Violencia e inseguridad no se resolverán de un día a otro: García Harfuch; piden a gobernadores unirse a construcción de paz
“La violencia y la inseguridad no se van a resolver de un día para otro”, afirmó esta mañana Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ante los múltiples hechos violentos que han azotado varios estados del país en los primeros meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, indicó, buscan trabajar de la mano en coordinación con los gobiernos, las fiscalías y las fuerzas de seguridad estatales para incrementar tanto las operaciones como las investigaciones en conjunto y así poder brindar “mejores resultados” a la ciudadanía.
Durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se llevó a cabo este martes en Acapulco, Guerrero, el funcionario destacó que bajo la política de coordinación implementada desde el inicio de la actual administración, se ha logrado la detención de 5 mil personas por delitos de alto impacto, así como el aseguramiento 58 toneladas de drogas, incluyendo el reciente decomiso histórico de más de una tonelada de fentanilo en Sinaloa. Una medida que celebró el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
A esto se suma el aseguramiento de 415 mil 309 pastillas de fentanilo, de 2 mil 471 armas de fuego, así como del desmantelamiento de 43 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas.
García Harfuch, aseguró a su vez que la reforma al artículo 21 recientemente aprobada por el Congreso impulsará la creación de sistemas y un mecanismo de coordinación con las fiscalías de los estados en labores de inteligencia e investigación.
Las declaraciones del funcionario surgen en medio de la crisis de violencia que enfrentan varios estados del país, entre ellos Sinaloa, donde una disputa entre dos facciones del Cártel de Sinaloa derivada de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada el pasado 25 de julio ha dejado cientos de homicidios, desapariciones, privaciones de la libertad, entre otros crímenes.
El pasado 3 de diciembre, García Harfuch llegó a Culiacán para coordinar desde ahí la estrategia de seguridad nacional y reforzar las acciones para frenar la violencia que hasta ahora no ha cedido en el estado. De acuerdo con el conteo que lleva a cabo el medio Noroeste con base en cifras oficiales, desde el inicio del conflicto el 9 de septiembre y hasta el 9 de diciembre, se han registrado al menos 530 asesinatos, más de 620 privaciones de la libertad, más de mil 700 vehículos robados, así como decenas de inmuebles incendiados o vandalizados.
Piden a gobernadores unirse a estrategia de construcción de paz
Durante el encuentro, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez hizo un llamado a las y los titulares de gobiernos estatales y municipales a unirse a la estrategia de construcción de paz que forma parte del eje de atención a las causas de la inseguridad, propuesto por el gobierno federal.
Dicha estrategia tiene como objetivo llevar toda la oferta de programas y acciones del gobierno en materia de trabajo, cultura, deporte, servicios urbanos, fomento económico, salud, educación y bienestar a todas las comunidades del país e impulsar la participación de la población en la toma de decisiones a través de los Comités de Paz.
Para ello se llevarán a cabo recorridos casa por casa para conocer las necesidades de la población y atenderlas.
La estrategia se implementó inicialmente en los municipios de León y Celaya, en Guanajuato; en Frontera Comalapa y San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, así como en Chilpancingo y Acapulco, en Guerrero. También se han realizado visitas en Tabasco, en el Estado de México y en Tijuana, Baja California.
De acuerdo con el informe de Seguridad que brindó el gobierno federal durante la reunión, Guanajuato (2 mil 847), Baja California (2 mil 295) y el Estado de México (2 mil 98) son los tres estados con mayor número de homicidios registrados de enero a noviembre de este año. Le siguen Chihuahua (mil 863), Jalisco (mil 663), Guerrero (mil 637) y Nuevo León (mil 471). Los siete estados concentran el 49.6 % de los homicidios dolosos de todo el país.
Mientras que Chiapas y Tabasco son de los estados donde la violencia generada por el crimen organizado se ha intensificado en los últimos meses.
De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, entre las medidas que contempla la estrategia de construcción de paz está facilitar la educación a quien no pueda obtenerla; dar preferencia a jóvenes en situación de vulnerabilidad para obtener una beca; brindar asistencia en la solución de conflictos, así como la organización de actividades deportivas, culturales, artísticas.
“De esta manera, si en las visitas encontramos un niño que no acude a la escuela, se le brindarán las facilidades para que, en coordinación con la Secretaría de Educación, pueda ser recibido en algún plantel. No queremos que nadie se quede afuera o atrás, lo vamos a llevar de la mano a la escuela para que sus padres y el Estado cumplan su obligación de procurarle educación”, afirmó.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no destinarán recursos adicionales a este objetivo puesto que son los servidores públicos de distintas dependencias, los encargados de llevar a cabo los recorridos en las comunidades.
En las tareas participan funcionarios de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Turismo y de Economía, quienes se mantienen durante un mes en alguna de las comunidades y se rotan con otros para tener una presencia permanente.
Asimismo, adelantó que a principios del próximo año convocará a las y los presidentes municipales de todo el país a sumarse al programa de Senderos de Paz para replicar el programa de Senderos Seguros implementado en la Ciudad de México en todo el país.
