Tras más de 12 horas de discusión y de decenas de quejas y reclamos, el partido Morena y sus aliados en la Cámara de Senadores lograron consumar el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), iniciativa de reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador que quedó lista para ser publicada y entrará en vigor sin que se la haya movido ni una sola coma.
Con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención, la Cámara de Senadores aprobó en lo general la madrugada de este viernes el dictamen sobre la Guardia Nacional. El único disidente fue el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, quién tuvo la única abstención. Tanto el grupo oficialista como el opositor votaron en bloque a favor y en contra del dictamen, respectivamente.
Durante la votación llamaron la atención que dos de los cinco votos ausentes hayan sido de los morenistas Cristóbal Arias Covarrubias e Ifigenia Martínez, personaje cercana al presidente López Obrador. Las otras ausencias fueron del priista Carlos Aceves del Olmo, la petista Martha Celia Márquez y la emecista Gloria Elizabeth Núñez.
Ante esta situación el bloque opositor adelantó que promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de los próximos 30 días para que sea el Máximo Tribunal del país quien decida si las modificaciones a las cuatro leyes fueron planteadas respetando la Constitución y siguiendo todos los procedimientos legislativos.
En tanto, la iniciativa presidencial logró librar el último obstáculo que tenía para aprobar los cambios a la Ley de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Ejército y Fuerza Aérea y la Ley de Ascensos del Ejército y Fuerza Aérea, luego de que el pasado 3 de septiembre la Cámara de Diputados aprobara en ‘fast track’ esta misma reforma.
Si bien en la Cámara de Senadores no se le dio un trámite en ‘fast track’, pues en los hechos la minuta de dictamen pasó por las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, y por tres propuestas de moción suspensiva promovidas por el PAN, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural ante el Pleno, la reforma pasó sin problema y será remitida de vuelta al Ejecutivo Federal para que la promulgue.
Previo a la discusión de la reforma a la Guardia Nacional, un fuerte operativo de seguridad fue implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para proteger el recinto legislativo de Insurgentes y Reforma. Los uniformados esperaban una protesta convocada a las 8 de la mañana para clausurar el lugar; sin embargo, esta nunca se desarrolló.
La discusión del dictamen comenzó oficialmente a las 13:15 horas de la tarde, documento que fue expuesto con seis votos particulares de los legisladores de oposición Miguel Ángel Mancera, Claudia Ruiz Massieu, Manuel Añorve y Germán Martínez, quienes habían votado en contra del proyecto desde comisiones.
Al presentar el dictamen, la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, aprovechó la oportunidad para asegurar que la eventual aprobación de la reforma “no es un cheque en blanco para la Guardia Nacional y sus mandos estratégicos”, sino que se busca brindar una “fórmula equilibrada” de la participación del Ejército en las tareas de seguridad.
“Daremos un puntual seguimiento a su desempeño, significando que tienen que capacitarse en materia de prevención del delito, actividades policiales de proximidad y de primer respondiente. La Guardia Nacional no solo debe de dar rondines, sino que debe de cumplir con sus obligaciones constitucionales de prevenir, de investigar y de perseguir el delito”.
Mientras la senadora Sánchez Cordero presentaba la minuta de reforma, las senadoras Lilly Téllez, Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez, del PAN, levantaron unos carteles con declaraciones del presidente López Obrador, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el subsecretario Alejandro Encinas, entre otros funcionarios que en el pasado se pronunciaron en contra de la militarización de la seguridad pública del país.
Dentro de la exposición de los votos particulares, la senadora Ruiz Massieu fue una de las más contundentes en sus críticas al considerar que en todo el proceso existió una falta de calidad en el procedimiento, violaciones a la Constitución y una agresión en contra de la construcción del Estado.
“La militarización no es la respuesta. Lo digo claramente, aprobar este dictamen es un error y sé que la mayoría de ustedes lo sabe. Aprobar esta reforma es una voluntad inequívoca de cancelar la posibilidad de contar con un cuerpo de seguridad civil, de alcance nacional, que
Durante los tres días de debate en el Congreso de la Unión en torno a la esta reforma, diversos legisladores adelantaron que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar que la Guardia Nacional se mantenga bajo el control administrativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Entre los senadores que se pronunciaron al respecto estuvo el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, que aseguró que el bloque de contención promoverá la acción de inconstitucionalidad dentro de los próximos 30 días después de promulgada la reforma, que es el plazo legal para impugnar las cuatro modificaciones que se hicieron a las distintas leyes.
“No tengo duda de que se van a juntar los votos requeridos, al menos la tercera parte del Senado. Hemos acudido a la Suprema Corte en más de 30 ocasiones y en la gran mayoría hemos ganado, porque creen que por tener los votos pueden violar la Constitución”, dijo en entrevista con Animal Político.
