Por hacer una llamada de auxilio a un policía, que tiempo después fue relacionado con una presunta banda de secuestradores, Jorge Raúl Tirado Ambriz, comerciante y padre de familia, lleva casi cinco años en la cárcel por un delito presumiblemente fabricado por autoridades de la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR).

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO, entonces a cargo de Gualberto Ramírez Gutiérrez, detenido en junio de 2023 por estar presuntamente involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, comenzó la fabricación del caso en contra de Jorge Raúl, quien desde el 12 de enero de 2021 está en prisión, procesado en tres carpetas de investigación por un delito que asegura él no cometió.

Desde el penal de Neza Bordo, Jorge Raúl pide a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las autoridades del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) voltear a ver su caso y el de cientos de personas inocentes que están en prisión porque, como a él, las autoridades les han fabricado carpetas de investigación para mantenerlos en prisión desde hace años, ahora bajo la figura de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Para Jorge Raúl todo comenzó en marzo de 2017, cuando su mamá y una de sus hermanas le avisaron que habían sufrido un accidente con su coche sobre la avenida Riva Palacio y Sexta Avenida, en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Jorge Raúl se encontraba cerca del lugar debido a que en ese momento trabajaba como tesorero del Mercado Aureliano Ramos, en la colonia El Sol, a escasos ocho minutos en carro. A pesar de la cercanía, decidió marcar al policía de nombre Benjamín que cuidaba su cuadrante y que días antes les había compartido su número como parte de su labor como “policía de proximidad”, el mismo número que a veces los policías llevan por escrito en sus patrullas.

— Oye ¿qué crees? que acaban de chocar con mi mamá y mi hermana —le dijo Jorge Raúl al policía en busca de ayuda.

—La blanca —le respondió Jorge Raúl.

—Ah, ok. Sí, ya voy al lugar del accidente, jefe —le dijo el policía antes de colgar.

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Hasta ese momento ni Jorge Raúl ni su familia imaginaban que, por esa llamada, por ese “jefe” que le dijo espontáneamente el policía muy en el argot judicial y por ese breve intercambio de palabras años después la máxima autoridad de procuración de justicia del país lo acusaría de ser el supuesto líder de una banda de secuestradores.

“Pero así empezó todo, por una llamada que hice como todo ciudadano para pedir auxilio. Ese fue mi delito: actuar como un familiar, como un ciudadano. Cuando (ves a) un familiar o alguien pidiendo un auxilio tú pides apoyo, una llamada a la policía, pero entonces ya no sabes cómo vas a actuar. ¿O qué?, ¿ves un accidente y mejor te volteas? ¿Por qué?, ¿por el temor de que dices ‘si hago una llamada, algo me puede suceder’?”.

El día de la detención

Transcurrieron semanas sin que la familia de Jorge Raúl sospechara nada. Algunos vecinos les decían que veían a sujetos desconocidos que pasaban y tomaban fotos a su casa, a su camioneta, pero solo llegaron a pensar, con ese temor tan normalizado en el país dado el contexto de inseguridad que se vive desde hace años, que querían robar su casa o su camioneta.

En enero de 2020 inició la pandemia por el Covid-19, que cobró la vida de miles de personas a nivel mundial, razón por la cual muchos comercios cerraron debido a la baja afluencia de clientes. Jorge Raúl también comenzó a vender termómetros por Facebook, un recurso muy apreciado en aquella época.

Precisamente, a través de redes sociales, unos supuestos enfermeros —que más tarde se enteraría que realmente eran policías encubiertos— comenzaron a citar a Jorge Raúl en diversos lugares para comprarle sus termómetros.

Hasta que el 12 de enero de 2021 le mandaron un mensaje para pedirle más termómetros. “Yo les respondí hasta contento ¿no?, porque iba a ser una venta de tres”, señala.

—Claro, ¿a dónde te los llevo? —les preguntó Jorge, quien generalmente se los llevaba hasta su domicilio.

—No, no, no, no, no. Aquí nos vemos, en el Elektra que está entre la Calle 22 y 23, sobre la avenida Aureliano Ramos —le dijeron.

“Eran las nueve, nueve y media, cuando llegué a entregar los termómetros, (pero) al momento de estacionarme —me había quedado mal estacionado y dije ‘me voy a estacionar bien’— llegaron dos camionetas Mitsubishi blancas, con tres personas en cada una de ellas. Se bajan seis personas con armas largas. Te voy a ser sincero, yo pensé que era un secuestro. Cuando (vi que) se bajaron con armas largas, apuntándome, dije ‘ya, ya, es un secuestro’”.

Algunos de los hombres armados bajaron de su camioneta a Jorge Raúl. Mientras uno se metió a revisarla, a él dentro de una de las Mitsubishi le mostraron una orden de aprehensión emitida en su contra.