“Se trata de que en las zonas más oscuras de un municipio podamos llenarlos de luz en todos los sentidos, iluminar, mejorar el corredor urbano que hay en esta zona, convocar a los jóvenes a hacer murales urbanos, evidentemente la zonas rurales deberán tener sus características y las urbanas otras”, indicó.
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En medio de una nueva ola de detenciones y de un gran despliegue militar y policial, Nicolás Maduro espera iniciar este 10 de enero su tercer sexenio al frente del país suramericano. El opositor Edmundo González también dice que se va a juramentar.
Este 10 de enero debe iniciarse en Venezuela un nuevo período presidencial que arranca con tensión e incertidumbre.
La detención y posterior liberación este jueves de la líder opositora María Corina Machado fue un avance del creciente conflicto político que este viernes vivirá una jornada clave.
Se espera que Nicolás Maduro asuma un tercer mandato en la tradicional ceremonia de investidura en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento unicameral venezolano.
Y a su vez, Edmundo González, considerado como presidente electo por la oposición y gobiernos internacionales, afirma que regresará a Venezuela a juramentarse al haber demostrado su triunfo en las presidenciales de julio con la publicación de las actas.
Ante esta nueva fase del conflicto, el país está sumido en la incertidumbre y bajo un gran despliegue militar y policial que no impidió que este jueves miles de manifestantes salieran a las calles a protestar contra Maduro.
También los simpatizantes del gobierno mostraron fuerza en las calles y están llamados a hacerlo de nuevo este viernes.
“Estamos a partir de hoy en una nueva fase”, dijo este jueves Machado.
Pero, ¿por qué este día 10 es significativo?
1. Lo que manda la ley
“El candidato elegido tomará posesión del cargo de Presidente de la República el 10 de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional”.
Esto establece el artículo 231 de la Constitución de 1999 y para dar cumplimiento a dicho mandato, Maduro acudirá este viernes al Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento unicameral venezolano, para asumir su cargo ante los diputados.
El formalismo, sin embargo, se ha visto empañado por las dudas que, dentro y fuera del país, hay sobre la anunciada victoria del actual mandatario en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, el aspirante a la reelección se impuso con el 52 % de los votos.
Sin embargo, el organismo no ha presentado hasta el momento los resultados detallados que certifiquen esa declaración.
En contraposición, la oposición asegura que el ganador de los comicios fue su abanderado, el diplomático Edmundo González Urrutia, quien habría obtenido casi el 70 % de los votos, según el 80 % de las actas de escrutinio obtenidas por la alianza antichavista.
La veracidad de las actas en poder de la oposición fue corroborada por el Centro Carter, uno de los pocos veedores internacionales independientes que fueron invitados por las autoridades a seguir el proceso.
González Urrutia, a quien Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos ya han reconocido como presidente electo, ha asegurado que regresará este viernes a Venezuela para ceñirse la banda presidencial.
En septiembre salió de Venezuela y se instaló en España ante la amenaza de ser arrestado.
Las autoridades han advertido al excandidato opositor que será detenido si pone un pie en Venezuela.
2. Más vigilancia y más detenciones
Desde principios de año la presencia policial y militar se ha visto reforzada en toda Venezuela, pero particularmente en Caracas.
Miles de uniformados han sido desplegados en los alrededores del Palacio presidencial de Miraflores, así como del cercano Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, ambos en el centro histórico de la ciudad.
Por su parte, en las autopistas para acceder a la capital y en sus principales calles los militares y policías han instalado puntos de control para revisar los vehículos que transitan por ellas y a sus ocupantes, aseguraron a BBC Mundo, fuentes en el terreno que pidieron reservar su identidad.
La presencia policial fue notable en las protestas de este jueves.
“La derecha venezolana está como nerviosa por un despliegue de las fuerzas policiales y militares que es muy normal”, dijo esta semana el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
“A Venezuela van a venir presidentes y representantes de más de 100 países para la toma de posesión y tenemos que garantizar la seguridad a esos invitados, pero también de los venezolanos”, justificó el funcionario, que aseguró que hay en marcha planes desestabilizadores y “golpistas”.
Aunque Cabello calificó de “normal” el operativo, hay elementos inusuales. Uno de ellos es la participación de los miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), uno de los dos organismos de inteligencia venezolanos.
El DGCIM, junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional, figura entre los cuerpos de seguridad señalados por instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas de cometer torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otros crímenes de lesa humanidad.
En un video difundido por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofan), uno de los directivos del organismo de inteligencia, el coronel Alexander Granko Arteaga, justificó esta actuación porque “el país está amenazado”.
Esta explicación fue respaldada por Maduro, quien este miércoles anunció la detención de siete “mercenarios extranjeros”, los cuales engrosarían la lista de 150 aprehendidos en los últimos meses.
“Siguen las capturas, porque una información lleva a otra. Buena información hay para desmantelar lo que estamos desmantelando, una conspiración internacional financiada por el gobierno saliente de Estados Unidos”, declaró.
Pero no solamente presuntos mercenarios han sido arrestados. Hasta el miércoles, partidos opositores y organizaciones de derechos humanos habían contabilizado que más de una decena de políticos, dirigentes vecinales y activistas de derechos humanos habían sido detenidos en al menos tres estados del país.
