Un juez federal dictó un segundo auto de formal prisión en contra de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo y fundador del grupo paramilitar Los Zetas, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en su hipótesis de delitos contra la salud.
El juez Cuarto de Distrito en Materia Penal de Toluca, Daniel Marcelino Niño Jiménez, dictó el auto de formal prisión luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas en su contra que lo identifican como el supuesto encargado de realizar alianzas con miembros de diversas bandas criminales.
Además, por presuntamente traficar drogas en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Guerrero, por lo que deberá permanecer recluido en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez.
Este segundo auto de formal prisión se suma al que le fue impuesto por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido en contra de seis personas, entre ellas dos mujeres, que eran familiares de un testigo protegido y que fueron asesinados en el año 2007.
Desde el pasado 16 de diciembre de 2024, la Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos deportó a México a Osiel Cárdenas Guillén “El mata amigos”, -nombrado así por el asesinato del narcotraficante Salvador Gómez, viejo amigo suyo- derivado del cumplimiento de una orden de aprehensión librada en su contra por los delitos de delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud.
De acuerdo con autoridades mexicanas, luego de ser deportado, Osiel Cárdenas Guillén fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México para después ser ingresado al Cefereso número 1, uno de los penales de máxima seguridad del país, localizado en el Estado de México.
Ese mismo día autoridades mexicanas informaron que Cárdenas Guillén contaba con tres órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar, por los delitos de homicidio calificado, delincuencia organizada y contra la salud.
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Por estos delitos, la FGR estima que el narcotraficante alcance una pena aproximada de hasta 730 años de prisión por las órdenes de aprehensión en su contra, más las penas que resulten por los procesos que serán reactivados.
Y es que la FGR informó que se reactivarán y continuarán siete procesos penales federales que ya tenía abiertos en su contra.
Entre ellos destacan acusaciones por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio, portación y posesión de armas de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
Al comparecer ante un juez federal, Osiel Cárdenas Guillén se declaró inocente de los cargos relacionados en su contra que le fueron imputados por la FGR en la primera causa penal abierta en su contra tras su deportación a México.
En dicha audiencia, el acusado se reservó su derecho a declarar y rechazó responder a las preguntas de la FGR para evitar autoincriminarse y que sus respuestas sean utilizadas en su contra en otros procesos penales abiertos.
Ese día la defensa legal solicitó la duplicidad del plazo constitucional para resolver su situación, por lo que se decretó que el 22 de diciembre de 2024 se resolvería si se le dictaba el auto de formal prisión o no.
El 18 de diciembre de 2024, la FGR ejecutó una segunda orden de aprehensión en contra del exlíder del Cártel del Golfo por el delito de homicidio calificado cometido supuestamente en contra de seis personas, esta vez ante el juez Séptimo de Distrito en materia Penal en el estado de Jalisco, audiencia en la que también se reservó su derecho a declarar.
En esta audiencia, también solicitó la duplicidad del plazo constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que se decretó que a más tardar este lunes 23 de diciembre se debía resolver si se le dictaba el auto de formal prisión, pero esta resolución se dio un día antes.
De esta forma, el fundador de Los Zetas tiene pendiente la ejecución de otras dos órdenes de aprehensión y la reactivación de siete procesos penales que están frenados desde 2007, año de su extradición a los Estados Unidos. Es decir que el capo enfrentará 11 procesos penales en México.
La juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo periodo como presidente, coloca a la oposición en Venezuela en una situación difícil tras no haber sido capaz de concretar una transición en el poder pese a asegurar que derrotó al actual gobernante en las elecciones del 28 de julio.
La trayectoria política de la oposición venezolana es como una suerte de montaña rusa en la que cada ascenso suele estar sucedido por una bajada vertiginosa con fuertes curvas.
En esa ruta probablemente la mayor subida ocurrió durante las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio cuando, de acuerdo con las actas publicadas por la oposición, su candidato, Edmundo González, obtuvo casi el 70% de los votos frente al 30% de Nicolás Maduro, quien buscaba permanecer en el cargo.
Las actas de la oposición fueron convalidadas por estudios independientes y por el Centro Carter, que envió una misión de observación internacional a Venezuela.
Adicionalmente, decenas de gobiernos optaron por no legitimar la reelección de Maduro, tomando en consideración que el Consejo Nacional Electoral nunca publicó los resultados pormenorizados de las votaciones ni permitió una auditoría internacional e independiente que permitiera verificar sus cifras.
Si las actas que avalan el triunfo de González son ciertas, la oposición obtuvo una victoria apabullante el 28J que debió haber abierto el camino para una transición política en Venezuela y que debió haberse concretado el pasado 10 de enero.
Pero eso no fue lo que ocurrió.
Ese día, Maduro se juramentó para cumplir un tercer periodo en la presidencia de Venezuela, mientras González permaneció en el extranjero donde se encuentra asilado desde septiembre de 2024 para evadir una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la República, organismo afín al gobierno.
