Ni con resolución del INAI, ni a petición de la FGR: Sedena lleva más de un año ocultando los contratos de Pegasus
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lleva más de un año negándose a entregar los contratos de adquisición de Pegasus, el software de espionaje ilegal que ha sido usado para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
No ha entregado la información ni siquiera a la Fiscalía General de la República (FGR) que se la requirió como parte de la investigación judicial iniciada en 2017; e incluso está en desacato ante la resolución del INAI que le obligó a entregar información que fue solicitada vía transparencia desde abril de 2023.
La negativa de la dependencia encabezada por Luis Cresencio Sandoval ha pasado por encima del compromiso público que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho durante sus conferencias matutinas en las que instruyó la entrega. “No debe haber absolutamente nada oculto, o sea, nada malo, pero que se entregue, que se entregue todo”, dijo en octubre de 2022 a pregunta expresa.
La Sedena también ha negado la existencia del Centro Militar de Inteligencia (CMI), el área encargada del espionaje durante el actual sexenio, pese a las evidencias que confirman su operación, como la referencia que la propia dependencia hizo sobre él en su segundo informe de labores en 2020.
Otro intento por ocultar la información relacionada con Pegasus vino de la Consejería Jurídica de la Presidencia a través del recurso de revisión que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) argumentando “seguridad nacional”.
Se trata de las operaciones financieras relacionadas con los contratos de adquisición del software que la Secretaría de Hacienda debía entregar luego de una resolución del INAI. Sin embargo, la Corte ordenó a la dependencia entregar versiones públicas de dicha información.
El Ejército espía y oculta
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Citizen Lab, Artículo 19, R3D, Social TIC publicaron la investigación Gobierno Espía, que daba cuenta del espionaje cometido en contra de periodistas, activistas contra la corrupción y defensores de derechos humanos, utilizando el software Pegasus.
A partir de la investigación, las organizaciones interpusieron una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República. Como parte de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, la autoridad ministerial requirió a la Sedena información sobre contratos con diversas empresas de la red KBH, que comercializó Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto.
Aunque sí entregó un listado, en él no incluyó ningún contrato con Comercializadora Antsua o Air Cap, parte de la red de compañías autorizadas para vender el software de espionaje.
En tanto, la investigación periodística Ejército Espía publicó en octubre de 2022 que la Sedena contrató a Comercializadora Antsua S.A. de C.V. –empresa designada por NSO Group, dueña del software Pegasus, para representarla de manera exclusiva ante la SEDENA, para la realización del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”, el 12 de abril del 2019, durante el gobierno de López Obrador.
Artículo 19 y R3D interpusieron una denuncia que derivó en la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEADLE-CDMX/00001291/2022 y en la que nuevamente la Fiscalía General de la República pidió a la Sedena la información sobre los contratos con Comercializadora Antsua S.A. de C.V.
Sin embargo, la Sedena también se negó a entregarla argumentando que “no se encontró evidencia documental sobre algún instrumento contractual con la empresa denominada “Comercializadora Antsua, S.A. de C.V.”.
La dependencia ha mantenido oculta esta información pese a que hay evidencia oficial en la que reconoció la existencia de los contratos. Una de ellas fue su respuesta a la Auditoría Superior de la Federación, que realizaba una revisión a las contrataciones de Tecnologías de la Información (TIC) de 2020. En dicha auditoría entregó “una nota informativa y evidencia documental relacionada con el contrato suscrito entre esta secretaría y Comercializadora Antsua, S. A. de C. V.”.
Aún así, la Secretaría de la Defensa aseguró que los contratos no existían en su respuesta a una solicitud de información interpuesta por la Red por los Derechos Digitales (R3D).
En enero de 2023, el INAI resolvió el recurso de revisión interpuesto por R3D y ordenó la entrega de los contratos en versión pública. La Sedena rectificó y dijo que sí localizó los documentos, pero no los podía entregar porque se trataba de información reservada. De hacerlo, dijo, podría generar afectaciones a la seguridad nacional dado que las contrataciones “se realizaron para la adquisición de equipo y servicios para la generación de inteligencia militar”.