Entre estas aprehensiones destacan la de Rafael Tudares, yerno de González Urrutia; la del excandidato presidencial Enrique Márquez y del activista de derechos humanos Carlos Correa.
Las autoridades han confirmado las aprehensiones y las justificaron diciendo que los arrestados forman parte de una “conspiración”.
Hasta el momento no han revelado el paradero de los detenidos ni les han permitido contactar a sus familiares, por lo cual defensores de derechos humanos han calificado los casos como “desapariciones forzadas”.
El martes Maduro dio un paso más en su “unión cívico militar policial” al activar la Organización de Defensa Integral (ODI), instancia que, según explicó, “integra a todo el poder político, el poder popular, a la Fuerza Armada, a la Milicia y a todas las fuerzas policiales”.
En un acto celebrado en el Palacio de Miraflores, el gobernante juramentó a los cuerpos de combatientes de las distintas empresas públicas, los cuales están integrados por trabajadores y a quienes se les vio portando armas de guerra.
Asimismo, desde el miércoles, grupos de motociclistas simpatizantes del oficialismo, conocidos como “colectivos”, han sido vistos recorriendo las calles de Caracas y otras ciudades.
3. La estrategia de la oposición
“El enorme despliegue militar y policial busca inhibir cualquier tipo de protesta contra toma de posesión”, explicó a BBC Mundo un funcionario judicial, el cual pidió reservar su identidad por razones de seguridad.
Sin embargo, María Corina Machado, la líder opositora a las que las autoridades venezolanas no dejaron competir en las presidenciales de julio pasado, pidió a los venezolanos vencer el miedo provocado por las más de 2.000 detenciones ocurridas tras los comicios y los numerosos casos de torturas y malos tratos.
“Llegó la hora (…) Todos sabemos que esto se acabó”, dijo al instar a sus compatriotas salir en masa a las calles del país para manifestarse en contra de la posesión de Maduro.
“Que el miedo nos tenga miedo”, planteó.
El llamado fue atendido y este jueves se registraron decenas de protestas en todo el país, de las cuales 11 fueron reprimidas, según datos provisionales de la organización Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
Pero la estrategia opositora no solo busca “calentar las calles” para forzar un quiebre en la coalición que sostiene a Maduro en el poder, sino que también ha estado maniobrado internacionalmente con el mismo fin.
González Urrutia realizó en los últimos días una gira que lo llevó a Argentina, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana para recabar apoyos.
Asimismo, el excandidato opositor ha anunciado que volverá al país para juramentarse y ha dicho que irá acompañado por varios exmandatarios hispanoamericanos.
Desde Caracas, por su parte, han advertido que este plan supone un “gravísimo riesgo” para los implicados, quienes serían considerados “invasores” y tratados como tales.
“Le recomiendo que no se pongan a inventar”, afirmó el ministro Cabello, quien recordó que en los últimos años la Fuerza Aérea ha derribado 400 aeronaves que han ingresado ilegalmente al territorio venezolano.
El funcionario también ha asegurado que el verdadero plan opositor es que González Urrutia se juramente en alguna de las embajadas venezolanas que el gobierno no controla desde 2019.
La analista Carmen Beatriz Fernández dice que la doble estrategia opositora tiene por propósito crear “un momentum político entorno a la figura de Edmundo González Urrutia”
“Lo que no sabemos es si esa estrategia será tan exitosa como para conseguir su objetivo: su juramentación”.
“En el mejor de los casos, el plan está conduciendo a un quiebre (dentro del chavismo) y a una negociación que permita la asunción de González Urrutia, el día 10 o después. Y en el peor de los casos le hace la vida más difícil a Maduro para seguir en el poder”, precisó a BBC Mundo la profesora de Comunicación Política de la Universidad de Navarra (España).
4. ¿Quiénes apoyan a quién?
Las autoridades venezolanas han asegurado que unos 2 mil invitados de 100 países asistirán a la tercera toma de posesión de Maduro desde 2013, pero solo cinco son presidentes.
La prensa venezolana dio por hecho que los gobernantes de Cuba y de Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, respectivamente, asistirán.
Luis Arce, presidente de Bolivia, otro de los aliados de Venezuela, ha anunciado que no asistirá, pese a reconocer el cuestionado triunfo de Maduro. Su ausencia se deberá a la presencia de su rival y otrora mentor político, el expresidente Evo Morales.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este miércoles su ausencia y la atribuyó no solo a la negativa de las autoridades venezolanas a mostrar las actas que corroborarían el triunfo de Maduro en las elecciones, sino también a la reciente ola de detenciones.
La reelección de Maduro ha sido cuestionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y por un número importante de países latinoamericanos.
Los gobiernos antes mencionados han descartado enviar a representantes a la posesión y algunos de ellos ya consideran a González Urrutia como el presidente electo de Venezuela.
La decisión de países como Paraguay de reconocer al opositor como el vencedor de los comicios desató la ira de Maduro, que decidió romper relaciones diplomáticas con ese país.
Rusia, Irán y China, por su parte, han reconocido la reelección de Maduro y enviarán delegaciones a la ceremonia.
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