Así, las expectativas de cambio político en Venezuela terminaron de entrar en una fuerte caída que ya se había iniciado con la represión de las protestas postelectorales de la oposición -durante las cuales hubo según el gobierno más de 2.000 detenidos, incluyendo menores de edad-, que continuó con el exilio de González y que se ha visto marcada recientemente por la detención por razones políticas de 83 personas en los primeros 12 días de enero, de acuerdo con la ONG Foro Penal.
Las autoridades venezolanas no han admitido que todas estas personas se encuentren detenidas. Y, cuando lo han hecho, suelen alegar que los arrestados estaban vinculados a algún plan desestabilizador.
Ante este escenario, ¿cuáles son las opciones que le quedan a la oposición en Venezuela?
Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que, según la teoría política, los procesos de transición ocurren cuando hay unos niveles de presión que hacen que para el gobierno sea muy costoso permanecer en el poder.
“Si nos vamos a lo teórico, no habrá transición política mientras los niveles de presión no hagan que el gobierno considere que resulta mejor negocio, por decirlo así, negociar su salida del poder y tratar de obtener garantías, amnistía, lo que se pueda obtener, que mantener el poder”, dice Alarcón.
“Normalmente, cuando un gobierno negocia su salida del poder es porque siente de alguna manera que no tiene las condiciones para sostener el poder y eso justamente es lo que no ha ocurrido en Venezuela”, agrega.
Ante la consulta de BBC Mundo, el experto explica que siguiendo esa perspectiva teórica, quizá la opción que le queda a la oposición sea seguir con lo que ya estaba haciendo: intentar movilizar a la población internamente para generar presión, al mismo tiempo que busca coordinar con la comunidad internacional para que genere también presión desde afuera.
Pero el camino de la teoría a la práctica no está libre de obstáculos y, en este caso concreto, durante los últimos meses muchos analistas han destacado lo difícil que puede resultar ahora para la oposición ejercer presión interna a través de grandes manifestaciones de calle como las que ha realizado en el pasado, entre otros motivos porque -sobre todo tras la represión postelectoral- hay miedo a protestar.
De hecho, durante los últimos meses son muchos los venezolanos, incluso sin ningún tipo de activismo político, que han adoptado la práctica de borrar constantemente sus mensajes en WhatsApp y redes sociales para evitar la posibilidad de que funcionarios de los cuerpos de seguridad los detengan en la calle y terminen arrestándolos tras encontrar en sus celulares algún contenido político que consideren inapropiado.
A esto se suman las detenciones de periodistas y de defensores de derechos humanos como el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa.
Carmen Beatriz Fernández, analista de la consultora DatastrategIA y doctora en comunicación pública de la Universidad de Navarra, piensa que las grandes manifestaciones de calle ya no tienen tanto sentido.
“Creo que el 10 de enero marca una lógica distinta en la acción política para la oposición. Ahora necesitan cuidarse más. Empiezan a tener sentido otras cosas más pequeñas, realizadas por organizaciones menos verticales, menos visibles, a escala micro y semi-independientes, como modelo de organización de acción política”, apunta.
Colette Capriles, profesora de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, indica que probablemente en este momento la oposición atenderá, sobre todo, a la preservación de los partidos y de todos los liderazgos.
Luego de la toma de posesión de Maduro el 10 de enero, el desánimo se ha propagado en una parte de la oposición y han circulado mensajes que, en algunos casos, cuestionan incluso los esfuerzos que se hicieron de cara a las elecciones del 28 de julio.
En ese sentido, Capriles indica que ese evento fue muy importante como expresión clara de la voluntad del pueblo.
Considera que quizá a la oposición le convendría hacer recuento de una serie de activos de los que aún dispone.
“El ánimo de la gente para ir a votar y, luego, defender su voto y contribuir por un trabajo colaborativo a tener ese capital político es algo que siempre hay que considerar. Ese es el gran activo para empezar”, señala.
Capriles piensa que en Venezuela los partidos políticos y, en general, los actores políticos están nuevamente frente al dilema de reconstruir sus capacidades, sus relaciones con las bases y con los ciudadanos.
“Ahí también va a ocupar probablemente un lugar importante la capacidad de la propia sociedad civil, de los movimientos sociales”, apunta.
La experta cree que el momento actual demanda nuevas estrategias y mucho liderazgo de parte de la oposición.
“El liderazgo no es poner mensajes en redes sociales. Eso forma parte, pero creo que la gente quiere también ser escuchada y asegurarse de que todo no está perdido. Ahora hay un momento emocional, pero después viene la vida cotidiana y ahí es donde las personas se enfrentan con las cosas que les hicieron votar contra Maduro”, señala.
Explica que a la oposición le convendría entender qué fue lo que movió la gente a votar.
“La gente vota contra el estado actual de cosas, por lo que la oposición tiene la posibilidad de capitalizar el deseo de cambio, valorarlo y fortalecerlo”, indica.
Desde hace varios años, una visión predominante en la oposición venezolana es que hace falta debilitar la cohesión en torno a los actores que apoyan al gobierno de Maduro.
Ese fue un elemento clave en la política de sanciones aplicada durante el primer gobierno de Donald Trump que con su discurso de “todas las opciones están sobre la mesa” buscaba crear fisuras entre los actores que respaldan a Maduro.
