Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias “Z-40” y “Z-42”, respectivamente, ambos líderes de Los Zetas, se declararon no culpables durante la audiencia que se llevó a cabo este viernes en la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ambos son acusados de participar en una empresa criminal continua, de conspiración de tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y conspiración internacional de lavado de dinero.
Los hermanos comparecieron ante el juez Trevor McFadden, vestidos con uniforme de presidiarios de color azul y con los pies encadenados.
El juez federal fijó una nueva audiencia en su contra para las 14:00 horas del próximo 13 de junio (tiempo local). De ser encontrados culpables, podrían enfrentar pena de muerte, especialmente por el cargo de crimen organizado, según indicó el Semanario Zeta.
Miguel Ángel y Omar Treviño Morales son dos de los 29 capos que fueron extraditados el pasado 27 de febrero a Estados Unidos en medio de las negociaciones que se llevaban a cabo para evitar los aranceles del presidente Donald Trump, quien busca imponerlos en represalia por el tráfico de drogas, en especial del fentanilo y la migración irregular.
A pesar de la entrega, el republicano siguió con su plan e implementó los aranceles el pasado 4 de marzo el considerar que los avances de México en materia de seguridad no habían sido suficientes. Dos días después volvió a aplazar las tarifas hasta el 2 de abril, tras llegar a un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum.
En ese entonces, el abogado del “Z-40” indicó a Animal Político que no existía una orden formal para la extradición de su defendido, que se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 en Tepic, Nayarit, por lo que su traslado sería “ilegal”.
No obstante, el Departamento de Justicia de EU sostuvo que muchos de los acusados fueron objeto de solicitudes de extradición que no habían sido atendidas durante administraciones anteriores, pero que se habían efectuado tras la entrada en vigor de la orden para designar como terroristas a seis cárteles mexicanos.
Entre los extraditados destaca Rafael Caro Quintero, conocido como el “narco de los narcos” y acusado del homicidio del agente Enrique “Kiki” Camarena ocurrido en 1985, así como Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, líder del Cártel de Juárez. Ambos se declararon no culpables en su primera comparecencia ante la justicia estadounidense el pasado 28 de febrero.
En octubre de 2024, se hizo pública un acusación del Distrito de Columbia en contra de los hermanos Treviño Morales por los delitos antes mencionados y que además los señala de continuar controlando el Cártel del Noreste desde prisión.
“Miguel y Omar Treviño Morales están acusados de ser personalmente responsables de cometer decenas de asesinatos y de dirigir asesinatos, secuestros y actos de tortura por parte de miembros de Los Zetas y el Cártel del Noreste para promover y proteger las actividades de narcotráfico del cártel y enriquecer a sus miembros”, señala el documento.
El Cártel del Noroeste es el grupo al que evolucionaron Los Zetas. En febrero, Estados Unidos lo incluyó en su lista de cárteles a los que designó como organizaciones terroristas.
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Las autoridades estadounidenses señalan a los hermanos de haber asumido el liderazgo de Los Zetas en 2012, después de haber permanecido más de una década como miembros. Tras rebautizarlo, según sostienen, ambos continuaron su patrón de uso de la violencia extrema para controlar grandes franjas del norte de México, incluso a lo largo de la frontera con Estados Unidos.
El “Z-40” fue detenido en 2013 por autoridades mexicanas, mientras que su hermano, el “Z-42” se encuentra recluido desde el 2015.
En esta semana se dio a conocer que Frank Pérez, quien también representa a Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, asumió el cargo como litigante defensor del “Z-40”.
Con información de Semanario Zeta.
Fue uno de los rostros más visibles de las protestas estudiantiles contra la guerra de Gaza.
Fue uno de los rostros más destacados de las acampadas de estudiantes en Estados Unidos que protestaron el año pasado por la guerra de Gaza, y ahora se enfrenta a una posible deportación.
Mahmoud Khalil, estudiante de la Universidad de Columbia, en Nueva York, se ha convertido en la primera víctima de la nueva política del presidente Donald Trump, que prometió acabar con las protestas estudiantiles y amenazó con deportar a los estudiantes extranjeros que fueran “simpatizantes de los terroristas”.
“Es la primera detención de muchas que vendrán”, dijo Trump en su plataforma Truth Social, y acusó a Khalil de ser un “estudiante radical pro-Hamás”.
Khalil, refugiado palestino criado en Siria, fue detenido este fin de semana por Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según informó su abogada, Amy Greer.
Los agentes se presentaron en su casa, una vivienda propiedad de la universidad, cuando Khalil y su esposa acababan de regresar de una cena de Ramadán, y allí le comunicaron que su visado de estudiante había sido revocado y se lo llevaron arrestado.
El intento de deportación ha sido bloqueado temporalmente por un juez federal, que estudiará el caso en una audiencia de emergencia este miércoles, en la que está previsto que comparezca Khalil.
El universitario, estudiante de posgrado en la escuela de Asuntos Internacionales y Públicos, está casado con una mujer estadounidense, que además está embarazada de 8 meses, y cuenta con un permiso de residencia (green card) que, según dijeron los funcionarios de inmigración a su abogada, también había sido revocado.
