Muertes por “operaciones legales y de guerra” aumentan 184 % en México; en Tamaulipas, el 74 % de las víctimas
Para entender mejor
Las muertes clasificadas como “operaciones legales y de guerra” —aquellas causadas por una agresión cuyo perpetrador es un agente del Estado o fuerza de seguridad— se dispararon 184 % en México durante el 2024, el último año del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Estas operaciones se convirtieron en la violencia letal —entre las que también se encuentran accidentes, suicidios y muertes de intencionalidad no determinada— con el mayor crecimiento anual del país, al pasar de 29 víctimas en 2023 a 82 en 2024, de acuerdo con el informe Atlas de Homicidios México 2024: siete años, miles de víctimas.
“Es preocupante porque en el registro no tenemos tantísima información como para saber qué tipo de operación legal se llevó a cabo […] Lo que sí podemos conocer es si esta muerte violenta fue con un arma de fuego, fuerza corporal o un objeto punzocortante”, dijo la investigadora Daniela Osorio, autora del Atlas.
En esta categoría destaca Tamaulipas, que concentra el 74 % de las “operaciones legales y de guerra”, por lo que la organización considera a ese estado como “un caso extremo” de violencia en el país.
Aunque esta clasificación representa apenas el 0.1 % del total anual de muertes violentas, los datos de defunciones violentas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para 2024 indican una tendencia anómala y preocupante en el uso de la fuerza del Estado, un indicador crucial para evaluar el uso de la fuerza institucional.
Tamaulipas, el foco rojo de la letalidad estatal
El análisis del periodo 2018-2024 realizado por MUCD muestra que la letalidad oficial no es un fenómeno disperso, sino que está concentrado de forma extrema en la frontera del noroeste del país.
Por ejemplo, el 74 % de las víctimas de “operaciones legales y de guerra” registradas en ese lapso se concentraron en solo tres entidades: Tamaulipas, con 259; seguido por Zacatecas con 31 y Coahuila con 16.
Además, Tamaulipas ha encabezado consistentemente esta clasificación cada año analizado, registrando 38 defunciones clasificadas como operaciones legales y de guerra tan solo en 2024.
Esta distribución focalizada es confirmada por el hecho de que 10 estados no registraron ni una sola víctima en esta categoría durante el mismo periodo, y nueve tuvieron menos de cinco, lo que subraya una problemática confinada a zonas específicas.
Dentro de Tamaulipas, el municipio de Reynosa destaca por su persistencia en el registro de víctimas de “operaciones legales” de manera anual. Esta anomalía es particularmente notable porque Reynosa, a diferencia de otros municipios de la entidad, no se caracteriza por tener los niveles más altos de violencia homicida.
El informe también identifica la presencia de la 8va zona militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Reynosa, lo que añade contexto a la actividad de fuerzas de seguridad en la región y la persistencia de este tipo de muertes.
El caso de la “ejecución legal” en Baja California
Durante la presentación del Atlas, el martes 9 de diciembre, la investigadora Daniela Osorio, también una de las autoras, explicó que las “operaciones legales y de guerra” son todas aquellas muertes que fueron violentas y se cometieron en operativos de policías o militares, sin que se tengan mayores detalles.
“Mientras analizábamos la información, apareció un caso que llama mucho la atención y es que en Baja California Sur en 2018 hubo la muerte violenta de un hombre, registrada por un médico forense, que fue clasificada como una ‘ejecución legal’”, dijo Daniela Osorio a pregunta de Animal Político.
Lisa Sánchez, directora de MUCD, señaló que este hallazgo es preocupante porque “no existen ejecuciones legales”, pero en algunos estados esa categoría se está utilizando más. “Incluso, dentro de esa categoría de pronto vemos ‘ejecuciones legales’, algo que no existe en el marco jurídico mexicano y que (Daniela encontró) para un caso muy particular que nos llama poderosamente la atención”.
