La Sedena reconoció ante la Auditoría que contrató al proveedor del software Pegasus, pero se niega a entregar información
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que contrató a la empresa proveedora del software Pegasus, que tanto en el sexenio pasado como en el actual —durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador— ha sido utilizado para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas.
La dependencia militar admitió el hecho ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la cual notificó sobre la existencia de un contrato para el servicio de “monitoreo remoto” con Comercializadora Antsua, SA de CV, única compañía autorizada para vender Pegasus en México. El contrato tiene el folio DN-10 SAIT-1075/P/2019.
La Sedena incluso entregó a la ASF los comprobantes de pago por cerca de 140 millones de pesos, pero se negó a darle el contrato como tal argumentando razones de “seguridad nacional”.
Además, pese a la evidencia sobre la realización de ese contrato para el servicio de “monitoreo remoto”, la Sedena también se negó a entregarlo vía transparencia. Tras una solicitud de información realizada en octubre pasado, respondió que “no localizó” ningún documento al respecto.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ordenó que haga una “búsqueda exhaustiva” de la información, luego de analizar el caso en sesión pública este miércoles.
La Sedena también ha ignorado la instrucción del presidente López Obrador, quien aseguró que haría públicos los contratos con dicha empresa porque no había nada qué ocultar. Hasta el momento, la secretaría no ha cumplido.
El espionaje y la auditoría
En octubre pasado, una investigación de la organización R3D, Animal Político, Aristegui Noticias, Proceso y Artículo 19 reveló que dos periodistas y un defensor de derechos humanos habían sido espiados con el software Pegasus entre 2019 y 2021, mientras se encontraban investigando hechos relacionados con violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por el Ejército.
Se trató de la infección en los teléfonos celulares del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, del escritor y periodista Ricardo Raphael y de un periodista de Animal Político, comprobada por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, luego de hacer un análisis forense de los equipos.
La investigación demostró que la Sedena había hecho un contrato para el “servicio de monitoreo remoto de información fincado a la empresa ‘Comercializadora Antsua, SA de CV’”, y cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019.
El presidente López Obrador aseguró que el Ejército realizaba “labores de inteligencia, no de espionaje”, y que por ello daría a conocer dicho contrato, pero a tres meses de la promesa, esto no se ha cumplido. De hecho, la Sedena insiste en ocultar el contrato, documento donde estaría detallado el servicio que la empresa realizaría para la dependencia, incluyendo los objetivos del “monitoreo”.
Su negativa más reciente es respecto de la solicitud de información realizada por R3D, a la que la Sedena respondió que no había localizado documentación al respecto. Por ello, la organización interpuso un recurso de revisión ante el INAI, proporcionando como evidencia la información obtenida por transparencia de las comunicaciones entre la Sedena y la ASF durante un proceso de fiscalización.
Se trató del proceso de auditoría que realizaba la ASF al Instituto Nacional de Migración (INM) sobre el contrato de tecnología realizado con Comercializadora Antsua, y cuya investigación complementaria incluyó solicitar los contratos que otras dependencias —en este caso la Sedena— habían hecho con la empresa.
La ASF solo trataba de comprobar que no hubiese habido alguna irregularidad en la contratación, por lo que le solicitó “la base de datos con información de los contratos y convenios de 2019 y 2020 celebrados entre la Sedena y Comercializadora Antsua, SA de CV”, los contratos y las facturas, según consta en el oficio firmado por el entonces auditor de cumplimiento financiero, Gerardo Lozano, y dirigido al coronel Humberto Zerón Martínez, coordinador de normatividad, desarrollo y de la función de la Oficialía Mayor de la Sedena, el 4 de agosto de 2021.
Sin embargo, la Sedena respondió que dicha información se encontraba clasificada como “asunto de seguridad nacional”, por lo que no entregaría la documentación, sino una “nota informativa y evidencia documental relacionada con el contrato suscrito”.
En dicha nota, la dependencia explicó que “suscribió un contrato con la empresa citada en su oficio No. AECF/1095/2021, el 12 de abril de 2019, el cual estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, por un monto total de $139,999,999”.
Incluso, anexó los movimientos en la Cuenta por Liquidar Certificada, de pagos generados por dicho contrato, es decir, los pagos registrados en el sistema del gobierno federal.
Se trató de siete pagos por 15 millones 465 mil 120 pesos entre el 1 de julio y el 1 de noviembre de 2019 y de un octavo pago por 30 millones 944 mil 159 pesos el 10 de diciembre de 2019.
La ASF envió otro oficio el 31 de agosto, en el que señaló que esta información no respondía a su petición. Además, “en las tres reuniones realizadas con el personal de la Sedena, se indicó la forma en la que se requería la información y se precisó que en caso de no poder enviarla, se tenía la opción de ponerla a disposición para que el equipo auditor la revisara en sitio. Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta indicar si los puntos faltantes se entregarán en fecha próxima”, pidió Jazmín Pantoja, auditora especial de Cumplimiento Financiero, al teniente coronel Jaime Efraín Tinoco.
Este miércoles, el pleno del INAI discutió el recurso de revisión respecto de la solicitud de información, analizó estas evidencias y las obligaciones legales, y votó por unanimidad que la Sedena debe entregar la información.
