Liberan a 13 de los 16 militares implicados en presunta ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo
Tres elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional de los 16 que presuntamente ejecutaron extrajudicialmente a cinco civiles armados en mayo de 2023 en Tamaulipas fueron liberados el miércoles, luego de que un Tribunal Militar les cambiara la prisión preventiva, que tenían como medida cautelar.
Entre los militares liberados está el teniente de Fuerzas Especiales, José Luis Nava Martínez, quien estuvo al mando del grupo que participó de los hechos difundidos en las redes sociales. Los tres abandonaron la prisión del Campo Militar 1-A, ubicada en la Ciudad de México.
Con esto suman 13 los elementos libres en el fuero militar, quedando recluidos solamente tres, señalados de disparar contra cinco civiles armados, supuestos miembros del Cártel del Noreste, ya rendidos, con los cuales previamente sostuvieron un enfrentamiento en Nuevo Laredo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió, el 7 de junio de 2023, que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutaron extrajudicialmente a cinco civiles armados.
Mientras que la Sedena afirmó, la noche del 6 de junio de 2023, que se encontraba colaborando con las investigaciones que la Fiscalía General de la República realizaba respecto al video captado por una cámara de seguridad, mismo que exhibió cómo, el 18 de mayo de ese mismo año, elementos del Ejército mexicano ejecutaron extrajudicialmente a cinco personas.
En noviembre de 2023, el juez Primero de Control de la Primera Región Militar revocó la vinculación a proceso que dictó contra 10 elementos de tropa. En aquel entonces, el juzgador castrense consideró que no se configuró el delito de desobediencia porque los soldados repelieron una agresión de los civiles armados.
Por otro lado, los tres militares liberados el 24 de enero tramitaron un amparo para llevar en libertad su proceso penal por el delito de desobediencia. Sin embargo, el Juez Militar ordenó la presentación periódica de los soldados, para la firma del libro de procesados, en los juzgados militares del Campo Militar 1-A.
No obstante que la Fiscalía de Justicia Militar impugnó la decisión del juzgador castrense, la misma fue ratificada por un Tribunal Militar, que ordenó la liberación de los tres militares que continúan activos en la Sedena.
De Noroeste
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Fiscales de Nueva York presentaron una acusación formal contra el sospechoso del asesinato del ejecutivo Brian Thompson, director de la aseguradora de salud UnitedHealthcare.
El sospechoso del asesinato del director de la empresa de seguros de salud estadounidense UnitedHealthcare fue acusado formalmente este martes de asesinato en primer grado, según informó el el fiscal del distrito de Nueva York.
Luigui Mangione se enfrenta a varios cargos, incluido el de asesinato en primer grado, y dos cargos de asesinato en segundo grado, uno de los cuales describe el mortal ataque contra el ejecutivo Brian Thompson como un acto de “terrorismo”, detalló el fiscal Alvin Bragg.
“La intención era sembrar terror”, señaló el fiscal, que calificó el tiroteo como un “asesinato aterrador, bien planificado y dirigido”.
Está previsto que Mangione comparezca ante el tribunal este jueves para decidir si se le traslada de Pensilvania a Nueva York por los cargos que se le imputan, aunque Bragg sugirió que el sospechoso podría no oponerse a ello.
“Tenemos indicios de que el acusado podría renunciar a esa audiencia”, dijo Bragg.
El procedimiento de traslado está previsto para el mismo día que la audiencia preliminar de Mangione por cargos relacionados con armas de fuego en Pensilvania.
Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado a tiros el pasado 4 de diciembre fuera del hotel Hilton de Manhattan, donde UnitedHealthcare, el gigante de seguros médicos que él dirigía, estaba celebrando una reunión de inversionistas.
Mangione fue detenido en un restaurante McDonald’s de Altoona (Pensilvania) cinco días después. Portaba un documento de identidad falso y una “pistola fantasma”, como se conoce a las armas ensambladas a partir de piezas imposibles de rastrear.
La acusación
En una rueda de prensa celebrada el martes por la tarde, tanto Bragg como Jessica Tisch, comisaria del Departamento de Policía de Nueva York, hablaron sobre los cargos presentados.
Además de la muerte de Thompson, el sospechoso también se enfrenta a acusaciones por posesión de armas y falsificación. Si es declarado culpable de los cargos más graves, Mangione podría enfrentarse a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Al ser preguntado por los cargos concretos de terrorismo, Bragg respondió que “en sus términos más básicos, se trató de un asesinato que pretendía evocar el terror“.
También arremetieron contra quienes han elogiado a Mangione por su tiroteo del 4 de diciembre: “En las casi dos semanas transcurridas desde el asesinato del señor Thompson, hemos sido testigos de una espantosa y atroz celebración de un asesinato a sangre fría”, declaró Tisch.
“No celebramos los asesinatos y no enaltecemos el asesinato de nadie”, señaló.
Los fiscales neoyorquinos comenzaron la semana pasada a mostrar a un jurado las pruebas de su caso contra Mangione.
En caso de darse la extradición entre estados, es probable que el joven de 26 años sea recluido en Riker’s Island o en otra prisión de Nueva York.
Las pruebas contra Mangione incluyen los rastros de sus huellas dactilares en la escena del crimen, dijo Tisch.
El abogado de Mangione, Thomas Dickey, aseguró que no ha visto pruebas que vinculen el arma de su cliente con el crimen.
Su rastro
Según el fiscal Bragg, el sospechoso llegó a Nueva York el 24 de noviembre y se alojó en un hostal de Manhattan utilizando un documento de identidad falso antes de llevar a cabo el ataque contra Thompson 10 días después.
Además de la “pistola fantasma” y el documento de identidad falso, cuando fue detenido se le encontraron un pasaporte y un documento manuscrito en el que se indicaba la “motivación y premeditación”, según la policía.
Mangione fue acusado formalmente en Pensilvania de falsificación, porte de armas de fuego sin licencia, alteración de registros o documentos de identidad, posesión de instrumentos delictivos y entrega de una identificación falsa a la policía.
Mientras espera su destino, permanece en régimen de máxima seguridad en la Correccional Estatal de Huntingdon, en Pensilvania.
Se le ha denegado la libertad bajo fianza.
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