“El Mayo” Zambada podría declararse culpable en EU para evitar pena de muerte, dice su abogado
Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, exlíder del Cártel de Sinaloa, estaría dispuesto a declararse culpable mediante un acuerdo con fiscales de Estados Unidos, si éste lo eximiera de enfrentarse a la pena de muerte, dijo el abogado Frank Pérez, a la agencia británica Reuters.
“El señor Zambada no quiere ir a juicio y está dispuesto a aceptar la responsabilidad de un cargo que no implica la pena de muerte”, dijo el litigante. “Un portavoz de la oficina del fiscal federal en Brooklyn, que presentó los cargos, se negó a hacer comentarios”, señaló Reuters.
El juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, determinó, el 15 de enero de 2025, que Frank Pérez se quedaría como abogado del capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, que el caso era susceptible de pena de muerte y que existía la posible negociación de un acuerdo para que se evitara un juicio.
Pena de muerte a “El Mayo” si participó en delitos federales graves
El cofundador del Cártel de Sinaloa podría afrontar la pena de muerte, a pesar de que fue abolida en el estado de Nueva York, en 2004, si el Gobierno de EU consideraba que, por su participación en dicha organización delictiva trasnacional, clave en la crisis de sobredosis por fentanilo en Estados Unidos, incurrió en delitos federales graves, como asesinatos masivos o crímenes por terrorismo.
Asimismo, Pérez seguiría al frente de la defensa de “El Mayo”, a pesar del conflicto de interés que representaba, al ser también abogado de Jesús Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, hijo del capo sinaloense, quien también era testigo colaborador del Gobierno de EE. UU. y potencial testigo en caso de un juicio en contra de su padre.
“Entiendo que mi abogado Frank Pérez me representa a mí y a mi hijo Vicente en el caso presentado en Estados Unidos […] no quiero tener un abogado diferente. Quiero que Frank Pérez me represente”, dijo Zambada García, en español, al juez Cogan, durante la audiencia llevada a cabo en sala 10-A Sur, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, quien convocó a las partes dentro de 90 días, a las 09:30 horas del 22 de abril de 2025 (tiempo local).
“El Mayo” permanecía preso en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés). El 25 de julio de 2024 fue supuestamente privado de la libertad por Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno” -de 38 años de edad-, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
“El Mayo” es acusado de 17 delitos
Zambada García estaba acusado en EU de 17 delitos, entre ellos, tráfico de fentanilo, metanfetaminas, mariguana, heroína, cargos por narcotráfico a gran escala. También de conspiración para cometer homicidios y dirección de una organización criminal.
La acusación contra Zambada García en Nueva York fue actualizada en febrero de 2024 y abarcaba un total de 17 cargos por narcotráfico a gran escala, de más de 250 toneladas de cocaína, exportada por cárteles colombianos como el del Valle Norte, el Cártel de Luis Caicedo “Don Lucho” y el de la familia Cifuentes Villa.
Además, el capo sinaloense estaba acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, de tráfico de fentanilo, metanfetaminas, mariguana, heroína, conspiración para cometer homicidios y dirección de una organización criminal, comenzando en 1989 hasta enero de 2024.
Defensa alega que detención de “El Mayo” era secuestro
El mismo día, Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada García en México, dijo que la detención de “El Mayo” se trataba de un secuestro transfronterizo y su defensa legal exigía su repatriación a México desde Estados Unidos
El litigante explicó en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, que desde principios de la década de los 90 del Siglo XX, México y Estados Unidos firmaron el Tratado para Prohibir los Secuestros Transfronterizos, por lo que había pedido al Gobierno mexicano intervenir.
“Se toca el caso, casi hecho a la medida, del señor Ismael Zambada, porque una de las fracciones que maneja este tratado es que un particular no puede extraer por medio de la coerción o la fuerza, del territorio nacional de cualquiera de los Estados firmantes, a un individuo y ponerlo a disposición de la jurisdicción de otro país”, enfatizó el abogado.