“Tienes una orden de aprehensión por el delito de secuestro”, le dijo uno de los agentes.

Sin esperar a llegar a una agencia del Ministerio Público o presentarlo ante un juez, como lo marca la ley, los agentes le mostraron dos fotografías, preguntándole si conocía a los hombres de las imágenes.

—No, nunca los he visto en mi vida —les respondió en medio de la adrenalina.

Después, los agentes le mencionaron un nombre que él escuchó sin percatarse de que se trataba del policía estatal al que tres años antes le había hecho aquella llamada de auxilio para su familia.

—¿No los conoces? No te preocupes, ahorita los vas a conocer —le respondieron en un tono burlón.

Uno de los policías intentó arrancar la camioneta de Jorge Raúl, pero no pudo, porque tenía un problema en el switch. Además, debido a que era martes, día de tianguis, se comenzó a juntar la gente, por lo que los agentes dijeron ‘vamos, nos retiramos’.

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Ya en camino, le pidieron su celular, su cartera, su reloj y una cadenita que tenía. Lo despojaron de todo. Por instinto, Jorge Raúl intentó sacar su dinero antes de entregarles su cartera, pero uno de los agentes les dijo “¿qué pasó?, si no somos rateros”. No volvió a ver ese dinero. Finalmente le pidieron la clave de su celular para poner el aparato en modo avión y comenzar a revisarlo.

“Ya íbamos en la camioneta cuando me dice uno de los policías ‘güero, te estuvimos investigando cuatro años. Nada más nos hizo falta meternos al baño para encontrarte algo, pero nada’ y el que iba atrás conmigo me da una palmada en la espalda y momentos después me dice ‘pero ni modo, güero, ahora te tocó a ti’. Todo en tono de burla”.

—Oye, ¿para dónde nos dirigimos? —preguntó Jorge Raúl aún con la adrenalina después de haber visto por primera vez en su vida un arma apuntándole directamente.

—Nos vamos a la FEMDO —le contestaron.

Horas incomunicado

Cerca de las 10 de la mañana, Jorge y los seis agentes que lo detuvieron llegaron a una de las oficinas de la FEMDO, lugar al que media hora después también llevaron a dos personas más, una de las cuales era el policía Benjamín, que cuidaba su cuadrante, así como a otra persona identificada como Miguel Ángel, de la tercera edad, a quien no conocía.

En ese lugar les dijeron a los tres que estaban por el mismo delito, razón por la que Jorge Raúl pidió por primera vez que lo dejaran hablar con su familia, pero se lo negaron.

Afuera, la familia de Jorge Raúl ya estaba reportando su desaparición debido a que encontraron su camioneta, pero no a él. En el lugar le dijeron que habían visto que personas armadas se lo habían llevado. Lo primero que pensaron es que se trataba de un secuestro, por eso acudieron a reportarlo a la Procuraduría General de Justicia, cerca del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl.

Pasadas las 8 de la noche tanto Jorge Raúl como las otras dos personas tuvieron su primera audiencia con la jueza Joanna Karina Perea Cano con la representación de un abogado de oficio y tras calificar como “legal” la detención fueron remitidos al penal de Neza Bordo.

“En la audiencia es cuando me doy cuenta de que me han fabricado un delito. Estaba en shock. Al principio pensé ‘ahorita van a venir y me van a decir ‘disculpe, usted’. Es el mismo ‘disculpe usted’ que llevo esperando ya cuatro años y diez meses”, señala.

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Después de horas sin comunicación, por fin Jorge Raúl tuvo oportunidad de hablar con una de sus hermanas para decirle que había sido arrestado.

“Me dice ‘vamos para allá hermano, te estuvimos buscando en varios lugares. En Palacio nos decían que no, que no estabas ahí, pero por el policía que también había desaparecido nos mandaron a otro lado, a la FEMDO’. Ya de ahí parece que sí aparecemos (en el registro), pero les comentaron que ya estábamos en el penal. Vinieron al penal, pero les comentaron que no, que aquí no habíamos llegado”.

Todo continuó siendo incertidumbre hasta que por fin dieron con su paradero y nada más pudo pasar un primo suyo a verlo y entregarle unas “donitas”, pues no le habían dado de comer. Dos horas después entró un agente para decirles “ya se van ustedes, vámonos para el bordo”.

Hasta el 13 de enero de 2021, cerca de la una de la madrugada, los enviaron al penal de Neza Bordo, donde han estado encarcelados desde entonces.

