“La Tuta”, presunto fundador de Los Caballeros Templarios, promueve amparo para no ser extraditado a EU
Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, presunto fundador del grupo criminal Los Caballeros Templarios, promovió un amparo para impedir que el gobierno mexicano lo extradite a los Estados Unidos.
De acuerdo con el expediente 284/2025, el cual se encuentra en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Gómez Martínez argumentó que fue mencionado por parte de diferentes dependencias de seguridad para ser entregado a las autoridades de aquel país.
“Es un hecho público y notorio, que el pasado lunes 31 de marzo de 2025, las mismas autoridades, y en específico Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la vocería de la Presidencia de la República, han informado que se procederá al ‘envío’ de otros narcotraficantes al país vecino, entre otras personas, se mencionó al C. Servando Gómez Martínez como uno de los candidatos a ser ‘enviado’ a los Estados Unidos de América”, destacó el documento.
Señaló que él se encuentra “compurgando sanciones privativas de libertad, con derecho a impugnarlas en amparo directo, y está sujeto a proceso a disposición de un juez federal”
“Jamás ha sido notificado ni se ha instaurado en su contra proceso de extradición internacional”, indicó el expediente.
Amparo es “insuficiente”, dice juzgado
En tanto, el titular de dicho juzgado, Daniel Marcelino Niño Jiménez, indicó que su narrativa “es insuficiente” para determinar la medida que fue solicitada, pues no se advierte “de hechos denunciados” o de “resultados dañinos” y que exista una relación de causalidad que justifique decretar dicha suspensión.
En ese sentido, pidió al quejoso en un plazo de 24 horas a partir de que tenga conocimiento del acuerdo para señalar y aclarar su amparo.
“Este juzgado de Distrito estima necesario allegarse de mayores hechos a fin de determinar si procede o no la suspensión de oficio y de plano instada. Por ende, dada la naturaleza de los actos reclamados, se requiere al quejoso para que el acto de la notificación o bien, en el plazo de 24 horas, contadas a partir de que tenga conocimiento de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad, narre los hechos o abstenciones del acto o actos reclamados que señale, pues es un aspecto personalísimo que sólo corresponde al peticionario de la protección constitucional”, aclaró Niño Jiménez.
Comentó que, para ratificar la demanda se deberá desahogar la prevención a que hizo mención en párrafos que anteceden.
“Se apercibe al agraviado que de no ratificar la demanda o bien, no desahogar la prevención indicada, se tendrá por no presentada”, agregó el juzgado.
Detención de La Tuta
La Tuta fue detenido el pasado 27 de febrero de 2015 en la ciudad de Morelia, Michoacán.
Las autoridades mexicanas, en ese entonces, ofrecían una recompensa de 30 millones de pesos para su detención.
Por su parte, el Departamento del Tesoro de los EU lo señaló como uno de los principales objetivos a atacar y, por ello, existen órdenes de aprehensión en su contra en aquel país.
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Gómez Martínez, acusó a la senadora federal María Luisa Calderón, hermana del expresidente, Felipe Calderón, de buscar su apoyo a través de un asesor cuando compitió por la gubernatura de Michoacán en 2011. Mostró un vídeo en el que se le veía hablando con un nombre que, afirmó, trabajaba para Calderón. El partido dijo que no tenía relación con él.
En la grabación de una conversación telefónica entre un diputado federal y el sospechoso de narcotráfico, filtrada y hecha pública por un canal de radio, se escuchaba cómo se apoyaban.
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El texto, tan antiguo como Estados Unidos, fue promulgado para prevenir el espionaje y el sabotaje extranjero en tiempos de guerra. Según expertos consultados por BBC Mundo, este instrumento legal permite al gobierno detener y expulsar a personas sin tener que ofrecerles el derecho a defenderse.
De las calles de varias ciudades estadounidenses como Miami, Houston, Chicago o Nueva York a una celda del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), también conocida como la “megacárcel” de El Salvador.
Este es el viaje que hicieron en marzo más de 200 venezolanos, a los cuales el gobierno de Donald Trump acusó, sin aportar pruebas, de formar parte del temido Tren de Aragua, una de las bandas criminales más peligrosas de Venezuela.
Para llevar a cabo la deportación al país centroamericano de los migrantes, que estaban en situación irregular en Estados Unidos, la Casa Blanca utilizó una ley casi tan antigua como el propio país: la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798.
Al hacerlo, pasó por alto la orden de un juez, quien decidió paralizar las expulsiones, por considerar que ese instrumento legal no se podía aplicar a este caso.
Sin embargo, este lunes la Corte Suprema de EU dictaminó que el gobierno de Trump puede seguir utilizando esta ley para las deportaciones, aunque debe darles a los migrantes “la oportunidad de impugnar su expulsión”, algo que no ocurrió en marzo.
“La notificación debe darse en un tiempo razonable y de tal manera que les permita efectivamente solicitar el hábeas corpus en el lugar apropiado antes de que ocurra dicha remoción”, escribieron los jueces en su fallo.
En su decisión de este lunes, la Corte Suprema no determinó la legalidad del uso de la ley para llevar a cabo deportaciones, algo que deberá resolverse en los tribunales inferiores.
Pero, ¿qué dice la Ley de Enemigos Extranjeros, qué poderes distintos otorga a las autoridades y cuándo fue la última vez que se aplicó?