Los comisionados consideraron que “el actuar de la Sedena no se apegó al procedimiento de acceso a la información, puesto que contrario a la inexistencia sostenida, es claro que sí cuenta con la información requerida”, dijo la comisionada a cargo del caso, Josefina Román.
“Por ello, estimamos indispensable la entrega de los contratos que una persona está solicitando, ya que no solo se transparentaría el ejercicio de recursos públicos, sino también quedarían expuestas las actividades vinculadas con el monitoreo de comunicaciones, permitiendo así a la sociedad evaluar la protección de sus derechos a la privacidad, a la libertad de expresión y a la inviolabilidad de las comunicaciones”, afirmó.
Pegasus en México
El software Pegasus es un desarrollo de la empresa israelí NSO Group, que solo vende a gobiernos para que investiguen hechos atroces o actos de terrorismo. Sin embargo, investigaciones periodísticas como Pegasus Project han revelado que 10 gobiernos que adquirieron el sistema espiaron a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, tanto en sus países como en el extranjero.
Entre los países están México, Azerbaiyán, Kazajistán, Hungría, India, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Baréin, Marruecos y Ruanda.
En el caso mexicano, el gobierno de Peña Nieto espió o intentó espiar con el malware Pegasus a 15 mil teléfonos entre 2016 y 2017, entre ellos, de periodistas, personas defensoras de derechos humanos e incluso de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También, del círculo cercano de López Obrador, como su secretaria particular, Laura González Nieto; el operador político César Yáñez; el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; su actual vocero, Jesús Ramírez Cuevas, y el empresario Alfonso Romo Garza.
NSO Group nombra a una empresa como su representante ante cada gobierno para vender el software. En México, la empresa Air Cap fue la intermediaria para la venta del sistema a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante el gobierno de Peña Nieto.
Sin embargo, el 31 de diciembre de 2019, NSO Group notificó que Comercializadora Anstua era la “autorizada para representar de forma exclusiva a NSO Group ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta el 31 de diciembre de 2019”, es decir, la dependencia podría comprar la tecnología únicamente con esa empresa, dice una carta firmada por Niv Ovadia Leibovitch y Evan Forte, ejecutivos de la compañía.
En tanto, entre la información hackeada a la Sedena por el grupo Guacamaya, se pudo localizar el oficio clasificado como “secreto” en el que se refiere al contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 para el “servicio de monitoreo remoto de información fincado a la empresa ‘Comercializadora Antsua, SA de CV’”, y cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019.
El documento se encuentra en un mail con el asunto “oficios mortales”, y la comunicación daba cuenta de la realización del servicio y los pagos correspondientes en la “factura original No. 197 debidamente legalizada (segundo pago); oficio de aceptación No. 1910-4950 de fecha 15 de julio de 2019, en original emitido por el usuario final, en el cual se informa que el servicio fue recibido del 1 al 30 de junio del 2019”.
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En un mitin de campaña del republicano celebrado este domingo en el Madison Square Garden, un comediante se refirió a Puerto Rico como una “isla de basura”.
Puerto Rico se situó en las últimas horas en el centro de los debates en torno a las elecciones presidenciales en EE.UU. por la razón menos esperada.
Esta vez no fue por un desastre natural, un apagón masivo o su profunda crisis económica, temas por los que la isla suele aparecer en los titulares de los medios estadounidenses, sino por una “broma” que hizo el comediante Tony Hinchcliffe este domingo en un mitin de campaña de Donald Trump realizado en el Madison Square Garden de Nueva York.
Hinchcliffe, quien durante su intervención también se burló de otros latinos e hizo comentarios despectivos sobre los palestinos, los judíos y los afroestadounidenses, se refirió a Puerto Rico como “una isla de basura en el océano”.
Sus comentarios generaron una ola de indignación en los medios y las redes sociales, a las que recurrieron con rapidez políticos tanto demócratas como republicanos para condenarlos y mostrar su apoyo a los puertorriqueños.
También se pronunciaron algunas de las personalidades más famosas de la isla, como Bad Bunny, Jennifer López y Ricky Martín, quienes difundieron mensajes de apoyo a la demócrata Kamala Harris entre sus decenas de millones de seguidores.
Ante la presión, el equipo de campaña de Trump se distanció de las palabras de Hinchcliffe.
“Esto es una broma y no refleja la visión del presidente Trump o de su campaña”, sostuvo Danielle Álvarez, asesora senior del exmandatario.
Tanto Trump como Harris cortejan asiduamente el voto latino, que podría ser decisivo en estados clave de cara a las elecciones del 5 de noviembre
En algunos de estos, como en Pensilvania, los boricuas representan una mayoría entre los electores latinos.
Para Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en Norteamérica, el mitin de Trump de este domingo se “suponía que debía ser una demostración política de fuerza en la recta final de la campaña presidencial”.
“Por el contrario, el equipo de Trump ha tenido que realizar un control de daños”.
Y es que, según algunos analistas, la “broma” de Hinchcliffe podría complicar las aspiraciones de Trump y los republicanos de llegar a la Casa Blanca y hacerse con el control de las dos cámaras del Congreso estadounidense.