Lisa Sánchez recordó que el Atlas fue realizado con datos de defunciones del INEGI, órgano que no mide delitos, sino muertes violentas. “Entonces esa base de datos proporciona características de la muerte, no necesariamente sobre la investigación o la persecución de delito per se, que eso figuraría más en los registros que no publica la Sedena”.
Exigencia de transparencia y supervisión
Ante el aumento inusual de víctimas por “operaciones legales y de guerra” en 2024, sumado a la concentración histórica en Tamaulipas y Reynosa, MUCD subraya la necesidad de fortalecer la transparencia y la supervisión en el uso de la fuerza del Estado.
Por ejemplo, insta a revisar las condiciones operativas y a investigar por qué Tamaulipas registra anualmente víctimas en esta categoría. “En conjunto, los hallazgos muestran que comprender la violencia letal en México exige mirar más allá del homicidio en sí y considerar el entramado territorial, institucional y social que configura los riesgos de muertes violentas.
Solo con análisis que integren las características de las víctimas, las variaciones regionales y la evolución de todas las formas de violencia será posible desarrollar políticas públicas más precisas, humanas y efectivas, que respondan a las realidades diversas del país y contribuyan a reducir las violencias desde sus causas estructurales”.
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Sin embargo, pasados más de 34 años desde aquella accidentada declaración, Somalilandia no había sido reconocido como Estado por ninguna otra nación.
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El origen
Ubicada entre Etiopía y Somalia -Estado del que oficialmente forma parte- Somalilandia fue un protectorado británico hasta su independencia el 26 de junio de 1960.
Pero esa autonomía le duró poco, ya que cinco días después se fusionó con la Somalia italiana, también recién independizada. Fue una unión de la que muchos somalilandeses se arrepintieron apenas se concretó.
Las diferencias con sus vecinos del sur comenzaron casi inmediatamente después de que el Parlamento aprobara la ley que fundó la República de Somalia.
De hecho, el 20 de julio de 1961, un año después de la creación del nuevo Estado, se celebró un referéndum para redactar una nueva Constitución. A pesar del rechazo mayoritario de los somalilandeses, el texto salió adelante, convirtiéndose en la carta magna de la naciente república.
Y menos de una década, el país colapsó.
En 1967 Abdirashid Ali Shermarke fue elegido presidente y designó al somalilandés Mohamed Haji Ibrahim Egal como primer ministro.
Pero a los dos años, el presidente murió a manos de su guardaespaldas, en lo que fue un golpe de Estado liderado por el general Mohamed Siad Barre, quien se hizo con el poder.
Así fue como Somalia se transformó en la República Democrática de Somalia.
“Dejaré edificios, pero no gente”
El gobierno de facto de Siad Barre acentuó el descontento en Somalilandia e impulsó el deseo de muchos somalilandeses de tomar un rumbo diferente.
Aquel polémico militar marxista-leninista no sólo causaba disgusto en Somalilandia, sino en todo el país, y ese malestar desencadenó una revolución.
“Cuando me vaya de Somalia, dejaré edificios, pero no gente”, prometió Barre a finales de la década de los 80.
Y un informe encargado por las Naciones Unidas y publicado a principios de este siglo, determinó que “el crimen de genocidio fue concebido, planeado y perpetrado” por el gobierno somalí contra el pueblo isaaq en el norte de Somalia entre 1987 y 1989.
En esa época, la fuerza aérea somalí efectuó bombardeos a gran escala en Hargeisa, capital de la declarada República de Somalilandia, matando a miles de civiles y destruyendo parcialmente la ciudad.
Después de varios años de una sangrienta lucha, en 1991 Siad Barre fue derrocado, a lo que siguió una guerra civil.
Falta de reconocimiento internacional
El fin de régimen militar también hizo que Somalilandia declarara de manera unilateral su independencia. En ese entonces era, y aún sigue siendo, un oasis de relativa calma en una de las regiones más agitadas del mundo.
Más de tres décadas después, Somalilandia funciona casi como un país independiente, pero sin serlo, al menos oficialmente.
Tiene un sistema político propio, un Parlamento, su fuerza policial, una bandera, una moneda y emite sus propios pasaportes.