Aunque las resoluciones del INAI son inatacables y el Instituto determinó que la Sedena incumplió, la dependencia está en desacato, pues hasta el momento no ha entregado la información.
R3D denunció el desacato ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedena el 18 de mayo de 2023, pero tampoco han informado sobre algún avance de la denuncia.
La Sedena también desacató una segunda resolución del INAI de diciembre de 2023 por una segunda solicitud de los contratos hecha en julio de ese año.
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El CMI existe, pero lo niegan
En la segunda entrega de la investigación Ejército Espía, el 7 de marzo de 2023, se dio a conocer la existencia del Centro Militar de Inteligencia (CMI) y un documento elaborado por dicha área. La tarjeta informativa detallaba el espionaje al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, y que estaba dirigida al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.
R3D nuevamente hizo solicitudes de información respecto al CMI, pero la Sedena dijo que no contaba con información sobre él. En el recurso de revisión RRA 11563/23, el INAI determinó “que existen elementos que permiten desprender que la inexistencia invocada por el sujeto obligado no puede ser validada”, por lo que de nuevo ordena la entrega de la información solicitada.
Para no entregarla, el 8 de noviembre de 2023, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, por medio del subjefe de inteligencia, emitió una resolución de existencia en la que afirma de manera categórica que “dentro de la Estructura Orgánica del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, no existe un Centro Militar de Inteligencia, ni se cuenta con documento o registro relativo a su preexistencia”.
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Y aunque había un nuevo requerimiento de cumplimiento por parte del INAI, el subjefe de Inteligencia reiteró que “no existe ni existió área, departamento y oficina denominada Centro Militar de Inteligencia o con designación análoga”, el 1 de diciembre de 2023.
Sin embargo, existe evidencia que confirma la existencia del CMI, como el Segundo informe de labores de la Sedena, de septiembre de 2020, en cuyo apartado titulado “Relaciones Internacionales con Fuerzas Armadas de otras naciones” advierte que “el 24 de septiembre de 2019, el General Secretario de la Defensa Nacional, acompañado del Almirante Secretario de Marina, participaron en la Reunión de Alto Nivel con los Comandantes del Comando Norte y Sur de los E.U.A., en las instalaciones del Centro Militar de Inteligencia (C.M.I.)”.
Además, entre los documentos filtrados por el grupo Guacamaya, se pudo localizar una presentación donde se dan detalles de la visita de los Comandantes del Comando Norte y Sur de EU al CMI, incluyendo la logística y los recorridos de los participantes.
En una diapositiva se muestra la “Secuencia de eventos en la visita al Centro Militar de Inteligencia” en la que se observa una foto de un edificio y con número se identifica la ubicación de la “Sala de Operaciones del CMI” y de la “Sala de Operaciones del COC” (Centro de Operaciones del Ciberespacio), así como un traslado a un lugar denominado “área de monitoreo”.
En una búsqueda en Google maps de esa dirección confirma la existencia del edificio y su ubicación dentro del Campo Militar No. 1 A.
Mientras que en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) se da cuenta de “intervenciones de comunicaciones de la Sedena”, y de diversos documentos emitidos por el CMI.
En el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa también identificó informes del CMI, pero al preguntar al respecto, la dependencia contestó que se referían al concepto “contenido mediático de información”. Aunque el GIEI no identificó ningún otro archivo clasificado así, sino referencias al Centro Militar de Inteligencia como una instancia.
El 15 de agosto de 2023, familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos presentaron una demanda de amparo por la obstaculización de la cadena de mando de la inteligencia militar de cooperar con las investigaciones.
Dentro del juicio de amparo, la Sedena niega la existencia del CMI, pero reconoce que existió al decir que “éste Centro fue creado como un organismo circunstancial, pero a la fecha ha cesado sus funciones”. Y el 5 de septiembre de 2023, la dependencia reafirmó ante el juez de distrito en el que se tramita el juicio de amparo que el CMI no existe.
