30 años del EZLN, el movimiento armado que renunció a matar y a morir
Este 2024 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cumplirá dos aniversarios simultáneamente. El más conocido, la declaración de guerra que propuso vencer al gobierno mexicano, derrotar las Fuerzas Armadas y avanzar hasta la capital de la República, el 1 de enero de 1994. Y el menos visible –aunque marca su continuidad–, el inicio de las negociaciones de paz en febrero de ese año, cuando la guerrilla bajó las armas, pero no renunció a la política.
Para el antropólogo Gilberto López y Rivas, exasesor del EZLN durante los diálogos por la paz e integrante del colectivo “Es la Hora de los Pueblos”, así como para el abogado Juan Carlos Flores, integrante del Consejo Nacional Indígena (CNI) y miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua–Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT), a 30 años del levantamiento armado el movimiento zapatista sigue vigente; dicen, “paz” y “vida” son dos palabras con las que es posible entender la actualidad del movimiento.
Desde finales de octubre y hasta diciembre de 2023, el EZLN lanzó una serie de comunicados donde anunció una reestructura interna y una nueva etapa en su lucha. “Nuestro silencio de estos años no fue, ni es, señal de respeto ni aval de nada [al gobierno], sino de que nos esforzamos por ver más lejos y buscar lo que buscan todos, todas: una salida de la pesadilla”, sentenciaron en una misiva enviada en noviembre pasado.
En la primera entrega, los rebeldes formalizaron la degradación de su líder militar, Marcos, quien pasó de subcomandante a capitán –cargo con el que ingresó a la guerrilla a mediados de la década de 1980–, así como un nuevo horizonte de victoria: 120 años. “Nosotros tenemos que luchar para que esa niña, que va a nacer en 120 años, sea libre y sea lo que le dé la gana ser. Entonces no estamos luchando para que esa niña sea zapatista o partidista o lo que sea, sino que ella pueda elegir, cuando tenga juicio, cuál es su camino”, escribió el ahora capitán insurgente Marcos.
En la siguiente entrega, anunciaron la disolución de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) y Municipios Autónomos Zapatistas (Marez), que serían sustituidos por una estructura basada en unidades nombradas Gobierno Autónomo Local (GAL) y la reorganización de su estructura para aumentar la defensa y seguridad de su territorio “en caso de agresiones, ataques, epidemias, invasión de empresas depredadoras de la naturaleza, ocupaciones militares parciales o totales, catástrofes naturales y guerras nucleares”.
Por último, el EZLN ordenó establecer sus “extensiones de la tierra recuperada como del común”, es decir, terrenos en territorio rebelde ni “privados, ni ejidales, ni comunal, ni federales, ni estatales, ni empresariales, ni nada”, con invitación pública a trabajarlas.
En dicho comunicados, los zapatistas calificaron estos años como una “pesadilla” y enumeraron una serie de causales, tras solidarizarse con los afectados del huracán Otis, en Acapulco: crisis ecológica, crimen, migración, violencia, crisis política, social y cultural. Y anticiparon que la “lucha por la vida” debía pasar por una reorganización de las estructuras políticas del zapatismo. Con el objeto, añadieron, de que los pueblos indígenas sobrevivan a las nuevas circunstancias nacionales e internacionales.
Al respecto, López y Rivas afirma: “El EZLN ha creado un nuevo marco para comprender lo que llamamos la cuestión étnico-nacional, ha capturado la imaginación de diversas personas que nos formamos en la izquierda. También ha revelado el racismo y desigualdad que impera en México”.
“El EZ nos ha ayudado a comprender el país con otros ojos y mantener una postura crítica sobre diversos pasajes de la política nacional e internacional. Si bien mantiene su poder militar, aún más, la capacidad para visualizar los acontecimientos que marcarán el futuro”.
Añade Flores: “Los recientes comunicados del EZLN nos muestran una nueva fase de la compartición de la autonomía. Los pueblos zapatistas nos muestran, con su propuesta de la ‘no propiedad’, una nueva fase de lucha: la liberación de los pueblos solo puede existir en la práctica”.
“Proponen, ‘compartir la tierra’ con la sociedad civil, conocer diferentes luchas a nivel local, mundial y nacional, así como vincularse a ellas y proponer nuevos esquemas para ejercer la autonomía”.