Los puertorriqueños en estados clave
Cientos de miles de puertorriqueños se han mudado a EE.UU. en la última década escapando de una profunda crisis económica provocada por una exorbitante deuda pública y la devastación que dejaron a su paso varios huracanes.
Aunque los residentes de la isla no pueden votar en la elección presidencial, quienes se mudan a los Estados Unidos continentales tienen derecho al sufragio por ser ciudadanos estadounidenses.
Se estima que hay cerca de 5,8 millones de personas de origen boricua con derecho a voto el 5 de noviembre. Muchos de ellos se encuentran en estados importantes para la contienda electoral, como Carolina del Norte, Georgia, Florida y Pensilvania.
En Florida, uno de los bastiones de Donald Trump y los republicanos, los más de 1,1 millones de votantes puertorriqueños podrían ser decisivos en las elecciones para la legislatura estatal y el Congreso nacional.
Rick Scott, exgobernador de Florida que busca la reelección como senador, y los congresistas republicanos del estado María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez estuvieron entre los primeros que mostraron su rechazo al comentario de Tony Hinchcliffe, conscientes del impacto que puede tener entre sus votantes.
“Este chiste fracasó por una razón. No es gracioso y no es cierto“, dijo Scott.
“¡Los puertorriqueños son personas increíbles y estadounidenses increíbles!”, agregó.
Por su parte, Salazar escribió en X que estaba “disgustada” por el “comentario racista” del humorista y que este que no “reflejaba los valores” de los republicanos.
Carlos A. Giménez describió las palabras de Hinchcliffe como “completamente carentes de clase y de mal gusto”.
En Nueva York, donde suele ganar el candidato demócrata a la presidencia, están en juego en las elecciones de noviembre media docena de distritos que ayudaron a decidir la mayoría en la Cámara de Representantes federal en 2022.
De acuerdo con The New York Times, “tal vez no haya un campo de batalla más importante en la carrera de este año por la Cámara de Representantes que Nueva York”.
Y allí residen cerca de un millón de puertorriqueños, a los que probablemente la “broma” de Hinchcliffe no les haya hecho ninguna gracia.
Pero donde el comentario del comediante les podría resultar más caro a los republicanos es en Pensilvania, donde residen cerca de 450.000 boricuas.
Según las encuestas, este estado, que puede ser crucial para que Donald Trump o Kamala Harris logren la presidencia, podría inclinarse en cualquier dirección.
En 2020, Joe Biden ganó en Pensilvania por un margen de 82.000 votos, mientras que en 2016 Donald Trump resultó vencedor por solo 44.000.
Crea un contraste con Harris
El domingo, tan solo unas horas antes de que Tony Hinchcliffe realizara su comentario, Kamala Harris se encontraba en un restaurante puertorriqueño en Pensilvania hablando sobre su plan para impulsar la economía de la isla y acelerar su reconstrucción tras el paso hace 7 años del huracán María.
En una suerte de casualidad, la vicepresidenta también había difundido un video en el que reiteraba este mensaje y además recordaba el papel de la administración Trump luego del desastre.
Según Harris, el mandatario se resistió a enviar ayuda a la isla tras el huracán, que dejó alrededor de 4.000 fallecidos.
También recordó el momento en el que Trump lanzó rollos de papel de cocina a un grupo de damnificados reunidos en una iglesia en Puerto Rico.
La campaña de la demócrata aprovechó lo sucedido en el mitin de Nueva York para resaltar que entre ambos existe un contraste en su trato a la isla.
En sus redes sociales, Harris compartió un video de doble pantalla en el que se ve su mensaje sobre Puerto Rico y la intervención de Hinchcliffe en el Madison Square Garden.
Además, su candidato a vicepresidente, Tim Walz criticó duramente al comediante durante una transmisión en la red social Twitch junto a la representante de ascendencia puertorriqueña Alexandria Ocasio-Cortez.
“Eso es lo que piensan de cualquiera que gane menos dinero que ellos”, dijo Ocasio-Cortez. “¿Quién es ese imbécil?”, señaló por su parte Walz.
En una elección con márgenes de victoria tan estrechos, un grupo como el de los puertorriqueños puede inclinar la balanza, señaló en un análisis para The Conversation el profesor de ciencia política Todd Landman, de la Universidad de Nottingham.
Es por eso que ambas campañas no han escatimado esfuerzos para lograr sus votos, señaló Landman.
“Si una cantidad suficiente de personas se ofende por los comentarios de Hinchcliffe, esto podría tener un impacto significativo en el resultado de las elecciones”, dijo el experto.
“Es difícil que la memoria se desvanezca a los pocos días de una elección”, comentó, por su parte, el sociólogo de la Universidad de Pittsburgh Fernando Tormos-Aponte a la revista Time.
Según Tormos-Aponte, lo sucedido podría también tener un impacto en otros grupos que se reconocen como vulnerables y minoritarios en el país y que, al identificarse con los puertorriqueños, podrían inclinar la balanza electoral el próximo 5 de noviembre a favor de los demócratas.
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