Sedena Leaks: el Ejército miente sobre cifras de personas muertas y heridas en enfrentamientos
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha mentido este sexenio en las cifras de personas muertas y lesionadas en hechos en los que soldados han reportado agresiones por parte de presuntos delincuentes, de acuerdo con lo que muestran reportes internos de la dependencia cotejados con información que el propio Ejército entregó a Animal Político en respuesta a una solicitud por transparencia.
Estas discrepancias fueron detectadas en al menos tres casos que atrajeron la atención pública. En todos, la Sedena reportó internamente una cifra distinta de personas muertas y lesionadas en comparación con lo que públicamente reconoció.
Los reportes internos forman parte de los documentos de la Sedena obtenidos y filtrados por el grupo de hacktivistas Guacamaya, en los que se incluyen correos electrónicos enviados al general secretario, Luis Cresencio Sandoval, con informes sobre ataques a soldados.
Tan solo de diciembre de 2018 a septiembre de 2022 —es decir, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador—, la Sedena tiene registro de 946 “agresiones a personal del Ejército Mexicano”.
Según la información entregada por transparencia, en esos hechos murieron 36 militares, 746 agresores y 10 particulares. Asimismo, resultaron heridos 249 militares, 160 agresores y 36 particulares.
Dejan fuera a policías muertos o heridos
Uno de los enfrentamientos entre militares y civiles armados que han dejado más agresores muertos en lo que va del sexenio ocurrió a mediodía del 30 de noviembre de 2019. Ese día, hombres a bordo de vehículos dispararon contra la presidencia municipal de Villa Unión, Coahuila.
En su respuesta entregada por transparencia, la Sedena señala que en ese hecho murieron 17 agresores y un militar. Sin embargo, el reporte interno de la propia secretaría —obtenido por el hackeo de Guacamaya— consigna que también hubo cuatro policías estatales fallecidos, otros seis lesionados, un cuerpo calcinado, un agresor detenido y cinco personas rescatadas.
En su respuesta entregada por transparencia, la Sedena indica que ese mismo día su personal sufrió otra agresión en Coahuila, en el municipio de Guerrero. De ese hecho se reportaron cuatro agresores muertos y uno detenido.
Dentro del reporte interno sobre lo sucedido se detalla que la agresión ocurrió a las 13:54 horas en las inmediaciones del rancho El Coyote, donde un helicóptero UH-69 de la Fuerza Aérea Mexicana salió como refuerzo a un grupo de policías atacados, fue recibido con disparos y decidió repeler el fuego “realizando 3 barridos con ametralladoras”.
Sobre los cuatro agresores fallecidos y el detenido, el reporte interno no menciona nada.
Al día siguiente, 1 de diciembre, la Sedena señala en su respuesta por transparencia que su personal sufrió otra agresión en Hidalgo, Coahuila, donde un agresor murió.
Pero en su reporte interno, detalla que a las 18:15 horas personal militar de su Base de Operaciones fue agredido con disparos por alrededor de 20 hombres en dos camionetas. La dependencia agrega que los soldados repelieron la agresión y, más adelante, consigna que derivado de lo sucedido se localizó a tres hombres que “habían sido privados de la libertad y posteriormente fueron asesinados”.
Un caso similar ocurrió el 21 de febrero de 2019. De ese día, la Sedena reporta vía transparencia una agresión en Buenavista, Michoacán, con un saldo de un militar fallecido y uno herido, así como de ocho agresores fallecidos y cinco detenidos (tres de ellos, heridos).
Pero en el reporte interno —descrito como “resumen de novedades” y enviado directamente al general Sandoval—, se indica que el saldo no solo fue de un militar muerto y uno herido, sino también de un policía estatal lesionado. Según el mismo documento, eso ocurrió luego de que soldados del 30 Batallón de Infantería y elementos de la Policía Estatal se desplazaran para atender un bloqueo carretero, donde fueron recibidos con disparos.
El reporte interno detalla que el militar fallecido fue el coronel Guadalupe N., quien murió en el Hospital Central Militar, en la Ciudad de México, a donde fue trasladado en helicóptero.
En Nuevo Laredo, una posible ejecución extrajudicial
En su reporte entregado por transparencia, la Sedena indica que el 3 de julio de 2020 su personal sufrió una agresión en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a raíz de la cual murieron 13 agresores.
Pero en su reporte interno, nuevamente, hay datos distintos.