Ambos coinciden que los nuevos comunicados del EZLN, a 30 años de su aparición pública, suceden a una rebelión indígena que renunció a disparar sus armas. La “paz”. Mantienen su postura crítica contra la clase política y la organización económica reinante, el “capitalismo”. La guerra. Ambos reafirman que los pueblos indígenas marcan la “vanguardia” –palabra que López y Rivas y Flores pronuncian con pena– hacia otros movimientos sociales a nivel nacional e internacional. La “vida”.
El EZLN y la “guerra contra el olvido”
El 1 de enero de 1994 –fecha de entrada del Tratado de Libre Comercio–, el país amaneció con una insurrección armada protagonizada por miles de indígenas mayas que tomaron cinco cabeceras municipales en el estado de Chiapas. A decir del antropólogo López y Rivas, la aparición pública del EZLN marcó el inicio de una rebelión armada “sui generis”, donde se puso de relieve “la cuestión étnico-nacional” y una “ruptura” con las guerrillas clásicas.
La “Primera Declaración de la Selva Lacandona”, documento que marcó el inicio de la lucha zapatista, ordenó a sus tropas cumplir las funciones de una guerrilla clásica: “Avanzar hacia la capital del país venciendo al ejército federal mexicano”, “respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la Cruz Roja”, “iniciar juicios sumarios contra los soldados del ejército federal mexicano y la policía política” y “formar nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten sumarse a nuestra justa lucha”.
No obstante, dicho documento también propuso un giro, que remarcó “la cuestión étnico-nacional” antecedida por Rivas: “Somos producto de 500 años de luchas”, señala la “Declaración”. “Somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años”.
Tras 12 días de combates donde el gobierno reconoció la baja de 15 miembros del Ejército y 71 insurgentes, los rebeldes emitieron una serie de comunicados en los que aceptaron dialogar con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, sin desmovilizar su capacidad militar. En dichos documentos no solo ordenó el repliegue de sus tropas, también marcó una nueva ruta a la guerra.
“Olvidan ellos que una guerra no es una cuestión de armas o de un gran número de hombres armados, sino de política”, refirió Marcos, jefe militar del EZLN, luego de conocer las movilizaciones civiles que pedían el fin de los combates en ambos lados, gobierno y guerrilla.
“La paz que ahora piden algunos siempre fue guerra para nosotros, parece que les molesta a los grandes señores de la tierra, el comercio, la industria y el dinero que los indios vayan ahora a morir a las ciudades y manchen sus calles”.
En sus memorias “México, un paso difícil a la modernidad”, el expresidente Salinas reconoció que el levantamiento provocó que su estado de ánimo transitara “de la sorpresa a la preocupación, y ahí a la duda”.
Abundó: “Hacia el final de la primera semana de enero me resultaba evidente que estábamos ante un momento decisivo. El ejército mexicano tenía el control militar de la zona y la guerrilla había fracasado militarmente, estaba en retirada. Por otra parte, los partidos políticos y el Congreso apoyaban una propuesta de diálogo ante el conflicto”.
Tras los diálogos de paz donde participó el obispo de Chiapas Samuel Ruiz, así como un representante del gobierno federal, Manuel Camacho Solís, quien además aspiraba a suceder a Salinas en lugar de Luis Donaldo Colosio, el EZLN lanzó la “Segunda declaración de la Selva Lacandona”. En dicho documento, la Comandancia General del EZLN ordenó a sus tropas una “prórroga unilateral del cese al fuego”.
Sin embargo, también convocaron a realizar una “Convención Nacional Democrática de la que emane un Gobierno Provisional o de Transición, sea mediante la renuncia del Ejecutivo federal o mediante la vía electoral”.
Dicha tarea la construirían los zapatistas junto a la “sociedad civil” – incluidos partidos de oposición, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD)– con el objeto de redactar una nueva “Carta Magna en cuyo marco se convoque a nuevas elecciones”.
De la guerra al olvido
Desde la firma de los acuerdos de paz hasta el año 2001, a decir de Juan Carlos Flores, los zapatistas plantearon a la “sociedad civil como el gran protagonista para respaldar su lucha”. “No obstante, esa influencia se fue diluyendo cuando entendieron que la simpatía ganada se basaba en el racismo y el engaño de los partidos políticos, incluido el PRD, así como las bases de lo que actualmente constituye Morena”, afirma.
El 16 de febrero de 1996, la administración de Ernesto Zedillo, continuó con las negociaciones entre el gobierno y el EZLN que concluyeron en una propuesta de reforma constitucional donde el Estado se comprometía a reconocer la autonomía de los pueblos indígenas. “Los compromisos firmados por el gobierno de Zedillo, no sólo reconocía las formas de gobierno que determinaran los pueblos; también protegía los derechos de dichos gobierno y comunidades sobre las tierras donde se asentaran”, añade Flores, abogado del CNI.
