La violencia electoral afecta hasta la integración de casillas y la participación, concluyen especialistas
El asesinato de aspirantes a cargos de elección popular es sólo una cara (la más visible) de la violencia política-criminal, pero no es la única; el asedio del crimen organizado repercute en la integridad del proceso electoral, en la sustitución de funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, en la participación ciudadana y en la competencia política.
El estudio “Democracia vulnerada: el crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México” concluye que la violencia político-criminal en México no sólo afecta a partidos y aspirantes -los directamente involucrados en el proceso electoral- sino que tiene afectaciones reales sobre la participación política de las personas, vulnerando su derecho fundamental a la democracia.
Más aún, con el detrimento de la participación ciudadana en las elecciones, se afianza el vínculo entre crimen y autoridades”, señala el estudio que este martes fue presentado como parte del proyecto “Votar entre balas: entendiendo la violencia político-criminal en México”, desarrollado por México Evalúa, Data Cívica y Animal Político.
La investigación coordinada por la especialista Sandra Ley, con bases de datos recopilados por Data Cívica de 2018 a la fecha, indica que el aumento de los ataques a personas candidatas, autoridades electas y funcionarios municipales sugieren que se están afianzando o recreando redes de control sobre la política local, como parte de un fenómeno más amplio de gobernanza criminal.
“En conjunto, estos hallazgos indican que el crimen organizado no solo busca incidir en las elecciones, sino también capturar el aparato estatal. Si bien la violencia político-criminal nos preocupa aún más en época electoral, ésta no para tras la celebración de elecciones. Nuestros análisis muestran que nuestra atención y preocupación por este tipo de ataques deben ir más allá de los procesos electorales”, señala el estudio.
Qué registran las bases de datos
El estudio comienza por definir la violencia político-criminal como “el conjunto de ataques que grupos del crimen organizado ejercen contra actores políticos, para incidir en el control de los procesos electorales, las instituciones y los recursos públicos”.
En ese sentido, las bases de datos de Data Cívica y el Programa de Seguridad de México Evalúa registran seis tipos de agresiones: asesinatos, atentados, amenazas, secuestros, desapariciones y ataques armados que dejaron víctimas letales.
Éstas, contra siete tipos de víctimas: autoridades electas, personas candidatas y militantes de partidos políticos, personas funcionarias de la administración pública, fuerzas de seguridad atacadas de manera directa y no en un enfrentamiento, familiares de los grupos anteriores, personas que ocuparon un cargo público o candidatura y siguen activas políticamente, y ataques armados contra instalaciones gubernamentales o partidistas.
El análisis de datos muestra como principales hallazgos que el 77% de los ataques se registran en el ámbito municipal, lo que confirma el interés del crimen organizado a nivel local, “ya que es ahí donde construye el control territorial”.
Una cuarta parte de las víctimas son del partido Morena, que a partir de 2018 se ha convertido en la fuerza política con mayor éxito electoral en casi todo el país. Pero el 40% eran del PRI, PAN o PRD, partidos que desde 2021 participan coaligados en casi todos los procesos electorales federales y locales.
Po tipo de ataque, se concluye que ocho de cada diez agresiones son letales: 60%, asesinaros directos y 18% ataques armados con víctimas letales.
Según Data Cívica, la violencia política-criminal ha tocado 581 municipios (más del 25% del total), en los que vive el 60% de la población mexicana.
De los datos, el estudio destaca tres conclusiones respecto al proceso electoral en sí mismo: 1. aquellos municipios con un mayor número de ataques a personas candidatas y activistas de partidos tienen también un mayor porcentaje de sustituciones de personas funcionarias de casilla el día de la elección. 2. Los municipios con más ataques contra actores políticos exhiben menores niveles de participación electoral y 3. Más allá del día de la elección, mediante un análisis del periodo 2018-2022, identificamos también que los ataques al conjunto de la función pública municipal (regidores, alcaldes, síndicos, gobernadores y diputados locales) están asociados con aumentos en la tasa de homicidio en el año subsecuente.
Qué hacer
El estudio concluye que, en las elecciones de 2024 (donde se renovarán mil 802 ayuntamientos en 30 entidades; 14 mil 764 regidurías, mil 975 sindicaturas y 431 cargos auxiliares municipales) es necesario que se tomen medidas urgentes para la prevención y atención de la violencia político-criminal.
“Desafortunadamente, las autoridades permanecen sin ofrecer un plan de protección para las personas candidatas, mucho menos uno de prevención. El reciente protocolo de seguridad para candidatos, emitido por el Instituto Nacional Electoral, no contempla a la gran mayoría de las víctimas: las y los candidatos municipales. Más aún, a lo largo de tres administraciones, la política de seguridad no ha apostado al fortalecimiento de las instituciones locales, sino que ha priorizado a las fuerzas del orden federal”, se señala.
Las especialistas proponen una serie de acciones de política pública que deberían adoptarse desde el gobierno federal y subnacionales, las autoridades judiciales, los partidos y la autoridad electoral.
