Tras cumplir sólo 21 de los 25 años a los que fue sentenciado, el exlíder del Cártel del Golfo e impulsor del grupo paramilitar Los Zetas, Osiel Cárdenas Guillén, abandonó este viernes Terre Haute, una penitenciaría de máxima seguridad ubicada en Indiana a la cual llegó en julio de 2020 tras de haber estado recluido en diversas prisiones.
Al momento de su arresto en México en el 2003, Cárdenas Guillén era considerado “uno de los más buscados, violentos y temidos narcotraficantes en el mundo” según el gobierno de los Estados Unidos, y se le consideraba responsable mayor “de las guerras de tráfico de drogas y los baños de sangre a lo largo de la frontera con México que provocó la muerte de aproximadamente 2 mil personas”.
Osiel Cárdenas, de 57 años, purgaba una condena a 25 años de cárcel por narcotráfico, lavado de dinero y amenazas a un oficial federal estadounidense. La fecha original de su liberación se había programado para el 1 de noviembre de 2028, de acuerdo con registros oficiales. En febrero del 2010, cuando fue sentenciado, una juez federal le impuso además un pago de 50 millones de dólares de multa.
El día de su sentencia la juez Hilda Tagle lo regañó: “Señor Cárdenas, cuando sentencio a un joven de 19 años con su esposa embarazada que, a cambio ser introducido ilegalmente a Estados Unidos, acepta llevar paquetes de marihuana y luego es el único detenido y responsable de los paquetes, considero la diferencia de esa vida con la de usted como líder de un cártel cuya familia vive en un relativo lujo”.
“Cuando sentencio a un desertor de escuela secundaria de 18 años por hacer una declaración falsa cuando compró un arma de fuego que sabía que estaba destinada a México, pienso en usted, el líder del cártel, con sus guardaespaldas armados con armas que fueron compradas por ese ingenuo joven de 18 años que luego va a prisión”.
Continuó la juez: “Sus acciones han generado miedo y violencia en nuestra comunidad. Los niños no están seguros ni siquiera en sus escuelas. Las balas de un tiroteo en Matamoros han terminado en el campus de la Universidad de Texas en Brownsville. Los dueños de negocios en dificultades sufren porque los turistas temen viajar. Usted fue un modelo a seguir para los narcos que blanden rifles de asalto y que no solo son cada vez más jóvenes a medida que pasa el tiempo, sino que son más descarados. Su sed de poder es insaciable. Su falta de respeto por la ley y la decencia, trágico. Secuestros, extorsiones, tiroteos en las calles, una economía desesperada, inocencia perdida, ese es su legado a su país y a nuestras comunidades en ambos lados de la frontera y a la sociedad”.
Osiel Cárdenas Guillén respondió: “Su Señoría, pido disculpas a mi país, México, a los Estados Unidos de América, a mi familia, a mi esposa especialmente, a mis hijos, por todos los errores que cometí. Siento que este tiempo que he pasado en la cárcel (7 años hasta ese momento), he reflexionado y me he dado cuenta de la mala conducta que mantenía y, sinceramente, me siento arrepentido. También pido disculpas a todas las personas a las que lastimé directa e indirectamente”.
“Eso es todo, Su Señoría”.
Según autoridades de los Estados Unidos, el origen del Cártel del Golfo (CDG) data de los años 30 del siglo XX cuando, durante la prohibición, Juan Nepomuceno Guerra contrabandeaba licor a Estados Unidos desde Matamoros, Tamaulipas. Aunque el mayor crecimiento de esta organización vino en la década de los 70 de la mano de Juan García Ábrego, primer narco mexicano en ingresar al top ten de los más buscados.
Tras el arresto de este capo en 1996, y los intentos de varios gatilleros por quedarse con el control del grupo delictivo, finalmente el joven Osiel Cárdenas Guillén, en ese momento de 20 años, fue quien tomó las riendas a partir de 1998 tras matar a uno que era su colega por el cual le aplicaron el mote de “El Mata amigos”.