Durante los siguientes años, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), además del gobierno federal, acusaron al EZLN y a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) –instancia creada por el Congreso de la Unión– de querer crear un “Estado dentro del Estado. Acusación con la que la “clase política” rechazó la propuesta de “autonomía” que ellos mismos habían reconocido en los diálogos.
Un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, fechado en 1999, refiere que en el estado de Chiapas se concentró más del 20% de los efectivos militares con los que contaba el Estado mexicano. Por una parte, el gobierno de Zedillo negociaba la paz y por la otra preparaba la guerra.
La aparente solución al “conflicto” en Chiapas, surgió en el año 2000, cuando el entonces candidato del PAN, Vicente Fox, se comprometió a negociar con los zapatistas a solucionar la guerra en 15 minutos y mandar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley en Materia de Derechos y Cultura Indígenas. En efecto, tras la victoria del guanajuatense, envió una iniciativa de ley, pero sus alcances no fueron bien vistos por el movimiento armado.
“Dicha reforma traiciona los Acuerdos de San Andrés (firmados el 16 de febrero de 1996) en lo general y, en lo particular, la llamada ‘iniciativa de ley de la Cocopa’ en los puntos sustanciales: autonomía y libre determinación, los pueblos indios como sujetos de derecho público, tierras y territorios, uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridades municipales y derecho de asociación regional, entre otros”, reprochó el EZLN a través de una misiva publicada el 29 de abril de 2001.
Le llamaron una “traición” y “burla” contra los pueblos indígenas. Si bien el movimiento indígena no dejó las armas, comenzó a hacer a un lado el llamado a la “sociedad civil” y particularmente con el PRD, partido con el que había mantenido una “unidad táctica”, refiere López y Rivas. Cinco años después, los rebeldes lanzaron la “Sexta Declaración de la Selva Lacandona”, así como una serie de comunicados donde rechazaron a los partidos que votaron los Acuerdos de San Andrés.
La condena alcanzó al grupo político del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya primera candidatura política promovida por el PRD, parecía asegurarle la victoria contra el panista Felipe Calderón Hinojosa.
“Nos va a partir la madre”, antecedió el Subcomandante Marcos, en una misiva donde comparó a López Obrador con el expresidente Salinas. La equivalencia cayó mal en los sectores progresistas ligados a la izquierda partidista, antes simpatizantes del EZLN.
Poco tiempo después, el EZLN lanzó la “Otra Campaña”, encabezada por el subcomandante Marcos. Propuesta con la cual recorrió 32 estados de la República. En dicho recorrido, donde anticiparon luchar no sólo por los “indígenas de Chiapas” o “por los pueblos indios de México”, sino tambièn por “todos los que son gente humilde y simple como nosotros y que tienen gran necesidad y que sufren la explotación y los robos de los ricos y sus malos gobiernos”.
Pero el 3 y 4 de mayo de 2006, una brutal represión en el poblado de San Salvador Atenco, frenó la nueva iniciativa zapatista y obligó al movimiento armado a replantearse sus objetivos.
Cinco años de guerra en silencio
El 1 de enero de 2019, el EZLN lanzó un duro comunicado –leído por el subcomandante Moises, nuevo jefe militar del grupo armado– contra la incipiente administración de López Obrador.
Moisés calificó como un “enfrentamiento” y una “porquería” la propuesta de construcción de uno de los proyectos emblema del sexenio: el Tren Maya, cuya primera parte fue inaugurada a mediados de diciembre de 2023.
“No lo aceptamos. Que le ponga su nombre, no tiene nada que ver, si quiere así como no nos preguntó, que le ponga su nombre de su mamá”, reprochó. “Tampoco me van a cucar. O cómo se dice ahora, eso sí calienta”, respondió irónico.
Menos de mes y medio después, el activista Samir Flores Soberanes fue asesinado en el poblado de Amilcingo, en Temoac, Morelos. Flores Soberanes, líder de los opositores a la termoeléctrica de la Huexca, en el municipio de Cuautla, Morelos, a quienes previamente el presidente López Obrador llamó “radicales conservadores” por oponerse al proyecto promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
No sería ni la primera ni única vez en que el mandatario se ha enfrentado con opositores a los megaproyectos promovidos por su administración.
