En cinco años, la Guardia Nacional recibió 1,772 quejas por tortura, detención arbitraria y desaparición forzada
La Guardia Nacional registró mil 772 quejas en su contra ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde su creación, en 2019, hasta julio de 2024, según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a Derechos Humanos de la institución. Las principales quejas fueron por detención arbitraria; trato cruel, inhumano o degradante; tortura; privación de la vida y desaparición forzada, en ese orden.
Entre las quejas contra los uniformados hay registros de uso indebido de la fuerza que resultó en la muerte de personas, incluyendo una mujer embarazada que viajaba con su pareja en Jalisco.
La primera queja resuelta se registró en julio de 2019, al poco tiempo de la constitución de la Guardia Nacional, cuando la CNDH emitió medidas cautelares a miembros de esta corporación y de la Policía Federal por haber hostigado, amenazado y presionado al personal de dos albergues migrantes para realizar revisiones del estatus migratorio de quienes estaban alojados ahí.
Se han registrado muertes a manos de elementos de la Guardia Nacional
En 2021, la Comisión registró una denuncia por parte de la organización civil Pueblos Unidos Migrantes en la que señalaron a elementos de la Guardia Nacional de haber agredido con armas de fuego a un grupo de personas migrantes en Chiapas, lo que resultó en la muerte de un cubano y 4 otras personas lesionadas.
Ese mismo año, la CNDH advirtió un “uso de la fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional de manera ilegítima y desproporcionada en contra de un vehículo que transportaba a personas migrantes en Jalapa, Tabasco”, lo cual derivó en la muerte de una persona.
En 2022, en el estado de Jalisco, se emitió una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos en contra de la Guardia Nacional, al haberse identificado que tres elementos de esta corporación provocaron la muerte de una mujer menor de edad y embarazada que viajaba con su pareja en la carretera Zapotlanejo-Guadalajara.
ONU advierte por reportes de violencia en aprehensiones y detenciones arbitrarias
Tan sólo en 2022, la Guardia Nacional acumuló un total de 568 quejas; una cifra más baja en comparación de la Policía Federal del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien llegó a acumular entre 2007 y 2014 un total de 4,384 quejas, siendo la cifra anual más alta 794 en el 2012.
El Grupo de Trabajo de la ONU en esta materia publicó este año, en su informe final sobre detención arbitraria en México, que: “Si bien los miembros de la Guardia Nacional están capacitados en derechos humanos y en la recolección de pruebas, el Grupo de Trabajo observa que hay reportes constantes de violencia al realizar arrestos y detenciones arbitrarias por parte del personal militar”.
Con respecto a las cifras, la CNDH aseguró en su reporte “Análisis y precisiones al ‘Informe Preliminar del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria en México’”, publicado un año antes con motivo de la versión preliminar de dicho informe, que hubo una disminución en quejas que señalaban a la Guardia Nacional, a Sedena y la Marina –incluyendo las que registraban privación de vida y desaparición forzada– con respecto a los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto.
CNDH pasa de cuestionar a Guardia Nacional a avalar su incorporación a la Sedena
En 2019 fue creada la Guardia Nacional, con un carácter y mando civil, bajo la premisa que mientras esta corporación desarrollaba su estructura y capacidades, el Presidente Andrés Manuel López Obrador podría disponer de las Fuerzas Armadas de manera permanente para la atención de tareas de seguridad pública, al menos hasta 2024.
En tanto, la Guardia Nacional mantendría un mando civil, aunque se incorporaron elementos de la Policía Federal –también civil– y castrenses.
Incluso antes de que se creara la Guardia Nacional, la CNDH del entonces presidente Luis Raúl González Pérez había externado su preocupación de que, en el planteamiento que se votaría en 2019, “la Guardia Nacional no garantiza justicia y marca una ruta para militarizar áreas hasta ahora reservadas a las instituciones civiles”.
“La propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable, ya que tampoco garantiza ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita la institucionalidad civil y democrática, y contraviene sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país está obligado a cumplir”, expresó el órgano en febrero de 2019.
Las únicas acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Unión (SCJN) fueron en julio de 2019, antes de que Rosario Piedra Ibarra rindiera protesta como presidenta del organismo en noviembre del mismo año.
En ese momento, el organismo autónomo a cargo de González Pérez cuestionó varias disposiciones legales, entre ellas los requisitos de ingreso a la Guardia Nacional que podían resultar discriminatorios, las operaciones encubiertas para la prevención del delito, entre otras.
Sin embargo, la militarización de la corporación al aceptar a miembros castrenses en la Guardia no fue uno de ellos, un hecho criticado por la asociación México Unido Contra la Delincuencia.
Tres años después, en el marco de la discusión para integrar a la Guardia Nacional a la Sedena –reforma que después sería revocada por la Suprema Corte–, la Comisión de Piedra Ibarra se posicionó a favor de que las Fuerzas Armadas tomaran el mando.
44.6% de mexicanos consideraban recurrentes las prácticas de corrupción en la Guardia Nacional
Incluso con este mando civil, el 44.6% de los mexicanos de 18 años o más consideraba que ocurrían prácticas de corrupción de manera muy frecuente y frecuente en la Guardia Nacional, según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2021.
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Dos años después, contrario a los resultados anteriores, Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (Encoap) del mismo instituto identificó que la Guardia Nacional era la segunda institución con mayor nivel de confianza de la población mexicana mayor de edad, sólo por detrás de las organizaciones internacionales.
El porcentaje de confianza “alta o moderadamente alta” fue de 58.1%, mientras que la confianza “baja o nula” fue del 25.6%.
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Nora tiene pesadillas desde que piensa en la posibilidad de ser deportada. Sus hijas Christell y Leah están dispuestas a abandonar EU para mantener a la familia unida.