El documento señala que la agresión ocurrió sobre el Boulevard Aeropuerto, a la altura de la colonia Nueva Era, a las 2:15 horas. Detalla que un oficial y 22 elementos de tropa del 16 Regimiento de Caballería Motorizado, al realizar reconocimientos terrestres, fueron agredidos con disparos por hombres armados a bordo de tres camionetas.
Según la Sedena, los militares lograron repeler la agresión, con un saldo final de 12 agresores fallecidos, no 13, así como con el decomiso de armamento.
Medios de comunicación informaron entonces que los fallecidos eran presuntos integrantes del grupo Tropa del Infierno, brazo armado del Cártel del Noreste (CDN).
Días después, el 30 de julio de 2020, la Sedena emitió un documento titulado “Diagnóstico de seguridad Nuevo Laredo, Tamaulipas”, en el que reportó que la principal problemática de seguridad en dicho municipio era el CDN, pues lo adoptó como base “donde opera el tráfico de drogas (cocaína, marihuana y en menor medida crystal y heroína), así como de personas, armas y mercancías entre EUA y México”.
En ese mismo documento, la Sedena da cuenta de que tan solo de enero a julio de ese año en el municipio se reportaron 38 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, de los cuales 35 ocurrieron en agresiones contra la autoridad. Además, indica que el día de más muertes fue el 3 de julio, cuando “la Sedena abatió a 13 agresores del CDN”.
Semanas después, el 24 de agosto de 2020, comenzó a circular el video de una posible ejecución extrajudicial a manos de soldados de un civil herido y desarmado, ocurrida precisamente después del enfrentamiento del 3 de julio.
El caso tuvo tal impacto que la Sedena incluso elaboró el reporte interno “Temas que han impactado en la imagen de la Secretaría”, que coloca el asunto junto a sucesos como la agresión sexual cometida por soldados contra dos mujeres guerrerenses el 22 de marzo de 2002, el caso Tlatlaya del 30 de junio de 2014 y el caso Ayotzinapa de septiembre de 2014.
Sobre el “caso Tamaulipas”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por uso excesivo de la fuerza que derivó en la pérdida de la vida de 12 personas, entre quienes se encontraban tres civiles que hasta ese día estaban “en calidad de desaparecidos”.
De acuerdo con la recomendación, en principio la Sedena argumentó que su personal actuó para salvaguardar su integridad física frente a una agresión.
No obstante, la misma Sedena reconoció que el 24 de agosto su personal de la Unidad de Vinculación Ciudadana se trasladó a Nuevo Laredo para realizar “acercamientos necesarios para atención de los familiares fallecidos”, en específico, con deudos de los tres civiles muertos, a quienes informó su intención de buscar una conciliación, aunque sin aceptar responsabilidad.
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Turquía ha construido más de 100 bases militares en territorio iraquí, lo que aumenta los temores de una ocupación.
En las montañas del Kurdistán iraquí se encuentra el pintoresco pueblo de Sergele.
Durante generaciones, aldeanos como Sherwan Sergele se han ganado la vida cultivando granadas, almendras y duraznos, y buscando frutos silvestres y especias en los bosques circundantes.
Pero Sergele, situado a 16 km de la frontera con Turquía, está cada vez más rodeado de bases militares turcas, que se extienden por las laderas.
Una de estas, asentada a media altura de la cima occidental, se alza imponente sobre el pueblo, mientras que otra, en el oriente, está en construcción.
Al menos siete bases se han construido aquí en los últimos dos años, incluyendo una junto a una pequeña presa que regula el suministro de agua de Sergele, lo que la ubica en un lugar prohibido para los aldeanos.
“Esto es 100% una forma de ocupación de tierras kurdas [del Kurdistán iraquí]”, afirma Sherwan, de 50 años, quien ha perdido el acceso a parte de sus tierras.
“Los turcos lo arruinaron”, agrega.
Sergele está ahora en peligro de ser arrastrado a lo que localmente se conoce como la “Zona Prohibida”, una extensa franja de tierra en el norte de Irak afectada por la guerra de Turquía contra el grupo militante kurdo PKK, que inició una insurgencia en el sur del territorio turco en 1984.
La Zona Prohibida abarca casi toda la frontera iraquí con Turquía y en algunos tramos se adentra hasta 40 km.
Equipos y Comunidades de Acción por la Paz, un grupo de derechos humanos con sede en el Kurdistán iraquí, afirma que cientos de civiles han muerto a causa de ataques aéreos y con drones en la Zona Prohibida y sus alrededores.
Según un informe parlamentario del Kurdistán de 2020, miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus tierras y pueblos enteros fueron vaciados por el conflicto.