Juan Carlos Flores, quien forma parte de la organización de Flores Soberanes, sostiene que “paz” y “vida” son dos palabras que definen la lucha zapatista y la de muchos pueblos indígenas del país agrupados en el CNI, cuya vigencia se extiende también al presente.
“López Obrador sembró la esperanza en millones de mexicanos que creían que los ‘proyectos de muerte’ no continuarían con su administración. Se equivocaron… nos equivocamos –reconoce–, porque únicamente ha mantenido al pueblo mediatizado sin que exista una verdadera liberación nacional. Hoy creo que la verdadera liberación de los mexicanos será obra de nuestras propias manos, ahí está la vigencia de la lucha zapatista”.
Por su parte, Gilberto López y Rivas, afirma que el EZLN ha podido convocar a muchas luchas dispersas, aunque por el momento no se han podido unir a la que encabezan los pueblos zapatistas. Y enumera: feministas, ecologistas, desempleados, pueblos indígenas, opositores a megaproyectos, comunistas, entre otros.
Para el antropólogo, el gobierno y Estado mexicano “han podido colocar en la población la noción de que esa lucha ya terminó y que no existe nada más que sus propias mentiras”.
“Existe una estrategia sistemática para invisibilizar el pensamiento crítico. Y hoy, los pueblos zapatistas y el EZLN conforman la conciencia crítica de la nación”, sentencia.
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El párroco de Maryland ha accedido a ser el tutor en reserva de los hijos de varios de sus feligreses. Ante las redadas migratorias, cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos amigos o personas cercanas decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
De un día para otro el padre Vidal Rivas podría encontrarse a cargo de un bebé de 12 meses o de un adolescente de 17 años, a quien tendría que acoger en casa, alimentar, vestir y guiar hasta que termine el instituto.
También podría tener que encargarse de los trámites para que varios niños puedan volar al país de origen de sus padres y de acompañarlos hasta que se reúnan con ellos.
Y es que este carismático sacerdote, quien encabeza la parroquia episcopal de San Mateo en Hyattsville (Maryland, Estados Unidos), se comprometió a asumir la tutela temporal de 26 menores en caso de que sus padres sean deportados.
“Es una responsabilidad muy grande, que cambiaría completamente la vida de mi familia”, le reconoce a BBC Mundo. “Tanto mi esposa como yo somos conscientes de ello, sabemos lo que implica”.
Desde el inicio del segundo gobierno de Donald Trump, quien asumió la presidencia en enero con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación en la historia del país”, son muchos los migrantes indocumentados que se han apresurado a dejarlo todo atado por si son detenidos y expulsados.
Y han buscado en su entorno más cercano a figuras de confianza como el padre Rivas para que se ocupen del cuidado de sus hijos cuando no estén.
Es parte de lo que organizaciones y especialistas legales llaman un “plan de preparación familiar”, algo que cada vez más hogares con situaciones migratorias mixtas –con al menos uno de sus miembros indocumentado— están haciendo.
“Implica tener conversaciones incómodas y tomar decisiones dolorosas, pero ser precavido facilita las cosas a la hora de lidiar con una emergencia y con sus consecuencias”, le dijo a BBC Mundo Kristina Lovato, directora del Centro de Inmigración y Bienestar Infantil (CICW) de la Universidad de California en Berkeley.
“Mi hija no quedará en un limbo”
Hoy por hoy hay más de seis millones de hogares en condiciones migratorias mixtas en EE.UU., cerca del 5% del total, según cifras del centro de investigación Pew.
Y de acuerdo con los datos que maneja el CICW, al menos uno de los progenitores de 5,9 millones de niños no cuenta con papeles.
A eso hay que sumar los más de 500.000 que tienen padres amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa de la era Obama que los expertos aseguran que hoy se está “socavando”, y por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que el actual gobierno busca revocar para ciudadanos de varios países.
Desde el inicio del año hasta septiembre, más de 400.000 personas habían sido deportadas, de acuerdo a las cifras más recientes hechas públicas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Y para el 16 de noviembre — los últimos datos oficiales– el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantenía en centros de detención de todo el país a 65.135 personas, la mayor cantidad reportada por la agencia desde su creación en 2003.
De los arrestados, el 48% no contaba con ningún cargo o condena penal en EE.UU. y permanecían en custodia por violaciones civiles de las leyes de inmigración estadounidenses.
La situación actual está impactando la moral de los feligreses de la iglesia de San Mateo, asegura su párroco.