En realidad, Osiel estuvo al frente del CDG y en general inmerso en las actividades delictivas pocos años. Sin embargo, su legado será recordado por otra causa: debido a presiones de cárteles rivales ansiosos por tomar control del cotizado estado fronterizo, Cárdenas Guillén reclutó a más de 30 desertores del ejército adscritos al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) para que actuaran como el ejército privado del CDG.
Fueron bautizados como Los Zetas y además del trasiego de drogas, llegaron a imprimirle una violencia inédita al negocio diversificándolo con secuestros, extorsiones, tráfico de armas y personas o prostitución, entre otras modalidades.
Una investigación de los periodistas Alfredo Corchado y Kevin Krause publicada en el 2016 en The Dallas Morning News reveló que Osiel siguió manejando el grupo delictivo a través de quien era su abogado, Juan Jesús Guerrero Chapa, el cual presuntamente siguió controlando las operaciones de narcotráfico a nombre de Cárdenas Guillén mientras este estuvo en el Penal del Altiplano (2003-2007).
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Pero una vez extraditado Osiel, Guerrero Chapa se convirtió en soplón de las agencias de seguridad estadounidense y además fue el encargado de recolectar al menos 30 millones de dólares que el líder del CDG tenía escondidos en sótanos en ranchos y casas de seguridad en Tamaulipas y Nuevo León, para pagar la multa de 50 millones de dólares impuesta por la juez Tagle.
Cuando Los Zetas se enteraron del acuerdo de culpabilidad de Osiel, fue cuando decidieron independizarse y desataron una guerra por el control de la frontera. En 2013, Guerrero Chapa fue asesinado por gatillero en un comercio del condado de Southlake, en Dallas, donde residía.
Osiel Cárdenas Guillén fue acusado de conspiración para introducir cocaína y marihuana, lavado de dinero y tres cargos distintos de amenazas de agredir y asesinar a un agente federal.
En el 2012 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, informó que los casi 30 millones que logró cruzar Guerrero Chapa fueron destinados a 12 instituciones de justicia texanas. La entrega la hizo el entonces director ejecutivo adjunto de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, James Dinkins, y representantes de la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Al salir de prisión, inicia un periodo de cinco años de libertad supervisada para Osiel Cárdenas. Hasta el momento no se sabe si será deportado, pero en México tiene cargos pendientes por los delitos de delincuencia organizada y daños contra la salud, en diversas modalidades.
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La salida de Osiel es apenas la primera del clan familiar que sembró el terror en Tamaulipas y estados vecinos. Para enero está programada la libertad de su hermano mayor, Mario Cárdenas Guillén, también exlíder del Cártel del Golfo y quien fue sentenciado por una juez de la Corte Federal del distrito este de Texas a 14 años 5 meses.
Mario, también conocido como “El M1”, “El Metro” o “El Gordo”, recibió en México, en abril de 2021, una condena de 20 años por delitos de delincuencia organizada en modalidad de narcotráfico, así como por funciones de administración, dirección y supervisión de un cártel.
Según el protocolo actualizado del tratado de extradición entre México y Estados Unidos, firmado en 1997 durante la administración del presidente Bill Clinton, el gobierno mexicano puede reclamar a este acusado para que, una vez que haya cumplido con su sentencia texana, regrese a México a cumplir los 6 años de los 20 del castigo que no completó.
Donald Trump ha intentado distanciarse del polémico proyecto promovido por un grupo de reflexión conservador para reformar el gobierno federal.
Con su victoria en las elecciones de este martes, Donald Trump es el hombre del momento en Estados Unidos.
Su triunfo en la carrera por la Casa Blanca sobre la candidata demócrata Kamala Harris, ha completado un regreso triunfal al poder que lo ha convertido en un héroe para muchos de sus seguidores.
Los focos se centran ahora en el presidente electo y surgen muchas preguntas sobre las decisiones que tomará en su segunda presidencia.
