Estos son los 37 trasladados a EU: perfiles del Cártel del Noreste, CJNG, Beltrán Leyva y Cártel del Pacífico
México concretó este martes la tercera entrega masiva de operadores del crimen organizado al gobierno de Estados Unidos, enviando vía aérea desde el Aeropuerto Internacional de Toluca un grupo de personas vinculadas con diversas organizaciones como el Cártel del Noreste, los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico.
En total fueron trasladadas 37 personas que se encontraban privadas de la libertad en distintos centros penitenciarios federales, en lo que constituye la continuidad de un esquema de cooperación binacional que se remonta a dos traslados previos de gran escala realizados en 2025.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que todas las personas trasladadas eran requeridas por las autoridades de Estados Unidos por contar con procesos jurídicos en su contra, derivados de sus vínculos con organizaciones criminales, y por representar un riesgo para la seguridad pública.
El secretario Omar García Harfuch explicó que la acción “se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”, y precisó que, a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense, “se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte”.
Lista completa de los 37 trasladados
De acuerdo con el listado íntegro de los 37 trasladados, difundido por autoridades federales, fueron entregados desde operadores financieros y jefes regionales hasta brazos logísticos y lugartenientes de al menos seis organizaciones criminales.
Entre ellos figuran Ricardo Cortés Mateos, “El Billetón”, operador financiero del Cártel del Golfo en su facción Los Escorpiones; Fidel Félix Ochoa, “Don Fido”; y Óscar Hernández Flores. También aparece Juan Pedro Saldívar Farías, “Z-27”, identificado como tercero al mando de Los Zetas.
La lista incluye a colaboradores cercanos de grupos vinculados al CJNG, como Luis Alfonso Navarro Quezada, “Pez”, integrante de Los Hermanos Bonques; Eliezer David Seas Centeno, “El Picho”; y José Luis Sánchez Valencia, “El Chalaman”. Además, fue trasladada María del Rosario Navarro Sánchez, “La Señora”, buscada por el FBI y señalada como integrante del CJNG, así como Armando Gómez Núñez, “Delta1”, líder de Los Deltas, uno de los brazos armados de esa organización.
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Varios nombres vinculados al Cártel del Pacífico también forman parte del grupo, entre ellos Roberto González Hernández, “El 04”, líder de Los Cabrera Sarabia; Humberto Rivera Rivera, “El Viejón”, considerado objetivo prioritario del FBI; Julio César Mancera Dozal, “Tortuga”, de la facción Los Mayos; y Jorge Damián Román Figueroa, “El Soldado”, líder de Los Malas-Mañas. Figuran además Hernán Geovani Ojeda Elenes, “Inge”; José Pineda Pérez, “Pretty Boy”; y José Torres Espinoza, “Big Joe”.
En la estructura de los Beltrán Leyva destacan Jair Francisco Patrón Tobías, “H4” o “Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H2”; Guillermo Isaías Pérez Parra; Manuel Ignacio Correa, “El Argentino”; y Lucas Anthony Mendoza, “T”.
También fueron trasladados Francisco Arredondo Colmenero, “Pancho”; Daniel Menera Sierra, “Dany”; y Abraham Macías Mendoza, “Don Abraham”. Asimismo, José Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”, identificado como lugarteniente de alto nivel dentro del cártel.
Traslados clave: “El Ricky”, “El Señor de la Silla”, “Payo Zurita”, “Delta1”
Entre los 37 enviados a cortes estadounidenses destacan líderes regionales y operadores logísticos de cuatro grandes organizaciones criminales.
Uno de ellos es Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, quien fungía como líder regional del Cártel del Noreste con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. González Sauceda fue trasladado a San Antonio, Texas, para enfrentar los cargos que tiene pendientes ante tribunales estadounidenses.
También fue entregado a las autoridades de Estados Unidos Pedro Inzunza Noriega, conocido como “El Señor de la Silla”; él es padre de Pedro Inzunza Coronel, quien fue segundo al mando del cártel de los Beltrán Leyva. Inzunza Noriega fue enviado a San Diego, California, donde enfrentará los procesos legales en su contra.
