AMLO privilegió enfrentamientos, aseguramientos y decomisos como política de drogas, concluye informe
El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó el fin de la “guerra” contra el narcotráfico, pero mantuvo todo el sexenio una política de drogas basada en el modelo prohibicionista y en una estrategia bélica.
De mantenerla, será cada vez más complejo encontrar condiciones para la reparación, justicia, verdad, garantía de derechos humanos y recomposición del tejido social, alerta la organización Elementa DDHH en su informe Radiografía de la prohibición, que será presentado este martes.
Mientras que el presidente ha sostenido la narrativa de “Abrazos, no balazos”, las acciones muestran, en cambio, la continuidad de estrategias de combate de sexenios anteriores, pues a lo largo de su administración se privilegió contrarrestar el mercado ilícito de drogas mediante aseguramientos, decomisos y enfrentamientos.
De esta manera, entre 2018 y 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó haber realizado 33 mil 067 aseguramientos de drogas, el 40.3% de estos concentrados en tres estados: Guanajuato (16%), Baja California (12.17%) y Sonora (12.15%), consigna el informe.
Esto pese a que durante su campaña y posterior triunfo en 2018, López Obrador generó la expectativa de replantear la política de drogas de corte prohibicionista, que tenía al país sumido en violencias y vulneraciones a derechos humanos, tal como documentaron Elementa DDHH y Animal Político en Miedo, castigo y estigma: el fracaso de la política de drogas de AMLO.
Radiografía de la prohibición es el resultado del monitoreo, durante todo el sexenio, de la política de drogas a nivel federal, que ha colocado al mercado ilícito de sustancias psicoactivas como eje central para sustentar políticas de securitización y justificar el poder político del Ejército en la vida pública.
En lugar de una pacificación –subraya la organización–, se modificó el ordenamiento jurídico para continuar la militarización de la seguridad pública y se reforzó el despliegue militar a través de la Guardia Nacional que, para 2023, estaba compuesta en más de un 88.8% por elementos de la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar).
Mientras tanto, persiste un estancamiento del proceso de regulación de la mariguana en el Congreso, pese a que se trataba de una iniciativa alineada al plan de gobierno de levantar la prohibición, al mismo tiempo que se perpetúa una criminalización de la población usuaria de drogas y la persecución penal “en contra de los eslabones más expuestos del mercado ilegalizado”, sostiene el informe.
Aunado a ello, durante el sexenio se configuraron nuevos epicentros de la violencia: Guanajuato, Jalisco y Zacatecas han registrado un incremento considerable en desapariciones de personas, masacres y detenciones.
“Particularmente, la desaparición se ha convertido en una práctica de castigo empleada por grupos del crimen organizado coludidos con actores estatales, que se disputan el control del mercado de drogas en el país”, puntualizala organización.
Amnistía, un mecanismo a fortalecer
Pese a la persistencia del prohibicionismo, la amnistía fue un mecanismo que permitió que al 11 de marzo de 2024, 369 personas hayan recuperado su libertad, entre las cuales hay 125 mujeres y población LGBTTTIQ+, y 244 hombres, de acuerdo con la Radiografía de la prohibición.
De ese total, el 98% estaban privadas de la libertad por delitos de drogas, concentradas en tres conductas tipificadas: transporte en un 71.2%, posesión en un 8.2% e introducción al país en un 5.6%.
En la modalidad de transporte, el 64.4% de las personas beneficiadas son hombres, mientras que el 41% son mujeres; en contraste, cuando se trató de posesión, el 58.3% fueron mujeres y el 40% hombres. Además, la cannabis representa el 59% del total de sustancias psicoactivas por las que se encontraban en reclusión, seguida de las metanfetaminas –el consumo más alto actualmente– en un 16%.
De ahí que Elementa DDHH concluya que la amnistía es un mecanismo que debe fortalecerse para que sea más accesible y beneficie a un mayor número de personas.
