
Este 2024 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cumplirá dos aniversarios simultáneamente. El más conocido, la declaración de guerra que propuso vencer al gobierno mexicano, derrotar las Fuerzas Armadas y avanzar hasta la capital de la República, el 1 de enero de 1994. Y el menos visible –aunque marca su continuidad–, el inicio de las negociaciones de paz en febrero de ese año, cuando la guerrilla bajó las armas, pero no renunció a la política.
Para el antropólogo Gilberto López y Rivas, exasesor del EZLN durante los diálogos por la paz e integrante del colectivo “Es la Hora de los Pueblos”, así como para el abogado Juan Carlos Flores, integrante del Consejo Nacional Indígena (CNI) y miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua–Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT), a 30 años del levantamiento armado el movimiento zapatista sigue vigente; dicen, “paz” y “vida” son dos palabras con las que es posible entender la actualidad del movimiento.
Desde finales de octubre y hasta diciembre de 2023, el EZLN lanzó una serie de comunicados donde anunció una reestructura interna y una nueva etapa en su lucha. “Nuestro silencio de estos años no fue, ni es, señal de respeto ni aval de nada [al gobierno], sino de que nos esforzamos por ver más lejos y buscar lo que buscan todos, todas: una salida de la pesadilla”, sentenciaron en una misiva enviada en noviembre pasado.

En la primera entrega, los rebeldes formalizaron la degradación de su líder militar, Marcos, quien pasó de subcomandante a capitán –cargo con el que ingresó a la guerrilla a mediados de la década de 1980–, así como un nuevo horizonte de victoria: 120 años. “Nosotros tenemos que luchar para que esa niña, que va a nacer en 120 años, sea libre y sea lo que le dé la gana ser. Entonces no estamos luchando para que esa niña sea zapatista o partidista o lo que sea, sino que ella pueda elegir, cuando tenga juicio, cuál es su camino”, escribió el ahora capitán insurgente Marcos.
En la siguiente entrega, anunciaron la disolución de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) y Municipios Autónomos Zapatistas (Marez), que serían sustituidos por una estructura basada en unidades nombradas Gobierno Autónomo Local (GAL) y la reorganización de su estructura para aumentar la defensa y seguridad de su territorio “en caso de agresiones, ataques, epidemias, invasión de empresas depredadoras de la naturaleza, ocupaciones militares parciales o totales, catástrofes naturales y guerras nucleares”.
Por último, el EZLN ordenó establecer sus “extensiones de la tierra recuperada como del común”, es decir, terrenos en territorio rebelde ni “privados, ni ejidales, ni comunal, ni federales, ni estatales, ni empresariales, ni nada”, con invitación pública a trabajarlas.
En dicho comunicados, los zapatistas calificaron estos años como una “pesadilla” y enumeraron una serie de causales, tras solidarizarse con los afectados del huracán Otis, en Acapulco: crisis ecológica, crimen, migración, violencia, crisis política, social y cultural. Y anticiparon que la “lucha por la vida” debía pasar por una reorganización de las estructuras políticas del zapatismo. Con el objeto, añadieron, de que los pueblos indígenas sobrevivan a las nuevas circunstancias nacionales e internacionales.
Al respecto, López y Rivas afirma: “El EZLN ha creado un nuevo marco para comprender lo que llamamos la cuestión étnico-nacional, ha capturado la imaginación de diversas personas que nos formamos en la izquierda. También ha revelado el racismo y desigualdad que impera en México”.
“El EZ nos ha ayudado a comprender el país con otros ojos y mantener una postura crítica sobre diversos pasajes de la política nacional e internacional. Si bien mantiene su poder militar, aún más, la capacidad para visualizar los acontecimientos que marcarán el futuro”.
Añade Flores: “Los recientes comunicados del EZLN nos muestran una nueva fase de la compartición de la autonomía. Los pueblos zapatistas nos muestran, con su propuesta de la ‘no propiedad’, una nueva fase de lucha: la liberación de los pueblos solo puede existir en la práctica”.

