Para entender mejor
Un Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de México condenó hasta por 31 años de prisión a cinco exservidores públicos del Área de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex) vinculados con el robo de combustible y quienes habían sido detenidos en 2019.
Las sentencias fueron emitidas por una jueza Especializada en el sistema Penal Acusatorio en un Tribunal ubicado en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.
Las personas acusadas eran colaboradores cercaros del general Eduardo León Trauwitz, exsubdirector de Salvaguarda Estratégica, quien está en proceso de extradición en Canadá.
“Estas personas fueron detenidas en diversas acciones durante el 2019, por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y posteriormente quedaron a disposición de la autoridad correspondiente en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Por lo anterior, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias y contundentes para obtener sentencia condenatoria en contra de dichas personas”, informó la FGR en un comunicado.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) Emilio Cosgaya, Sócrates Alfredo Herrera, José Carlos Sánchez y Ramón Márquez fueron sentenciados a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión y multa de 1 millón 209 mil 226 pesos por delincuencia organizada y el diverso de a quien facilite por cualquier medio la sustracción ilícita de hidrocarburo, ambos con la agravante de haberse cometido por servidores públicos.
Asimismo, Oziel Aldana recibió 12 años de prisión y multa de 841 mil 200 pesos por el delito de a quien obligue o intimide mediante coerción, amenaza, con el propósito de llevar a cabo cualquier conducta tipificada en esta Ley, con la misma agravante de haberlo cometido cuando era servidor público.
En abril de 2024, el Gobierno de Canadá concedió a México la extradición de general Eduardo León Trauwitz, exjefe de seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex), buscado por las autoridades mexicanas por los delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita de hidrocarburos, conocida coloquialmente como “huachicoleo”.
Fue la Fiscalía General de México (FGR) quien realizó las gestiones como representante del Estado Mexicano, ante la Corte Suprema de la Provincia de Columbia Británica, en Vancouver, Canadá.
El pasado mayo de 2019, un juez de Control en el Estado de México emitió una orden de aprehensión en contra de Eduardo León Trauwitz: “ya que se pudo comprobar que él y un grupo de cómplices, también ya procesados, presuntamente encubrieron y protegieron el huachicol en las redes de distribución de Pemex”.
En ese año, la Fiscalía inició una investigación contra más de 20 personas por la pérdida de 887 millones 440 mil 721.99 litros de gasolina y diésel en poliductos de Pemex, lo que equivale a mil 887 millones 440 mil pesos.
Asimismo, en octubre de 2020, la FGR presentó la petición formal de extradición del exjefe de seguridad de Pemex, a petición del Departamento de Justicia de Canadá, quienes finalmente lo detendrían en diciembre de 2021 y negarían seguir su proceso de extradición en libertad por: “alto riesgo de fuga, la gravedad de los probables delitos cometidos en México y el daño patrimonial ocasionado al Estado Mexicano, son elementos suficientes para mantenerlo encarcelado durante su proceso de extradición”.
Eduardo León Trauwitz inició su carrera en la función pública desde el gobierno del presidente Vicente Fox y continuó en el de Felipe Calderón.
De 2005 a 2011, durante el mandato de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México fue su jefe de escoltas y responsable de la seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio pasado.
Se le relaciona presuntamente con la protección que daba a organizaciones delictivas de huachicoleros, y que se tradujeron en pérdidas millonarias.
El ecuatoriano José Adolfo Macías es acusado de contrabandear armamento estadounidense. Según expertos, su caso puede echar luz sobre ese oscuro tráfico hacia la región.
El ecuatoriano José Adolfo Macías, alias “Fito”, fue presentado ante una corte de Nueva York como un hábil navegante del “río de hierro” que inunda América Latina con armas de Estados Unidos.
Tres de los siete cargos que Macías enfrenta en el tribunal federal de Brooklyn luego de ser extraditado por Ecuador el domingo están vinculados a la compra y contrabando de armamento de EE.UU., o a su utilización para traficar drogas.
No se trata apenas de armas cortas: desde ametralladoras hasta granadas y rifles de asalto fueron usados por “Fito” y miembros de la organización criminal liderada por él, Los Choneros, según el Departamento de Justicia estadounidense.
En su primera audiencia judicial en Nueva York, Macías se declaró el lunes inocente de todos los cargos, que incluyen además delitos de tráfico de cocaína y podrían costarle desde 20 años de prisión a cadena perpetua.
Los especialistas esperan que el proceso arroje luz sobre las redes ocultas de transporte de armas de EE.UU. hacia el sur del continente, que contribuyeron a imponer en poco tiempo en Ecuador una de las mayores tasas de homicidios de la región.
El caso de Macías “revela con pruebas que existe toda una estructura que permite que fluyan las armas desde EE.UU. hacia América Latina, en un río de acero, lo que alimenta los gravísimos niveles de violencia que enfrentamos”, le dice a BBC Mundo Carla Álvarez, una politóloga ecuatoriana experta en este tema.
