Es tanta la cercanía entre ciudades como Reynosa, Tamaulipas, y la zona conurbada del sur de Estados Unidos, Texas, que los ciudadanos de esa frontera van y vienen a diario, entre una ciudad y otra, cruzando el Puente Internacional como una avenida más. 

A veces, los ciudadanos incluso olvidan cuáles son las diferencias entre ambos países, que hay reglas distintas, como en el tema de la portación de armas de fuego y municiones, que si bien es legal en Estados Unidos, en México está totalmente prohibido, lo que es aprovechado por integrantes del crimen organizado. 

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Del total, se procesó judicialmente a 3 mil 600 estadounidenses, que en mil 683 casos recibieron una sentencia condenatoria. 

–Sí, siempre ha sido… Y no es de ahorita, también es parte de la dinámica de la frontera. O sea, es algo de antaño, no de hace 10 años ni de hace 20 años, eso es algo con lo que también se ha crecido en la frontera y se ha, en cierto modo, normalizado–, responde. 

Para ejemplificar su punto, la abogada explica que la ciudad de Reynosa es tradicionalmente considerada una zona de cacería, donde es común desde hace años que los ganaderos y agricultores viajen a McAllen para comprar armas. “Yo de niña no entendía, pero después pensé ‘eso no se puede’. Culturalmente se ha crecido así en la frontera, también creo que se han aprovechado los grupos criminales de decir ‘no pasa nada, eso siempre lo han hecho, ¡tráelo!’”. 

“(Ahora), aquí hay una parte muy importante que es la reglamentación en materia aduanera, el semáforo fiscal, y esto es básico para el éxito o para el fracaso, al menos hasta hace algunos meses, en los procesos penales en temas de armas”, explica la abogada. 

En otras palabras, explica que la única razón por la que detuvieron a Melanie fue porque le tocó “la luz roja” en el Puente Internacional, que significa revisión; es decir, que fue detenida en ‘flagrancia’, razón por la cual las autoridades mexicanas calificaron como legal su detención y más tarde la vincularon a proceso, pero no como producto de labores de investigación entre ambos países.

Pese a miles de sentencias, autoridades reconocen sólo 11 investigaciones contra estadounidenses

Cuando una autoridad como la Sedena o la Guardia Nacional detienen a una persona en territorio nacional por la presunta comisión de un delito federal, como lo es el tráfico de drogas, estas tienen la obligación de presentarlas ante un agente del Ministerio Público Federal, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), quien a su vez es la encargada de elaborar las investigaciones para deslindar responsabilidades.

De esta forma, pese a tener registro de más de 2 mil 600 detenidos en seis años, la FGR reportó que del año 2006 al 2012 inició solo 7 averiguaciones previas contra extranjeros por delitos relacionados al crimen organizado, de las cuales informó que solo habían 2 presuntos responsables de nacionalidad estadounidense y 2 más de nacionalidad “americana y danesa”. 

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Mientras que del año 2019 al 2022, la FGR reportó el inicio de solo 4 carpetas de investigación contra extranjeros relacionados a delitos vinculados con el crimen organizado en las que sólo se investiga a un ciudadano estadounidense. 

Es decir, solo reconoce la existencia de 11 investigaciones en las que se mencionan a solo cinco ciudadanos estadounidenses del 2006 a la fecha, cuando en los últimos seis años han recibido al menos 2 mil 685 norteamericanos presuntamente relacionados a actividades del crimen organizado. 

En este sentido la información proporcionada por la FGR y la proporcionada por los tribunales y juzgados federales (que pertenecen al Poder Judicial de la Federación y que son las responsables de revisar el actuar de las autoridades para llevar a juicio a una persona) nuevamente muestran grandes discrepancias. 

Por ejemplo, pese a que en el sexenio de AMLO y los dos primeros meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum fueron detenidos la mayor cantidad de estadounidenses en el país y que la FGR reconoce apenas 11 investigaciones, de 2019 a 2023 en los juzgados y tribunales federales del país se tiene registro que se abrieron 663 causas penales en contra de ciudadanos estadounidenses, lo que podría significar que la FGR, quien tiene la obligación de integrar las carpetas de investigación y llevarlas ante un juez, solo lo hizo en apenas uno de cada cuatro casos, aunque no lo reconoce. 