“Proponen, ‘compartir la tierra’ con la sociedad civil, conocer diferentes luchas a nivel local, mundial y nacional, así como vincularse a ellas y proponer nuevos esquemas para ejercer la autonomía”.
Ambos coinciden que los nuevos comunicados del EZLN, a 30 años de su aparición pública, suceden a una rebelión indígena que renunció a disparar sus armas. La “paz”. Mantienen su postura crítica contra la clase política y la organización económica reinante, el “capitalismo”. La guerra. Ambos reafirman que los pueblos indígenas marcan la “vanguardia” –palabra que López y Rivas y Flores pronuncian con pena– hacia otros movimientos sociales a nivel nacional e internacional. La “vida”.
El 1 de enero de 1994 –fecha de entrada del Tratado de Libre Comercio–, el país amaneció con una insurrección armada protagonizada por miles de indígenas mayas que tomaron cinco cabeceras municipales en el estado de Chiapas. A decir del antropólogo López y Rivas, la aparición pública del EZLN marcó el inicio de una rebelión armada “sui generis”, donde se puso de relieve “la cuestión étnico-nacional” y una “ruptura” con las guerrillas clásicas.
La “Primera Declaración de la Selva Lacandona”, documento que marcó el inicio de la lucha zapatista, ordenó a sus tropas cumplir las funciones de una guerrilla clásica: “Avanzar hacia la capital del país venciendo al ejército federal mexicano”, “respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la Cruz Roja”, “iniciar juicios sumarios contra los soldados del ejército federal mexicano y la policía política” y “formar nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten sumarse a nuestra justa lucha”.
No obstante, dicho documento también propuso un giro, que remarcó “la cuestión étnico-nacional” antecedida por Rivas: “Somos producto de 500 años de luchas”, señala la “Declaración”. “Somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años”.
Tras 12 días de combates donde el gobierno reconoció la baja de 15 miembros del Ejército y 71 insurgentes, los rebeldes emitieron una serie de comunicados en los que aceptaron dialogar con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, sin desmovilizar su capacidad militar. En dichos documentos no solo ordenó el repliegue de sus tropas, también marcó una nueva ruta a la guerra.
“Olvidan ellos que una guerra no es una cuestión de armas o de un gran número de hombres armados, sino de política”, refirió Marcos, jefe militar del EZLN, luego de conocer las movilizaciones civiles que pedían el fin de los combates en ambos lados, gobierno y guerrilla.
“La paz que ahora piden algunos siempre fue guerra para nosotros, parece que les molesta a los grandes señores de la tierra, el comercio, la industria y el dinero que los indios vayan ahora a morir a las ciudades y manchen sus calles”.
En sus memorias “México, un paso difícil a la modernidad”, el expresidente Salinas reconoció que el levantamiento provocó que su estado de ánimo transitara “de la sorpresa a la preocupación, y ahí a la duda”.
Abundó: “Hacia el final de la primera semana de enero me resultaba evidente que estábamos ante un momento decisivo. El ejército mexicano tenía el control militar de la zona y la guerrilla había fracasado militarmente, estaba en retirada. Por otra parte, los partidos políticos y el Congreso apoyaban una propuesta de diálogo ante el conflicto”.
Tras los diálogos de paz donde participó el obispo de Chiapas Samuel Ruiz, así como un representante del gobierno federal, Manuel Camacho Solís, quien además aspiraba a suceder a Salinas en lugar de Luis Donaldo Colosio, el EZLN lanzó la “Segunda declaración de la Selva Lacandona”. En dicho documento, la Comandancia General del EZLN ordenó a sus tropas una “prórroga unilateral del cese al fuego”.
Sin embargo, también convocaron a realizar una “Convención Nacional Democrática de la que emane un Gobierno Provisional o de Transición, sea mediante la renuncia del Ejecutivo federal o mediante la vía electoral”.