“Creo que la oposición podría apostar a la cohesión de los que son mayoría, en lugar de apostar al quiebre de la coalición dominante. El trabajo es al revés. Conseguir esa cohesión que hace que la gente entienda que no es que hay un plan que nadie conoce, sino que el plan es la propia gente haciendo cosas, organizándose en su comunidad y reclamando sus derechos. Entonces, es un trabajo de otro tipo”, apunta Capriles.
Advierte que ese enfoque implica mucho esfuerzo, mucho liderazgo y una relación distinta incluso con la opinión pública, pues tal vez el trabajo no tenga que venir dado simplemente por declaraciones públicas, sino más bien de la vinculación cotidiana con la gente.
“Todo esto implica el abandono de una promesa de cambio inmediato y eso es quizás el precio más caro que la oposición tendría que pagar. Parte del entusiasmo tal vez de la gente era ver la victoria como muy cerca y ahora esto se ha alejado”, indica.
Más allá de decepcionar a quienes buscaban un cambio político en Venezuela, la juramentación de Maduro trajo consigo nuevos e inmediatos retos para la oposición, pues el gobernante venezolano anunció una reforma constitucional, así como la convocatoria a tres elecciones en 2025: alcaldes, gobernadores y Asamblea Nacional.
De esta forma, Maduro ha tomado la iniciativa política y ha puesto a la oposición en un difícil dilema.
“La intención del gobierno llamando a elecciones es generar incentivos para dividir a la oposición. Cuando tú llamas a una elección de gobernadores y de alcaldes, empieza el gran debate entre los partidos, entre los que quieren ir a la elección y los que no”, señala Benigno Alarcón.
“El problema que tienen los partidos de la oposición es que después de lo sucedido con las elecciones del 28J, la gente no tiene ningún incentivo para votar. Ir a una elección cuando ya fuiste a una, la ganaste por mucho y no se respetó el resultado, hace muy poco probable que en la próxima elección la gente salga a votar y a apoyarte”, agrega.
Carmen Beatriz Fernández, por su parte, advierte sobre la posibilidad de que en Venezuela no se sigan haciendo elecciones como las que se hicieron hasta el 28 de julio, con un sistema electoral automatizado y con muchos puntos de auditoría del proceso, vistas las irregularidades denunciadas por la oposición en los últimos comicios.
“Es probable que estas nuevas elecciones sean más parecidas a las que se hicieron para escoger jueces de paz, que fueron manuales y muy arbitrarias. No digo que la oposición tenga o no que participar. Hay que evaluar cada situación y cada convocatoria por separado”, dice.
Para Fernández, es posible que las elecciones del futuro en su país “se parezcan más al sistema cubano, donde la gente vota permanentemente pero no elige”.
Una de las fortalezas de la oposición, según Carmen Beatriz Fernández, reside en el hecho de que hasta ahora ha habido sintonía entre los venezolanos que están en el país y los que están en la diáspora.
De acuerdo con datos de la ONU, unos 7,89 millones de venezolanos emigraron en la última década.
“Una cosa que la oposición podría seguir haciendo es la integración entre la Venezuela de afuera y la Venezuela de adentro. Hay sociedades que han sufrido diásporas importantes, donde se genera una animadversión entre el país de adentro y el país de afuera. En el caso venezolano, no ha pasado así y eso favorece a la oposición, porque su lucha se consolida y se fortalece cuando trabajan unidas la Venezuela de adentro y la Venezuela de afuera como un solo país”, apunta.
Otro elemento destacable fronteras afuera es el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, que ha generado una cierta incertidumbre dada la fuerza con la que el político estadounidense se implicó durante su primer mandato en la crisis política venezolana.
Abundan las especulaciones sobre si Trump buscará una negociación pragmática con Maduro o si retomará el camino de las sanciones duras.
Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en señalar que el hecho de que una parte importante de la comunidad internacional ponga en duda la legitimidad de Maduro es algo que puede ayudar a la oposición en su búsqueda de un cambio político.
Esto, no obstante, no es garantía de cambio, pues ya en 2019 unos 60 gobiernos del mundo respaldaron al opositor Juan Guaidó cuando se juramentó como presidente interino de Venezuela, mientras Maduro siguió gobernando el país.
Colette Capriles cree que el hecho de que haya una lectura internacional sobre la crisis venezolana puede ayudar a encausar el conflicto político.
“Eso pudiera ayudar a que se presione para volver a construir un espacio de negociación. Habrá que volver a construir un espacio donde pueda haber unos consensos mínimos que funcionaron en el pasado, porque eso fue lo que permitió que hubiera primarias opositoras y elecciones el 28 de julio”, afirma.
“Eso es importante destacarlo cuando dicen que la negociación no sirvió. La negociación sirvió para lo que estaba diseñada: lograr una elección que mostró inequívocamente la voluntad de cambio de la población. Más temprano que tarde será necesario algún tipo de negociación que reconozca esa voluntad de cambio y plantee una ruta para la transición política”, agrega.
La montaña rusa de la oposición venezolana prosigue su recorrido.
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