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Sector público, rebasado para tratamiento
En este panorama, el sector público en México está rebasado frente al incremento exponencial en la demanda de tratamientos por consumos problemáticos de metanfetamina, que registraron un aumento del 451% entre el 2013 y el 2022.
Hoy, el sector privado concentra los centros de rehabilitación irregulares conocidos como “anexos”: de 2 mil 129 que existen, solo 438 están registrados ante la Comisión Nacional contra las Adicciones –hoy Comisión Nacional de Salud mental y Adicciones (Conasama)– y solo un 46% de estos últimos opera con licencia vigente.
“Esto es alarmante tomando en cuenta las múltiples violaciones a derechos humanos cometidas en este tipo de centros. La violencia contra personas internadas en centros de rehabilitación irregulares se ha recrudecido durante los últimos años”, señala la Radiografía de la prohibición.
La segregación que viven las personas internadas en centros irregulares –añade– y su falta de fiscalización les hacen más vulnerables frente al contexto de violencia generalizada en el país. Durante 2020, de 13 anexos atacados, 12 eran irregulares y no tenían registro alguno.
Conasama admite incremento en consumo de fentanilo
En días recientes, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), que pronto cumplirá un año de haber sido creada –29 de mayo de 2023– dio a conocer un informe específico sobre la demanda y consumo de fentanilo en México, en el que admite que “ha transitado de ser un país de paso, como en el caso de otras sustancias, a ser un país donde se está gestando el consumo, principalmente en un contexto fronterizo”.
La dependencia detalla que mientras que entre 2013 y 2017 solo ocasionalmente se recibieron casos de consumo de fentanilo en centros de tratamiento –principalmente de usuarios que consumían fármacos legales fuera del contexto médico–, a partir de 2018 el número de casos de tratamiento por uso de fentanilo ilícito creció a decenas en 2020 y centenas en 2021.
“De hecho, si tomamos en cuenta que las importaciones de materia prima y producto terminado de fentanilo farmacéutico registradas por la Cofepris entre 2021 y 2024 ascienden a 7 mil 233.25 gramos, es posible inferir que el incremento del uso de la sustancia no se debe a la disponibilidad de fentanilo farmacéutico”, añade la Conasama.
Sin embargo, hasta hace poco el gobierno de México seguía considerándolo como un problema mínimo e incluso publicó una reforma a la Ley Federal para el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos con la finalidad de imponer controles más estrictos para la comercialización de fentanilo médico.
“A pesar de las limitaciones en la disponibilidad del fentanilo farmacéutico en nuestro país, el uso excesivo de opioides durante las últimas décadas en los Estados Unidos ha tenido importantes repercusiones en la dinámica de oferta y consumo en México”, reconoce ahora la Conasama.
Incremento en tratamiento, atención a urgencias y defunciones
El informe detalla que luego de que entre 2019 y 2020 los casos de tratamiento por consumo de fentanilo pasaran de 25 a 72, para 2021 crecieron a 184, para 2022 a 333 y finalmente, en 2023 alcanzaron los 430. Estos se han concentrado primordialmente en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.
La Conasama recupera diversos informes de organizaciones de la sociedad civil que promovieron el análisis de sustancias, como uno de la Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex) en el que se analizó parafernalia –jeringas, “cookers” y envoltorios– de 89 usuarios de heroína con tiras reactivas a fentanilo: 93% de las muestras de “China White” lo contenían en la zona fronteriza.
Consama agrega que de acuerdo con la estadística de salas de urgencias y admisión continua del sistema de salud mexicano, de 2013 a 2014 se atendió a 5 mil 901 personas por urgencias relacionadas con el uso de opioides, pero 2019 (721), 2022 (713) y 2023 (759) fueron los años en los que más se presentaron. En 2023, los estados con más atenciones de este tipo fueron Baja California, Ciudad de México, Sinaloa y Chihuahua.