Delgado González explicó que aún no tenían una respuesta oficial a la carta donde Zambada García pidió al Gobierno de México ser extraditado y juzgado en territorio mexicano, sin embargo, dijo que, de no obtener una contestación en un tiempo “razonable”, interpondrían un amparo para obligar a las autoridades a responder, ya que, según aseguró, se trataba de un derecho de “El Mayo” y concernía a la propia soberanía del país.
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“Hablamos de un caso emblemático, de una persona que presuntamente es solicitada en ambos países por haber participado en la comisión de delitos, sin embargo, creo que esto atañe a más allá de una persona, a todos nosotros como mexicanos porque hablamos de un tema de soberanía, independencia y no intervencionismo”, sostuvo el litigante.
El abogado indicó que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos establecía que un Estado debería solicitar a otro la extradición de una persona en caso de ser acusada de un delito y cuando pudiera sancionarse el ilícito con pena de muerte, asegurar que esta no sería incluida en la condena o que no fuera aplicada, ya que, además, la pena de muerte estaba prohibida en el Artículo 22 de la Constitución mexicana.
“Existe una obligación por parte del Estado mexicano de solicitar al gobierno americano un compromiso redactado por el Poder Judicial de aquel país, que conforme a la Convención de Viena para relaciones diplomáticas es el único Poder que puede garantizar de manera suficiente que no se aplicaría esa pena de muerte”, insistió Delgado González.
Esta nota se publicó originalmente en Noroeste
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En 2024, el 51 % de todas las muertes relacionadas con el terrorismo se produjeron en el Sahel, según el Índice Global del Terrorismo.
La región africana del Sahel se ha convertido en el “epicentro del terrorismo mundial” y, por primera vez, es responsable de “más de la mitad de todas las muertes relacionadas con el terrorismo”.
Así lo expone el Índice Global de Terrorismo (GTI), que en su informe más reciente señala que, en 2024, “el 51% de todas las muertes relacionadas con el terrorismo” se produjeron en el Sahel, es decir, 3.885 de un total mundial de 7.555.
El informe del GTI añade que, si bien la cifra mundial ha disminuido desde un máximo de 11.000 en 2015, la cifra correspondiente al Sahel se ha multiplicado casi por diez desde 2019, ya que los grupos extremistas e insurgentes “siguen desplazando su objetivo” hacia la región.
El índice lo publica el Instituto para la Economía y la Paz, un think tank dedicado a investigar la paz y los conflictos mundiales.
Define el terrorismo como la “amenaza o el uso real de la fuerza ilegal y la violencia por parte de un actor no estatal para alcanzar un objetivo político, económico, religioso o social a través del miedo, la coacción o la intimidación”.
La región del Sahel
Situado justo al sur del desierto del Sahara, el Sahel se extiende desde la costa occidental de África hacia el este, a lo largo de todo el continente. La definición de la GTI de la región incluye partes de 10 países: Burkina Faso, Mali, Níger, Camerún, Guinea, Gambia, Senegal, Nigeria, Chad y Mauritania.
El Sahel tiene una de las tasas de natalidad más altas del mundo, y casi dos tercios de la población tiene menos de 25 años.
A diferencia de Occidente, donde “el terrorismo de actor solitario va en aumento”, el Sahel ha sido testigo de la rápida expansión de grupos yihadistas militantes, según el informe.
La mayoría de los atentados fueron perpetrados por dos organizaciones: la filial del grupo Estado Islámico en el Sahel y Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimeen (JNIM, por sus siglas en inglés, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes), una rama de al Qaeda.
“Intentan introducir nuevos ordenamientos jurídicos”, explica Niagalé Bagayoko, presidente de la Red Africana del Sector de la Seguridad. “Intentan administrar sobre todo justicia basándose en la sharia”.
Y en el proceso, dice, “compiten entre sí” por la tierra y la influencia.
El “cinturón golpista”
El Estado Islámico del Sahel habría duplicado el territorio que controla en Mali desde los golpes de Estado de 2020 y 2021, principalmente en el este del país, cerca de las fronteras con Burkina Faso y Níger, al tiempo que el JNIM ha seguido ampliando su alcance, según un grupo de expertos de la ONU sobre Mali.