Columbia fue el año pasado el epicentro de las protestas estudiantiles propalestinas que tuvieron lugar en todo el país contra la guerra en Gaza y el apoyo de Estados Unidos a Israel, y Khalil fue el principal negociador de la acampada en el campus universitario de Manhattan.
Su arresto ha desatado la indignación entre grupos de derechos humanos en EE.UU. y entre la comunidad universitaria.
La presidenta de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, Donna Lieberman, calificó la deportación de Khalil de “represalia selectiva y ataque extremo a la Primera Enmienda”.
También se ha mostrado “extremadamente preocupada” la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que está siguiendo el caso.
Cerca de un millar de manifestantes con banderas palestinas se congregaron este lunes en Manhattan para pedir la liberación de Khalil y condenar las acciones de la nueva administración de Trump. Al menos una persona fue detenida.
“Ahora nos enfrentamos a la horrible realidad de que uno de nuestros estudiantes, miembro de la comunidad de Columbia, se ha convertido en preso político aquí en Estados Unidos”, declaró Michael Thaddeus, profesor de esta universidad neoyorquina.
“Es un momento funesto para la historia de Estados Unidos”, afirmó Thaddeus en una rueda de prensa con otros 50 docentes. “No debemos avanzar ni un paso más por este camino autoritario”.
El caso de Mahmoud Khalil “parece una clara persecución de activistas, y sienta un precedente muy, muy peligroso”, dijo a AFP Tobi, un manifestante de 42 años que no quiso dar su apellido por miedo a represalias, y que calificó el caso como “un secuestro”.
“Revocaremos los visados y/o las tarjetas de residencia de los partidarios de Hamás en Estados Unidos para que puedan ser deportados”, publicó este domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, en X.
La abogada de Mahmoud Khalil, Amy Greer, afirmó que lo ocurrido a su cliente es un “terrible e inexcusable -y calculado- error”, y calificó su detención como parte de “la represión abierta del gobierno estadounidense contra el activismo estudiantil y la expresión política”.
Khalil, que no ha sido acusado de ningún delito, fue internado en un primer momento en un centro de inmigración de Nueva Jersey, antes de trasladarlo a un centro de detención de Jena, Luisiana, según los registros del ICE.
Su abogada asegura que el ICE también amenazó con detener a su esposa, una ciudadana estadounidense embarazada de ocho meses. Cuando intentó visitarlo en Nueva Jersey, los funcionarios le dijeron que no estaba allí.
Según la Universidad de Columbia, las fuerzas del orden pueden entrar en las instalaciones del campus con una orden judicial, pero negó que la dirección de la universidad hubiera invitado a agentes del ICE.
El Departamento de Seguridad Nacional puede revocar un permiso de residencia e iniciar los procedimientos de deportación contra sus titulares por una amplia gama de actividades delictivas, como el apoyo a un grupo terrorista.
Pero expertos jurídicos explicaron a la agencia de noticias AP que la detención de un residente permanente legal que no ha sido acusado de ningún delito “constituye una medida extraordinaria con un fundamento jurídico incierto”.
Según Camille Mackler, fundadora de Immigrant ARC, una coalición que ofrece servicios legales en Nueva York, “esto parece una represalia contra alguien que expresó una opinión que no le gustó a la administración Trump”, según publica AP.
Khalil tuvo un papel relevante como negociador entre la gerencia de la universidad y los estudiantes que instalaron el pasado verano un gran campamento de protesta en los jardines del campus.
Algunos estudiantes llegaron incluso a hacerse con el control de uno de los edificios de la universidad durante varias horas, antes de que la policía entrara en el campus para detenerlos. Khalil no estaba, sin embargo, en ese grupo.
Después de este incidente, Mahmoud Khalil contó a la BBC que había sido suspendido temporalmente por la universidad.
La detención de Khalil se produce después de que el presidente estadounidense emitiera en enero una orden ejecutiva en la que advertía de que se deportaría a cualquier persona implicada en “protestas proyihadistas” y a “todos los simpatizantes de Hamás en campus universitarios”.
Algunos estudiantes judíos de la universidad habían denunciado que los discursos en estas protestas rayaban a veces el antisemitismo, aunque otros se unieron a las manifestaciones propalestinas.
El nuevo gobierno de Trump ha acusado a la Universidad de Columbia de no combatir el antisemitismo en el campus, y la semana pasada decidió rescindir una partida de US$400 millones en subvenciones federales a la institución universitaria.
La cancelación de estos fondos “tendrá un impacto inmediato en la investigación y otras funciones críticas de la universidad”, anunció en un correo electrónico a todo el campus el pasado viernes la presidenta interina de Columbia, Katrina Armstrong.
Carly, estudiante de posgrado en Columbia, judía, estadounidense y amiga de Khalil, declaró a la BBC que el detenido es “un ser muy, muy compasivo”.
“Ha sido objeto de muchos ataques en internet, y para alguien que lo conoce a nivel personal es muy doloroso ver cómo lo han tergiversado”, dijo Carly, que se negó a compartir su apellido por razones de privacidad.
En declaraciones a Fox News, el zar de las fronteras de Trump, Tom Homan, alegó que Khalil había violado las condiciones de su visado al “cerrar edificios y destruir propiedades”.
*Con reportería de Madeline Halpert, Rachel Looker, Nomia Iqbal y Nada Tawfik.
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