Durante la campaña fue objeto de atención y polémica el llamado Proyecto 2025, una iniciativa de un grupo conservador para reformar el gobierno federal.
Aunque el propio Trump ha intentado distanciarse, los demócratas y otros detractores del presidente electo creen que el Proyecto 2025 es en realidad su plan oculto de gobierno.
La propuesta fue creada por la Fundación Heritage y ha sido vinculada a Trump porque varios de sus antiguos funcionarios contribuyeron al plan.
El planteamiento, de más de 900 páginas, contempla el despido de miles de funcionarios, la ampliación del poder del presidente, el desmantelamiento del Departamento de Educación y otras agencias federales, así como recortes fiscales radicales.
Kamala Harris y los demócratas intentaron movilizar a los votantes contra un plan que, según el presidente Joe Biden, “destruiría Estados Unidos” de llevarse a cabo.
“No tengo ni idea de quién está detrás [del Proyecto 2025]”, escribió Trump en su red social Truth Social. “No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen y algunas de las cosas que dicen son absolutamente ridículas“.
Un portavoz de la iniciativa dijo hace meses en redes sociales que el Proyecto 2025 “no habla en nombre de ningún candidato o campaña”.
La Fundación Heritage dio a conocer el proyecto en abril de 2023 y desde entonces ha suscitado la preocupación y las críticas de los sectores que en Estados Unidos se describen como “liberales”.
A principios de julio, el presidente de Heritage, Kevin Roberts, planteó la perspectiva de la violencia política durante una entrevista en un podcast.
“Estamos en el proceso de la segunda revolución estadounidense, que seguirá siendo incruenta si la izquierda lo permite”, dijo Roberts al podcast War Room, fundado por el asesor de Trump Steve Bannon.
En respuesta, la campaña demócrata, entonces todavía encabezada por Biden, acusó a Trump y a sus aliados de “soñar con una revolución violenta para destruir la idea misma de Estados Unidos“.
Es habitual que los centros de estudio de Washington propongan listas de deseos políticos para posibles gobiernos en ciernes.
A principios de julio, Trump aseguró en su plataforma de redes sociales que no sabe “nada sobre el Proyecto 2025”.
“Cualquier cosa que hagan, les deseo suerte, pero no tengo nada que ver con ellos”, afirmó.
Sin embargo, varias personas vinculadas al proyecto trabajaron en el gobierno de Trump o como aliados en su campaña de reelección.
El documento del Proyecto 2025 esboza cuatro objetivos principales: restaurar la familia como pieza central de la vida estadounidense; desmantelar el Estado administrativo; defender la soberanía y las fronteras de la nación; y garantizar los derechos individuales otorgados por Dios para vivir libremente.
Es uno de los varios documentos políticos de una plataforma conocida como Agenda 47, así llamada porque Trump será el 47º presidente de Estados Unidos.
la Fundación Heritage dice que el Proyecto 2025 fue escrito por varios exfuncionarios designados por Trump y refleja los aportes de más de 100 organizaciones conservadoras.
Aquí te presentamos un resumen de varias propuestas clave.
El Proyecto 2025 propone que toda la burocracia federal, incluidas agencias independientes como el Departamento de Justicia, quede bajo control presidencial directo, una controversial idea conocida como “teoría del ejecutivo unitario”.
En la práctica, eso agilizaría la toma de decisiones, lo que permitiría al presidente aplicar de manera directa sus políticas en una serie de ámbitos.
Las propuestas también abogan por eliminar la protección laboral de miles de empleados públicos, que podrían ser sustituidos por cargos políticos.
El documento califica al FBI de “organización hinchada, arrogante y cada vez más al margen de la ley” y aboga por revisiones drásticas de esta y otras agencias federales, incluida la eliminación del Departamento de Educación.
En el documento se propone aumentar la financiación para un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, una de las promesas emblemáticas de Trump en 2016.
Sin embargo, lo más destacado es la consolidación de varias agencias de inmigración estadounidenses y una gran expansión de sus poderes.
