El asesinato de aspirantes a cargos de elección popular es sólo una cara (la más visible) de la violencia política-criminal, pero no es la única; el asedio del crimen organizado repercute en la integridad del proceso electoral, en la sustitución de funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, en la participación ciudadana y en la competencia política.
El estudio “Democracia vulnerada: el crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México” concluye que la violencia político-criminal en México no sólo afecta a partidos y aspirantes -los directamente involucrados en el proceso electoral- sino que tiene afectaciones reales sobre la participación política de las personas, vulnerando su derecho fundamental a la democracia.
Más aún, con el detrimento de la participación ciudadana en las elecciones, se afianza el vínculo entre crimen y autoridades”, señala el estudio que este martes fue presentado como parte del proyecto “Votar entre balas: entendiendo la violencia político-criminal en México”, desarrollado por México Evalúa, Data Cívica y Animal Político.
La investigación coordinada por la especialista Sandra Ley, con bases de datos recopilados por Data Cívica de 2018 a la fecha, indica que el aumento de los ataques a personas candidatas, autoridades electas y funcionarios municipales sugieren que se están afianzando o recreando redes de control sobre la política local, como parte de un fenómeno más amplio de gobernanza criminal.
“En conjunto, estos hallazgos indican que el crimen organizado no solo busca incidir en las elecciones, sino también capturar el aparato estatal. Si bien la violencia político-criminal nos preocupa aún más en época electoral, ésta no para tras la celebración de elecciones. Nuestros análisis muestran que nuestra atención y preocupación por este tipo de ataques deben ir más allá de los procesos electorales”, señala el estudio.
Qué registran las bases de datos
El estudio comienza por definir la violencia político-criminal como “el conjunto de ataques que grupos del crimen organizado ejercen contra actores políticos, para incidir en el control de los procesos electorales, las instituciones y los recursos públicos”.
En ese sentido, las bases de datos de Data Cívica y el Programa de Seguridad de México Evalúa registran seis tipos de agresiones: asesinatos, atentados, amenazas, secuestros, desapariciones y ataques armados que dejaron víctimas letales.
Éstas, contra siete tipos de víctimas: autoridades electas, personas candidatas y militantes de partidos políticos, personas funcionarias de la administración pública, fuerzas de seguridad atacadas de manera directa y no en un enfrentamiento, familiares de los grupos anteriores, personas que ocuparon un cargo público o candidatura y siguen activas políticamente, y ataques armados contra instalaciones gubernamentales o partidistas.
El análisis de datos muestra como principales hallazgos que el 77% de los ataques se registran en el ámbito municipal, lo que confirma el interés del crimen organizado a nivel local, “ya que es ahí donde construye el control territorial”.
Una cuarta parte de las víctimas son del partido Morena, que a partir de 2018 se ha convertido en la fuerza política con mayor éxito electoral en casi todo el país. Pero el 40% eran del PRI, PAN o PRD, partidos que desde 2021 participan coaligados en casi todos los procesos electorales federales y locales.
Po tipo de ataque, se concluye que ocho de cada diez agresiones son letales: 60%, asesinaros directos y 18% ataques armados con víctimas letales.
Según Data Cívica, la violencia política-criminal ha tocado 581 municipios (más del 25% del total), en los que vive el 60% de la población mexicana.
De los datos, el estudio destaca tres conclusiones respecto al proceso electoral en sí mismo: 1. aquellos municipios con un mayor número de ataques a personas candidatas y activistas de partidos tienen también un mayor porcentaje de sustituciones de personas funcionarias de casilla el día de la elección. 2. Los municipios con más ataques contra actores políticos exhiben menores niveles de participación electoral y 3. Más allá del día de la elección, mediante un análisis del periodo 2018-2022, identificamos también que los ataques al conjunto de la función pública municipal (regidores, alcaldes, síndicos, gobernadores y diputados locales) están asociados con aumentos en la tasa de homicidio en el año subsecuente.
