Las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México han identificado la presencia de ocho grupos delictivos: se trata de Los Peluches, Nuevo Imperio, Cártel de Tláhuac, La Familia Michoacana, Nueva Alianza, Los Catalinos, Los Gastones y Los Rodolfos.
Los Peluches se dedican a la extorsión en el transporte público y al cobro de piso; tienen una alianza con el Cártel de Caborca y tienen presencia en los municipios de Tlalnepantla, Atizapán, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán. Este año se han detenido a cinco presuntos miembros de este grupo delictivo.
El grupo identificado como Nuevo Imperio está conformado por bandas locales que trabajan en alianza con el Cártel de Sinaloa. Tiene presencia en los municipios de Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Tultepec, Coacalco y Ecatepec. Se dedican a la distribución de droga, venta de armas extorsión, trata de personas, homicidios, secuestro y robo de hidrocarburos.
En tanto, el Cártel de Tláhuac, fundado en esa alcaldía por Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”, tiene bandas locales en municipios del oriente del Estado y la CDMX. Se ha expandido a los municipios de Valle de Chalco, Chalco e Ixtapaluca y es identificado como generador de violencia, dedicado a la extorsión y distribución de droga.
Asimismo, La Familia Michoacana, dedicada al secuestro, extorsión, trata de personas, robo de vehículo y homicidios. Tiene presencia en varios municipios de la zona oriente del Edomex, particularmente en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán, Chalco e Ixtapaluca. Este año se han realizado tres detenciones de integrantes del grupo delictivo.
De acuerdo con las autoridades, Nueva Alianza es suma de las organizaciones delictivas del Cártel de Jalisco Nueva Generación y de la Unión Tepito. Operan en Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Tultepec, Coacalco y Ecatepec. Su principal rival son Los Peluches y se dedican principalmente a la venta de droga, extorsión y trata de persona.
Los Catalinos son altos generadores de violencia dedicados a la extorsión y venta de droga, entre otros crímenes y tienen presencia en Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.
Los Gastones están aliados con el llamado Cártel de Tláhuac y se dedican a la venta de droga en la zona, extorsiones y homicidios. Su presencia principal es en los municipios de Valle de Chalco y Chalco. Este año se han detenido a siete de sus integrantes.
Los Rodolfos son uno de los principales grupos generadoras de violencia en el sur y el oriente de la Ciudad de México. Tienen presencia en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz y Valle de Chalco. Se dedican a la venta de droga, extorsión y homicidios.
En CDMX se han identificado que opera La Familia Michoacana; La Unión Tepito; Fuerza Anti-Unión Tepito; Cártel de Tláhuac; Los Rodolfos; Célula liderada por El Balín; Los Guerreros; Los Maceros; Banda de El Perro; Los Sinaloas; La Ronda 88; Los Molina; Los Benjas; y Cártel de los Beltrán Leyva/La Mano con Ojos.
Autoridades de ambas entidades realizaron trabajo de inteligencia táctica y operativa para mapear las zonas en donde operan estos grupos en la zona metropolitana del Valle de México.
Tanto Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, como José Luis Cervantes, fiscal general de Justicia del Estado de México, destacaron el trabajo entre autoridades capitalinas y mexiquenses, así como la colaboración con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.
García Harfuch destacó que, como parte de la cooperación entre los distintos organismos, se ha logrado la cumplimentación de 130 órdenes de aprehensión, la gran mayoría, por delitos graves.
EU recibe a decenas de afrikáners como refugiados tras una orden de Trump que denuncia que son perseguidos por cuestiones raciales, algo que el gobierno sudafricano niega rotundamente.
Un avión procedente de Johannesburgo con 59 sudafricanos blancos a bordo aterrizó este lunes en Washington DC.
Es el primer grupo de afrikáners que llegan a Estados Unidos como refugiados bajo un programa de reasentamiento promovido por el presidente Donald Trump, que considera a esta comunidad víctima de “discriminación racial” en Sudáfrica.
Su arribo a EE.UU. se produce tras meses de tensiones diplomáticas entre el país norteamericano y Sudáfrica.
Trump firmó en febrero una orden ejecutiva en la que denunciaba presuntas violaciones de derechos humanos contra blancos en Sudáfrica, citando expropiaciones de tierras sin compensación y asesinatos en zonas rurales.
El presidente también se ha referido a lo que describió como una “matanza a gran escala de agricultores” blancos, un argumento que ha respaldado públicamente el empresario Elon Musk, nacido en Pretoria, quien llegó a hablar incluso de un “genocidio de blancos”.
El gobierno sudafricano rechaza estas acusaciones y niega la existencia de una persecución racial contra los blancos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamoa, afirmó este lunes que “no hay persecución de sudafricanos blancos afrikáners” y aseguró que los datos policiales contradicen la narrativa impulsada desde Washington.
Los afrikáners, descendientes en su mayoría de colonos holandeses, han desempeñado un rol central en la historia del país, desde la colonización hasta el régimen del apartheid.
El programa de reasentamiento de Trump está dirigido a los afrikáners, una comunidad blanca sudafricana descendiente en su mayoría de colonos neerlandeses, franceses hugonotes y alemanes que comenzaron a instalarse en el sur de África desde 1652.
Durante siglos, los afrikáners dominaron la política y la producción agrícola del país, especialmente bajo el apartheid (1948-94), donde conformaban el grupo blanco mayoritario y puntal ideológico del régimen.
Hoy representan poco más del 5% de la población en Sudáfrica -unos 2,7 millones de personas- y la mayoría habla afrikáans como lengua materna.