Sergele se encuentra ahora en la primera línea de la guerra de Turquía contra el PKK.
Cuando el equipo de investigaciones de la BBC visitó la zona, aviones turcos bombardearon las montañas que rodean la aldea para erradicar a los militantes del PKK, que desde hace tiempo operan desde cuevas y túneles en el norte de Irak.
Gran parte de las tierras alrededor de Sergele fueron arrasadas por los bombardeos.
“Cuantas más bases construyan, peor nos irá”, dice Sherwan.
Decenas de instalaciones militares
En los últimos años Turquía ha estado incrementando rápidamente su presencia militar en la Zona Prohibida, pero hasta ahora no se conocía públicamente la magnitud de esta expansión.
Con imágenes satelitales analizadas por expertos y corroboradas con informes sobre el terreno y contenido de código abierto, la BBC descubrió que, hasta diciembre de 2024, el ejército turco había construido al menos 136 instalaciones militares fijas en el norte de Irak.
A través de su vasta red de bases militares, Turquía ahora tiene un control de facto más de 2.000 km² de territorio iraquí, según el análisis de la BBC.
Las imágenes satelitales revelan, además, que el ejército turco ha construido al menos 660 km de carreteras para conectar sus instalaciones.
Estas rutas de suministro han provocado deforestación dejando una huella perdurable en las montañas de la región.
Si bien algunas bases datan de la década de 1990, el 89% han sido construidas desde 2018, el año en que Turquía comenzó a expandir significativamente su presencia militar en el Kurdistán iraquí.
El gobierno turco no respondió a las solicitudes de entrevistas de la BBC, pero mantiene que sus bases militares son necesarias para contrarrestar al PKK, considerado organización terrorista por Ankara y varios países occidentales, incluido Reino Unido.
Kani Masi, la capital del subdistrito, a solo 4 km de la frontera entre Irak y Turquía, tiene zonas ubicadas dentro de la Zona Prohibida y podría ofrecer una visión del futuro de Sergele.
En la población que una vez fue famosa por su producción de manzanas, ahora quedan pocos residentes.
El agricultor Salam Saeed, cuyas tierras se encuentran a la sombra de una enorme base turca, no ha podido cultivar su viñedo en los últimos tres años.
“En cuanto llegas aquí, tienes un dron sobrevolándote”, le dice a la BBC. “Te disparan si te quedas”.
El ejército turco se instaló aquí por primera vez en la década de 1990 y ha ido consolidando su presencia desde entonces.
Su base militar principal, con muros de hormigón antiexplosiones, torres de vigilancia y comunicación, y espacio para el desplazamiento de vehículos blindados de transporte de personal, está mucho más desarrollada que los pequeños puestos de avanzada en los alrededores de Sergele.
Salam, al igual que otros lugareños, cree que Turquía, en última instancia, quiere reclamar el territorio como suyo.
“Lo único que quieren es que abandonemos estas zonas”, añade.
Poca influencia
Cerca de Kani Masi, la BBC pudo observar cómo las fuerzas turcas efectivamente han hecho retroceder a la guardia fronteriza iraquí, responsable de proteger las fronteras internacionales de Irak.
En varios puntos, los guardias fronterizos protegían sus posiciones en territorio iraquí, justo enfrente de las tropas turcas, sin poder llegar hasta la frontera y con el riesgo potencial de un enfrentamiento.
“Los puestos que ven son puestos turcos”, dice el general Farhad Mahmoud, señalando una cima al otro lado de un valle, a unos 10 km dentro del territorio iraquí.
Pero “no podemos llegar a la frontera para saber el número de puestos”, añade.
La expansión militar de Turquía en el Kurdistán iraquí, impulsada por su auge como potencia en el uso de drones y su creciente presupuesto de defensa, se considera parte de un cambio más amplio en su política exterior hacia un mayor intervencionismo en la región.
Al igual que en sus operaciones en Irak, Turquía también ha buscado establecer una zona de amortiguamiento a lo largo de su frontera con Siria para contener a los grupos armados sirios aliados con el PKK.
En público, el gobierno iraquí condena la presencia militar turca en el país. Pero en privado ha accedido a algunas de las exigencias de Ankara.
En 2024, ambas partes firmaron un memorando de entendimiento para combatir conjuntamente al PKK.
Pero el documento, obtenido por la BBC, no impone ninguna limitación a las tropas turcas en Irak.
Irak depende de Turquía para el comercio, la inversión y la seguridad hídrica, y su fragmentada política interna continúa socavando la capacidad del gobierno para adoptar una postura firme.
El gobierno nacional iraquí no respondió a las solicitudes de comentarios de la BBC.
Mientras tanto, los gobernantes de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí mantienen una estrecha relación con Ankara basada en intereses mutuos y a menudo minimizan los daños civiles causados por las acciones militares turcas.
El Partido Democrático del Kurdistán (PDK), archienemigo del PKK, domina el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) y ha estado oficialmente al mando desde 2005, cuando la constitución iraquí otorgó a la región su estatus semiautónomo.
Los estrechos vínculos del PDK con Turquía han contribuido al éxito económico de la región y han fortalecido su posición, tanto frente a sus rivales políticos regionales como ante el gobierno iraquí en Bagdad, con el que pugna por una mayor autonomía.
Hoshyar Zebari, miembro de alto rango del politburó del PDK, trató de culpar al PKK de la presencia turca en el Kurdistán iraquí.
“Ellos [el ejército turco] no están perjudicando a nuestro pueblo”, le dijo a la BBC.
“No los están deteniendo. No están interfiriendo en sus asuntos. Su objetivo principal, su único objetivo, es el PKK”.
“Nos han destruido”
El conflicto no da señales de tener un fin, a pesar de que el líder del PKK, Abdulla Öcalan, encarcelado desde hace tiempo, pidió en febrero a sus combatientes deponer las armas y disolverse.
Turquía ha continuado bombardeando objetivos en todo el Kurdistán iraquí, mientras que el PKK se atribuyó la responsabilidad del derribo de un dron turco el mes pasado.
Y aunque los incidentes violentos en Turquía han disminuido desde 2016, según un recuento de la ONG Crisis Group, en Irak se han disparado, y los civiles que viven en la región fronteriza enfrentan un riesgo creciente de muerte y desplazamiento.
Uno de los muertos fue Alan Ismail, de 24 años, un paciente con cáncer en etapa cuatro que fue alcanzado por un ataque aéreo en agosto de 2023 mientras viajaba a las montañas con su primo, Hashem Shaker.
El ejército turco negó haber llevado a cabo un ataque ese día, pero un informe policial visto por la BBC atribuye el incidente a un dron turco.
Cuando Hashem presentó una denuncia ante un tribunal local por el ataque, fue detenido por las fuerzas de seguridad kurdas y retenido durante ocho meses bajo sospecha de apoyar al PKK, acusación que él y su familia niegan.
“Nos han destruido. Es como matar a toda la familia”, afirma Ismail Chichu, padre de Alan.
“Ellos [los turcos] no tienen derecho a matar gente en su propio país, en su propia tierra”.
El Ministerio de Defensa de Turquía no respondió a las solicitudes de comentarios de la BBC.
Anteriormente, ha declarado a los medios que las fuerzas armadas turcas respetan el derecho internacional y que, en la planificación y ejecución de sus operaciones, solo atacan a terroristas, procurando evitar daños a la población civil.
La BBC vio documentos que sugieren que las autoridades kurdas podrían haber ayudado a Turquía a evadir su responsabilidad por las víctimas civiles.
Documentos confidenciales a los que tuvo acceso la BBC muestran que un tribunal kurdo cerró la investigación sobre el asesinato de Alan, alegando que se desconocía al autor.
Y su certificado de defunción, emitido por las autoridades kurdas y visto por la BBC, indica que murió a causa de “fragmentos explosivos”.
El hecho de no mencionar que las víctimas de ataques aéreos mueren como resultado de la violencia, y no en un accidente, dificulta que las familias busquen justicia e indemnización, a las que tienen derecho tanto bajo la legislación iraquí como kurda.
“En la mayoría de los certificados de defunción, solo escribieron ‘infijar’, que significa explosión”, afirma Kamaran Othman, de Equipos y Comunidades de Acción por la Paz.
“Puede ser cualquier cosa que explote. Creo que el Gobierno Regional Kurdo no quiere responsabilizar a Turquía de lo que está haciendo aquí”, agrega.
El GRK afirmó que varias víctimas del conflicto entre Turquía y el PKK han sido documentadas como “mártires civiles”, lo que significa que murieron injustamente y tienen derecho a una indemnización.
Casi dos años después de la muerte de Alan, su familia sigue esperando, si no una indemnización, al menos el reconocimiento del GRK.
“Al menos podrían enviar sus condolencias; no necesitamos su indemnización”, dice Ismail.
“Cuando algo se pierde, se pierde para siempre”.
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