El académico brasileño Diego de Oliveira Souza, profesor investigador de la Universidad de Alagoas (UFAL), fue detenido, separado de su familia, incomunicado y deportado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de arribar a la capital el viernes pasado para iniciar una estancia posdoctoral en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Ante ello, profesoras investigadoras del Centro de Estudios sobre la Ciudad de México (CEC), de la universidad capitalina, han iniciado una petición en change.org —con casi 3 mil firmas hasta ahora— para que el Instituto Nacional de Migración (INM) modifique sus políticas de revisión. Además, la UACM sigue conformando un expediente en torno a la situación jurídica del profesor de la UFAL, que no ha sido aclarada.

“Si hubieran al menos dejado una llamada, nosotros estábamos ahí esperando y podríamos haber actuado legalmente; no tuvimos la posibilidad de hacerlo, y entonces este tipo de prácticas está generando una indefensión… Toda la documentación ya la tenemos y estamos armando un expediente jurídico de lo ocurrido”, señaló.  

Al mismo tiempo, dijo, académicos e investigadores de la universidad han solicitado la revisión del abordaje y los protocolos de actuación de las autoridades migratorias, ante las retenciones sistemáticas que pueden lesionar en diversos grados a las personas. Ese ajuste tendría que darse con todos los viajeros de América Latina, para que no se siga incurriendo en violaciones a los derechos humanos. 

Animal Político publicó que las devoluciones de personas que llegan al país por el AICM se triplicaron en los últimos cinco años, al pasar de un promedio de 947 mensuales en 2017 a más de 3 mil 500 por mes en los últimos dos años.

Desde 2017, las nacionalidades colombiana y venezolana ya ocupaban los primeros lugares, pero a partir de 2019 las devoluciones de personas peruanas, ecuatorianas y brasileñas pasaron de contarse en centenas en años anteriores a sumar miles para 2021 y 2022. 

Por segunda ocasión, personas académicas brasileñas

Diego de Oliveira Souza es profesor del programa de Posgrado en Servicio Social de la UFAL. Como investigador, ha escrito artículos sobre trabajo y salud, salud colectiva y las determinantes sociales de la salud. 

En la CDMX, también impartiría, junto con colegas de ambos países, el diplomado internacional “Metrópolis y salud”, aunado a la presentación de su investigación. Ante una estancia que se extendería por seis meses, viajaba con su esposa, dos hijos de tres años y un año y medio, su suegra y gastos pagados por anticipado. El viernes por la tarde, su avión aterrizó en el AICM.  

Como lo han reportado otras personas latinoamericanas, su pasaporte y celular le fueron retirados. Los agentes del INM argumentaron que su visa, tramitada de manera oficial en el consulado mexicano en Río de Janeiro, era falsa. La arrancaron de su pasaporte y no le permitieron comunicarse con nadie antes de que su deportación estuviera decidida. 

El coordinador del CEC, que había extendido la carta invitación, pudo hablar con él hasta la mañana siguiente, pero ya había sido trasladado a Bogotá, vigilado y con su pasaporte aún retenido. “No podíamos actuar porque no tenía los pasaportes; yo quise interceder en Colombia, a ver si a través de la embajada se podía hacer una gestión, pero él inmediatamente me dijo que ni le moviera porque no les iban a entregar los pasaportes”, relató. 

“Si nosotros estamos tratando de establecer colaboraciones internacionales con otros organismos, imagínese en qué situación queda uno y cómo vamos a resarcir, pero eso nada más es una particularidad que le ocurre a nuestro centro de investigación; lo que sí es preocupante es la condición del doctor Diego Oliviera de Souza en torno a la alerta migratoria, a su situación jurídica y a la de su familia”, agregó.

Explicó que la carta firmada por los integrantes del CEC obedece a un gesto de solidaridad con los académicos invitados, pues el estado de ánimo del grupo era de ilusión por trabajar en la capital, con una reflexión muy profunda en torno a la pandemia desde diferentes miradas. “Esa ilusión se volvió, en palabras de ellos, una pesadilla, porque ni siquiera tienen su situación jurídica clara”, lamentó Azuara. 

La deportación de Diego de Oliveira Souza es la segunda en menos de un año de personas académicas de origen brasileño que llegaron a México con cartas invitación para participar en eventos internacionales. En junio de 2022, dos académicas brasileñas fueron detenidas y deportadas en el AICM cuando llegaban al país para participar en la novena Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Ciencias Sociales y Humanidades de CLACSO. 

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Embajada brasileña insiste en respeto a derechos humanos

En el comunicado emitido por profesores e investigadores del CEC se detalla que, a pesar de que De Oliveira Souza presentó sus cartas invitación, fue ignorado por las autoridades migratorias, tratado de manera violenta y afectado en sus derechos humanos, al mantenerlo aislado y sin sus pertenencias, lo que también vivieron su esposa, suegra e hijos. Además, se exige la eliminación de la alerta migratoria.

Por separado, la propia UFAL emitió un manifiesto difundido en Brasil en el que se describe cómo la autenticidad de su visa no fue reconocida, por lo que se le negó el ingreso al país. “Más allá de las irregularidades donde no se reconoció toda su documentación oficial, Diego fue humillado, experimentando la violencia del aislamiento, separado por largas horas de los familiares que lo acompañaban en el viaje, sin tener acceso a mecanismos de esclarecimiento y defensa”, dice el documento.

Sus colegas de la UFAL se dicen horrorizados e indignados con toda la suerte de violencias que acompañaron las medidas arbitrarias. “Venimos, también a través de este manifiesto, a demostrar nuestro apoyo y solidaridad a Diego y sus familiares. Además, nos sumamos a aquellos y aquellas que reclaman por la reparación de este acontecimiento injusto, arbitrario y violento que se opone a todo lo que defendemos en relación con los derechos humanos, cívico-políticos y sociales”, agregan. 

Aunado a ello, al ser consultado vía correo electrónico sobre la comunicación que emitió a la prensa brasileña, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país señaló a Animal Político que, a través de la embajada de Brasil en la CDMX, tiene conocimiento del caso y está en contacto con los familiares del académico, así como con el gobierno mexicano. 

“La admisión de extranjeros es una prerrogativa absoluta y soberana del gobierno de cada país; sin embargo, la embajada de Brasil en la Ciudad de México ha insistido ante las autoridades mexicanas en que la recepción y el trato de todos los ciudadanos brasileños, sean admitidos o no en territorio mexicano, se realicen sobre la base de normas públicas y transparentes y dentro del más estricto respeto a los derechos humanos de cada individuo”, agregó.

Cuando se han recibido denuncias de malos tratos a ciudadanos brasileños por parte de autoridades mexicanas, la embajada ha solicitado aclaraciones al INM, detalló la autoridad brasileña. Sin embargo, descartó la posibilidad de dar datos específicos sobre el caso en particular con base en su ley de acceso a la información. 

“Hubo algún error, algún malentendido o acaso un prejuicio… Llegando a México después de un viaje muy cansado de 14 horas, fui sorprendido por la policía de migración diciendo que nuestra visa era falsa… Yo intentaba explicar diciendo que soy un investigador con financiamiento del gobierno brasileño, pero ellos nunca me escucharon y no me explicaban nada”, declaró el docente a un medio de su país. Tras el agotamiento físico y psicológico, además de señalar que no tiene deseos de regresar a México, descartó dar más entrevistas.

Con traducción de Jorge Palafox.