En la misma ciudad fue trasladado Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, señalado como operador logístico del cártel de los Beltrán Leyva. De acuerdo con la información oficial, Bastidas Erenas colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, y con Óscar Manuel Gastélum, alias “El Músico”, líder y lugarteniente de dicha organización criminal.
La lista completa también incluye a Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, señalado como operador logístico del Cártel del Pacífico, encargado del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y considerado un objetivo prioritario por el FBI. Blanco Joo fue enviado a Houston, Texas.
Las autoridades mexicanas señalaron que la entrega se realizó con pleno respeto a la soberanía nacional y bajo los mecanismos de cooperación bilateral acordados con las autoridades estadounidenses.
Antecedentes: entregas de 2025 incluyeron a Caro Quintero y “La Tuta”
Los traslados previos en febrero y agosto de 2025 llevaron a Estados Unidos a 55 integrantes de alto perfil, en un proceso que especialistas vincularon con presiones comerciales y cooperación antidrogas.
El primero de los traslados masivos se realizó el 28 de febrero de 2025, cuando México entregó 29 capos del crimen organizado a Estados Unidos.
Ese traslado formó parte de lo que especialistas consideraron un intercambio para evitar la imposición de aranceles del 25% por parte del presidente Donald Trump. De acuerdo con expertos en seguridad, dicha entrega fue realizada para responder a las solicitudes del gobierno de Estados Unidos relacionadas con el combate a las drogas, particularmente al fentanilo.
Entre los trasladados en febrero figuraron nombres de alto perfil como el de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, y Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez.
La DEA destacó que Caro Quintero, quien había estado décadas en la lista de fugitivos más buscados, finalmente llegó a Estados Unidos “donde se hará justicia”. En esa ocasión, funcionarios del Departamento de Justicia advirtieron que varios de los extraditados podían enfrentar sentencias que iban desde cadena perpetua hasta pena de muerte, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
La segunda entrega masiva tuvo lugar el 12 de agosto de 2025, cuando el Departamento de Justicia estadounidense dio a conocer un listado con 26 personas que México había trasladado para enfrentar cargos penales federales y estatales relacionados con narcotráfico, secuestro, tráfico de personas, lavado de dinero, uso ilegal de armas de fuego e incluso homicidio.
Entre ellos se incluyeron líderes y operadores de organizaciones como “Los Cuinis”, representados por Abigael González Valencia; exlíderes de los Caballeros Templarios como Servando Gómez, “La Tuta”; y miembros del aparato de seguridad de “Los Chapitos”, como Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez. También fue parte de ese grupo Juan Carlos Félix Gastelum, conocido como “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada.
Las autoridades estadounidenses señalaron que todas estas personas estaban consideradas fugitivos relacionados con grupos criminales que han sido designados como “Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales”, incluyendo al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel del Noreste.
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Trump amenazó con invocar la ley con el fin de detener las manifestaciones en Mineápolis contra la presencia de ICE.
El presidente Donald Trump volvió a amenazar con invocar una ley del siglo XIX que rara vez se utiliza, esta vez para desplegar al ejército en Mineápolis, en el estado de Minnesota, donde miles de personas siguen protestando contra la fuerte presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Las manifestaciones se intensificaron después de que un agente del ICE matara de un disparo a una manifestante llamada Renee Good la semana pasada.
Esta semana, otro agente federal le disparó a un hombre en la pierna también en Mineápolis, en lo que las autoridades califican como un acto de legítima defensa.
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que “si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la LEY DE INSURRECCIÓN”.
Trump afirmó que, al recurrir a esta ley, “pondría fin rápidamente a la farsa que se está produciendo en ese estado (Minnesota)”.
Esto es lo que hay que saber sobre esa ley.
¿Qué es la Ley de Insurrección de 1807?
La Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente utilizar personal militar en servicio activo para realizar funciones policiales dentro de Estados Unidos.
Los presidentes estadounidenses pueden invocar la ley si determinan que hay “obstrucciones, coaliciones, reuniones o rebeliones ilegales” contra el Gobierno que hacen “imposible la aplicación” de la ley estadounidense “por la vía ordinaria de los procedimientos judiciales”.