En tanto, el informe presenta también un análisis de estadística de defunciones, entre las que de 2013 a 2o22 se contabilizaron 114 muertes relacionadas con el uso de opioides, con una posible tendencia al incremento –aunque los máximos fueron de 26 casos en 2020 y 19 en 2021–, principalmente en Baja California, Chihuahua y Sonora.
“Si bien no se puede aseverar que estos casos son secundarios al uso de fentanilo, tomando en cuenta que en la frontera norte se estuvo documentando en los últimos años el uso de ‘China White’, es probable que en algunos de estos casos dicha sustancia estuviera involucrada, sobre todo en estados fronterizos”, precisa el informe.
Aunque admite que “hasta el momento son insuficientes los datos objetivos sobre las defunciones por consumo de fentanilo”, documenta que hay buenas prácticas locales de monitoreo ante este fenómeno, como la del Servicio Médico Forense de Baja California, cuyo laboratorio de toxicología tiene un programa desde 2022 para detectar la presencia de sustancias psicoactivas. De mil 775 análisis que han hecho, 896 han sido positivos, 39% de ellos a fentanilo.
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En 2024, el 51 % de todas las muertes relacionadas con el terrorismo se produjeron en el Sahel, según el Índice Global del Terrorismo.
La región africana del Sahel se ha convertido en el “epicentro del terrorismo mundial” y, por primera vez, es responsable de “más de la mitad de todas las muertes relacionadas con el terrorismo”.
Así lo expone el Índice Global de Terrorismo (GTI), que en su informe más reciente señala que, en 2024, “el 51% de todas las muertes relacionadas con el terrorismo” se produjeron en el Sahel, es decir, 3.885 de un total mundial de 7.555.
El informe del GTI añade que, si bien la cifra mundial ha disminuido desde un máximo de 11.000 en 2015, la cifra correspondiente al Sahel se ha multiplicado casi por diez desde 2019, ya que los grupos extremistas e insurgentes “siguen desplazando su objetivo” hacia la región.
El índice lo publica el Instituto para la Economía y la Paz, un think tank dedicado a investigar la paz y los conflictos mundiales.
Define el terrorismo como la “amenaza o el uso real de la fuerza ilegal y la violencia por parte de un actor no estatal para alcanzar un objetivo político, económico, religioso o social a través del miedo, la coacción o la intimidación”.
La región del Sahel
Situado justo al sur del desierto del Sahara, el Sahel se extiende desde la costa occidental de África hacia el este, a lo largo de todo el continente. La definición de la GTI de la región incluye partes de 10 países: Burkina Faso, Mali, Níger, Camerún, Guinea, Gambia, Senegal, Nigeria, Chad y Mauritania.
El Sahel tiene una de las tasas de natalidad más altas del mundo, y casi dos tercios de la población tiene menos de 25 años.
A diferencia de Occidente, donde “el terrorismo de actor solitario va en aumento”, el Sahel ha sido testigo de la rápida expansión de grupos yihadistas militantes, según el informe.
La mayoría de los atentados fueron perpetrados por dos organizaciones: la filial del grupo Estado Islámico en el Sahel y Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimeen (JNIM, por sus siglas en inglés, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes), una rama de al Qaeda.
“Intentan introducir nuevos ordenamientos jurídicos”, explica Niagalé Bagayoko, presidente de la Red Africana del Sector de la Seguridad. “Intentan administrar sobre todo justicia basándose en la sharia”.
Y en el proceso, dice, “compiten entre sí” por la tierra y la influencia.
El “cinturón golpista”
El Estado Islámico del Sahel habría duplicado el territorio que controla en Mali desde los golpes de Estado de 2020 y 2021, principalmente en el este del país, cerca de las fronteras con Burkina Faso y Níger, al tiempo que el JNIM ha seguido ampliando su alcance, según un grupo de expertos de la ONU sobre Mali.
El informe del GTI señala que ambos grupos han reclutado más combatientes, entre ellos niños soldados en el caso del EI.