Qué hacer
El estudio concluye que, en las elecciones de 2024 (donde se renovarán mil 802 ayuntamientos en 30 entidades; 14 mil 764 regidurías, mil 975 sindicaturas y 431 cargos auxiliares municipales) es necesario que se tomen medidas urgentes para la prevención y atención de la violencia político-criminal.
“Desafortunadamente, las autoridades permanecen sin ofrecer un plan de protección para las personas candidatas, mucho menos uno de prevención. El reciente protocolo de seguridad para candidatos, emitido por el Instituto Nacional Electoral, no contempla a la gran mayoría de las víctimas: las y los candidatos municipales. Más aún, a lo largo de tres administraciones, la política de seguridad no ha apostado al fortalecimiento de las instituciones locales, sino que ha priorizado a las fuerzas del orden federal”, se señala.
Las especialistas proponen una serie de acciones de política pública que deberían adoptarse desde el gobierno federal y subnacionales, las autoridades judiciales, los partidos y la autoridad electoral.
- Desarrollar políticas que abonen al fortalecimiento de las administraciones y policías municipales
- Dar puntual seguimiento a la investigación y sanción a estos eventos de violencia político-criminal
- Desde los partidos, es fundamental asumir su responsabilidad en el proceso de postulación de candidaturas, dejando de lado perfiles cuyas trayectorias y vínculos abonan a procesos de violencia, colusión e impunidad
- Desde las autoridades electorales, elaborar planes de prevención y protección para las personas candidatas en las entidades con mayor incidencia conforme a sus propias tendencias: Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco y Michoacán. Estos deberían incluir, al menos, medidas de protección viables para las personas que se encuentren en riesgo
- Generar mapas de riesgo electoral a nivel nacional, estatal y municipal, para socializarlos con los partidos políticos, instituciones de seguridad y justicia, sociedad civil y actores relevantes, y así mantener la información actualizada y pública
- Realizar un monitoreo y seguimiento constante de los incidentes de violencia, a cargo y en colaboración por parte de las autoridades relevantes, incluyendo al menos a instituciones electorales, de seguridad y justicia, de los tres niveles y órdenes de gobierno
- Utilizar los datos para identificar tendencias y objetivos de la violencia político-criminal en el país, más allá de los periodos electorales, con el fin de elaborar planes para su prevención
- Desarrollar medidas tanto de comunicación como de seguridad que den certeza a las y los votantes de las garantías para su participación
“Es probable que otros controles económicos y sociales estén en marcha o se produzcan en forma paralela. Atender las raíces del crecimiento rápido y generalizado de ataques de alto perfil debería ser una prioridad para la próxima administración federal del país”, concluyen las investigadoras.
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Las escuelas segregadas para niños de ascendencia mexicana existieron en suroeste de EE.UU. durante décadas. En una de ellas, en la pequeña ciudad texana de Marfa, celebraron un día una peculiar ceremonia.
“Ya habíamos asistido a funerales de familiares antes, así que entendimos que allí se estaba celebrando un entierro. Lo que no sabíamos era por qué”… Ni de quién.
Así recuerda Jessi Silva aquella mañana de 1954 en la que se encontró en el patio de su escuela, rodeada de otros alumnos, observando un hoyo recién cavado.
Allí estaba también Maggie Marquez, quien por aquel entonces cursaba cuarto grado. Nada más entrar a clase, se había percatado de que el día no iba a ser como cualquier otro.
“Cuando llegué al salón la maestra nos dio pedazos de papel y nos pidió que escribiéramos en ellos: ‘No hablaré español ni en la escuela ni durante el receso’”, le contó décadas después a StoryCorps, una organización estadounidense sin ánimo de lucro cuyo objetivo es registrar, preservar y compartir historias.
Obedientes, siguieron las instrucciones al pie de la letra. La profesora agarró todos los papelitos, los dobló y los metió en una caja de cigarros, tal como lo habían hecho el resto de los docentes del centro.
A aquello le siguió una procesión al patio, donde introdujeron el estuche en el agujero cavado junto a un asta en el que ondeaba la bandera estadounidense.