Trump justifica su programa con el argumento de que los afrikáners sufren “discriminación racial” bajo las políticas del Congreso Nacional Africano (ANC), en el poder desde el fin del apartheid en 1994.
En su orden ejecutiva de febrero, el presidente estadounidense citó específicamente la reciente ley sudafricana de expropiación sin compensación de tierras improductivas, abandonadas o adquiridas de manera fraudulenta durante el régimen segregacionista.
Aunque la norma ha sido defendida como una herramienta para corregir desigualdades históricas, tanto sectores conservadores estadounidenses -incluidos influyentes empresarios como Elon Musk y Peter Thiel- como muchos afrikáners en Sudáfrica la consideran una amenaza directa a los derechos de propiedad de los blancos.
Trump también denunció lo que describió como “una matanza a gran escala de agricultores blancos”, tesis respaldada por Musk, Thiel y otros miembros de la llamada “mafia de PayPal”, un influyente grupo de Silicon Valley que mantiene lazos con Sudáfrica.
El gobierno sudafricano niega que exista una persecución racial: el canciller Lamoa consideró infundadas las acusaciones de Washington y alegó que los informes policiales desvinculan la violencia rural de un supuesto genocidio blanco.
Según datos oficiales, en 2024 se registraron 44 homicidios en zonas agrícolas, de los cuales ocho fueron de granjeros.
El Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales (SAIRR) concluyó que los ataques afectan tanto a trabajadores blancos como negros y suelen estar motivados por robos o conflictos laborales.
BBC Mundo habló con el analista sudafricano Ryan Cummings, director de la consultora Signal Risk, que cuestiona el fundamento jurídico y humanitario de conceder asilo a los afrikáners.
“Ciertamente no enfrentan ningún tipo de marginación colectiva por su cultura, raza o idioma”, afirma.
El experto considera que las leyes de acción afirmativa impulsadas por el ANC no son punitivas hacia los blancos, sino mecanismos para revertir la exclusión histórica de la población negra, y remarca que “los afrikáners aún se encuentran en el extremo superior de la escala socioeconómica”.
Cummings añade que la percepción de inseguridad en zonas rurales, donde se han producido ataques violentos a granjas, ha alimentado una narrativa política dentro de sectores afrikáners más conservadores.
“Se han presentado como actos de violencia étnica, como si hubiera un genocidio sistemático en curso, pero en realidad responden a dinámicas locales: granjas aisladas, guardias de seguridad deficientes, armas y dinero en efectivo almacenados en las instalaciones”, considera.
Reconoce, no obstante, que figuras como Julius Malema, líder del partido comunista Luchadores por la Libertad Económica, han alimentado esa sensación de amenaza con cánticos como Kill the Boer (“Mata al granjero”), lo que ha reforzado el temor de algunos afrikáners a un resurgimiento del nacionalismo negro en sus formas más violentas.
El gobierno sudafricano ha sido muy activo a la hora de denunciar violaciones de derechos humanos de Israel en Gaza, y en enero presentó un caso de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Esto causó un deterioro en las relaciones entre Sudáfrica y EE.UU., aliado de Israel.
“Trump quiere destacar ante la comunidad internacional que el mismo gobierno que lleva a Israel ante un tribunal internacional por presuntas violaciones de derechos humanos está infringiendo esos mismos derechos sobre su propia ciudadanía”, evalúa Cummings.
En marzo, la administración estadounidense expulsó al entonces embajador sudafricano, Ebrahim Rasool, después de que este denunciara una “insurgencia supremacista” impulsada desde Estados Unidos.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, justificó la medida calificando al diplomático como un “agitador racial” que “odia a América”.
Por su parte, el gobierno sudafricano sostiene que la narrativa promovida desde Washington es infundada y responde a intereses políticos internos en Estados Unidos.
Desde que Trump firmó la orden, más de 70.000 sudafricanos blancos expresaron interés en emigrar, según la Cámara de Comercio Sudafricana en Atlanta.
El grupo de 59 personas que aterrizó esta semana en Washington es el primero en beneficiarse del plan.
Desde Sudáfrica, el programa de reasentamiento de Trump se percibe con escepticismo o incluso con cierto sarcasmo, según el director de Signal Risk.
“Muchos sudafricanos ven a los afrikáners que se acogen al programa de Trump como personas que buscan una salida, un modo de hallar la utopía que están buscando: una sociedad donde puedan existir sin tener que compartir espacio con sudafricanos negros”, sostiene Cummings.
Según el experto, hay “muchas almas dañadas” entre los afrikáners que crecieron durante el final del apartheid.
“Sienten que no fueron cómplices, pero que se les está haciendo pagar por lo que ocurrió décadas antes de que nacieran”, indica.
Sin embargo, concluye que la mayoría de los sudafricanos está de acuerdo con la idea de una sociedad multirracial y que quienes se resisten a ello -y ahora emigran- “probablemente no estaban interesados en participar en ese proyecto desde el principio”.
Cummings incluso cree que muchos sudafricanos moderados ven con buenos ojos la emigración de ciertos afrikáners a Estados Unidos bajo la iniciativa de Trump.
Parte de la sociedad sudafricana la considera “una manera de deshacerse de personas que han sostenido una ideología racista o supremacista blanca “.
“Muchos sudafricanos sienten que Sudáfrica, como país, probablemente estará mejor sin ellos, en el sentido de que estaremos perdiendo a individuos que esencialmente no tienen interés en participar en la construcción nacional ni en vivir en un país multirracial”, sentencia.
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