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Las cifras indican que mil 135 estadounidenses fueron procesados por delitos contra la salud (el 35 % de los imputados) y 375 por posesión de armas (11 %), como en el caso de Melanie.

Por eso, la abogada explicó a su defendida, desde el primer momento que su mejor alternativa era buscar un “procedimiento abreviado”, que es básicamente aceptar ‘echarse la culpa’ para conseguir una pena de menor, con lo cual podría obtener no solo que le dictaran sentencia de manera casi inmediata sin llegar a juicio, sino además que pudiera afrontar su proceso en libertad desde Estados Unidos.

Precisamente, de la cifra total de estadounidenses condenados, 236 personas recibieron sentencia condenatoria mediante este llamado “procedimiento abreviado”. Muy por debajo de los estadounidenses están personas de otras nacionalidades: 265 personas de nacionalidad guatemalteca sentenciadas de forma condenatoria, 244 colombianos, 153 hondureños y 63 salvadoreños. 

“Así sucedió con ella, claro que para llegar a esta etapa sí tuve muchos conflictos, porque todo es por cuota. O sea, el tema del litigio en fiscalía federal sí es muy complicado, te bloquean como abogado particular, tienen como su grupo o bien ellos mismos manejan todo, ejercen una tremenda presión a las personas que están siendo investigadas para que no lleven abogados particulares. Es muy pesado, yo sí le dije ‘nada más que tienes que aguantar la presión, te van a decir, te van a hacer, pero de ti depende, es tu libertad’”, explica la abogada. 

Irónicamente, mientras platica esta escena, la abogada permanece sentada en su oficina frente a una figura de Themis, la diosa de la justicia en la mitología griega, que lleva una venda en los ojos que simboliza la ‘ecuanimidad’, una balanza en una mano que representa la justicia y una espada en la otra que simboliza la represión a los culpables. 

Su explicación, además, recuerda a la visita a .por parte de “un personaje extraño”, un hombre que se presentó como abogado particular pese a que ni ella ni su familia tenían dinero para pagar uno, que después de interrogarla por varios minutos dentro de las instalaciones de la FGR aseguró que regresaría para no aparecer jamás, o a lo dicho por la propia Melanie, que aseguró que durante los días que estuvo detenida “varias personas de ahí le pidieron dinero a mi papá. O sea, todos querían mordida”. 

–¿Y sobre la expareja de Melanie? ¿Se tiene más detalles al respecto? –, se le pregunta a la abogada. 

–Supimos extraoficialmente (que) ellos traen para acá (México) las armas y luego aquí ya las venden a ciertos grupos. El muchacho sí la contactó como en tipo amenaza de ‘no digas más nada, para quién era, nada’, pero sí nos pudimos dar cuenta que era para ciertos grupos del crimen – responde, pero debido a que las autoridades aceptaron que ella se echara la culpa es que las investigaciones no llegaron más lejos. 

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Rodrigo: la pesadilla del otro lado

Pese a lo anterior, la pesadilla legal de los reclutados por el narco no es un tema exclusivo en México. Pasa también en países como Estados Unidos, donde las autoridades igual orillan a las personas a echarse la culpa para reducir sus penas, sin importar si cometieron los ilícitos o no.

Tal es el caso de Rodrigo Sandoval, un joven empresario mexico-americano, que estuvo preso en Estados Unidos luego de que lo usaran como ‘mula ciega’ para cruzar 15 kilos de metanfetamina, pero que durante su proceso judicial pasó por un cúmulo de irregularidades. 

“Me preguntaron si quería abogado […] Yo no sabía ni por qué me habían detenido, yo me imaginaba que por exceso de velocidad, y yo como tenía prisa les dije que no ocupaba un abogado. Además, te dicen que el juez ve como una mala acción que tú esperes a tener un abogado, que es algo sospechoso. Y pues acepté firmar un acuerdo para que me interrogaran sin un abogado, grave error”, señala. 

-¿Te das cuenta de que la droga está en tu carro y que cometiste un delito? -, increpó a Rodrigo un oficial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations) durante el interrogatorio. 