El informe del GTI señala que ambos grupos han reclutado más combatientes, entre ellos niños soldados en el caso del EI.
“En algunos casos, la gente suele estar en una situación en la que no tienen elección cuando deciden unirse a un grupo militante”, afirma Beverly Ochieng, analista especializada en África francófona de Control Risks, una consultora de riesgos geopolíticos. “Son comunidades muy vulnerables”.
El informe del GTI explica cómo la inestabilidad política y la precariedad del gobierno están creando las condiciones ideales para que proliferen los grupos insurgentes, y señala la guerra como “el principal motor del terrorismo”.
A veces se hace referencia al Sahel como el “cinturón golpista” de África.
Desde 2020 se han producido seis golpes de Estado con éxito en la región: dos en Mali, dos en Burkina Faso, uno en Guinea y uno en Níger. Todos estos países están ahora gobernados por juntas militares.
“El Sahel ha experimentado un desmoronamiento de la sociedad civil”, apunta Folahanmi Aina, experto en la región de la Universidad SOAS de Londres.
“Ha sido el resultado de años de abandono por parte de los líderes políticos, que no han priorizado la gestión pública centrada en las personas, lo que ha agravado los problemas locales y ha dado lugar a que los grupos terroristas traten de aprovecharse de ellos”.
Se ha tenido la impresión de que los gobiernos civiles eran incapaces de combatir las amenazas a la seguridad de los grupos insurgentes, “pero a pesar de que estas juntas han asumido el poder, no han mejorado necesariamente la percepción sobre el terreno y, de hecho, la inseguridad ha empeorado”, sostiene Aina.
“Las juntas no están profesionalmente preparadas para hacer frente al rigor de la gestión pública”.
De hecho, en 2024, Burkina Faso “seguía siendo el país más afectado por el terrorismo por segundo año consecutivo”, según la GTI.
En los 14 años transcurridos desde el inicio del informe, es el único país que encabeza la lista que no es Irak o Afganistán.
Actividad criminal
Los grupos yihadistas sostienen sus operaciones en el Sahel con diversas actividades económicas ilícitas, como el secuestro para exigir rescates y el robo de ganado, según el informe del GTI.
El Sahel se ha convertido también en una ruta clave para los narcotraficantes que llevan cocaína de Sudamérica a Europa, y el informe señala que “el narcotráfico representa una de las actividades ilícitas más lucrativas vinculadas al terrorismo en el Sahel”.
Sin embargo, señala que algunos grupos evitan participar directamente en el crimen organizado y prefieren “ganar dinero imponiendo impuestos o proporcionando seguridad y protección a cambio de un pago”.
“Este modelo no sólo genera ingresos, sino que también ayuda a estos grupos a integrarse en las comunidades locales, reforzando su influencia”, prosigue el informe.
Los grupos insurgentes también compiten por el control de los ricos recursos naturales del Sahel.
Níger es el séptimo productor mundial de uranio, y las minas de oro no reguladas y de tipo artesanal que se encuentran por toda la región suelen ser aprovechadas por grupos como Estado Islámico en el Sahel y JNIM.
Tras la reciente oleada de golpes de Estado, los gobiernos del Sahel se han alejado de sus aliados occidentales, como Francia y Estados Unidos, y se han acercado a China y Rusia en busca de apoyo para hacer frente a los militantes.
“En estos momentos, Rusia está asumiendo un control más firme sobre los paramilitares rusos de la región, conocidos como Africa Corps (antes Wagner)”, explica Ochieng.
“Su labor es entrenar y apoyar a los ejércitos locales para que puedan contrarrestar la insurgencia en la región, pero hasta ahora no han sido eficaces”.
En consecuencia, el informe del GTI advierte del riesgo de que el llamado “epicentro del terror” se extienda a los países vecinos.
En Togo se registraron 10 atentados y 52 muertes en 2024, el mayor número desde que se empezó a elaborar el índice. Estos atentados se concentraron principalmente a lo largo de la frontera del país con Burkina Faso.
Ochieng coincide con esta valoración y afirma que “la expansión de grupos militantes dentro de la región en países como Benín o Togo u otros estados costeros de África Occidental parece inminente”.
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