Más de 50 mil refugiados se han establecido en México en 9 años; han accedido a empleo, salud y educación
Giovanni Lepri, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados en México (ACNUR), aseguró que 50 mil personas refugiadas han solicitado asilo a las comunidades del país desde el 2016 como parte de un programa de integración y solidaridad, por lo que es un destino donde los que “huyen” por desplazamiento, pueden encontrar estabilidad.
En un comunicado, Lepri aseguró que se ha procedido “exitosamente” a la reubicación en ciudades industriales a través del Programa de Integración Local de ACNUR, y llevan una coordinación con los gobiernos locales y el federal. Además, con socios del sector privado.
“México se ha convertido en un país donde las personas forzadas a huir pueden encontrar la estabilidad que necesitan para reiniciar sus vidas con dignidad. (…) Un sistema de asilo y un marco jurídico sólidos permiten una integración efectiva de las personas solicitantes de asilo y refugiadas”, comentó Lepri.
Precisó que las personas refugiadas que participaron en dicho programa, “han logrado estabilidad y una integración exitosa gracias al acceso a un empleo formal, salud, educación y vivienda, lo que también ha facilitado su acceso a la nacionalidad mexicana”.
“Con las herramientas adecuadas, las personas refugiadas tienen un potencial enorme para integrarse plenamente en México y contribuir a sus comunidades de acogida. Ahora tenemos datos suficientes para afirmar que se trata de un hecho incuestionable”, dijo Lepri.
Desplazamiento forzado “sigue en niveles críticos”
La Agencia de la ONU, indicó que el desplazamiento forzado en el Continente Americano “sigue en niveles críticos”, pues es impulsado por la violencia, la persecución, violaciones de derechos humanos, inseguridad y exacerbado por el impacto negativo de los desastres.
De acuerdo con las estadísticas de ACNUR, muestran que, a mediados de 2024, había 20.3 millones de personas desplazadas por la fuerza y otras personas que necesitan protección internacional y asistencia.
La mayoría de las personas desplazadas por la fuerza de la región permanecen en América Latina y el Caribe, donde gobiernos y comunidades se comprometen con su protección e inclusión, fomentando soluciones para su integración en los países de acogida.
“En este contexto, el Programa de Integración Local de México ha sido clave para apoyar a las personas refugiadas a reconstruir sus vidas. Gracias a la participación activa de más de 650 empresas, las personas refugiadas pueden contribuir con sus habilidades y experiencia a fortalecer la economía mexicana, generando una contribución fiscal anual de 15 millones de dólares (USD)”, señaló la agencia.
ACNUR presumió que su programa se enfoca en la estabilización y la autosuficiencia y como resultado, el 94% de las personas refugiadas en edad de trabajar consigue un empleo formal en el primer mes.
“El 88% de la niñez en edad escolar se matricula en la escuela y el 60% de las familias en situación de pobreza sale de esa condición en el plazo de un año. Además, se generan las condiciones para solicitar la nacionalidad mexicana”, añadió.
En 2019, la ACNUR, estableció que el gobierno mexicano debía proteger a los migrantes y garantizar sus derechos humanos, ya sea que estén de paso o mientras esperan la resolución a su solicitud y no exponerlos a ambientes de violencia como de los que muchos huyen.
Kelly T. Clements, exalta Comisionada Adjunta de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), indicó en aquella ocasión, que desde la última vez que estuvo en el país, vio como México pasó de ser de tránsito a un país de destino. Esto, en parte por el trabajo que se ha hecho para construir un sistema de asilo y por el apoyo de la comunidad internacional.
Denuncian abusos por parte de autoridades mexicanas
No obstante, los defensores de derechos de los migrantes han denunciado malos tratos y abusos por parte de autoridades mexicanas.
Organizaciones han señalado tratos degradantes y crueles, así como racismo y xenofobia, al interior de las estaciones migratorias operadas por el Instituto Nacional de Migración.
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Sin embargo, Clements cree que se puede administrar las fronteras de manera más humana.
“Creemos firmemente que se puede administrar las fronteras humanamente, o que se puede gestionar los flujos humanos dentro de un país, humanamente, y se trata de cómo configurar el sistema y lo que el gobierno decida hacer o cuál es el mejor enfoque para hacer eso, pero puede hacerse”, aseguró.
Trump cancela vuelos de refugiados
Todos los viajes de refugiados con destino a Estados Unidos han sido cancelados por el Departamento de Estado.
Los funcionarios han recibido la instrucción de detener los trámites para la concesión de asilo en el extranjero y un programa aprobado por el gobierno de Joe Biden por el que particulares estadounidenses podían patrocinar a potenciales refugiados.
“La llegada de refugiados a Estados Unidos ha sido suspendida hasta nuevo aviso”, indica la directriz.