Burial of Mr. Spanish, llamaron a la ceremonia, “El entierro del señor español”.
A partir de aquel momento el idioma de sus ancestros, la lengua materna de estas dos mujeres, que tienen hoy 76 y 80 años, quedaba prohibida en las instalaciones.
Marquez, sin embargo, recuerda que se rebeló ante el entierro simbólico del español.
De vuelta al aula, le dijo a sus compañeras: “Nadie me va a hacer que deje de hablar en español”.
“Lo que no sabía es que tenía a la maestra detrás, y me llevó a la oficina del director”, contó.
La jornada acabó con unos azotes.
Ocurrió en la Escuela Primaria Blackwell, en Marfa, un desértico pueblo de Texas situado a unos 95 kilómetros de la frontera con México.
Pero bien pudo haber pasado en cualquiera de las otras escuelas exclusivas para niños con ascendencia mexicana que existieron en el suroeste de Estados Unidos desde inicios del siglo hasta entrada la década de los 60, como parte de una segregación de facto cuyas consecuencias —según apuntan expertos e investigaciones varias— se sienten aún hoy.
Separados pero… ¿iguales?
A diferencia de la discriminación sufrida por los afroestadounidenses, sobre todo en los estados sureños, donde primaba el lema “separados pero iguales”, la aplicada contra los mexicano-estadounidenses no era por mandato legal sino una práctica común.
Los distritos escolares decidían si separaban o no a los estudiantes de ascendencia mexicana o a los latinos de otros orígenes, y muchos así lo hicieron en Arizona, California, Nuevo México, Texas.
En este último estado, para la década de 1940, existían las llamadas Mexican Schools (“Escuelas mexicanas”) en más de 120 ciudades que se mantuvieron hasta 1965, cuando se logró la integración.
Por la Escuela Primaria Blackwell, fundada en 1889, pasaron miles de estudiantes de entre primer y octavo grado; alumnos de origen mexicano que estudiaron con menos recursos que sus pares blancos, con materiales descartados por estos, en aulas con mobiliario de segunda mano.
Y el entierro del español no fue el único recuerdo de discriminación.
Otro día una alumna fue obligada a bañar a otra de piel más oscura por considerársela “sucia”.
En los años 50, los futbolistas de Blackwell eran considerados lo suficientemente buenos como para conformar equipo con menores anglos, pero no tanto como para que compartieran vestuarios.
“En Marfa aprendí lo que era el racismo”, le dijo Jesusita Williams Silva, quien empezó a estudiar en Blackwell en 1956, a Texas Monthly. “(Lo aprendí) Al ver a mi madre siendo rechazada en la tienda porque era hispana, al ver que mi padre no cobraba lo suficiente por ser hispano, al ver a la gente humillar a mis padres frente a sus hijos”.
En aquel entonces, en la puerta de algunos restaurantes había carteles que decían “Ni perros ni mexicanos”. En los cines, solo se podían sentar en los balcones superiores y bañarse solo los lunes, cuando el agua estaba más sucia, en las piscinas municipales.
La inevitable asimilación
En las escuelas segregadas, junto a la política que obligaba a comunicarse solo en inglés, justificada sobre la base de que era necesaria para brindarles a unos alumnos con “deficiencias lingüísticas” una formación efectiva, los educadores usaron prácticas pedagógicas y promovieron actividades que imponían valores e ideales blancos y de clase media.
El objetivo era que fueran lo más “estadounidenses posible”, escribió en su libro Culture, language, and the Americanization of Mexican children (“Cultura, lenguaje y la americanización de niños mexicanos”) Gilbert G. González, profesor de la Universidad de California y pionero de la disciplina de los Estudios Latinos y Chicanos.
La asimilación fue, en muchos casos, inevitable.
“No quería hablar español, no quería vestir como mexicana”, le contó Janie Martínez, quien asistió a una de esas escuelas, a Lilliana P. Saldaña, investigadora de la Universidad de Texas-San Antonio.