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Asustado, Rodrigo negó la aseveración, pero orillado por una lluvia de preguntas que acontecieron a la primera terminó declarando algo que lo haría autoincriminarse sin darse cuenta. 

• ¿Te das cuenta que el carro está a tu nombre? -, preguntó el oficial. 
• Sí-, respondió Rodrigo. 
• ¿Y te das cuenta que introducir drogas a Estados Unidos es un delito? -. 
• Sí-.
• ¿Entonces te das cuenta que cometiste un delito? -. 
• Sí, el carro es mío, pero la droga no-, terminó soltando, desesperado, Rodrigo. 
• Sí, pero estás cometiendo un delito, ¿te das cuenta? – cuestionó por última vez el oficial. 
• Sí-, contestó Rodrigo. 

“Esas respuestas las plasman en un documento, en un e-discovery (escrito que utilizan las autoridades estadounidenses para recopilar y revisar información electrónicamente para usarla como prueba en un juicio), pero ahí no viene todo literal como se dijo, es un resumen de lo que dijiste en la entrevista y la opinión y la interpretación de quien te entrevista”, platica Rodrigo años después del asunto reconociendo que dio las respuestas que los oficiales querían. 

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Esa noche, un oficial sin darle derecho a realizar una llamada le pidió a Rodrigo el número de un familiar. Intrigado, Rodrigo preguntó la hora en la que saldría de la especie de ‘separos’ en el que lo tenían, pensando en que podría irse a la brevedad. La respuesta lo dejó helado: 

-No te vas a mover de aquí, hasta mañana, que te lleven a la cárcel-, soltó sin expresión alguna el oficial. 

– ¡¿Cómo?!-, gritó Rodrigo. 

– Sí, tú vas a ir a la cárcel. 

“En ese momento me derrumbé”. 

Aquella noche a Rodrigo le dieron una cobija térmica, de esas que parecen de aluminio y que fueron ampliamente difundidas durante la primera administración de Donald Trump, cuando comenzó con la deportación de migrantes, así como unas galletas, pero no comió. 

“Estaba ansioso y asustado, creía que era un sueño”, pero no fue así. Rodrigo pasó 11 meses detenido. Aquella noche sería solo la primera de muchas, orillado a defenderse del sistema judicial estadounidense, el país “más poderoso del mundo”.

“Tuve que declararme culpable para salir de la pesadilla”

Meses después de su detención fue cuando Rodrigo pudo ver por primera vez su “e-discovery”, que es una de las evidencias iniciales que el Gobierno de los Estados Unidos utiliza para acusar a una persona de algún delito. 

Al leer el documento por primera vez Rodrigo se dio cuenta de que el documento decía que iba a “exceso de velocidad”, que lo siguieron, pero que lo perdieron y que “fue en el último intento de regresar a México” cuando fue detenido. 

“Además, pusieron que yo había admitido que había cruzado drogas exitosamente dos semanas antes y que estaba consciente, y que exitosamente se me había pagado un dinero que saqué del Wells Fargo. Le dije a mi abogado que yo no había dicho eso”. 

“Me peleé con mi abogado, porque él quería que yo me diera por culpable. Lo que sucede es que hay puntajes, hay niveles criminales y nivel del delito, es una tabla que tienen en Estados Unidos. Si te das por culpable, te baja puntos y te dan menos tiempo; si haces un fast track, para que ya no investiguen más, te dan 3 puntos más”, explica. 

En ese momento el abogado de Rodrigo le explicó que al ser su ‘primera vez’, su ‘primer nivel de criminalidad’, solo le darían 5 años de prisión que podrían combatir para obtener más beneficios, pese a que él le explicó que no hizo nada de lo que se le acusaba. 

-Podemos irnos a juicio, pero eso es básicamente morirte. Hay personas que duran 2 años para llegar a juicio y luego les dan 16 años más de cárcel. Estados Unidos gasta en un juicio y lo que no quieren es que llegues a juicio, y si llegas te van a ‘enterrar’, te van a tirar todo el peso encima-, sentenció el abogado. 

Aunque al final soltó una tercera opción: pedir un cambio de cargos. Es decir, pedir que las autoridades investigaran todo, aunque eso le haría perder puntos del ‘fast track’. Además, si las autoridades no aceptaban cambiar los cargos, Rodrigo tendría que declararse culpable o ir a juicio, aunque perdiendo toda posibilidad de reducir su pena. “Es una moneda al aire”, le dijo su abogado. 