Dicha tarea la construirían los zapatistas junto a la “sociedad civil” – incluidos partidos de oposición, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD)– con el objeto de redactar una nueva “Carta Magna en cuyo marco se convoque a nuevas elecciones”.

Desde la firma de los acuerdos de paz hasta el año 2001, a decir de Juan Carlos Flores, los zapatistas plantearon a la “sociedad civil como el gran protagonista para respaldar su lucha”. “No obstante, esa influencia se fue diluyendo cuando entendieron que la simpatía ganada se basaba en el racismo y el engaño de los partidos políticos, incluido el PRD, así como las bases de lo que actualmente constituye Morena”, afirma.
El 16 de febrero de 1996, la administración de Ernesto Zedillo, continuó con las negociaciones entre el gobierno y el EZLN que concluyeron en una propuesta de reforma constitucional donde el Estado se comprometía a reconocer la autonomía de los pueblos indígenas. “Los compromisos firmados por el gobierno de Zedillo, no sólo reconocía las formas de gobierno que determinaran los pueblos; también protegía los derechos de dichos gobierno y comunidades sobre las tierras donde se asentaran”, añade Flores, abogado del CNI.
Durante los siguientes años, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), además del gobierno federal, acusaron al EZLN y a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) –instancia creada por el Congreso de la Unión– de querer crear un “Estado dentro del Estado. Acusación con la que la “clase política” rechazó la propuesta de “autonomía” que ellos mismos habían reconocido en los diálogos.
Un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, fechado en 1999, refiere que en el estado de Chiapas se concentró más del 20% de los efectivos militares con los que contaba el Estado mexicano. Por una parte, el gobierno de Zedillo negociaba la paz y por la otra preparaba la guerra.
La aparente solución al “conflicto” en Chiapas, surgió en el año 2000, cuando el entonces candidato del PAN, Vicente Fox, se comprometió a negociar con los zapatistas a solucionar la guerra en 15 minutos y mandar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley en Materia de Derechos y Cultura Indígenas. En efecto, tras la victoria del guanajuatense, envió una iniciativa de ley, pero sus alcances no fueron bien vistos por el movimiento armado.
“Dicha reforma traiciona los Acuerdos de San Andrés (firmados el 16 de febrero de 1996) en lo general y, en lo particular, la llamada ‘iniciativa de ley de la Cocopa’ en los puntos sustanciales: autonomía y libre determinación, los pueblos indios como sujetos de derecho público, tierras y territorios, uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridades municipales y derecho de asociación regional, entre otros”, reprochó el EZLN a través de una misiva publicada el 29 de abril de 2001.
Le llamaron una “traición” y “burla” contra los pueblos indígenas. Si bien el movimiento indígena no dejó las armas, comenzó a hacer a un lado el llamado a la “sociedad civil” y particularmente con el PRD, partido con el que había mantenido una “unidad táctica”, refiere López y Rivas. Cinco años después, los rebeldes lanzaron la “Sexta Declaración de la Selva Lacandona”, así como una serie de comunicados donde rechazaron a los partidos que votaron los Acuerdos de San Andrés.
La condena alcanzó al grupo político del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya primera candidatura política promovida por el PRD, parecía asegurarle la victoria contra el panista Felipe Calderón Hinojosa.
“Nos va a partir la madre”, antecedió el Subcomandante Marcos, en una misiva donde comparó a López Obrador con el expresidente Salinas. La equivalencia cayó mal en los sectores progresistas ligados a la izquierda partidista, antes simpatizantes del EZLN.
Poco tiempo después, el EZLN lanzó la “Otra Campaña”, encabezada por el subcomandante Marcos. Propuesta con la cual recorrió 32 estados de la República. En dicho recorrido, donde anticiparon luchar no sólo por los “indígenas de Chiapas” o “por los pueblos indios de México”, sino tambièn por “todos los que son gente humilde y simple como nosotros y que tienen gran necesidad y que sufren la explotación y los robos de los ricos y sus malos gobiernos”.
Pero el 3 y 4 de mayo de 2006, una brutal represión en el poblado de San Salvador Atenco, frenó la nueva iniciativa zapatista y obligó al movimiento armado a replantearse sus objetivos.

El 1 de enero de 2019, el EZLN lanzó un duro comunicado –leído por el subcomandante Moises, nuevo jefe militar del grupo armado– contra la incipiente administración de López Obrador.
Moisés calificó como un “enfrentamiento” y una “porquería” la propuesta de construcción de uno de los proyectos emblema del sexenio: el Tren Maya, cuya primera parte fue inaugurada a mediados de diciembre de 2023.
“No lo aceptamos. Que le ponga su nombre, no tiene nada que ver, si quiere así como no nos preguntó, que le ponga su nombre de su mamá”, reprochó. “Tampoco me van a cucar. O cómo se dice ahora, eso sí calienta”, respondió irónico.

Menos de mes y medio después, el activista Samir Flores Soberanes fue asesinado en el poblado de Amilcingo, en Temoac, Morelos. Flores Soberanes, líder de los opositores a la termoeléctrica de la Huexca, en el municipio de Cuautla, Morelos, a quienes previamente el presidente López Obrador llamó “radicales conservadores” por oponerse al proyecto promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
No sería ni la primera ni única vez en que el mandatario se ha enfrentado con opositores a los megaproyectos promovidos por su administración.
Juan Carlos Flores, quien forma parte de la organización de Flores Soberanes, sostiene que “paz” y “vida” son dos palabras que definen la lucha zapatista y la de muchos pueblos indígenas del país agrupados en el CNI, cuya vigencia se extiende también al presente.
“López Obrador sembró la esperanza en millones de mexicanos que creían que los ‘proyectos de muerte’ no continuarían con su administración. Se equivocaron… nos equivocamos –reconoce–, porque únicamente ha mantenido al pueblo mediatizado sin que exista una verdadera liberación nacional. Hoy creo que la verdadera liberación de los mexicanos será obra de nuestras propias manos, ahí está la vigencia de la lucha zapatista”.
Por su parte, Gilberto López y Rivas, afirma que el EZLN ha podido convocar a muchas luchas dispersas, aunque por el momento no se han podido unir a la que encabezan los pueblos zapatistas. Y enumera: feministas, ecologistas, desempleados, pueblos indígenas, opositores a megaproyectos, comunistas, entre otros.
Para el antropólogo, el gobierno y Estado mexicano “han podido colocar en la población la noción de que esa lucha ya terminó y que no existe nada más que sus propias mentiras”.
“Existe una estrategia sistemática para invisibilizar el pensamiento crítico. Y hoy, los pueblos zapatistas y el EZLN conforman la conciencia crítica de la nación”, sentencia.

Casi siete años después de la imposición de sanciones por parte de EU la exportación petrolera de Venezuela parece haberse recuperado de forma significativa gracias a la contribución de la llamada flota fantasma. BBC Mundo te cuenta de qué se trata.
Cuando en 2019 el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso sanciones a la industria petrolera de Venezuela para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, las exportaciones de crudo venezolano cayeron hasta unos 495.000 barriles diarios. Seis años más tarde, las sanciones siguen en pie, pero las exportaciones petroleras de Venezuela han vuelto a crecer hasta ubicarse en torno al millón de barriles diarios.
Aunque se trata de una cantidad pequeña para un país que en 1998 -antes de la llegada al poder de Hugo Chávez- producía tres millones de barriles diarios, esta recuperación de parte de la exportación de crudo es un indicativo de que las sanciones contra Venezuela no están funcionando como EE.UU. esperaba.
Y es que el gobierno de Maduro ha ido encontrando la manera de ir reactivando la producción y de crear nuevas vías para vender el crudo venezolano esquivando las sanciones.
En esa tarea de comercialización ha jugado un rol central la llamada “flota fantasma”: una serie de tanqueros petroleros que por medio de distintas estratagemas logran ocultar su labor como barcos de transporte de petróleo sancionado por las autoridades estadounidenses.
