Diversas organizaciones de la sociedad civil y universidades públicas presentaron una serie de recomendaciones para la reducción de los homicidios dolosos en México y América Latina, sobre todo para combatir el fenómeno que afecta de manera particular a grupos vulnerables como los pueblos indígenas y la comunidad LGBTIQ+.
“Concebimos el año pasado la idea de crear una coalición y construir, paso a paso, una aproximación que nos fuera dando un valor agregado a lo que tenemos ¿Qué quiere decir eso? Que estas organizaciones y universidades pudiéramos aportar algo que mejorara, acelerara, profundizara nuestra capacidad de incidir en la mejora de las políticas e instituciones asociadas con el homicidio, el feminicidio y el transhomicidio”, dijo Ernesto López Portillo, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.
Desde noviembre y diciembre de 2023, se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre la Reducción de Homicidios en la que participaron diversos expertos en la materia de instituciones como el Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México (Colmex) y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como organizaciones como México Evalúa, Impunidad Cero, Data cívica y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros.
El propósito de la conferencia consistió en dialogar sobre un tema de urgencia nacional: la violencia homicida, en la que diversas personas expertas en la materia, académicos y no académicos, compartieron sus conocimientos para llegar a recomendaciones que incidieran en la reducción de este fenómeno.
Entre estas recomendaciones están construir datos confiables sobre la violencia homicida, adoptar una perspectiva de género, derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad, considerar estrategias de reducción de homicidios dirigidas a las personas agresoras e implementar una política de control de armas, entre otras.
“Sobre todo porque nada de lo que hemos hecho en los últimos 30 años de investigación ha reducido un ápice la impunidad en el homicidio violento de México, cuando menos en el promedio nacional. De hecho, en los últimos números, Impunidad Cero señaló un incremento de la impunidad del homicidio violento”, dijo López Portillo.
Por ejemplo, explicó que la tasa de violencia letal en México es de 25.9 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra que supera por cinco a la tasa global, mientras que algunos estados del país como Colima con 115, Zacatecas con 89 y Baja California con 76 superan incluso la tasa que tienen territorios con conflictos armados declarados.
“Por ello, como coalición por la reducción de homicidios esperamos que quienes asuman los cargos gubernamentales en los próximos meses prioricen y construyan alternativas de seguridad que atiendan la violencia homicida, feminicida y transhomicida en México”, dijo Verónica Patraca de la organización Data Cívica.
“También que comprendan las causas estructurales y consideren sobre todo a grupos marginados y vulnerables, así como la identidad de género de las víctimas, promuevan la transparencia sobre las políticas públicas implementadas y las evaluaciones de impacto de dichas políticas”, agregó.
En este sentido López Portillo enfatizó en que “tenemos que hacernos cargo de la barrera política que enfrentamos […] porque varias veces hemos pensado en cómo medir si la clase política está viendo lo que producimos y no podemos verlo”, indicó.
En un texto publicado ayer en Animal Político, el experto en seguridad pública incluyó un testimonio que miembros de la clase política le han dicho a las organizaciones y las universidades participantes de este tipo de estudios: “No hablemos de sus reportes porque les da un espacio a ustedes que nosotros vemos como golpeteo político”.
“Pues claro, el pensamiento crítico interpela, desafía al sistema autoritario. Sí, nos quieren calladas, que nadie estuviera repitiendo como Impunidad Cero que la impunidad es desapariciones es 100% por supuesto”, dijo.
En ese sentido subrayó que la última vez que las organizaciones y universidades pudieron tener un acercamiento con autoridades militares para hablar temas de seguridad pública fue en el 2017, un año antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera su encargo.
“(Invitamos) a las y los militares para que nos expliquen por qué y cómo rinden cuentas en sus estrategias. Hasta donde sé no hemos podido ni siquiera explicar el cómo del despliegue de la Guardia Nacional, el por qué, el cómo y el para qué”, dijo.
Ante esta situación, Ignacio Cano, del Laboratorio de Análisis de Violencia de la Universidad de Río de Janeiro, Brasil, enfatizó en que el problema de los homicidios es un fenómeno regional, no local, por lo que se deben tomar en cuenta estrategias en incidan en todos los países involucrados.
“México no puede conformarse con tasas de homicidio superiores a 25 por 100.000 habitantes. Después del gobierno de Calderón y de su estrategia de combate militar al narcotráfico y a la criminalidad, las tasas de homicidio en México acabaron multiplicándose por tres y desde entonces parece como que nos hemos habituado en México a tener que convivir con esta tasa de violencia”.
Ecuador vive una de las peores sequías de los últimos 50 años, lo que ha conducido a una serie de apagones que tienen en una situación crítica al país.
Liz Orozco tiene miedo. Desde que empezaron los racionamientos de energía de 12 a 14 horas diarias en Ecuador el 18 de septiembre, el traslado de su oficina en el norte de Guayaquil hacia Durán, una de las ciudades más peligrosas del mundo, se ha vuelto un calvario.
“Caminar sola es horrible, he visto robos”, comenta. Durán es un territorio de guerra de pandillas.