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Perú se ha convertido en pocos años en un gran exportador de productos agrícolas, pero se mantienen las dudas sobre cuánto podrá mantener su modelo.
Las vastas llanuras desérticas de la región de Ica, Perú, se han llenado en las últimas décadas de extensos cultivos de arándanos y otras frutas.
Hasta la década de 1990 resultaba difícil imaginar que esta zona del desierto costero peruano, donde a primera vista se ve poco más que polvo y mar, pudiera convertirse en un gran centro de producción agrícola.
Pero eso es lo que ha ocurrido no solo aquí, sino en la mayoría del litoral desértico peruano, donde han proliferado grandes plantaciones de frutas no tradicionales aquí, como los espárragos, los mangos, los arándanos o los aguacates (o paltas, como les llaman en Perú).
La enorme franja que atraviesa el país en paralelo a las olas del Pacífico y las elevaciones andinas se ha convertido en un inmenso huerto y en el epicentro de una pujante industria agroexportadora.
Según las cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, las exportaciones agrícolas peruanas crecieron entre 2010 y 2024 un promedio anual del 11%, alcanzando en 2024 la cifra récord de US$9.185 millones.
Perú se ha convertido en estos años en el mayor exportador mundial de uvas de mesa y de arándanos, una fruta que apenas se producía en el país antes de 2008, y su capacidad para producir a gran escala en las estaciones en las que es más difícil hacerlo en el Hemisferio Norte lo han llevado a erigirse en una de las grandes potencias agroexportadoras y proveedora principal de Estados Unidos, Europa, China y otros lugares
Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Quién se beneficia? ¿Es sostenible el boom agroexportador peruano?
Cómo empezó todo
El proceso que llevaría al desarrollo de la industria agroexportadora peruana comenzó en la década de 1990, cuando el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori impulsaba profundas reformas liberalizadoras para reactivar a un país golpeado por años de crisis económica e hiperinflación.
“Las bases se sentaron al reducir las barreras arancelarias, promover la inversión extranjera en Perú y reducir los costos administrativos para las empresas; se buscaba impulsar a los sectores que tuvieran potencial exportador”, le dijo a BBC Mundo César Huaroto, economista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
“Al principio, la atención se centró en el sector minero, pero a finales de siglo ya aparece una élite empresarial que ve el potencial del rubro agroexportador”.
Pero no bastaba con leyes más propicias ni con la intención.
La agricultura a gran escala en Perú se había enfrentado tradicionalmente a obstáculos como la escasa fertilidad de los suelos de la selva amazónica y la accidentada orografía de la sierra andina.
Ana Sabogal, experta en ecología vegetal y cambios antrópicos en los ecosistemas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó a BBC Mundo que “la inversión privada de grandes agricultores, menos reacios al riesgo que los pequeños, facilitó innovaciones técnicas como el riego por goteo y el desarrollo de proyectos de riego”.
La solución del problema de la escasez de agua en el desierto permitió empezar a cultivar en una zona donde tradicionalmente no se había contemplado la agricultura y empezar a explotar sus particulares condiciones climáticas, que lo convierten en lo que los expertos describen como un “invernadero natural”.
“La zona no tenía agua, pero con agua se convertía en una tierra muy fértil”, indica Huaroto.
Todo eso, sumado a innovaciones genéticas, como la que permitió el cultivo local del arándano, posibilitó que Perú incorporara grandes extensiones de su desierto costero a su superficie cultivable, que se amplió en alrededor de un 30%, según la estimación de Sabogal.
“Fue un aumento sorprendente y enorme de la agroindustria”, resume la experta.
Hoy, regiones como Ica o la norteña Piura se han convertido en grandes centros de producción agrícola y la agroexportación en uno de los motores de la economía peruana.
Qué consecuencias ha tenido
Según la Asociación de Exportadores ADEX, las exportaciones agrícolas representaron en 2024 un 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB) peruano, cuando en 2020 no era más que un 1,3%.
El impacto económico y ambiental ha sido notable y ambivalente.
