.

Este hombre de 34 años, que había sido condenado en dos ocasiones por robo, fue llamado al servicio militar en octubre de 2022 como parte de la movilización nacional de Putin.

Yevdokimov pasó sólo un mes en el ejército antes de ausentarse sin permiso y regresar a casa. Pasó un tiempo escondido en el bosque y sus familiares lo ocultaron en el sótano de la casa de su suegra, hasta que finalmente las autoridades militares lo atraparon y fue enviado a prisión.

Pero como delincuente convicto, le ofrecieron la oportunidad de ir a luchar a Ucrania, en lugar de cumplir su condena. Yevdokimov sobrevivió seis meses como soldado de asalto y, según las normas de entonces -que se han modificado-, fue liberado y regresó a casa en abril de 2024.

Su familia dice que los seis meses que pasó en el frente le han dejado traumatizado e incapaz de volver a su vida anterior. Ahora pasa gran parte del tiempo en el bosque, donde antes se escondía de la policía militar.

Como soldado de asalto reclutado en prisión en 2023, cuenta con un indulto oficial que anula su condena de siete años de cárcel por deserción, pero no hay documentos que demuestren que luchó en el ejército y resultó herido en acto de servicio.

Muchos veteranos de combate reclutados en prisión intentan ahora llevar al Ministerio de Defensa ruso ante los tribunales para exigir el reconocimiento de su estatus.

Pero para Yevdokimov, el viaje de cuatro horas a la oficina de reclutamiento más cercana para tratar de resolver sus problemas es simplemente demasiado como para considerarlo.

“Cuando lo fui a ver, él con algunos tragos encima, dijo: ‘¿Quizás debería inscribirme para ser un soldado por contrato?'”, dijo su hermana a la BBC.

“No lo dejaré ir y tiene miedo de dejarme porque sabe lo mucho que me preocupo por él. Pero quiere volver con sus compañeros, porque algunos se están muriendo y está preocupado por ellos. Está sufriendo por estar allí”.

Estos casos son sólo una pequeña fracción del elevado número que llega ahora a los tribunales.

Los registros oficiales muestran que en 2024, alrededor de 800 soldados fueron condenados cada mes por ausentarse sin permiso, no cumplir órdenes o desertar de sus unidades. Según Mediazona, esta cifra duplica la del año anterior y multiplica por más de 10 el número de condenas antes de la guerra.

No hay estadísticas oficiales sobre cuántos familiares han sido también condenados por ayudar a soldados que se han fugado.

*Información adicional de Olga Ivshina

Editora: Olga Shamina

Ilustraciones del equipo de periodismo visual ruso de la BBC

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