Y es que el municipio al que pertenece, Hyattsville, un suburbio de Washington DC donde más del 40% de sus casi 21.000 residentes son latinos y un tercio nacieron en otro país, no se ha librado de las detenciones.
“La gente tiene demasiado miedo, aunque decir eso es poco. Es más bien terror a salir e incluso a estar en el templo”, subraya el padre Rivas, quien siendo oriundo de El Salvador, llegó a EE.UU. en 1998.
“Yo mismo soy inmigrante, y aunque vine con residencia por los sacerdotes que me trajeron a trabajar a este país, he visto el dolor de mi pueblo (durante la guerra civil salvadoreña, 1980-1992) y ahora lo veo aquí, miro a las personas cada día en sufrimiento”, señala.
Ante ello, el cura y miembros de su parroquia decidieron tomar acciones para que los fieles y la comunidad en general se sintieran más seguros.
Ahora los servicios religiosos son a puerta cerrada y varios voluntarios custodian la entrada y vigilan los alrededores.
También empezaron a animar a los devotos a que se preparen para cualquier eventualidad migratoria y busquen guardianes temporales para sus hijos, algo contemplado en la legislación estatal.
“Al hacerlo, descubrimos que muchas familias no tienen miembros con residencia (permanente o green card) o ciudadanía estadounidense. Es muy triste ver que no encuentran a nadie, les entra mucha desesperación”, se lamenta Rivas.
“Es ahí donde tuvimos que enseñarles a buscar a personas de confianza que pudieran servirles de tutores”, explica.
Como tantos otros, Mimi, una mujer indocumentada de 40 años y madre soltera de una adolescente de 16, encontró esa figura en el propio Rivas.
“Pasé muchos días y noches pensándolo. Y aunque fue una decisión muy difícil, sé que es la mejor”, le dice a BBC Mundo.
Asegura sentirse aliviada de saber que, si la deportaran, su hija no quedaría “en un limbo”. “Que pueda venir un trabajador social y llevársela, que quede en manos del gobierno y que la den en adopción” sería su mayor pesadilla, explica la mujer, cuyo nombre real y nacionalidad obviamos para proteger su identidad.
Lo que Mimi acordó con el padre Rivas es que se encargue de todo lo necesario para que la menor, diagnosticada en el espectro autista, se reúna con ella en su país de origen.
“Me gustaría que mi hija siguiera estudiando, que terminara sus estudios, pero por la situación nunca nos hemos separado y no creo que quiera estar sin mí”.
Ese es el encargo que Rivas recibió de algunos de los padres de los otros 25 menores para quienes se prestó como tutor temporal. Otros le pidieron que sus hijos se queden en EE.UU. al menos hasta terminar el instituto.
Hasta seis meses y revocable
Para que eso sea posible y esté amparado por la ley, todos ellos rellenaron y firmaron un formulario de designación parental para el inicio de la tutela de reserva.
“Es la ampliación de una figura legal que existe en Maryland desde la epidemia del sida en los 70”, le explica a BBC Mundo Cam Crockett, una abogada especializada en derecho de familia que lleva 40 años ejerciendo en el estado y fue una de las impulsoras de la actual ley de tutela de emergencia.
Desde que el Congreso estatal la aprobara por unanimidad en mayo de 2018, además de para casos de incapacidad mental o debilitamiento físico, permite a un adulto designar a un tutor en reserva para sus hijos por si fuera detenido por las autoridades migratorias o deportado.
“Se activa una vez ocurre la emergencia y dura seis meses, aunque los padres pueden revocarla en cualquier momento”, explica Crockett.
Los progenitores, quienes no pierden la patria potestad, dejan especificado en el formulario qué puede el tutor hacer en su nombre: desde inscribir a los menores en la escuela o ingresarlos en un hospital, hasta reservar vuelos y hoteles para ellos, recibir fondos o tomar decisiones financieras.
“Lo que les sugerimos es que piensen muy bien antes de elegir al potencial tutor, ya que puede que este tenga que acudir a un tribunal, o tomar un vuelo a otro país”, explica la abogada.
Y si quisieran que la situación se extendiese más allá de los 180 días, tendrían que buscar una tutela más permanente o valorar una custodia por terceros, para lo que la experta recomienda consultar el caso concreto con abogados.
Cambios de estado a estado
Sin embargo, la tutela en reserva no existe como tal en todas las legislaciones estatales de EE.UU.
