En 2022, en México se cometieron 32 mil 223 homicidios dolosos, de acuerdo con las cifras preliminares dadas a conocer la mañana de este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La cifra del Inegi, considerada la más precisa y basada en certificados y actas de defunción, es 9.7% menor a la de 2021, cuando fueron 35 mil 700 asesinatos.
La cifra de 32 mil 223 homicidios dolosos en 2022 aún es preliminar, puesto que aún hay procesos de generación de información en marcha. La estadística definitiva se dará a conocer a finales de este año.
Del total registrado, 27 mil 839 víctimas fueron hombres, 3 mil 800 fueron mujeres y en 584 casos no se especificó el género de la persona.
El 67.6% de los homicidios se cometió con arma de fuego, el 9.7% con arma punzocortante y el 7.4% por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, señala el Inegi.
Los 32 mil 223 homicidios, que a nivel nacional representan una tasa de 25 asesinatos por cada 100 mil habitantes, son el número más bajo en lo que va del sexenio, aunque indican que la violencia se mantiene en niveles elevados —con un promedio de 88.28 crímenes de este tipo al día— y superiores a los del inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” que comenzó en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
En tanto, la estadística es 4% superior a la previamente reportada para 2022 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que era de 30 mil 973 asesinatos. Este último número se basa únicamente en las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías generales de justicia de todo el país.
Una revisión muestra que la estadística del Inegi históricamente es mayor a la del SESNSP.
En 2019, por ejemplo, durante el primer año de gobierno completo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el SESNSP reportó 34 mil 721 homicidios, en tanto que el Inegi finalmente señaló que fueron 36 mil 661.
La siguiente tabla muestra el comparativo desde 2018 hasta la fecha.
El presidente López Obrador reconoce que reducir la incidencia de hechos violentos es uno de los pendientes de su administración, que terminará el 30 de septiembre de 2024. Sin embargo, sostiene que su estrategia está dando resultados.
Desde el inicio del sexenio el 1 de diciembre de 2018, López Obrador ha dicho que su objetivo es atacar de raíz las causas sociales de la delincuencia, a través de la entrega de apoyos sociales y de oportunidades de educación o empleo a sectores marginados de la población.
Frente a esas afirmaciones, sin embargo, las estadísticas muestran que los programas sociales no han tenido todos los efectos deseados.
Una investigación de Animal Político documenta que, pese a que el gobierno federal ha invertido miles de millones de pesos en su programa Jóvenes Construyendo el Futuro —diseñado para que las personas beneficiarias tengan capacitación y un empleo temporal en las empresas participantes—, los homicidios, las desapariciones y las detenciones de personas de cero a 29 años han aumentado en los últimos años.
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La pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó este miércoles una amplia reforma de la Constitución de su país que le otorgaría a él y a su esposa, Rosario Murillo, el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado.
El ejecutivo de Ortega presentó la propuesta de “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas” a la Asamblea Nacional para que la tramite con carácter urgente, informaron medios locales y agencias.
Con la reforma, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país, pasaría a ser “copresidenta”, una nueva figura que se incorpora a la carta magna.
Según la reforma, la pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución reconocía como independientes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, adelantó que la ley será aprobada en los próximos días, previsiblemente este mismo viernes.
La reforma afectará a más de 100 artículos de la actual Constitución que el gobierno de Ortega ya ha enmendado en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.
Otra de las enmiendas propuestas permitirá cesar de su cargo a los funcionarios públicos que disientan de los “principios fundamentales” del régimen, una práctica que ya se venía dando de forma no oficial, según denuncian organizaciones.
La reforma también limitará aún más la libertad de expresión a cuando esta “no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución”.
Además, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega que gobierna el país, se oficializa como símbolo patrio junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.
Se espera que la reforma constitucional tenga el visto bueno de la Asamblea Nacional, donde 75 de los 91 diputados son del FSLN y el resto no suelen oponerse a las iniciativas que allí se presentan.
Ortega, de 79 años, eliminó los límites que la Constitución establecía para el mandato de un presidente, lo que le ha permitido renovar su cargo varias veces desde 2007 en procesos electorales considerados fraudulentos por varios países y organizaciones internacionales.
Su esposa, Rosario Murillo, gobierna junto a él como vicepresidenta de Nicaragua desde el año 2017.
Ambos renovaron sus cargos tras las elecciones de 2021, que se celebraron con los principales candidatos de la oposición suspendidos y encarcelados, y fueron consideradas un fraude por gran parte de occidente y organizaciones internacionales.
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