Militares detenidos por caso Ayotzinapa denuncian fabricación de pruebas y piden salida de Encinas
Los abogados defensores de los cuatro militares detenidos por el caso Ayotzinapa informaron que este 8 de noviembre presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quienes resulten responsables en la fabricación de pruebas que fueron presentadas en su contra.
En conferencia de prensa, los abogados Alejandro Robledo Carretero y César Omar González Hernández señalaron que si bien será el Ministerio Público quien deberá establecer quienes serán los responsables, insistieron en que el subsecretario Alejandro Encinas presentó un informe con 467 “pruebas falsas”, por lo que solicitaron su renuncia.
“En su intento por obtener resultados rápidos y visibles, el subsecretario Encinas hizo a un lado a sus colaboradores presentando a sus espaldas un informe falto de rigor, elaborado con evidencia cuestionable por no decir abiertamente falsificada y puso en peligro el futuro de la investigación y las esperanzas de los familiares de los estudiantes y la confianza de la sociedad”, dijo el abogado César González.
Se trata de una denuncia presentada por el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirota Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, quienes desde septiembre pasado se encuentra en una cárcel militar por su presunta responsabilidad en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Desde entonces los abogados defienden a Rodríguez Pérez –acusado de delincuencia organizada por su presunta relación con el grupo conocido Guerreros Unidos–, así como del capitán Martínez Crespo, del subteniente Pirita Ochoa; y del sargento Mota Esquivel, quienes además son relacionados son los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Este martes, al iniciar la conferencia reiteraron la inocencia de los detenidos al considerar que al día de hoy “no hay elementos de prueba que justifiquen el actuar de Comisión de la Verdad ni de la Fiscalía Especial para el Caso. Para decirlo claro: se ha fabricado su participación con elementos de prueba falsos”.
“Es momento de poner fin a esta larga cadena de impunidad, encubrimientos y oportunismo político, consecuentemente consideramos indispensable, así como el entonces fiscal encargado de las investigaciones del caso, Omar Gómez Trejo, se separó del cargo recientemente, el subsecretario Encinas debería hacer lo mismo, ya que además de tener un claro conflicto de interés su permanencia en el cargo de la Comisión solo puede ir en detrimento de la verdad y de la justicia. Su conducta ha viciado el proceso, quizás de manera irreparable y cada día que permanezca al frente de la comisión seguirá destruyendo la confianza de los familiares de las víctimas y de la sociedad”, concluyeron.
El abogado González Hernández ya había solicitado la separación del cargo de Encinas, asegurando que hubo manipulación y alteración de pruebas.
De acuerdo The New York Times, el subsecretario Encinas reconoció que “un porcentaje importante” de pruebas de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, está invalidado.
Uno de los elementos cuestionados lo representan los mensajes de WhatsApp que se integraron a la investigación, algunos de los cuales han sido presentados como clave para atar cabos sueltos sobre lo que sucedió a los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
Sin embargo, el subsecretario de Derechos Humanos, y cabeza de la Comisión de la Verdad, rechazó que haya descalificado la investigación sobre el caso Ayotzinapa.
Afirmó que por la investigación se han enfrentado a “inercias y resistencias del antiguo régimen”, filtraciones, descalificaciones, amedrentamiento, solicitudes de amparo y espionaje.
Sin embargo, afirmó que no dará marcha atrás en la investigación. “Yo fui el primer sorprendido, que autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así”, dijo.
Militares acusados por caso Ayotzinapa
El 26 de agosto pasado, el Gobierno Federal, a través del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, atribuyó al general Rodríguez Pérez la orden de asesinar y desaparecer a seis de los 43 normalistas, caso por el cual aseguró días después que se libraron cuatro órdenes de aprehensión contra militares involucrados.
El 21 de septiembre, un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del general José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería, procesado por el delito de delincuencia organizada, ilícito relacionado a su presunta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos que ha sido relacionado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La determinación de Enrique Beltrán Sánchez, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, también alcanzó al capitán José Martínez Crespo -que ya había sido detenido en noviembre pasado- y el sargento Eduardo Mota Esquivel, señalados por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
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Las medidas tienen por objeto aumentar el control israelí sobre la Cisjordania ocupada en materia de derecho inmobiliario, planificación, concesión de licencias y aplicación de la ley.
Los palestinos, varios países árabes, grupos israelíes contra la ocupación y Reino Unido han criticado las nuevas medidas aprobadas por el gabinete de seguridad de Israel para la Cisjordania ocupada, diciendo que equivalen a una anexión de facto.
El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, anunció las medidas que facilitarían a los colonos judíos la toma de control de tierras palestinas. “Seguiremos destruyendo la idea de un Estado palestino”, afirmó.
Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania se consideran ilegales según el derecho internacional.
Las medidas, que se espera que sean aprobadas por el máximo comandante militar israelí en Cisjordania, tienen por objeto aumentar el control de Israel sobre el territorio en materia de derecho inmobiliario, planificación, concesión de licencias y aplicación de la ley.
El anuncio se produjo pocos días antes de la reunión prevista este miércoles entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington.
Los asentamientos en Cisjordania se expandieron el año pasado a su ritmo más rápido desde que se inició el seguimiento, según denunció la ONU.
Entre las nuevas medidas israelíes se encuentra la anulación de una prohibición vigente desde hace décadas sobre la venta directa de terrenos en Cisjordania a judíos, así como la desclasificación de los registros catastrales locales. Hasta ahora, los colonos solo podían comprar viviendas a empresas registradas en terrenos controlados por el gobierno de Israel.