“Me fui por ese camino, pero yo no salí inocente, sino que a mí me dieron por culpable. Mi abogado me dijo ‘oye, sí te aceptaron el cambio de cargo, tuve que aceptar esta historia de que yo había cruzado por dinero, como que fui engañado […] Tomé la decisión a principios de julio, ya en prisión 3 meses. Me rendí y acepté y en septiembre me aceptaron el cambio de cargos, y a finales de octubre me trasladaron a un centro de detención en Arizona, que es un infierno”. 

Finalmente, el 13 de febrero de 2023, autoridades de los Estados Unidos sentenciaron a Rodrigo por el delito de tráfico de dinero, fijando una pena final de solo 16 meses de prisión. La jueza del caso le preguntó si tenía algo que decir. “Pedí perdón”. 

“Mi abogado me dijo: ‘sigue el rollo, porque si tú en algún momento sales diciendo que no hiciste nada, la jueza lo ve como una grosería, porque es incongruente decir perdón y asegurar al mismo tiempo que eres inocente. Así que ofrece disculpas, di que estás arrepentido, y habla del nuevo ser humano que eres y qué vas a hacer cuando salgas’, pero en ese punto ya nada me importaba, solo quería estar con mi familia y estar en libertad”, sentencia Rodrigo.

En 2023, autoridades estadounidenses recibieron un total de 18 mil 939 casos relacionados con el tráfico de drogas, de los que en un 81.9 % recibieron sentencia y se trata de ciudadanos de nacionalidad estadounidense, según cifras de la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos.

-¿Después de la sentencia, puedes cruzar a los Estados Unidos?-, se le pregunta. 

-No, por ahora no puedo cruzar. Cuando me sentenciaron me dijeron que ese mismo día me iba a México. Vino el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) por mí y literalmente los del ICE te llevan hasta Chaparral, en Tijuana, literal una puerta por donde sacan a la gente cuando los sueltan. Te dan una hoja que firmas para aceptar tu deportación y adiós. 

“AMLO y Sheinbaum saben quiénes están cruzando la droga a EU”

Mike Vigil, exjefe de operaciones de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antidrogas de los Estados Unidos, no tiene reparo en admitir que desde hace ya mucho tiempo los cárteles utilizan a ciudadanos estadounidenses para cruzar drogas desde México. No solo fentanilo, sino también cocaína, heroína, metanfetamina. 

Y no solo eso, sino que además los que están distribuyendo la droga en los Estados Unidos son principalmente ciudadanos de ese mismo país. “No son mexicanos, son estadounidenses los que están haciendo todo esto”, insiste.  

Por este motivo, sobre el aumento de detenciones de personas estadounidenses en México por delitos relacionados al crimen organizado, Vigil asegura que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador, como la actual presidenta Claudia Sheinbaum, “saben quiénes están cruzando la droga a ese país y también lo saben la DEA, el FBI y Seguridad Nacional”. 

Pese a lo anterior, la estigmatización hacia las comunidades migrantes continúa tanto en los Estados Unidos, donde el presidente Trump los llama sin empacho ‘bad hombres’, como en México, países que han movilizado a sus Ejércitos para combatir tanto el tráfico de drogas como la “migración irregular”. 

• En ese sentido, ¿qué hace falta por hacer? – se le pregunta a Vigil. 
• Yo creo que los Estados Unidos y México, y otros países en América Latina, tienen que colaborar. Me gustaría ver un comité de seguridad donde se discuta el modus operandi de estos grupos criminales, porque se necesita desarticular toda la organización. Si te enfocas solo en los capos, no va a funcionar, nunca ha funcionado. Así pasa en la guerra entre ‘Chapos’ y ‘Mayitos’ en Sinaloa, que se fragmentaron, pero se necesita ir contra los que lavan dinero, a los políticos que los protegen y en contra de toda la organización, porque si te enfocas solo en los capos, no va a funcionar –concluye el exagente de la DEA.

Nota: en este texto colaboraron los periodistas Ernesto Eslava y Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco.