¿Quién es Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa que presuntamente se reuniría con “El Mayo” Zambada?
A dos semanas de darse a conocer el arresto en El Paso, Texas de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López, el nombre del gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, salió a relucir tras revelarse que el día de la detención se reuniría con el cofundador del Cártel de Sinaloa y con Héctor Melesio Cuén, diputado federal electo por el PRI quien fue asesinado ese mismo día.
¿Pero cuáles son las razones por las que este político fundador de Morena es vinculado con grupos de la delincuencia organizada?
Sin “recato” para coordinarse con el narco
El 6 de junio de 2021, el morenista Rubén Rocha Moya, se proclamó ganador de la elección de la gubernatura de Sinaloa -entidad históricamente gobernada por el PRI- al derrotar con el 56.6% de los votos a Mario Zamora Gastélum, el candidato de la alianza opositora del PRI, PAN y el PRD. Sin embargo, desde la campaña y hasta la actualidad, el gobernador morenista ha vivido en medio de la polémica por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
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Durante su campaña y en entrevista con Carlos Loret de Mola, el entonces candidato aseguró que de ganar la elección buscaría la forma de coordinarse con el crimen organizado.
“Hay que buscar una forma de hacerlo. Los gobiernos en general niegan cualquier acercamiento o plática con los delincuentes, sin embargo, los contactos se hacen de personeros del gobierno con el narcotráfico, con los delincuentes. En ese sentido de coordinarse hay que diseñar una política de estado que no sean los personeros del gobierno, sino una política de estado que se respete y que se refleje en las leyes”, respondió al preguntarle si él buscaría coordinarse con el narco.
Al cuestionarse si entablaría ese contacto con los grupos delincuenciales, el morenista asintió.
“Trataría de buscar que hubiera maneras de entender en lo elemental, en lo que más nos daña en la sociedad. Yo no tengo recato para hacer eso, yo creo que vale la pena intentarlo porque es la forma que nosotros no hemos puesto en práctica”, dijo en aquella entrevista.
Incluso, cuestionado sobre acudiría a una reunión convocada por “El Mayo” Zambada o alguno de los hijos de “El Chapo” Guzmán, el político nacido en Badiraguato, Sinaloa, dijo que “habría que verlo, no tengo una negativa desde ahora”.
Elección infiltrada por el crimen organizado
En la víspera de la elección del 6 de junio de 2021, siete operadores electorales del PRI fueron “levantados” y otros 29 asaltados y golpeados en sus domicilios presuntamente por el Cártel de Sinaloa con el objetivo de evitar que durante la jornada electoral las estructuras del tricolor fueran movilizadas y con ello garantizar el triunfo del candidato de Morena y el Partido Sinaloense (PAS).
De hecho, por el secuestro de los operadores que más tarde fueron localizados con vida, pero golpeados, provocó que la candidata priista a la alcaldía de Badiraguato, Guadalupe Iribe Gascón, decidiera abandonar la contienda el mismo 6 de junio, pues entre las víctimas se encontraba su hermano, quien horas después fue liberado, según documentó Noroeste.
La Fiscalía General del Estado informó que se habían abierto 7 carpetas de investigación para determinar si estos hechos fueron para presionar a las víctimas y obligarlas a suspender operativos preparados para la jornada electoral.
Pero no solo eso, también en la madrugada del 6 de junio grupos armados irrumpieron en al menos 29 de las 35 viviendas de otros operadores del PRI a quienes golpearon, maltrataron y amenazaron.
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Además, las autoridades estatales registraron el robo y la destrucción de material electoral. Tras el cierre de la votación, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) reportó que 23 casillas fueron “vandalizadas” en Ahome y Guasave.
La Junta Local del INE reportó que grupos armados robaron 51 urnas de los distritos 1 (del municipio El Fuerte), 3 y 4 (ambos localizados en Los Mochis).
CNI documenta nexos con cárteles
Tras el triunfo en las urnas y aún con los reflectores sobre él por la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral, Milenio reveló que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) rastreaba los vínculos que el entonces gobernador electo pudiera tener con los grupos delincuenciales.
De acuerdo con la información a la que tuvieron acceso, Rubén Rocha Moya encabezaba la lista de los políticos investigados, pues el CNI habían documentado presuntos nexos con el cártel de Pacífico (cártel de Sinaloa) de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió a una ley federal poco utilizada que permite al gobernante federalizar a la Guardia Nacional bajo ciertas circunstancias específicas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de dos mil soldados de la Guardia Nacional a Los Ángeles, ante una escalada en las protestas contra las redadas migratorias en la ciudad californiana.
La decisión del mandatario se impuso sobre la autoridad del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, quien calificó la medida de “provocación deliberada”.
En la última semana, al menos 118 inmigrantes fueron arrestados en operativos realizados en varias partes de la ciudad. Esto generó un ambiente de tensión cuando multitudes se congregaron frente a negocios que presuntamente iban a ser blanco de redadas.
Según la oficina del alguacil del condado de Los Ángeles, los manifestantes se tornaron “cada vez más agresivos, lanzando objetos y mostrando comportamientos violentos”, lo que obligó a la policía a emplear gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.
Las autoridades locales informaron que hubo 29 detenidos.
Trump justificó su decisión alegando que Los Ángeles vive una “invasión y ocupación por inmigrantes indocumentados y criminales”, según escribió en su plataforma Truth Social.
“Ahora, turbas violentas e insurrectas acosan y atacan a nuestros agentes federales para intentar detener nuestras operaciones de deportación. Pero estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación”, agregó.