A la falta de respaldo internacional se sumó la crisis diplomática con Somalia tras el acuerdo firmado en enero de 2024 entre Etiopía y Somalilandia, que concedía a Addis Abeba acceso al mar a través del puerto de Berbera y abría la puerta a un eventual reconocimiento.
Mogadiscio lo denunció como una violación de su soberanía, al considerar a Somalilandia parte inseparable de Somalia.
Aunque Israel se convirtió esta semana en el primer país en reconocer formalmente a Somalilandia como nación soberana, el resto de la comunidad internacional no reconoce su independencia, incluyendo a Naciones Unidas, la Liga Árabe y la Unión Africana.
Comparaciones con Taiwán
El caso de Somalilandia suele compararse con el de Taiwán. Ambos parecen ser Estados en pleno funcionamiento y declaran con orgullo su independencia de vecinos más grandes, Somalia y China, que insisten en que son parte de sus territorios.
Percatándose de ello, Hargeisa y Taipei han estrechado sus relaciones y establecieron oficialmente lazos diplomáticos en 2020, desatando la ira de sus vecinos.
El representante taiwanés en Somalilandia, Allen Chenhwa Lou, describió en una entrevista con la BBC el mes pasado la relación entre los dos territorios como “beneficiosa para todos”.
“No necesitamos perseguir la independencia en este momento porque ya somos independientes. Lo que ambos necesitamos es reconocimiento. Ambos compartimos esta difícil situación”, agregó.
Un oasis de estabilidad
Aparte de la cuestión política y de la independencia institucional, Somalilandia también es mucho más estable que el resto de Somalia.
Es considerada por los expertos un ejemplo de democracia en la región. Sus mandatarios llegan al poder a través de elecciones reñidas cuyos resultados, a diferencia de otros países africanos, son respetados, incluso cuando gana la oposición.
Y, pese a ser una ciudad con mucha pobreza y contar con un muy alto nivel de desempleo, Hargeisa es una de las urbes más seguras de la región.
Como escribió la periodista de la BBC Mary Harper en 2016, en el marco de los 25 años de la declaración de independencia del territorio: “Somalilandia tiene paz y estabilidad relativa”.
“A veces viajo entre Somalia y Somalilandia en el mismo día y el contraste no podría ser mayor. En Somalia, como periodista occidental, no puedo moverme sin seis guardaespaldas fuertemente armados (…). En Somalilandia camino sola, incluso de noche”, aseguró.
El periodista somalí Farhan Jimale explica que esta relativa paz se debe a que Somalilandia ha estado trabajando en ello desde los años 90.
“Hubo ancianos locales, que actuaron como mediadores. Reunieron todas las comunidades locales y formaron un gobierno local que se comparte el poder”.
La visión de Somalia
Somalia considera a Somalilandia parte integral de su país.
En los últimos 10 años, Hargeisa y Mogadiscio han sostenido conversaciones de paz, pero para Somalia la integridad del país no es negociable, destaca Jimale.
“Sin embargo, reconoce a Somalilandia como una región que ha desarrollado sus autoridades locales”, prosigue.
En los últimos años, aunque el gobierno federal somalí ha logrado consolidar su control en Mogadiscio y otras grandes ciudades, los grupos islamistas, como Al Shabaab, siguen siendo una amenaza activa y han recuperado influencia en varias zonas del país.
Si Somalia logra la paz, tendrá menos razones para reconocer la independencia de Somalilandia.
“El principal argumento de los independentistas somalilandeses es que Somalia tiene que poner orden en su casa, antes de que ambas partes se sienten a conversar”, señala Jimale.
Pero si el país sigue sumido en una grave situación de inseguridad, la lucha independentista no cesará.
Pase lo que pase, es probable que la decisión final sobre la independencia de Somalilandia tendrá que venir de Mogadiscio, tal como sucedió con la secesión de la vecina Sudán del Sur, que el gobierno sudanés terminó aceptando luego de un referendo.
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