Un arma para tiempos de guerra
La Ley de Enemigos Extranjeros es una norma de 227 años de antigüedad, la cual le otorga a los presidentes la autoridad para ordenar la detención y expulsión de ciudadanos de aquellos países con los que EU se encuentre en guerra. Es decir, naciones con las que mantenga hostilidades reales.
La ley, que fue aprobada por el Congreso con el apoyo del presidente John Adams cuando Estados Unios estaba al borde de la guerra con Francia, buscó prevenir el espionaje y el sabotaje extranjeros.
“Se generó mucho alarmismo sobre los simpatizantes franceses en el país y sobre conspiraciones para, básicamente, poner a EU del lado de Francia”, explicó Steve Vladeck, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, a la Radio Pública Nacional de EU NPR.
A lo largo de los últimos dos siglos, la ley se ha aplicado en tres ocasiones.
La primera fue en 1812, durante la guerra que EU mantuvo con Reino Unido y en la que la Casa Blanca fue incendiada por tropas británicas.
La segunda y tercera vez ocurrieron durante la Primera (1914-1919) y Segunda Guerra Mundial (1939-1945) respectivamente.
Durante el primer conflicto global, las autoridades estadounidenses utilizaron la ley para internar a más de 6 mil “extranjeros enemigos”, muchos de ellos alemanes, en campos de internamiento, y algunos permanecieron detenidos hasta dos años después del fin de los combates.
Por su parte, el Servicio de Alguaciles de EU registró a 480 mil “extranjeros enemigos” alemanes y arrestó a 6 mil 300 entre la declaración de guerra en abril de 1917 y el armisticio en noviembre de 1918.
Décadas después, durante la Segunda Guerra Mundial, el texto fue utilizado para permitir el encarcelamiento de ciudadanos alemanes, italianos y japoneses que vivían en EU.
Fue así como más de 30 mil personas pasaron la guerra presas en campos de internamiento, dado que Washington los consideraba potencialmente peligrosos.
Para justificar su aplicación ahora, en 2025, el presidente Donald Trump dictó un decreto en el cual declaró que el Tren de Aragua estaba “perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio de EU”.
Y para enfrentar dicha amenaza, el mandatario ordenó que todos los ciudadanos venezolanos que estén en EU, que tengan al menos 14 años de edad, que sean miembros del Tren de Aragua y que “no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales” sean “detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros”.
Sin embargo, el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, consideró que esta declaración era insuficiente para aplicar la ley, en tanto que fue creada pensado en un conflicto bélico.
Y, por ello, el funcionario judicial ordenó la paralización de las deportaciones. Pese a ello, su orden fue ignorada.
“La ley de 1798 es clara en el sentido de que una ‘invasión o incursión depredadora’ debe ser realizada por una ‘nación o gobierno extranjero’ para que pueda invocarse”, explicó a BBC Mundo Dan Tichenor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oregón, hace unas semanas.
Sin garantías de ningún tipo
¿Por qué Trump recurre a una ley tan antigua? y ¿Qué ventajas tiene al hacerlo?
Según expertos consultados por BBC Mundo, el instrumento legal permite al gobierno detener y expulsar a personas sin tener que garantizarles el debido proceso, es decir, sin tener que ofrecerles el derecho a defenderse, a apelar ante una instancia superior, entre otros.
“La Alien Enemies Act da al gobierno de Trump un poder ejecutivo muy amplio y sin restricciones para detener y expulsar a los inmigrantes indocumentados a voluntad”, explicó Tichenor.
“La norma autoriza a los presidentes a agilizar el proceso de deportación, dejando a los no ciudadanos sin posibilidad de recurrir a los tribunales de inmigración”, agregó el experto.
Al impedirle a los inmigrantes poder acceder a sus garantías judiciales se reducen los tiempos y se pueden ejecutar deportaciones más rápidas y a gran escala, tal y como prometió Trump a lo largo de su campaña.
Otro elemento es que la Ley de Enemigos Extranjeros no requiere que se presenten pruebas de que un extranjero es una amenaza, basta con la simple sospecha. Así lo advirtió Katherine Yon Ebright, del Centro Brennan para la Justicia.
Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha identificado a los venezolanos deportados, ni ha presentado pruebas que confirmen su relación con el Tren de Aragua ni que hubieran cometido delitos en EU.
De hecho, varias familias de hombres que también fueron llevados al Cecot han dicho que sus familiares no forman parte de grupos criminales, y se desconoce el estándar que usó el gobierno de EU para determinar que sí lo eran.
Polémica servida
La decisión de Trump de recurrir a este instrumento legal ha provocado controversia.
“Una ley de tiempos de guerra no tiene cabida para aplicarse en tiempos de paz”, agregó Yon Ebrigth.
Por su parte, desde el Centro para el Progreso Americano (CAP, por sus siglas en inglés) denunciaron que la implementación actual de la ley constituye “un peligroso abuso de poder que busca privar a las personas de sus derechos legales”.
“Todo estadounidense, independientemente de su ideología política, debería estar preocupado por el hecho de que el presidente esté recurriendo a poderes que se invocaron por última vez para detener a miles de estadounidenses de origen japonés en campos de reclusión, uno de los momentos más vergonzosos de la historia de EU”, afirmó la organización no partidista en un comunicado.
*Con investigación de Cristina J. Orgaz
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