
Para entender mejor
La jueza federal Mariana Vieyra Valdez ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar la carpeta de investigación a los abogados del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ligado al huachicol fiscal, para resolver una audiencia de tutela de derechos.
En una audiencia de tutela de derechos, determinó que se debe emitir luego de que los abogados de Farías Laguna denunciaron que el Ministerio Público Federal les habría entregado información incompleta, documentos con datos testados y negó el acceso a la carpeta original, lo que, argumentaron, limitó el ejercicio del derecho de defensa.
“La Jueza fue clara: la carpeta de investigación no puede seguir oculta a la defensa, ni la Fiscalía puede decidir unilateralmente qué información mostrar y cuál esconder. Por ello, determinó que: La Fiscalía deberá entregar los 20 tomos completos de la investigación. Aunque las copias pueden ser testadas, la carpeta original deberá ponerse a la vista de la defensa sin testaduras”, aclaró.
Indicó que cualquier intento de reservar información deberá justificarse en una audiencia privada, bajo control judicial.

Asimismo, se fijó el martes 27 de enero a las 10:00 horas para acudir a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y dar cumplimiento a lo ordenado.
“En esa misma fecha, la autoridad deberá pronunciarse sobre los analistas cuyas entrevistas fueron solicitadas por la defensa. Esta resolución exhibe omisiones del Ministerio Público en la investigación federal y confirma que el Poder Judicial obligó a la FEMDO a transparentar el expediente, corrigiendo prácticas dilatorias y devolviendo equilibrio al proceso”, indicó la defensa.
Precisó que el fallo deja un mensaje inequívoco: “la transparencia no es una concesión de la Fiscalía, es una obligación legal; el debido proceso no admite atajos, y la tutela de derechos sí funciona cuando existe control judicial efectivo”.
El contralmirante Fernando Farías Laguna, implicado en el caso del huachicol fiscal, recibe el 30% de su sueldo de la Secretaría de Marina, pese a estar prófugo y emitirse una orden de aprehensión en su contra.
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El abogado Epigmenio Mendieta, afirmó que mediante un amparo promovido en contra del procedimiento de baja y con motivo de una suspensión definitiva, el juez ordenó que se le depositara el 30% de sus percepciones económicas.
“Que no se le diera de baja en cuestión de seguridad social. Es decir, esta figura jurídica la conocemos como el mínimo vital, porque salvaguarda los derechos de la familia. De esta manera tienen el sustento básico para que puedan procurarse alimentos y que su familia pueda seguir gozando del servicio de atención médica”, indicó Mendieta.
En tanto, en el caso del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien ya se encuentra recluido en el Altiplano, su defensa aseguró que mientras no se había determinado su procedimiento de baja, recibió una parte del sueldo hasta el mes de septiembre.
Por su parte, la Marina separó del cargo cuatro elementos, incluidos los hermanos Farías Laguna, por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles, la cual se ha denominado huachicol fiscal, informó su titular, Raymundo Morales Ángeles.
Al ser cuestionado sobre la situación de los hermanos Farías Laguna y las investigaciones en su contra, el secretario informó que la baja de los mandos navales se ejecutó conforme a la legislación castrense y que los implicados se encuentran bajo proceso judicial.

“De acuerdo con nuestra legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones, tiene que ser dado de baja. Ya se dieron de baja, están ellos en su proceso legal, tienen quince días para poner sus recursos de revisión, algunos ya los cumplieron, se dieron los fallos, y estamos esperando que las autoridades terminen”, dijo.
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Ambos son señalados de presuntamente liderar una red que facilitó el desembarque de 31 buques con combustible de contrabando en Altamira y Tampico, en Tamaulipas, entre 2024 y 2025.
La Semar inició los procedimientos administrativos de baja en octubre y septiembre de 2025 para Manuel Roberto y Fernando Farías, respectivamente. A pesar de que promovieron amparos contra estas decisiones, los recursos fueron desechados, por lo que la separación del cargo se consumó.

Trump presidirá la junta, que forma parte de su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.
La administración Trump ha nombrado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico, Tony Blair, como dos de los miembros fundadores de su Consejo de Paz para Gaza.
El enviado de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, también formarán parte de la “junta ejecutiva fundadora”, según informó la Casa Blanca en un comunicado emitido el viernes.
Trump presidirá la junta, que forma parte de su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.
Se espera que supervise temporalmente la gestión de Gaza y gestione su reconstrucción.
También forman parte de la junta ejecutiva fundadora Marc Rowan, director de una firma de capital privado; el director del Banco Mundial, Ajay Banga; y el asesor de seguridad nacional estadounidense, Robert Gabriel.
Cada miembro tendrá una cartera “crucial para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza”, según el comunicado de la Casa Blanca.
Trump había dicho el jueves que se había formado la junta, calificándola de “la junta más grande y prestigiosa jamás reunida en cualquier momento y lugar”.
La Casa Blanca anunció que se nombrarán más miembros de la junta en las próximas semanas.
Tony fue primer ministro de Reino Unido de 1997 a 2007 y llevó a su país a la guerra de Irak en 2003. Tras dejar el cargo, se desempeñó como enviado para Oriente Medio del Cuarteto de potencias internacionales (EE.UU., la UE, Rusia y la ONU).
Esto se produce tras el anuncio de un comité tecnocrático palestino independiente de 15 miembros, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), encargado de gestionar la gobernanza diaria de la Gaza de posguerra.
Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de la Cisjordania ocupada que no están bajo control israelí, presidirá este nuevo comité.
El comunicado de la Casa Blanca de este viernes también indicó que Nickolay Mladenov, político búlgaro y exenviado de la ONU para Oriente Medio, será el representante de la junta sobre el terreno en Gaza, trabajando con el NCAG.
El plan de Trump establece que también se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza para entrenar y apoyar a las fuerzas policiales palestinas, y el comunicado de la Casa Blanca indicó que el mayor general estadounidense Jasper Jeffers encabezará esta fuerza para “establecer la seguridad, preservar la paz y establecer un entorno duradero libre de terrorismo”.
La Casa Blanca indicó que se estaba formando una “junta ejecutiva de Gaza” independiente que contribuiría a la gobernanza e incluye algunos de los mismos nombres que la junta ejecutiva fundadora, así como otras personas designadas.
El plan de paz de Estados Unidos entró en vigor en octubre y desde entonces ha entrado en su segunda fase, pero todavía hay una falta de claridad sobre el futuro de Gaza y de los 2,1 millones de palestinos que viven allí.
En virtud de la primera fase, Hamás e Israel acordaron un alto el fuego en octubre, así como un intercambio de rehenes por prisioneros, una retirada parcial de Israel y un aumento de la ayuda humanitaria.
A principios de esta semana, Witkoff afirmó que la segunda fase contemplaría la reconstrucción y la desmilitarización total de Gaza, incluyendo el desarme de Hamás y otros grupos palestinos.
“Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones”, advirtió, señalando que estas incluyen la devolución del cuerpo del último rehén israelí fallecido. “De no hacerlo, habrá graves consecuencias”.
Sin embargo, el alto el fuego es frágil, y ambas partes se acusan mutuamente de reiteradas violaciones.
Casi 450 palestinos han muerto en ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, mientras que el ejército israelí afirma que tres de sus soldados han muerto en ataques de grupos palestinos durante el mismo período.
Las condiciones humanitarias en el territorio siguen siendo graves, según la ONU, que ha insistido en la necesidad de un flujo sin restricciones de suministros esenciales.
La guerra en Gaza se desencadenó tras el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.
Más de 71.000 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud del territorio.
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