El “Z-40” y “Z-42”, líderes de Los Zetas, se declaran no culpables en audiencia en EU
Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias “Z-40” y “Z-42”, respectivamente, ambos líderes de Los Zetas, se declararon no culpables durante la audiencia que se llevó a cabo este viernes en la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ambos son acusados de participar en una empresa criminal continua, de conspiración de tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y conspiración internacional de lavado de dinero.
Los hermanos comparecieron ante el juez Trevor McFadden, vestidos con uniforme de presidiarios de color azul y con los pies encadenados.
El juez federal fijó una nueva audiencia en su contra para las 14:00 horas del próximo 13 de junio (tiempo local). De ser encontrados culpables, podrían enfrentar pena de muerte, especialmente por el cargo de crimen organizado, según indicó el Semanario Zeta.
Miguel Ángel y Omar Treviño Morales son dos de los 29 capos que fueron extraditados el pasado 27 de febrero a Estados Unidos en medio de las negociaciones que se llevaban a cabo para evitar los aranceles del presidente Donald Trump, quien busca imponerlos en represalia por el tráfico de drogas, en especial del fentanilo y la migración irregular.
A pesar de la entrega, el republicano siguió con su plan e implementó los aranceles el pasado 4 de marzo el considerar que los avances de México en materia de seguridad no habían sido suficientes. Dos días después volvió a aplazar las tarifas hasta el 2 de abril, tras llegar a un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum.
En ese entonces, el abogado del “Z-40” indicó a Animal Político que no existía una orden formal para la extradición de su defendido, que se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 en Tepic, Nayarit, por lo que su traslado sería “ilegal”.
No obstante, el Departamento de Justicia de EU sostuvo que muchos de los acusados fueron objeto de solicitudes de extradición que no habían sido atendidas durante administraciones anteriores, pero que se habían efectuado tras la entrada en vigor de la orden para designar como terroristas a seis cárteles mexicanos.
Entre los extraditados destaca Rafael Caro Quintero, conocido como el “narco de los narcos” y acusado del homicidio del agente Enrique “Kiki” Camarena ocurrido en 1985, así como Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, líder del Cártel de Juárez. Ambos se declararon no culpables en su primera comparecencia ante la justicia estadounidense el pasado 28 de febrero.
Líderes de los Zetas y del Cártel del Noreste
En octubre de 2024, se hizo pública un acusación del Distrito de Columbia en contra de los hermanos Treviño Morales por los delitos antes mencionados y que además los señala de continuar controlando el Cártel del Noreste desde prisión.
“Miguel y Omar Treviño Morales están acusados de ser personalmente responsables de cometer decenas de asesinatos y de dirigir asesinatos, secuestros y actos de tortura por parte de miembros de Los Zetas y el Cártel del Noreste para promover y proteger las actividades de narcotráfico del cártel y enriquecer a sus miembros”, señala el documento.
El Cártel del Noroeste es el grupo al que evolucionaron Los Zetas. En febrero, Estados Unidos lo incluyó en su lista de cárteles a los que designó como organizaciones terroristas.
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Las autoridades estadounidenses señalan a los hermanos de haber asumido el liderazgo de Los Zetas en 2012, después de haber permanecido más de una década como miembros. Tras rebautizarlo, según sostienen, ambos continuaron su patrón de uso de la violencia extrema para controlar grandes franjas del norte de México, incluso a lo largo de la frontera con Estados Unidos.
El “Z-40” fue detenido en 2013 por autoridades mexicanas, mientras que su hermano, el “Z-42” se encuentra recluido desde el 2015.
En esta semana se dio a conocer que Frank Pérez, quien también representa a Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, asumió el cargo como litigante defensor del “Z-40”.
Con información de Semanario Zeta.
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Brad Sigmon fue ejecutado frente a un escuadrón en Carolina del Sur luego de estar varios años en el corredor de la muerte por un doble asesinato.
Un prisionero en el estado de Carolina del Sur fue ejecutado en la tarde de este viernes con un pelotón de fusilamiento.