“Por un audio de 1994 estoy aquí, preso”

Tras esperar el plazo constitucional de 144 horas, Jorge Raúl fue vinculado a proceso por el delito de secuestro a través de una audiencia realizada por videoconferencia, debido a que así lo establecía el protocolo activado por la pandemia del Covid-19.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público de la FGR que llevó el caso en su contra le señaló que lo vincularon con el secuestro de una persona porque su voz tenía una “similitud a la de una negociación de uno de los secuestros”.

Sin embargo, cuando el equipo legal de Jorge Raúl realizó un peritaje independiente de las supuestas grabaciones se dieron cuenta de que la voz con la que lo relacionaban era de la negociación de un secuestro cometido en 1994.

“Esa voz la tiene la Policía Federal en su banco de voces, pero yo en 1994 tenía 15 o 16 años. En la grabación se escucha una voz gruesa, yo en ese año tenía una voz todavía no madura […] y aunque tenemos un peritaje donde viene que no es mi voz, nunca lo incorporan en la carpeta. Así, por un audio de 1994 estoy aquí, preso desde hace cuatro años y diez meses”, señala como una de las muchas irregularidades cometidas durante su proceso.

En marzo —dos meses después de su detención— fue dirigido a la zona de “locutorios” del penal, donde dos policías ministeriales llegaron con dos nuevas órdenes de aprehensión giradas en su contra por el mismo delito, en una redacción que asegura son “copia y pega” una de la otra.

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“Para mí, de las víctimas, no hay ningún señalamiento. A las víctimas les pusieron imágenes, fotos mías, donde ellos mismos dicen ‘no, no lo hemos visto en nuestras vidas, no lo conocemos’, pero la Fiscalía es la que a mí me señala porque ‘mi voz tiene una gran similitud’. Una donde (se escucha) una voz norteña (adulta), otra donde (se escucha) una voz ñera”, agrega.

Hoy en día Jorge Raúl enfrenta tres carpetas de investigación abiertas por el delito de secuestro. En las dos primeras aún está en espera de que le dicten sentencia, proceso que se ha retrasado debido a que hay otras personas mencionadas en las investigaciones, lo que retrasa las diligencias, así como a la utilización de otras prácticas dilatorias supuestamente ejecutadas por la fiscalía.

Solo en una carpeta tiene ya una sentencia por 50 años de prisión, investigación en la que va en solitario. En abril de 2026 se tiene previsto que inicie el juicio de la primera carpeta en su contra, por la que fue detenido, mientras que en la segunda el juez Fernando Emmanuel Ortiz Sánchez, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, agendó para este miércoles 26 de noviembre la continuación del juicio oral, donde le podrían imponer la segunda condena.

Un mensaje para la presidenta Sheinbaum y el nuevo Poder Judicial

Hoy, tras haber pasado en la cárcel mil 770 días, Jorge Raúl pide a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades del nuevo Poder Judicial de la Federación que voltee a ver su caso y el de todas las personas a las que las autoridades han fabricado un delito para mantenerlas injustamente en prisión.

“Que voltee a ver no no’más mi caso, todos los casos que hay de carpetas fabricadas, porque aquí estamos muchos en esa situación […] Lo que le pido a la presidenta es eso: justicia. Justicia para la injusticia que estoy viviendo […] Quiero estar de vuelta con mis niños, con mis hijos, porque dejé a dos menores de edad. Mi esposa, tenemos muchos planes, porque somos gente de trabajo. Yo lo que pido es mi libertad, para volver a estar con mis hijos, con mi esposa, apoyar a mis padres y a mis hermanas. Tengo mucha familia, muchos amigos, gente que me quiere”, señala.

En octubre de 2021, Animal Político, en alianza con la organización Intersecta, publicó la investigación Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes donde se dio cuenta de que el 70 % de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa o automática son personas de escasos recursos.

Artesanos, choferes, campesinos, pescadores, vendedores y comerciantes, quienes en su mayoría apenas cuentan con primaria o secundaria y que son acusadas de delitos menores, como pequeños robos, pero también quienes como en el caso de Jorge Raúl, el caso Cassez-Vallarta, el caso Wallace o el de Duda razonable: historia de dos secuestros que exponen cómo las máximas autoridades de seguridad y justicia del país fabrican delitos a los ciudadanos.

De acuerdo con el abogado Carlos Sánchez, quien lleva el caso de Jorge Raúl, en cada administración existen ciertos modus operandi mediante los cuales los servidores públicos actúan para la fabricación de nuevos culpables en el país.

“Nosotros queremos ubicar más víctimas a las que les hayan hecho lo mismo, para identificar que fue sistemática esta fabricación. Con Genaro García Luna era común que la fabricación se hacía con los famosos montajes. Nosotros encontramos en tres reclusorios de la ciudad a 36 víctimas que les hicieron lo mismo […] en esta administración lo que queremos justamente es descubrir si este es el mismo modus operandi”, señaló el abogado.