- Desarrollar políticas que abonen al fortalecimiento de las administraciones y policías municipales
- Dar puntual seguimiento a la investigación y sanción a estos eventos de violencia político-criminal
- Desde los partidos, es fundamental asumir su responsabilidad en el proceso de postulación de candidaturas, dejando de lado perfiles cuyas trayectorias y vínculos abonan a procesos de violencia, colusión e impunidad
- Desde las autoridades electorales, elaborar planes de prevención y protección para las personas candidatas en las entidades con mayor incidencia conforme a sus propias tendencias: Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco y Michoacán. Estos deberían incluir, al menos, medidas de protección viables para las personas que se encuentren en riesgo
- Generar mapas de riesgo electoral a nivel nacional, estatal y municipal, para socializarlos con los partidos políticos, instituciones de seguridad y justicia, sociedad civil y actores relevantes, y así mantener la información actualizada y pública
- Realizar un monitoreo y seguimiento constante de los incidentes de violencia, a cargo y en colaboración por parte de las autoridades relevantes, incluyendo al menos a instituciones electorales, de seguridad y justicia, de los tres niveles y órdenes de gobierno
- Utilizar los datos para identificar tendencias y objetivos de la violencia político-criminal en el país, más allá de los periodos electorales, con el fin de elaborar planes para su prevención
- Desarrollar medidas tanto de comunicación como de seguridad que den certeza a las y los votantes de las garantías para su participación
“Es probable que otros controles económicos y sociales estén en marcha o se produzcan en forma paralela. Atender las raíces del crecimiento rápido y generalizado de ataques de alto perfil debería ser una prioridad para la próxima administración federal del país”, concluyen las investigadoras.
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La fiscal Sandra Gutiérrez informó que el expresidente y dos personas más son acusadas de “trata de personas”, por lo que se ha requerido su detención.
Una fiscal departamental de Bolivia informó este lunes que el expresidente Evo Morales y otras dos personas fueron imputados por el delito de “trata de personas agravado” y confirmó que existe una orden de detención vigente en su contra.
La fiscal Sandra Gutiérrez, del departamento de Tarija, señaló que Morales fue imputado junto con los padres de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani.
Según la agencia AFP, el caso habría ocurrido en 2015, cuando Morales cumplía su tercer mandato como presidente. La fiscal dijo que el exmandatario presuntamente tuvo una hija con una menor de edad.
“Ha sido esta imputación presentada el día de hoy. Estamos a la espera de que el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares”, dijo la fiscal Gutiérrez en conferencia de prensa.
“Acá no hay nada político. Nosotros estamos resguardando los derechos de una persona que, lamentablemente, ha sido vejada. Y esto con el visto bueno de sus padres, lamentablemente, por ello uno de ellos se encuentra con prisión preventiva”, señaló Gutiérrez en referencia a Emeterio Vargas Mamani, quien está detenido.
La decisión de la fiscalía se debe a que Morales no acudió a declarar y, transcurridos 10 días desde que fue notificado, “corresponde presentar una imputación formal” y emitir una orden de detención, dijo Gutiérrez.
El expresidente Morales no ofreció declaraciones de forma inmediata. Desde hace meses ha denunciado que es víctima de persecución política por parte del presidente Luis Arce y sus colaboradores en el partido Movimiento Al Socialismo para evitar que se presente a las próximas elecciones presidenciales.
El caso contra Morales
Las autoridades de Bolivia informaron en octubre pasado del caso que se sigue en contra del expresidente Morales por la presunta trata de una menor de edad.
Gutiérrez explicó que la investigación se inició a finales de septiembre pasado, cuando recibió una denuncia.
Los padres de la menor tenían “el único propósito de escalar políticamente y obtener beneficios… a cambio de su hija menor de edad”, dijo Gutiérrez.
Según AFP, Morales había desestimado previamente estas acusaciones, ya que la investigación se había centrado en cargos de estupro, pero desde entonces los fiscales han ajustado su enfoque hacia la presunta trata de personas.
En octubre pasado, Morales fue citado a declarar, pero no compareció ni ofreció un justificante, expuso la fiscal. Al no hacerlo, la orden de detención contra Morales e Idelsa Pozo fue emitida el 16 de ese mes.
“Es un caso bastante complejo. Por eso es que nosotros hemos manejado esta investigación con mucha cautela, porque acá no solo estaban de por medio una menor, que al momento que empezó esta investigación el 2 de octubre… en esa fecha desaparece la víctima, conjuntamente (con) su pequeña hija menor”, dijo la fiscal.
Según la funcionaria, hasta ahora el expresidente no ha podido ser detenido por diversas causas, como que nunca estuvo en el domicilio señalado como propio en el departamento de Cochabamba.
También dijo que policías fueron agredidos por manifestantes “afines a Evo Morales”. Además, la fiscal aseguró que el expresidente ha sido visto portando un arma.
La fiscal afirmó también que se solicitó la alerta migratoria para Morales y Pozo.
Rivalidad con Arce
El caso contra Morales llega en medio de las crecientes tensiones en Bolivia entre los partidarios de Morales y los del actual presidente, Luis Arce.
Arce fue ministro de Economía de Morales entre 2006 y 2019. En 2020, Arce llegó a la presidencia con apoyo de Morales. Sin embargo, la alianza terminó en 2021. El motivo del quiebre fue el nuevo intento de Morales de aspirar a la presidencia en los comicios de 2025.
En junio, un intento de golpe de Estado de una parte de miembros del ejército, en el que un grupo de soldados y vehículos militares intentaron tomar el control de la Plaza Murillo, elevó aún más el enfrentamiento entre Arce y Morales.
Arce ha acusado a Morales de planear un “golpe de Estado” al convocar manifestaciones en su contra. Los que se manifiestan a favor de Evo culpan a Arce de los problemas económicos del país y de la escasez de dólares y combustible.
Morales quiere volver a la presidencia por cuarta vez, a pesar de que la Constitución del país habilita solo dos mandatos. Arce, por su parte, intentará pelear por su segundo mandato.
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