Una de estas embarcaciones fue interceptada e incautada este miércoles por las fuerzas militares de EE.UU. cuando se encontraba en aguas frente a las costas de Venezuela.
“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, dijo Trump al anunciar la operación ante la prensa en la Casa Blanca.
El gobierno de Maduro reaccionó calificando la incautación como “un robo descarado y un acto de piratería” y dijo que acudirá ante instancias internacionales existentes para denunciar lo ocurrido.
Esta acción estadounidense aumenta las tensiones con Caracas que se han ido intensificando desde que en agosto de este año el gobierno de Trump inició un gran despliegue militar en aguas del Caribe con el objetivo oficial de combatir el narcotráfico, pero que muchos analistas creen que tiene como objetivo final forzar un cambio de régimen en Venezuela.
Más allá de su posible objetivo político, la medida tiene un impacto económico pues dificulta aún más las exportaciones petroleras venezolanas al meter presión sobre la flota fantasma.
Pero, ¿qué sabemos sobre cómo operan estas embarcaciones?
La utilización de flotas fantasmas es un fenómeno en aumento que ocurre no solamente en el caso venezolano, sino también de otros dos países petroleros sometidos a sanciones por parte de EE.UU. y de potencias occidentales: Rusia e Irán.
La empresa de inteligencia financiera S&P Global estima que uno de cada cinco petroleros en el mundo son usados para vender de contrabando petróleo procedente de países bajo sanciones.
De estos, el 10% transportarían solamente crudo venezolano, un 20% haría lo mismo con el iraní, mientras que 50% se dedica en exclusiva al petróleo ruso. El 20% restante no estaría atado a ningún país en particular y puede transportar petróleo de más de uno de estos países.
Según estimaciones de la firma de análisis marítimo Windward, la flota clandestina cuenta con unas 1.300 embarcaciones.
Las sanciones petroleras buscan desincentivar a países o empresas a adquirir o involucrarse en cualquier operación relacionada con crudo procedente de los países castigados.
Ante ello, los países sancionados optan por ofrecer su petróleo con grandes descuentos para que haya operadores, empresas o países que estén dispuestos a correr el riesgo de comprarlo, aplicando -eso sí- algunos trucos para disimular su origen.
Una de las estrategias más frecuentes que aplican estos tanqueros para evadir las sanciones es cambiar con frecuencia -a veces varias veces en un mes- de nombre o de bandera.
En el caso, por ejemplo, del petrolero incautado este miércoles, se trata de un barco llamado The Skipper, según informó CBS News, socia en EE.UU. de la BBC.
Esa misma cadena dijo que se trata de un barco sancionado por el departamento del Tesoro de EE.UU. desde 2022 debido a su supuesto rol en una red de contrabando de petróleo que ayuda a financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán, así como a la milicia chiita libanesa Hezbolá.
CBS indicó que al momento de ser sancionado el petrolero tenía por nombre Adisa (inicialmente se llamaba The Tokyo) y era una de las embarcaciones vinculadas con el magnate petrolero ruso Viktor Artemov, quien también se encuentra bajo sanciones.
Al referirse a ese tanquero este miércoles, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en la red social X que esa nave era usada para transportar petróleo procedente de Venezuela e Irán, dos países bajo sanciones.
Un elemento interesante sobre The Skipper es que es un barco con 20 años de antigüedad y ese es otro elemento usual entre los tanqueros de las flotas fantasma: muchos son barcos viejos, pues las grandes navieras suelen deshacerse de estos barcos cuando tienen 15 años de servicio y luego de 25 años suelen ser enviados al desguace.
Justamente otro truco aplicado por estos barcos es usurpar la identidad de alguno de esos barcos enviados a desguace, emitiendo los números de registro únicos que la Organización Marítima Internacional le otorgó a esas embarcaciones. Así se convierten en lo que se conoce como barcos zombis, pues lo que hacen es similar a alguien que usa la identidad de una persona muerta.