“Por eso es muy importante que los interesados reciban un buen asesoramiento legal, del estado en el que viven, porque las leyes cambian estado a estado”, remarca Sharon Balmer Cartagena, la abogada que dirige el Proyecto de Defensa de la Infancia, Juventud y Familia de la organización Public Counsel.
“Porque hay muchos grupos, también online, en los que la gente aconseja sobre este tema, pero un consejo muy bueno en Texas podría ser uno muy malo en California”.
Por ejemplo en California, donde ejerce Balmer Cartagena, la tutela temporal no existe.
Allí la tutela otorga al designado la custodia legal y física total del niño y, para recuperar la patria potestad, los padres deben solicitarlo ante el juez, quien será el que decida cuál es la mejor opción para el menor.
“Puede ser una buena alternativa si los padres se sienten cómodos con el hecho de que la persona designada se convierta prácticamente en la progenitora de sus hijos”, señala la especialista.
“Pero ¿qué pasa si el tutor, digamos un primo, decide que ya no es beneficioso para el menor que tenga contacto con sus padres? Estaría en su derecho de así decidirlo”, prosigue.
“La tutela es para niños que van a quedarse con otra persona de forma permanente. A quienes quieran que sus hijos se reúnan eventualmente con ellos (en el país de origen) no se la recomendamos; ellos deberían optar por una declaración jurada de autorización de cuidadores”, explica.
Es por medio de ese acuerdo, más sencillo, que cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos o amigos decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
Balmer Cartagena reconoce que, cuando hacen presentaciones en la comunidad sobre cómo hacer un plan de preparación familiar, son muchos les dicen no tener a nadie en EE.UU. que pueda cumplir con ese rol.
“Lo que hacemos es animarlos a pensar de forma más amplia, porque hemos tenido casos en los que una maestra o la familia para la que nuestra clienta trabajaba de cuidadora los apoyaron brevemente para facilitar la reunificación tras una deportación”.
Más conciencia y preparación
Así como Public Counsel, otros grupos, voluntarios y activistas de prácticamente todos los estados del país llevan meses ofreciendo talleres sobre cómo preparar un plan de emergencia familiar y sesiones divulgativas bajo el título de “Conoce tus derechos”, donde insisten a los asistentes en que pueden retener información personal y negarse a firmar cualquier documento, reparten volantes y ofrecen asistencia legal por teléfono.
También reparten la “tarjeta roja“, disponible en 19 idiomas, que recuerda a los inmigrantes sus derechos constitucionales y resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del ICE.
Y patrullas comunitarias recorren barrios y presencian redadas para asegurarse de que se cumplen todos los protocolos o para documentarlas en caso de que se estos se violen. Videos captados por estos voluntarios aparecen en las redes sociales a diario.
Funcionarios de la administración Trump han arremetido contra estas ONGs y voluntarios, alegando que lo que hacen es “ayudar” a los inmigrantes sin residencia legal a “desafiar” a los agentes del ICE y a “esconderse”.
“Ellos le dicen ‘Conoce tus derechos’, yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto'”, dijo en su momento Thomas D. Homan, nombrado “zar de la frontera” por Trump y quien está al frente de las operaciones de deportación.
Sea como fuere, en todo este esfuerzo encaja también una cada vez mayor conciencia de la necesidad de tener que anticiparse y tener listo, sobre todo, un plan que incluya el cuidado infantil.
“Ha habido una campaña relativamente exitosa en la comunidad inmigrante, y cuando hablo con mis clientes, me encuentro con preguntas más reflexivas y matizadas, porque las cuestiones básicas ya las conocen”, le dijo en marzo a BBC Mundo Kate Lincoln-Goldfinch, una abogada de inmigración que ejerce en la zona central del estado de Texas.
“Toda persona indocumentada necesita consultar su situación con un abogado de inmigración”, subraya, y estar bien preparado por si se da una emergencia. “Porque cuando hay una detención, es como en un incendio: nadie tiene tiempo para pensar y después actuar”, explicó.
“Así que es vital tomarse el tiempo de antemano, por muy desagradable que sea, de pensar en quién va a recoger a los niños; si la escuela tiene las autorizaciones que necesita; si hemos juntado los documentos en una carpeta, incluida la información sobre cuentas bancarias; si sabemos dónde están las llaves del coche y el seguro… Y tener todo eso claro y en un mismo lugar para que alguien que lo necesite pueda venir a recogerlo y manejar nuestras vidas por nosotros”, zanjó.
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