Otras propuestas incluyen eliminar categorías de visas para víctimas de delitos y trata de personas, aumentar las tarifas a los inmigrantes y permitir solicitudes por vía rápida para los inmigrantes que pagan una prima.
No todos esos detalles se repiten en la plataforma del Partido Republicano, pero la formación quiere implementar el “mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Esa idea fue uno de los principales argumentos de Donald Trump ante los votantes.
El documento propone recortar drásticamente el dinero federal para la investigación y la inversión en energías renovables y pide que el próximo presidente “detenga la guerra contra el petróleo y el gas natural”.
Los objetivos de reducción de carbono serían reemplazados por esfuerzos para aumentar la producción y la seguridad energética.
El documento expone dos visiones contrapuestas sobre los aranceles y está dividido sobre si el próximo presidente debería intentar impulsar el libre comercio o levantar barreras a las exportaciones.
Pero los asesores económicos sugieren que un segundo gobierno de Trump debería recortar los impuestos a las corporaciones y sobre la renta, abolir la Reserva Federal e incluso considerar un retorno a la moneda respaldada por oro.
El Proyecto 2025 no exige una prohibición del aborto a escala nacional.
Sin embargo, propone retirar del mercado la pastilla abortiva mifepristona.
El documento propone nuevos esfuerzos de recopilación de datos sobre el aborto y, de manera más general, sugiere que el Departamento de Salud y Servicios Humanos debería “mantener una definición de matrimonio y familia con base bíblica y reforzada por las ciencias sociales”.
Al menos en lo que respecta al aborto, el documento difiere bastante sustancialmente de la plataforma republicana, que sólo menciona la palabra “aborto” una vez.
La plataforma dice que las leyes sobre el aborto deberían dejarse en manos de los estados individuales y que los abortos tardíos (que no definen) deberían prohibirse, una visión a la que Trump se ha aferrado en gran medida.
La plataforma del partido añade que se debe proteger el acceso a la atención prenatal, el control de la natalidad y la fertilización in vitro, y no menciona la limitación de la distribución de mifepristona.
Según las propuestas del Proyecto 2025, se debería prohibir la pornografía y cerrar las empresas de tecnología y telecomunicaciones que facilitan el acceso a dicho contenido.
El documento exige la posibilidad de elección de escuela y el control de los padres sobre los centros educativos y apunta a lo que llama “propaganda despierta”.
Propone eliminar una larga lista de términos de todas las leyes y regulaciones federales, incluidos “orientación sexual”, “diversidad, equidad e inclusión”, “igualdad de género”, “aborto” y “derechos reproductivos”.
Jared Huffman, un congresista demócrata de California, lanzó el grupo de trabajo Stop Project 2025.
Describió el Proyecto 2025 como “un complot distópico que ya está en marcha para desmantelar nuestras instituciones democráticas”.
Huffman dijo que el proyecto “aboliría los controles y equilibrios, socavaría la separación Iglesia-Estado e impondría una agenda de extrema derecha que infringe las libertades básicas y viola la voluntad pública”.
“Necesitamos una estrategia coordinada para salvar a Estados Unidos y detener este golpe antes de que sea demasiado tarde”, dijo Huffman antes del triunfo electoral de Trump.
La Fundación Heritage es uno de los centros de estudios más influyentes que ha elaborado documentos de políticas diseñados para guiar una posible segunda presidencia de Trump.
Desde la década de 1980, ha producido documentos políticos similares como parte de su serie Mandato para el Liderazgo.
El Proyecto 2025, respaldado por un presupuesto de US$22 millones, también establece estrategias para implementar políticas que comenzarán después de la toma de posesión presidencial en enero de 2025.
En sus discursos y en su sitio web, Trump ha respaldado una serie de ideas incluidas en el Proyecto 2025, aunque su campaña ha dicho que él tiene la última palabra sobre la política.
Muchas de las propuestas enfrentarían desafíos legales inmediatos si se implementaran.
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