“Se restablecerá el orden, los inmigrantes indocumentados serán expulsados y Los Ángeles será libre. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, concluyó.
Más allá de las razones de Trump para movilizar a la Guardia Nacional, BBC Mundo plantea otras 4 preguntas para comprender lo que está ocurriendo.
1. ¿Tiene el presidente autoridad para desplegar a la Guardia Nacional?
Para contener los disturbios, Trump recurrió a una ley federal poco utilizada que permite al presidente federalizar a la Guardia Nacional bajo ciertas circunstancias específicas.
Normalmente, la Guardia Nacional de cada estado se activa únicamente cuando lo solicita el gobernador.
Sin embargo, en esta ocasión Trump eludió ese procedimiento invocando una disposición especial del Código de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (10 U.S.C. §12406), que contempla tres circunstancias bajo las cuales el presidente puede poner bajo control federal a la Guardia Nacional.
- Si EU “es invadido o está en peligro de invasión por una nación extranjera”.
- Si “existe una rebelión o peligro de rebelión” contra el gobierno.
- Si “el presidente no puede ejecutar las leyes de Estados Unidos con las fuerzas regulares”.
Trump indicó en su memorando que las protestas en Los Ángeles constituyen “una forma de rebelión contra la autoridad del gobierno de Estados Unidos”.
Expertos aseguran que esta es la primera vez desde 1965 que la Guardia Nacional es activada por orden presidencial sin el consentimiento del gobernador estatal.
En 1992, durante los disturbios provocados por la absolución de policías acusados de golpear al automovilista afroestadounidense Rodney King, el entonces presidente George HW Bush envió tropas federales, pero en ese caso fue el gobernador de California, Pete Wilson, quien solicitó el apoyo.
En 2020, tropas de la Guardia Nacional fueron desplegadas en algunos estados tras las protestas por la muerte de George Floyd.
2. ¿Cómo respondieron las autoridades a la decisión de Trump?
Altos funcionarios del gobierno de Trump respaldaron la movilización militar. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó en redes sociales que era una decisión “de sentido común” y agregó: “La violencia y destrucción contra agentes e instalaciones federales NO serán toleradas”.
El senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, declaró a CNN: “¿Parece que las protestas están bajo control? Absolutamente no”.
Sin embargo, varios funcionarios californianos rechazaron la intervención militar al asegurar que la policía local puede controlar los disturbios y que la presencia del ejército es innecesaria.
La congresista demócrata Nanette Barragán, quien representa a Paramount, una localidad de las afueras de Los Ángeles donde se registraron protestas, le dijo a CNN: “No necesitamos esa ayuda”.
“La Guardia Nacional solo empeorará las cosas”, añadió.
Sus palabras coinciden con las del gobernador Newsom, quien denunció en la red social X: “El gobierno federal está tomando el control de la Guardia Nacional de California y enviando dos mil soldados a Los Ángeles, no porque falten policías, sino porque quieren montar un espectáculo”.
Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, declaró también a ABC7 que el despliegue militar es innecesario.
3. ¿Qué está haciendo ICE en Los Ángeles?
Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizaron redadas el viernes en zonas mayoritariamente latinas de Los Ángeles como parte de la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración irregular.
Un portavoz confirmó que 44 personas fueron arrestadas ese día.
Estos operativos forman parte del objetivo presidencial de realizar “la mayor operación de deportación en la historia de EU”.
Los Ángeles, que tiene una numerosa población migrante, se ha convertido en un foco importante para esta política migratoria.
A principios de mayo, ICE anunció la detención de 239 migrantes indocumentados en una operación de una semana en la ciudad, aunque las cifras de arrestos generales no han cumplido las expectativas del gobierno.
En junio, la Casa Blanca incrementó su meta, estableciendo que ICE debería realizar al menos tres mil arrestos diarios.
Las autoridades han extendido cada vez más sus operativos a lugares de trabajo como restaurantes y tiendas minoristas.
Las recientes redadas en Los Ángeles, que generaron protestas, ocurrieron en un comercio mayorista de ropa y en una sucursal de la cadena de ferreterías Home Depot.
“Van a ver más redadas en lugares de trabajo de las que se hayan visto en la historia de este país”, afirmó Thomas Homan, el “zar de la frontera” del gobierno de Trump.
Esta agresiva campaña de deportaciones ha incluido el traslado de migrantes en aviones militares hacia la base de Guantánamo, centro militar estadounidense criticado por abusos contra los derechos humanos, antes de llevarlos a Luisiana.
Otros fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, incluyendo al menos un migrante con estatus legal en EE.UU.
Algunos incluso fueron enviados a países con los que no tienen ningún vínculo de origen.
Muchas de estas acciones han enfrentado desafíos legales en los tribunales.
4. ¿Cómo ha reaccionado Los Ángeles ante las redadas?
El viernes, varios manifestantes se enfrentaron con agentes federales frente a un comercio mayorista de ropa. Lanzaron objetos e intentaron impedir los arrestos. Los agentes federales respondieron usando granadas de estruendo y gas pimienta.
En Paramount, ubicada a unos 32 kilómetros del sur del centro de Los Ángeles, también se usaron gases lacrimógenos y granadas de estruendo contra manifestantes frente a una tienda Home Depot.
En redes sociales, ICE describió la situación así: “Nuestros valientes agentes fueron ampliamente superados en número: más de mil manifestantes rodearon y atacaron un edificio federal”.
En respuesta a las protestas, la policía de Los Ángeles confirmó que realizó 29 arrestos, casi todos por negarse a dispersarse, una falta menor, según informó CBS News, medio asociado de la BBC en EU.
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