Los ministros israelíes presentaron el cambio como “una medida que aumentará la transparencia y facilitará la redención de tierras”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó posteriormente que se trataba de corregir una “distorsión racista” que “discriminaba a los judíos, estadounidenses, europeos y cualquier persona que no fuera árabe en lo que respecta a la compra de bienes inmuebles en Judea y Samaria”.
El gabinete también decidió derogar el requisito legal que exigía la obtención de un permiso de transacción para completar cualquier compra de bienes inmuebles, reduciendo así la supervisión destinada a prevenir el fraude.
La preocupación de los palestinos y del mundo árabe
Los palestinos temen que estas medidas aumenten la presión entre los habitantes de Cisjordania para que vendan sus tierras, y que se produzcan actos de falsificación y engaño.
El presidente palestino, Mahmud Abás, que lidera la Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de Cisjordania, calificó las medidas de “peligrosas” y de “intento abierto de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas, incluso en zonas bajo soberanía palestina”.
Pidió a Estados Unidos y al Consejo de Seguridad de la ONU que intervinieran de inmediato.
La ONG israelí Peace Now afirmó que la decisión del gabinete ponía en peligro la Autoridad Palestina e implicaba la cancelación de acuerdos y la imposición de una anexión de facto.
Acusó al gobierno israelí de “romper todas las barreras posibles en el camino hacia el robo masivo de tierras en Cisjordania”.
Reino Unido se sumó a las críticas condenando “enérgicamente” la medida y pidió a Israel que revocara la decisión, afirmando que “cualquier intento unilateral de alterar la composición geográfica o demográfica de Palestina es totalmente inaceptable y sería incompatible con el derecho internacional”.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Qatar calificaron el anuncio como “una aceleración de los intentos de anexión ilegal y desplazamiento del pueblo palestino”.
En su declaración “advirtieron contra las continuas políticas expansionistas y las medidas ilegales aplicadas por el gobierno israelí en la Cisjordania ocupada, que alimentan la violencia y el conflicto en la región”.
Los derechos sobre la tierra se encuentran en el centro del conflicto entre Israel y Palestina, y la venta de terrenos a colonos es un negocio turbio en el que a menudo intervienen intermediarios.
La Autoridad Palestina lo considera traición y, por lo tanto, técnicamente se castiga con la pena de muerte, aunque a los condenados se les suele imponer penas de cárcel.
La expansión de los asentamientos
Otras medidas controvertidas anunciadas por Smotrich, responsable ministerial de las políticas de asentamientos, y por el ministro de Defensa, Israel Katz, incluyen la transferencia de la concesión de licencias de construcción exclusivamente a las autoridades israelíes en la Tumba de los Patriarcas y sus alrededores, un importante lugar religioso.
Conocida con este nombre por los judíos y como Mezquita de Ibrahim por los musulmanes, este lugar situado en el corazón de la volátil ciudad palestina de Hebrón es venerado por judíos, musulmanes y cristianos como el lugar de enterramiento de Abraham, Isaac y Jacob. Es el segundo lugar más sagrado del judaísmo y el cuarto del islam.
Las nuevas medidas también otorgan a los organismos israelíes poderes de supervisión y ejecución en materia medioambiental y arqueológica en las zonas administradas por la Autoridad Palestina.
Además, se reactivaría un comité para permitir al Estado de Israel realizar compras “proactivas” de terrenos en Cisjordania, lo que se presenta como “una medida destinada a garantizar reservas de terreno para los asentamientos de las generaciones venideras”.
A raíz de los históricos Acuerdos de Oslo de 1993, la recién creada Autoridad Palestina recibió el control total sobre las zonas urbanas palestinas —aproximadamente el 20% del territorio— conocidas como Zona A.
En la Zona B, con un porcentaje similar, la Autoridad Palestina solo tenía control administrativo, mientras que Israel mantenía el control sobre la seguridad.
Israel conservaba el control total sobre la seguridad y la administración del 60% de Cisjordania, donde se encuentran los asentamientos, conocida como Zona C.
Más de 700.000 colonos israelíes viven en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este (que Israel se ha anexionado), territorios capturados por Israel a Jordania en la Guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos reclaman esas tierras para su futuro Estado independiente, junto con la Franja de Gaza.
La Administración Trump ha descartado la anexión israelí de Cisjordania, pero no ha intentado frenar la acelerada construcción de asentamientos por parte de Israel.
En respuesta a la última medida, un funcionario de la Casa Blanca reiteró la oposición de Estados Unidos a la anexión, afirmando que “una Cisjordania estable mantiene la seguridad de Israel y está en consonancia con el objetivo de esta administración de lograr la paz en la región”.
Smotrich, un colono que dirige un partido a favor de los asentamientos, ha prometido duplicar la población de colonos en Cisjordania.
En diciembre, el gabinete de Israel aprobó una propuesta para construir 19 nuevos asentamientos. Israel también se está preparando para iniciar la construcción de un polémico proyecto de asentamientos cerca de Jerusalén, conocido como E1, que dividiría efectivamente el norte y el sur de Cisjordania.
Según la ONU, solo en 2025 se desplazó a más de 37.000 palestinos, una cifra récord, en un año en el que, según la organización, también se registraron niveles sin precedentes de violencia por parte de los colonos israelíes.
La coalición gobernante de Netanyahu incluye a muchos miembros favorables a los colonos que quieren que Israel se anexione Cisjordania, con la que afirman tener vínculos religiosos e históricos.
El primer ministro, que se enfrenta a unas elecciones a finales de este año, ha declarado que nunca aceptará la creación de un Estado palestino, ya que, según él, supondría una amenaza para la seguridad de su país.
En 2024, la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, emitió un dictamen consultivo no vinculante en el que afirmaba que la ocupación israelí de los territorios palestinos era ilegal y debía terminar.
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