Saldaña incluyó su caso en un ensayo que aborda los traumas sufridos por una serie de mexicano-estadounidenses en el sistema educativo segregado y cómo eso los llevó a formarse como maestros.
“Durante sus años universitarios hizo todo lo posible por deshacerse de todo lo que la caracterizaba como mexicana y, cuando se graduó, pidió que su diploma dijera ‘Janie’ en lugar de ‘Juanita’. Tampoco les enseñó español a sus hijos, una decisión de la que hoy se arrepiente”, escribe Saldaña.
“Cómo los trataban los maestros y maestras, cómo el sistema escolar les cambió el nombre o hizo que se lo cambiaran, cómo los hizo sentirse avergonzados de ser pobres y mexicanos, del barrio… Eso fueron razones por las que tomaron la decisión muy consciente de ser docentes en su propia comunidad y de impulsar el bilingüismo”, le dice Saldaña a BBC Mundo.
También hubo reacciones más generalizadas, como la creación de las llamadas “escuelitas”.
“Fueron comunes en muchas comunidades fronterizas. Las familias mexicano-estadounidenses las establecían, a veces en alguna de las casas, tras recolectar fondos entre ellas mismas”, explica Saldaña.
“Eran independientes, gerenciadas por las propias familias, no estaban bajo el control estatal, y reclutaban a las maestras en México, que hablaban español pero que también tenían experiencia como educadoras”, prosigue.
La segregación y la consiguiente asimilación también tuvo costos a distintos niveles, consecuencias que siguen sintiéndose hoy y que varios estudios han tratado de retratar.
De acuerdo a un estudio del Pew Research Center publicado el año pasado, el 75% de los latinos de EE.UU. aseguran que pueden mantener una conservación en un español bueno o muy bueno. Pero entre los de tercera generación, son menos de un tercio los que son capaces de ello.
La integración y el desentierro
En un fallo conocido como Brown contra el Consejo de Educación de Topeka, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó en 1954 que las leyes estatales que establecían la segregación racial en las escuelas públicas eran inconstitucionales.
Aunque la integración tardó años en alcanzar todos los rincones del país, y en muchos casos requirió de la intervención federal.
A Marfa llegó en 1965, con la apertura de una nueva escuela primaria que acogió tanto a los alumnos del antiguo colegio para niños de ascendencia anglosajona como a los de Blackwell.
Esta última sigue hoy en pie, uno de los pocos ejemplos de escuelas segregadas que no han sido demolidas.
Aunque en su día constaba de varios edificios, hoy luce sola, blanca y discreta, en el sector sur de la pequeña ciudad y rodeada de modestas casas de adobe, un bloque de viviendas sociales y la sede de la Patrulla Fronteriza del sector.
Tras años de trabajo de un grupo de exalumnos y miembros de la comunidad, agrupados bajo la Alianza de la Escuela Blackwell, el 17 de octubre de 2022 fue designada Sitio Histórico Nacional, y ahora alberga un museo y centro comunitario con fotografías, objetos varios y la recreación de un aula.
“En el catálogo de los Sitios Históricos Nacionales hay pocos sitios que hablan de la historia mexicano-estadounidense moderna. Así que Blackwell está realmente a la vanguardia para empezar a contar esas historias nunca contadas”, le dice Daniel O. Hernandez, el presidente de la Alianza, a BBC Mundo.
“No podemos entender la dinámica racial y étnica de Estados Unidos hoy sin conocer lo que sucedió antes, cómo se trató a la gente, cómo la sociedad anglosajona justificó ese trato y qué consecuencias tuvo”, escribió su antecesora, Gretel Enck.
Quienes estudiaron en Blackwell tienen hoy 60, 70, incluso más años.
En 2007, un grupo de ellos se reunió en la antigua escuela, para un evento inspirado en el entierro de “Mr. Spanish”.
En el centro estaba Maggie Márquez, quien de un pequeño ataúd de madera contrachapada que había sido enterrado específicamente para la ceremonia, sacó un diccionario español.
Entre vítores, lo alzó y exclamó: “¡Yo tengo el español!”.
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