Hasta el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación acumulaba sin resolver 10 acciones, amparos y controversias constitucionales promovidas en contra de leyes y acciones que el Gobierno ha publicado para ampliar el uso del Ejército en tareas de seguridad pública.
“Yo solo espero que la Suprema Corte resuelva ya los más de 10 asuntos pendientes que tiene en esta materia. Este será el número 11. Si hubieran resuelto antes en la Suprema Corte probablemente se hubiera detenido esta vorágine militarista”, dijo el senador, quien pronosticó que de igual forma la Cámara de Diputados y gobiernos municipales y estatales pueden impugnar esta reforma.
Mientras, en el debate de la reforma en lo general que se desarrollaba en el Pleno, el senador Germán Martínez arremetió contra la Corte, a la que reprochó que “no ha resuelto tres controversias constitucionales que delimitan el poder civil del poder militar”.
“Hay una controversia de la Cámara de Diputados y el señor Zaldívar la tiene en el cajón, hay una de Michoacán y el señor Zaldívar la tiene en el cajón, hay una de Colima y el señor Zaldívar que defiende más al presidente que a la Constitución la tiene en el cajón.
Durante la votación en lo general senadoras de Acción Nacional levantaron cárteles con la leyenda en letras mayúsculas “NOS VEMOS EN LA CORTE”.
Durante la votación de la reforma a la Guardia Nacional se desarrollaba, los líderes del PRI en la Cámara de Diputados y de Senadores, Rubén Moreira y Miguel Ángel Osorio Chong, se reunieron para abordar la iniciativa de reforma presentada por la diputada Yolanda de la Torre en la que propone que la permanencia del Ejército en las calles se extienda hasta el año 2022.
Previo al encuentro entre ambos funcionarios en la sala de reuniones del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Chong arremetió en contra de Alejandro Moreno, líder de su partido a nivel nacional.
“Desde hace varios meses se ha estado comentando que él no puede ya seguir en frente del partido y que en un acto de seriedad política debería de estar dejando la dirigencia, atender a los temas personales y dejar una nueva dirigencia que permita democratizar, descentralizar todas las decisiones que ahora están centralizadas y muchas otras cosas que hay que hacer en favor del partido”, dijo al reiterar que en caso de que aprueben la iniciativa en la Cámara de Diputados el grupo parlamentario del senado votará en contra.
Cuestionado por una reportera sobre sí el partido se encuentra ‘fracturado’ debido a las diferencias entre sus dirigentes, Chong se limitó a responder “No pues sí (está fracturado)”.
Antes de entrar a la reunión Rubén Moreira, en un encuentro con medios, aseguró que respalda totalmente al líder de su partido y justificó que la extensión del Ejército en las calles se hace con el único objetivo de cuidar a la gente.
“Es el líder de nuestro partido, él es el que dirige nuestras acciones. Y obviamente ha sido blanco de muchos ataques, pero él es nuestro dirigente y yo lo respaldo y los 32 Comités Estatales también. Oye, si no estamos subiendo el IVA, no estamos dejando pasar el Fobaproa, no estamos dando un gasolinazo, no, no, no. Estamos dándole una prórroga al Ejército de cuatro años para que cuide”.
sea fuerte y confiable”.
Continúa la búsqueda de cuatro menores que desaparecieron en Ecuador en confusas circunstancias. El país está conmocionado con la falta de respuestas en un incidente donde participó una patrulla militar.
Ismael, Josué, Saúl, y Steven salieron a jugar un partido de fútbol el 8 de diciembre y no regresaron a sus casas.
La desaparición de los menores de entre 11 y 15 años ha conmocionado al país ante la falta de información y la presunta participación de militares.
En los últimos días ha aumentado la presión sobre el gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para que entregue información sobre el caso, tras dos semanas de silencio.
Noboa dijo este lunes que es prematuro hablar de una “desaparición forzada”, como la familia de los jóvenes, organizaciones de derechos humanos y opositores están calificando el caso.
Mientras, la Asamblea Nacional llamó a comparecer al ministro de Defensa y a dos mandos de las Fuerzas Armadas para esclarecer lo ocurrido.
El mandatario dijo en una entrevista radial que sugirió a una comisión que los cuatro chicos “sean considerados como héroes nacionales”.
“No vamos a encubrir a nadie”, agregó, y señaló que se está analizando “en qué período hubo un operativo militar, en qué período desaparecieron”.
Este lunes hubo un plantón en las afueras de la Fiscalía de Guayaquil, en el que participaron decenas de personas que exigían conocer el paradero de los menores.
“¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!’, gritaban los manifestantes, que exigen saber “¿Dónde están los 4 de Guayaquil?”.
Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué, dos de los cuatro desaparecidos, expresó que estaban “totalmente devastados”.
Relató a la prensa local que había varios niños en la calle, cuando dos vehículos con personas vestidas de militares trataron de detenerlos. Los menores huyeron, pero cuatro de ellos fueron alcanzados por la patrulla, entre ellos, sus dos hijos.