Brad Sigmon estaba en el corredor de la muerte por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol.
Su ejecución ocurrió poco después de la hora programada, las 18:08 local (23:08 GMT), con un pelotón conformado por tres voluntarios situados detrás de una cortina que dispararon simultáneamente rifles contra su pecho con balas especiales.
Para este tipo de ejecución se exige que los condenados a muerte sean atados a una silla al entrar en la cámara de ejecución. A continuación, al prisionero se le coloca una diana en el corazón y una bolsa sobre la cabeza.
Este tipo de ejecución no se había aplicado en Estados Unidos desde hacía 15 años.
Antes de morir, Sigmon dijo: “Quiero que mi declaración final sea de amor y disculpa”.
Citó la Biblia para denunciar la pena de muerte y añadió: “Ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento”.
Tres miembros de la familia Larke estuvieron en el lugar para presenciar su muerte. Un médico realizó un examen que duró unos 90 segundos, antes de declararlo muerto.
Ante la posibilidad de morir en la silla eléctrica o por inyección letal, los abogados de Sigmon, de 67 años, anunciaron que había elegido el proceso más violento porque le preocupaba la eficacia de los otros dos métodos.
Esta es la primera persona ejecutada por fusilamiento en Estados Unidos desde 2010 y apenas la cuarta desde que el país reintrodujo la pena de muerte en 1976.
El doble asesinato
Sigmon fue acusado de asesinato en 2001 después de que los investigadores probaron que había matado a los padres de su exnovia en su casa del condado de Greenville. Los había golpeado con un bate.
El hombre confesó que también planeaba atacar a su exnovia, pero la mujer pudo escapar. “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”, declaró.
La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó esta semana una petición de intervención de los abogados de Sigmon.
La defensa quería más tiempo para informarse sobre el fármaco que Carolina del Sur utiliza en las inyecciones letales y cuestionaban si la representación legal de su cliente en 2002 había sido adecuada.
El estado del sur de EE.UU. aprobó una ley en 2023 que obliga a mantener en secreto la identidad de los miembros del escuadrón de ejecución.
También prohíbe la publicación de información relativa a la adquisición de fármacos para la inyección letal, ya que cada vez son más las empresas farmacéuticas que han declinado suministrarlos para las ejecuciones en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en enero una demanda contra la ley estatal.
Cómo funciona esta ejecución
La ejecución por fusilamiento es compleja.
Los condenados como Sigmon deben ser atados a una silla con una palangana debajo para recoger su sangre. Se le coloca una diana en el pecho y una bolsa en la cabeza.
Tres voluntarios ocultos tras una cortina dispararán desde 4,6 m de distancia.
Las balas utilizadas están diseñadas para romperse en el impacto y causar el máximo daño, algo que ha generado debate entre expertos médicos sobre el grado de dolor que causa su uso.
Tras los disparos, un médico debe confirmar la muerte del condenado.
El estado permite que los testigos observen la muerte desde detrás de un cristal blindado, pero los verdugos deben permanecer ocultos para proteger sus identidades.
La mayoría de los prisioneros condenados a muerte en Carolina del Sur son electrocutados, pero las tres ejecuciones más recientes se llevaron a cabo mediante inyecciones que incluían pentobarbital. Los tres hombres fueron declarados muertos 20 minutos después de recibir la inyección, aunque parecían haber dejado de respirar al cabo de unos minutos.
La falta de información sobre estas ejecuciones por la prohibición que establece la legislación local ha suscitado críticas por su falta de transparencia.
“Esta prohibición no solo se aparta aún más del historial del estado de hacer pública la información relacionada con las ejecuciones, sino que criminaliza la divulgación de esta información por parte de cualquier persona y por cualquier motivo”, argumentó la ACLU en su demanda legal.
“Silencia así a los científicos, médicos, periodistas, antiguos funcionarios de prisiones, abogados y ciudadanos que han analizado la seguridad, eficacia, moralidad y legalidad del uso de la inyección letal en Carolina del Sur”.
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