“En algunos casos, la gente suele estar en una situación en la que no tienen elección cuando deciden unirse a un grupo militante”, afirma Beverly Ochieng, analista especializada en África francófona de Control Risks, una consultora de riesgos geopolíticos. “Son comunidades muy vulnerables”.
El informe del GTI explica cómo la inestabilidad política y la precariedad del gobierno están creando las condiciones ideales para que proliferen los grupos insurgentes, y señala la guerra como “el principal motor del terrorismo”.
A veces se hace referencia al Sahel como el “cinturón golpista” de África.
Desde 2020 se han producido seis golpes de Estado con éxito en la región: dos en Mali, dos en Burkina Faso, uno en Guinea y uno en Níger. Todos estos países están ahora gobernados por juntas militares.
“El Sahel ha experimentado un desmoronamiento de la sociedad civil”, apunta Folahanmi Aina, experto en la región de la Universidad SOAS de Londres.
“Ha sido el resultado de años de abandono por parte de los líderes políticos, que no han priorizado la gestión pública centrada en las personas, lo que ha agravado los problemas locales y ha dado lugar a que los grupos terroristas traten de aprovecharse de ellos”.
Se ha tenido la impresión de que los gobiernos civiles eran incapaces de combatir las amenazas a la seguridad de los grupos insurgentes, “pero a pesar de que estas juntas han asumido el poder, no han mejorado necesariamente la percepción sobre el terreno y, de hecho, la inseguridad ha empeorado”, sostiene Aina.
“Las juntas no están profesionalmente preparadas para hacer frente al rigor de la gestión pública”.
De hecho, en 2024, Burkina Faso “seguía siendo el país más afectado por el terrorismo por segundo año consecutivo”, según la GTI.
En los 14 años transcurridos desde el inicio del informe, es el único país que encabeza la lista que no es Irak o Afganistán.
Actividad criminal
Los grupos yihadistas sostienen sus operaciones en el Sahel con diversas actividades económicas ilícitas, como el secuestro para exigir rescates y el robo de ganado, según el informe del GTI.
El Sahel se ha convertido también en una ruta clave para los narcotraficantes que llevan cocaína de Sudamérica a Europa, y el informe señala que “el narcotráfico representa una de las actividades ilícitas más lucrativas vinculadas al terrorismo en el Sahel”.
Sin embargo, señala que algunos grupos evitan participar directamente en el crimen organizado y prefieren “ganar dinero imponiendo impuestos o proporcionando seguridad y protección a cambio de un pago”.
“Este modelo no sólo genera ingresos, sino que también ayuda a estos grupos a integrarse en las comunidades locales, reforzando su influencia”, prosigue el informe.
Los grupos insurgentes también compiten por el control de los ricos recursos naturales del Sahel.
Níger es el séptimo productor mundial de uranio, y las minas de oro no reguladas y de tipo artesanal que se encuentran por toda la región suelen ser aprovechadas por grupos como Estado Islámico en el Sahel y JNIM.
Tras la reciente oleada de golpes de Estado, los gobiernos del Sahel se han alejado de sus aliados occidentales, como Francia y Estados Unidos, y se han acercado a China y Rusia en busca de apoyo para hacer frente a los militantes.
“En estos momentos, Rusia está asumiendo un control más firme sobre los paramilitares rusos de la región, conocidos como Africa Corps (antes Wagner)”, explica Ochieng.
“Su labor es entrenar y apoyar a los ejércitos locales para que puedan contrarrestar la insurgencia en la región, pero hasta ahora no han sido eficaces”.
En consecuencia, el informe del GTI advierte del riesgo de que el llamado “epicentro del terror” se extienda a los países vecinos.
En Togo se registraron 10 atentados y 52 muertes en 2024, el mayor número desde que se empezó a elaborar el índice. Estos atentados se concentraron principalmente a lo largo de la frontera del país con Burkina Faso.
Ochieng coincide con esta valoración y afirma que “la expansión de grupos militantes dentro de la región en países como Benín o Togo u otros estados costeros de África Occidental parece inminente”.
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