Entre lágrimas, la madre de Ismael y Josué dijo que su instinto le decía que sus hijos están vivos y que tiene sus uniformes escolares planchados para que los niños vayan a la escuela tan pronto como regresen.
Durante el fin de semana el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, adjudicó la desaparición de los menores a “grupos delincuenciales”.
Quienes cuestionan a las Fuerzas Armadas buscan “hacerle el juego al crimen organizado” y “censurar a la institución”, puntualizó.
Sin embargo, este lunes, Loffredo reconoció que los menores fueron detenidos por una patrulla con 16 agentes que pasaban por el Mall del Sur.
Los militares “observan a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer”, explicó.
“Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprehenden a tres personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía que lo había cogido”, señaló el ministro en declaraciones a la radio City.
“Esta es lamentablemente la manera en que aprehenden a estos cuatro chicos”.
Loffredo confirmó que la patrulla militar que intervino tiene su base en Taura.
“Debe ser que camino a la base es cuando toman la decisión de dejar libres a estos niños”.
Organizaciones de derechos humanos exigen que el caso se investigue como desaparición forzada y que los militares involucrados en el hecho sean procesados penalmente.
Pero el presidente Noboa dijo que se necesitaba un “análisis técnico” antes de que el incidente pudiera calificarse de desaparición forzada.
La Fiscalía General de Ecuador, por su parte, abrió una investigación y señaló en su cuenta de la red social X que las indagaciones estarán a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza en Quito.
La agencia Associated Press informó que revisó las imágenes de cámaras de seguridad que muestran el momento en que dos menores son capturados por hombres vestidos con uniformes militares y subidos a una camioneta.
Ambos son puestos boca abajo en la camioneta y a uno de ellos, un militar le da un puñetazo en la cabeza, informó la agencia.
Estas imágenes, agregó, fueron entregadas a la Fiscalía, a la Unidad Antisecuestros de la Policía y a la Asamblea Nacional por la empresa pública municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil.
Uno de los padres de los menores le dijo a la prensa local que mientras esperaba que los chicos regresaran a casa, recibió una llamada de un hombre desconocido que le dijo que fuera a buscar a los niños en el camino que va hacia la localidad de Taura, una vía que comunica con una base militar.
El padre agregó que pidió hablar con su hijo y que este le dijo por teléfono: “Los militares nos cogieron, nos metieron palo, nos están acusando de un robo, nos dejaron botados. Por favor ven, sálvame”.
Tras alertar a las autoridades, los familiares dicen haber recibido una segunda llamada con la voz de un hombre que decía: “La mafia se los llevó“.
Ecuador vive en un estado permanente de militarización, luego que a comienzos de 2024, y en medio de una de las mayores crisis carcelarias que ha enfrentado el país, el gobierno de Noboa sacara a los militares a las calles para luchar contra el crimen organizado.
En aquel momento, el mandatario dijo que las Fuerzas Armadas tendrían la misión de apoyar las labores policiales para mantener el orden y la seguridad, y elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con lo que pasó a catalogar a las bandas como grupos “terroristas”.
Aunque el gobierno informa de una disminución del 17% en el número de homicidios a nivel nacional, las denuncias de extorsiones, secuestros y asesinatos por parte de las bandas criminales continúan.
Ecuador está entre los países con mayores tasas de homicidios per cápita en América Latina, en medio de una violencia que el gobierno atribuye a la acción de grupos criminales.
Noboa buscará la reelección en los comicios del 9 de febrero para gobernar el país por un período completo (2025-2029) tras haber ganado los comicios extraordinarios de 2023, después de la salida anticipada del expresidente Guillermo Lasso.
El país ya ha entrado en período de campaña electoral y en ese contexto, el caso de los cuatro menores desaparecidos podría convertirse en una piedra en el camino para las aspiraciones del mandatario, especialmente cuando las encuestas difundidas hasta ahora, arrojan que la contienda apunta a ser un nuevo cara a cara entre el actual presidente y la candidata presidencial del correísmo, Luisa González.
Como el tema de la seguridad es fundamental en la decisión de voto, Noboa ha tenido mucho cuidado en el manejo de la información del caso de los menores desaparecidos.
Pasadas dos semanas desde que fueron vistos por última vez, la presión ciudadana escaló en los medios de comunicación y las calles, exigiendo que se esclarezca la verdad de lo sucedido.
Sobre el caso, dijo Noboa: “No podemos caer en las provocaciones de la oposición que quiere llevarlo como si fuese un crimen de Estado”.
Y la oposición, por su lado, ha dejado entrever que el gobierno no ha hecho lo suficiente para que se conozca el paradero de los menores.
Están previstos nuevos plantones en Guayaquil durante esta semana para exigir mayores esfuerzos para el hallazgo de los niños.
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