El presidente de EU, Donald Trump, dijo que su país “carece de la capacidad para absorber un gran número de inmigrantes y, en especial refugiados, en sus comunidades de modo que no comprometa la disponibilidad de recursos para los estadounidenses”.
La instrucción establece que “todos los viajes de refugiados a Estados Unidos previamente programados quedan cancelados y no se harán nuevas reservas de viaje” e indica a los funcionarios que “no deben solicitar viajes para ningún otro refugiado en este momento”.
La medida afecta a miles de refugiados en países afectados por violencia, conflictos bélicos y otros peligros, que habían conseguido que se les reconociera ese estatus y el derecho a viajar a Estados Unidos después de un trámite engorroso que se prolonga meses o años.
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Brad Sigmon fue ejecutado frente a un escuadrón en Carolina del Sur luego de estar varios años en el corredor de la muerte por un doble asesinato.
Un prisionero en el estado de Carolina del Sur fue ejecutado en la tarde de este viernes con un pelotón de fusilamiento.
Brad Sigmon estaba en el corredor de la muerte por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol.
Su ejecución ocurrió poco después de la hora programada, las 18:08 local (23:08 GMT), con un pelotón conformado por tres voluntarios situados detrás de una cortina que dispararon simultáneamente rifles contra su pecho con balas especiales.
Para este tipo de ejecución se exige que los condenados a muerte sean atados a una silla al entrar en la cámara de ejecución. A continuación, al prisionero se le coloca una diana en el corazón y una bolsa sobre la cabeza.
Este tipo de ejecución no se había aplicado en Estados Unidos desde hacía 15 años.
Antes de morir, Sigmon dijo: “Quiero que mi declaración final sea de amor y disculpa”.
Citó la Biblia para denunciar la pena de muerte y añadió: “Ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento”.
Tres miembros de la familia Larke estuvieron en el lugar para presenciar su muerte. Un médico realizó un examen que duró unos 90 segundos, antes de declararlo muerto.
Ante la posibilidad de morir en la silla eléctrica o por inyección letal, los abogados de Sigmon, de 67 años, anunciaron que había elegido el proceso más violento porque le preocupaba la eficacia de los otros dos métodos.
Esta es la primera persona ejecutada por fusilamiento en Estados Unidos desde 2010 y apenas la cuarta desde que el país reintrodujo la pena de muerte en 1976.
El doble asesinato
Sigmon fue acusado de asesinato en 2001 después de que los investigadores probaron que había matado a los padres de su exnovia en su casa del condado de Greenville. Los había golpeado con un bate.
El hombre confesó que también planeaba atacar a su exnovia, pero la mujer pudo escapar. “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”, declaró.
La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó esta semana una petición de intervención de los abogados de Sigmon.
La defensa quería más tiempo para informarse sobre el fármaco que Carolina del Sur utiliza en las inyecciones letales y cuestionaban si la representación legal de su cliente en 2002 había sido adecuada.
El estado del sur de EE.UU. aprobó una ley en 2023 que obliga a mantener en secreto la identidad de los miembros del escuadrón de ejecución.
También prohíbe la publicación de información relativa a la adquisición de fármacos para la inyección letal, ya que cada vez son más las empresas farmacéuticas que han declinado suministrarlos para las ejecuciones en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en enero una demanda contra la ley estatal.
Cómo funciona esta ejecución
La ejecución por fusilamiento es compleja.
Los condenados como Sigmon deben ser atados a una silla con una palangana debajo para recoger su sangre. Se le coloca una diana en el pecho y una bolsa en la cabeza.
Tres voluntarios ocultos tras una cortina dispararán desde 4,6 m de distancia.
Las balas utilizadas están diseñadas para romperse en el impacto y causar el máximo daño, algo que ha generado debate entre expertos médicos sobre el grado de dolor que causa su uso.
Tras los disparos, un médico debe confirmar la muerte del condenado.
El estado permite que los testigos observen la muerte desde detrás de un cristal blindado, pero los verdugos deben permanecer ocultos para proteger sus identidades.
La mayoría de los prisioneros condenados a muerte en Carolina del Sur son electrocutados, pero las tres ejecuciones más recientes se llevaron a cabo mediante inyecciones que incluían pentobarbital. Los tres hombres fueron declarados muertos 20 minutos después de recibir la inyección, aunque parecían haber dejado de respirar al cabo de unos minutos.
La falta de información sobre estas ejecuciones por la prohibición que establece la legislación local ha suscitado críticas por su falta de transparencia.
“Esta prohibición no solo se aparta aún más del historial del estado de hacer pública la información relacionada con las ejecuciones, sino que criminaliza la divulgación de esta información por parte de cualquier persona y por cualquier motivo”, argumentó la ACLU en su demanda legal.
“Silencia así a los científicos, médicos, periodistas, antiguos funcionarios de prisiones, abogados y ciudadanos que han analizado la seguridad, eficacia, moralidad y legalidad del uso de la inyección letal en Carolina del Sur”.
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