A sus 45 años, “Fito” es visto como alguien emblemático de la insólita espiral de muertes y criminalidad que asoló a Ecuador en los últimos tiempos.
Era el delincuente más buscado del país hasta su captura el mes pasado, más de un año después de su escape de una cárcel donde cumplía una pena de 34 años por varios delitos, incluido asesinato.
Esa fuga, así como las fiestas y videos que Macías protagonizaba en prisión, mostraban cómo las cárceles ecuatorianas se habían vuelto sitios controlados por la suya y otras bandas del crimen organizado que se disputan el narcotráfico.
A fuerza de sobornos, homicidios y extorsión de autoridades, Los Choneros contribuyeron a hacer de Ecuador un punto crucial del tráfico de cocaína a EE.UU. por sus vínculos con carteles mexicanos, o a Europa mediante grupos balcánicos.
El país sudamericano, otrora tranquilo para los estándares de la región, pasó de tener menos de siete homicidios cada 100.000 habitantes en 2019 a 46 en 2023.
La proporción de asesinatos con armas de fuego también aumentó en ese corto período: pasó de 55% a 88% del total, según estudios.
“Fito” es, además, el primer extraditado por Ecuador a otro país desde que el año pasado se aprobara una reforma para ello impulsada por el presidente Daniel Noboa.
Todo indica que EE.UU. pondrá una atención especial en los traslados de armamento que Macías pueda haber realizado desde ese país.
El fiscal federal Joseph Nocella lo definió como “un despiadado e infame traficante de drogas y armas”.
Los cargos en su contra relacionados con armas de fuego incluyen conspiración para la comprarlas por testaferros, contrabando de las mismas desde EE.UU. y uso para el narcotráfico.
“Los Choneros obtuvieron muchas de sus armas de fuego y municiones traficando y exportándolas ilegalmente de Estados Unidos a Ecuador”, indicó el Departamento de Justicia.
Agregó que según las alegaciones, “Fito” empleó a personas que compraron armas, componentes de las mismas y municiones en EE.UU. para contrabandearlas a Ecuador.
En declaraciones a la prensa frente a la corte de Brooklyn el lunes, el abogado de Macías, Alexei Schacht, calificó esos cargos como “un poco raros”.
“Es la primera vez de mi cliente en EE.UU.”, dijo, “pero supuestamente este señor traficó armas en EE.UU., y esto no tiene sentido”.
Tanto si “Fito” va a juicio como si decide cambiar su declaración a culpable y cooperar con las autoridades estadounidenses dándoles información, su proceso en Nueva York podría servir para desvelar cuestiones importantes.
La especialista Álvarez cree que “para los ecuatorianos y en general para todos los latinoamericanos, es de especial interés que se conozca información” sobre las redes de testaferros en EE.UU. que según la acusación operaban con Macías.
“¿Cuáles son las rutas logísticas y medios empleados para el negocio?”, pregunta. “¿Qué hace EE.UU. para desmantelar redes de traficantes de armas y para cortar la cadena de suministro?”.
El caso surge luego de que el gobierno de México buscara demandar a los fabricantes de armas de EE.UU. por presunta responsabilidad en su propia ola doméstica de violencia narco, algo que la Corte Suprema estadounidense rechazó el mes pasado.
Pero Álvarez cree que Ecuador carece de interés en seguir el camino emprendido por México y que “mientras no haya suficiente interés, cooperación y voluntad política de los países afectados” continuará el flujo de armas.
En América Latina y el Caribe ocurre cerca de un tercio de los homicidios de todo el mundo, según estudios, pese a que en la región vive sólo 8% de la población del planeta.
A su vez, aproximadamente dos de cada tres homicidios en el continente americano se cometen con armas de fuego, indicó un informe de Naciones Unidas en 2023.
Katherine Aguirre, una investigadora del instituto Igarapé con sede en Brasil, señala que las armas que circulan en América Latina provienen de viejos conflictos armados, de robos y desvíos de arsenales de fuerzas de seguridad, o de la frontera de EE.UU. con México.
“Hay que reconocer (…) la importancia de EE.UU. como fuente de las armas que pasan para Latinoamérica”, dice Aguirre a BBC Mundo.
Hay distintos indicios sobre la masiva presencia de armamento estadounidenses en la región.
Cerca de dos tercios de las armas vinculadas al crimen que se recuperan y rastrean en México provienen de EE.UU., según datos de 2022 de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
En Centroamérica son más de la mitad.
En Brasil, la policía militar informó que 60% de los 254 fusiles que incautó este año hasta mitad de mayo tenían procedencia estadounidense.
Aguirre cree necesario controlar mejor el acceso a las armas de EE.UU. que se “venden de manera súper libre” y se filtran a la región, además de trabajar en acuerdos internacionales para regular el comercio de armamento y preocuparse por la demanda desde los países.
“Un caso como estos (de Macías) puede llevar a desentrañar esas dinámicas”, señala, “por las cuales las armas llegan a Latinoamérica”.
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