Un caso de este tipo relacionado con Venezuela ocurrió en abril pasado cuando un barco llamado Varada llegó a aguas de Malasia, tras un viaje que había iniciado dos meses antes en Venezuela.
La embarcación juntaba dos elementos sospechosos: tenía 32 años y la bandera de las Comoras, popular entre barcos que no quieren ser detectados.
Una investigación de la agencia Bloomberg descubrió que se trataba de un barco zombi, pues el verdadero Varada había sido desguazado en 2017 en Bangladesh.
Otras formas habituales de operar de los barcos de flotas fantasmas consiste en “disfrazar” el origen del crudo transfiriéndolo en aguas internacionales a petroleros sin problemas legales con otras banderas, que son los que se encargan de llevar el crudo hasta su destino, presentándolo como procedente de un país no sancionado.
Ese fenómeno se produjo, por ejemplo, en el caso de las exportaciones petroleras venezolanas hacia China durante el primer gobierno de Trump. Según expertos consultados por BBC Mundo hubo un momento en el que en las estadísticas oficiales de comercio de China aparecía como si ese país no estaba adquiriendo crudo venezolano cuando, en realidad, sí lo estaba haciendo.
Esto era posible porque ciertas refinerías compraban el petróleo a estos barcos que habían adquirido la carga en aguas internacionales y que la presentaban como procedente de países no sancionados.
Un último truco usual entre este tipo de tanqueros consiste de desactivar el sistema de identificación automática, a través del cual se transmiten datos como el nombre, la bandera, la posición, la velocidad o el rumbo de la embarcación. La manipulación de estos datos permite ocultar la identidad, ubicación y rumbo de las naves.
La investigación de Bloomberg en abril detectó el caso de cuatro barcos zombis que transportaban crudo venezolano.
La agencia de noticias recurrió al análisis de imágenes satelitales y las comparó con fotos históricas de los cuatro barcos cuyos nombres y números de identificación estaban usando.
Más recientemente, la ONG Transparencia Venezuela emitió un informe basado en la observación de lo que ocurrió en los puertos petroleros de ese país en octubre de este año.
Según ese reporte, hubo 71 tanqueros extranjeros en modo visible en los puertos de la petrolera venezolana Pdvsa, de los cuales 15 están bajo sanciones y nueve se relacionan con flotas fantasmas.
Transparencia encontró que en promedio hubo 24 petroleros que estaban ubicados cerca de tres puertos en el occidente y oriente de Venezuela y que estaban operando en modo furtivo, pues no tenían activas sus señales reglamentarias de posicionamiento.
De igual modo, Transparencia afirma haber detectado seis operaciones de transferencia de carga de un buque a otro, cerca de la bahía de Amuay, en el occidente del país.
De igual modo, hubo una mayoría de barcos con banderas de países considerados como paraísos regulatorios, por tener normas de supervisión laxas, lo que termina facilitando las operaciones de este tipo de embarcaciones.
Así, de los 71 barcos, 29 tenían la bandera de Panamá, seis de las islas Comoras y cinco de Malta.
En su informe, Transparencia indica que 38 de estos petroleros pasaron más de 20 días sin tocar puerto, algo que contrasta con los barcos de la petrolera estadounidense Chevron (autorizada por Washington para operar en Venezuela) que al llegar toman su carga y se marchan en un plazo máximo de seis días.
“La permanencia extendida en las áreas portuarias del país, sin llegar directamente a las terminales petroleras, arroja serias dudas sobre el tipo de operaciones que esos buques realizan”, señaló Transparencia en relación con los barcos que tardaban muchos días sin tocar puerto.
En todo caso, dado que la operación de intercepción e incautación realizada este miércoles se originó en el portaviones Gerald Ford -el más grande del mundo-, que ahora forma parte del masivo despliegue de fuerzas realizado por EE.UU. en aguas del Caribe frente a Venezuela, es probable que la posibilidad del gobierno de Maduro de recurrir a la flota fantasma se vea limitada de una forma importante.
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