Una vez invocada, las tropas podrían encargarse de una serie de tareas, desde sofocar disturbios civiles y hacer cumplir órdenes judiciales hasta arrestar y detener migrantes. Esto incluye a la Guardia Nacional, una rama de las fuerzas armadas estadounidenses tradicionalmente reservada para emergencias y desastres.
Dado que la Ley de Insurrección está redactada en términos generales, con pocas indicaciones específicas sobre cómo y cuándo se pueden utilizar los poderes, ofrece a los presidentes un amplio margen de maniobra a la hora de decidir cuándo movilizar al personal militar para realizar operaciones dentro del país.
¿Por qué quiere Trump utilizarla?
A lo largo de su campaña electoral, Trump prometió tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal y calificó la situación en la frontera sur como una “emergencia nacional” que podría controlarse mejor invocando la mencionada ley.
En su primer día en el cargo en enero de 2025, solicitó “recomendaciones sobre las medidas adicionales que podrían ser necesarias para obtener el control operativo completo de la frontera sur, incluyendo la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807”.
Su gobierno ya puso en marcha una serie de medidas radicales enfocadas en la frontera. Entre estas se incluyen redadas a nivel nacional y el traslado de presuntos miembros de bandas venezolanas a una prisión en El Salvador, una decisión que ahora se enfrenta a impugnaciones legales.
En octubre, Trump volvió a decir que estaba considerando la posibilidad de recurrir a la Ley de Insurrección después de que un juez federal le impidiera enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de Portland, en Oregón, que según el presidente estaba invadida por “terroristas internos” de izquierda.
Aunque en ese momento afirmó que la situación no había llegado al punto en el que esa decisión fuera necesaria, también dijo que “si tuviera que promulgarla, lo haría, si se estuviera matando a gente y los tribunales nos estuvieran frenando, o los gobernadores y alcaldes nos estuvieran frenando”.
Ahora, tras semanas de tensión en Mineápolis, mientras miles de agentes del ICE intensificaban sus operaciones en la ciudad, Trump amenazó una vez más con utilizar la ley para sofocar las protestas.
¿Cómo se ha utilizado la ley en el pasado?
La Ley de Insurrección se ha invocado en contadas ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos.
Abraham Lincoln la utilizó cuando los estados del sur se rebelaron durante la Guerra Civil estadounidense, y tras la guerra el presidente Ulysses S. Grant la invocó contra una ola de violencia racista por parte del Ku Klux Klan.
En el siglo XX, el presidente Dwight D. Eisenhower la invocó para que el ejército estadounidense escoltara a un grupo de estudiantes negros en el camino a su escuela en Little Rock, Arkansas, después de que el gobernador del estado se negara a cumplir una orden federal de desegregación.
Más recientemente, se utilizó en 1992, cuando estallaron disturbios masivos en Los Ángeles por la absolución de cuatro policías blancos que golpearon a Rodney King, un hombre negro. El entonces presidente, George Bush, envió a miembros en servicio activo de los marines y el ejército, así como a tropas de la Guardia Nacional.
¿Existe algún tipo de restricción a la ley?
El Gobierno estadounidense ha procurado tradicionalmente limitar el uso de la fuerza militar en suelo estadounidense, especialmente contra sus propios ciudadanos.
La Ley Posse Comitatus de 1878 se promulgó precisamente para restringir la actuación del ejército como fuerza policial dentro del país. En momentos en los que hay disturbios, los estados suelen ser los que despliegan a la Guardia Nacional para ayudar a mantener el orden.
Desde que volvió al cargo, Trump ha declarado emergencias nacionales, lo que le da acceso a poderes y recursos que normalmente están restringidos.
Con esta autoridad, ha impuesto aranceles, tomado medidas contra la inmigración y desplegado agentes federales, la Guardia Nacional e incluso tropas en servicio activo en ciudades como Washington D. C., Los Ángeles y Memphis.
En marzo, tras su declaración de emergencia en la frontera, Trump invocó la poco utilizada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes que, según él, eran miembros de bandas. A continuación, se produjeron una serie de impugnaciones legales y la Corte Suprema impuso algunas restricciones temporales al uso de esa ley.
Si Trump decide invocar la Ley de Insurrección, está por verse a qué obstáculos legales podría enfrentarse.
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