Hasta octubre de 2024, las muertes violentas en esa zona de la costa ecuatoriana superaban las 400, un aumento del 59% en comparación con 2023, de acuerdo con el think tank internacional InSight Crime.
El país, que sufre los estragos del crimen organizado, ahora también enfrenta una crisis energética que lo obliga a apagarse la mitad del día.
Este escenario es “el resultado de una crisis de gestión que Ecuador lleva arrastrando por décadas”, sostiene Jorge Luis Hidalgo, uno de los expertos en energía más respetados del país.
Ecuador enfrenta un déficit energético de 1.080 megavatios, un 20% de su capacidad de generación.
Aunque el gobierno ha intentado atribuirlo a la “grave falta de lluvias”, Hidalgo subraya: “No se trata de una simple sequía. Es un problema estructural que no se resolverá a corto plazo”.
El 90% de la energía en Ecuador depende de las centrales hidroeléctricas, pero Hidalgo sugiere que el país debe diversificar sus fuentes.
“Ecuador tiene un poderoso potencial hídrico, una ubicación en la línea ecuatorial ideal para aprovechar el sol, y recursos como biomasa, volcanes para geotermia, gas natural y viento”, explica.
“Hay una enorme oportunidad en Ecuador, pero también una muy mala gestión que no se solucionará a corto plazo”.
A pesar de la adversidad, los ecuatorianos han tenido que adaptarse.
En el trabajo de Liz Orozco, por ejemplo, una constructora en Guayaquil, el edificio ha instalado generadores de energía diésel. “Es una orquesta a la que te tienes que acostumbrar”, describe.
El gerente de la empresa, Guillermo Jouvin Arosemena, dice que cada generador representa un gasto de diésel de unos US$8.000 por semana, sumado al mantenimiento mensual que puede llegar hasta US$550, dependiendo del equipo.
“La crisis energética está afectando en todos los sentidos”, afirma Jouvin. “El costo de inversión y mantenimiento no estaba previsto y está encareciendo las construcciones. No todas las empresas tienen capacidad para invertir”.
Este primer semestre de 2024, el sector de la construcción registró una caída del 17% en comparación con 2023. “Fue el sector más afectado de la economía ecuatoriana”, concluye.
El impacto también se siente en otros sectores.
Este viernes, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, dijo en una entrevista que solo en los últimos dos meses las pérdidas en el sector industrial alcanzaron los US$4,000 millones y en el sector comercial, US$3.500 millones, lo que ha derivado en numerosos despidos.
“Estos cortes de energía son devastadores para el comercio y la industria”, asegura Heller. “Estamos viendo un impacto directo en los ingresos y en el empleo”.
Se pierden empleos, dinero, y también se arriesgan vidas. Fabricio Palma, paciente renal de 54 años que vive en el suroeste de Guayaquil, ha visto su tratamiento afectado.
“Normalmente son cuatro horas de diálisis por sesión, pero ahora solo me hacen tres horas”, cuenta. En una sesión reciente de madrugada, Palma presenció la muerte de un paciente.
“Los doctores dijeron que el cuerpo reacciona diferente cuando la diálisis se hace de noche”.
La crisis también se refleja en el caos vial. Christian Calvache, agente de tránsito en Guayaquil, relata el desgaste de intentar regular el tráfico sin semáforos.
“El desgaste es tanto físico como emocional. Termino el turno con dolores de cabeza y la paciencia agotada”, confiesa Calvache.
La ciudad cuenta con más de 1.100 intersecciones semaforizadas, algunas de las cuales tienen sistemas de alimentación con baterías, pero “muchas no aguantan cuatro horas de corte”, reconoce.
Calvache insta a los conductores a tener paciencia, pero admite que “la falta de empatía es evidente”.
Allen Panchana y Daniela Sangurima, una pareja de esposos con tres hijas, han adoptado medidas para proteger a su familia. Viven en un conjunto residencial cerrado en Samborondón, una ciudad vecina a Guayaquil.
Pero los cortes los afectan diariamente.
“No podemos cocinar ni usar agua potable cuando no hay energía porque la cocina es de inducción y las bombas de agua necesitan motor. Durante los cortes, nos toca volver al siglo 18 y agarrar una jarrita”, comenta Allen.
Daniela añade que la crisis afecta la rutina de sus hijas. “Las inscribimos en actividades para que no sientan el estrés de esta situación, que nadie debería normalizar”, expresa.
Sin embargo, admite que la falta de energía altera su descanso y hace que sus hijas se despierten agotadas.
Cuatro ministros han pasado por la cartera de Energía en el último año del gobierno de Daniel Noboa.
Uno de ellos enfrenta actualmente un juicio político. Inés Manzano, la actual ministra, ha prometido medidas a corto plazo, como la compra de energía a proveedores privados, pero la percepción general es que estas llegan tarde y de manera desigual.
Hasta el 17 de septiembre, los cortes serán de 12 horas. En esa fecha, el Ministerio de Energía decidirá si se mantienen o aumentan, dependiendo de las lluvias.
Desde varios sectores, se anuncian movilizaciones, con ciudadanos cansados que llaman a “apagar las velas y encender la llama de la organización”.
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