Sus defensores subrayan que ha traído beneficios económicos, pero los críticos apuntan a sus costes medioambientales, como su elevado consumo de agua en zonas donde escasea y la población no tiene garantizado el suministro.
El economista César Huaroto dirigió un estudio para evaluar el boom agroexportador en la costa de Perú.
“Una de las cosas que encontramos es que la industria agroexportadora había actuado como dinamizador de la economía local, ya que incrementó el nivel de empleo de calidad en amplias zonas donde dominaba la informalidad, y se registró un incremento de los ingresos promedios de los trabajadores”, dijo.
Aunque esto no beneficia a todo el mundo por igual.
“A los pequeños agricultores independientes les cuesta más encontrar trabajadores porque los salarios son más altos y también tienen más dificultades en el acceso al agua que necesitan sus campos”.
Efectivamente, la agroexportación parece estar arrinconando las formas tradicionales de trabajar el campo y cambiando la estructura social y de la propiedad en amplias zonas de Perú.
“Muchos pequeños propietarios ven que sus campos ya no son rentables por lo que están vendiendo sus campos a grandes compañías”, indica Huaroto.
Sin embargo, según el mismo economista, “incluso muchos pequeños agricultores se mostraban satisfechos porque la agroindustria les había dado trabajo a miembros de su familia”.
El problema del agua
En los últimos años se cuestionan cada vez más los beneficios para el país del negocio agroexportador.
Pero la principal fuente de crítica es el agua.
“En un contexto de escasez hídrica, en que una parte importante de la población de Perú no tiene agua en su casa, el debate en torno a la industria agroexportadora se ha vuelto muy vivo”, señala Huaroto.
La activista local Charo Huaynca le dijo a BBC Mundo que “en Ica se está dando una disputa por el agua porque no hay para todos”.
En esta árida región la cuestión del agua es polémica hace tiempo.
Mientras muchos asentamientos humanos deben arreglárselas con la que llega en camiones cisternas y almacenarla para satisfacer sus necesidades, grandes áreas de cultivos destinados a la agroexportación tienen garantizada la que necesitan a través de pozos en sus fundos y acceso prioritario al agua de riego que se trasvasa desde la vecina región de Huancavelica.
“Se supone que está prohibido excavar pozos nuevos, pero cuando los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) llegan a inspeccionar las grandes explotaciones les niegan el acceso alegando que se trata de propiedad privada”, denuncia Huanca.
BBC Mundo solicitó sin éxito comentarios a la ANA y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú.
Huanca ve indicios de que el acuífero subterráneo que abastece gran parte del agua de Ica se está agotando.
“Antes bastaba con cavar cinco metros, pero ahora hay que llegar hasta 10 ó 15 metros de profundidad para que aparezca el agua”.
En Ica apenas llueve, por lo que gran parte del agua se obtiene bajo tierra.
“Los pequeños agricultores se quejan de que a ellos se les exige pagar grandes cantidades por el agua, mientras que las grandes explotaciones cuentan con reservorios y grandes piscinas que llenan y cuya agua luego optimizan con sistemas de riego tecnificado”, indica Huanca.
En esta región se cultivan las uvas con las que se produce el famoso pisco, el aguardiente cuya fama se ha convertido en fuente de orgullo nacional para los peruanos, pero incluso eso es ahora cuestionado.
“Hay quien critica que la uva es básicamente agua con azúcar y, si exportas la uva y sus derivados, estás exportando agua”, señala Sabogal.
En Ica, el reto es hacer sostenible el próspero negocio agroexportador con el medio ambiente y las necesidades de la población.
“Cada vez que hay elecciones se habla de este tema, pero nunca llegan las soluciones. Se debe resolver cómo se va a hacer la economía de Ica sostenible a largo plazo, porque si no hay agua la economía se va a caer”, pide Huanca.
El desafío, en realidad, lo es para todo el Perú agroexportador.
“La situación actual no es sostenible a largo plazo. Está muy bien que haya industria agroexportadora porque genera ingresos y divisas, pero siempre y cuando se destine la cantidad de agua requerida para la población y los ecosistemas”, zanja Sabogal.
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