Nora no durmió durante la noche electoral. A medida que Donald Trump sumaba votos y el mapa de Estados Unidos se teñía de rojo, crecía su temor a ser deportada.
Aunque sus dos hijas son ciudadanas estadounidenses, Nora es indocumentada. Llegó a Estados Unidos hace 24 años, después de que el huracán Mitch devastara su pueblo en Nicaragua.
“Ando desvelada, no he podido dormir. Vuelve el miedo nuevamente”, dice tras pedir que su identidad se mantenga anónima debido a su estatus migratorio.
La campaña republicana insistió en un lema que resume el punto de partida del segundo mandato de Trump frente a los migrantes indocumentados: “¡Deportaciones masivas ahora!”.
Esta propuesta se convirtió en un tema diario de discusión entre Nora, de 47 años, y sus hijas Christell y Leah, de 30 y 19, durante las últimas semanas de campaña, en las que decidieron hacer un plan de respuesta familiar ante el posible triunfo del candidato republicano.
“Nos sentamos a hablar, porque teníamos mucha ansiedad y mucho miedo”, recuerda Nora. “Mis hijas me dijeron que, si tomo la decisión de marcharme de Estados Unidos, ellas se irían conmigo”.
Christell y Leah no pueden pedir a su madre ante las autoridades migratorias porque entró de forma irregular por la frontera sur. “El triunfo de Trump nos aterroriza”.
El expresidente conquistó más de los 270 votos del Colegio Electoral que requería para consolidarse como el ganador de los comicios.
Además, los republicanos lograron el control del Senado, lo cual le permitirá a Trump avanzar en sus iniciativas de gobierno.
Un millón para empezar
JD Vance, el compañero de fórmula de Trump como aspirante republicano a la vicepresidencia, dijo en una entrevista con el canal ABC que la deportación masiva de migrantes podría comenzar con un millón de personas indocumentadas.
Sin embargo, expertos en legislación migratoria cuestionan el costo y la factibilidad de esta propuesta. Algunos estiman que mantener un plan como el que propone Trump costaría alrededor de US$100.000 millones.
Cerca de 11 millones de migrantes indocumentados vivían en Estados Unidos hasta 2022, según la información más reciente publicada por el Departamento de Seguridad Nacional.
Casi la mitad de esta población proviene de México, seguida por Guatemala, El Salvador y Honduras.
Los migrantes indocumentados representan 3.3% de los habitantes de Estados Unidos y al menos 8.3 millones son trabajadores, de acuerdo con el instituto de investigación Pew Research Center.
La mayoría de los migrantes indocumentados se concentran en seis estados: California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.
Sin embargo, el Pew Research Center advierte que este panorama puede haber cambiado durante los últimos dos años debido a tres factores que aún no se reflejan en las estadísticas oficiales:
- La cifra récord de más de 2 millones de arrestos en la frontera con México.
- El incremento de más de 1 millón de solicitudes de asilo.
- La llegada de 500 mil migrantes beneficiados por permisos humanitarios (parole) provenientes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua.
“Quieren quitarme a mi mamá”
En el año 2000, cuando Nora se quedó sin empleo después del huracán Mitch, la decisión más difícil no fue emigrar a Estados Unidos junto con su esposo.
Lo más doloroso fue dejar a su hija Christell, quien tenía 6 años en aquel momento, con la abuela.
A la pareja le tomó cuatro años juntar el dinero necesario para sacar a Christell de Nicaragua y llevarla a Estados Unidos. Un año después nació su segunda hija, Leah, en Miami.
Durante su primer gobierno (2017-2021), Trump respondió al repunte en la entrada irregular de migrantes por la frontera sur con una orden polémica: separar a los padres de sus hijos para disuadir a las familias de emigrar hacia EU sin seguir lo marcado por la ley.
Aquella situación sembró tanto miedo en la casa de Nora, que su hija Leah se ofreció a defenderla públicamente de la amenaza de ser deportada, aunque solo tuviera 12 años.
Leah Cayasso se convirtió en redes sociales en “Leah, la activista” (@LeahTheActivist) y se identificaba a sí misma como una “orgullosa hija de migrantes”.
“Quieren quitarme a mi mamá”, dijo Leah desde una tarima durante un acto contra la política migratoria de Trump en 2018, cerca de la Casa Blanca en Washington DC.
“No me gusta vivir con este miedo. No puedo dormir. No puedo estudiar. Estoy estresada”, afirmó entre lágrimas ante una audiencia que le pareció multitudinaria.
“Tengo miedo de que se lleven a mi mamá mientras está en el trabajo, conduciendo o en casa”, expresó en aquel momento.
Seis años después de aquella experiencia, Leah ya no hace activismo, aunque respalda la lucha de su madre por encontrar una alternativa para obtener la ciudadanía.
“Yo tenía las esperanzas de una chica muy joven que no entendía muy bien lo que estaba pasando”, cuenta Leah en una llamada telefónica.
“Fue difícil no ver resultados y hasta cierto punto perdí un poco la esperanza.
“Ahora que comprendo la situación, creo que la mejor opción para mi mamá es que se apruebe un TPS para los nicaragüenses”.
La opción de un TPS
El estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, brinda una protección a los ciudadanos que no pueden regresar de forma segura a sus países, como es el caso de Cuba, Haití o Venezuela.
El Departamento de Seguridad Nacional de EU ofrece TPS a los ciudadanos de países que afrontan tres “condiciones temporales”: conflictos armados, desastres naturales o sanitarios (como epidemias) u otras circunstancias “extraordinarias”.
En vista de que el perfil de Nora no se ajusta a las condiciones que exige Estados Unidos para optar por el permiso humanitario para los nicaragüenses, considera que la opción más expedita para lograr su legalización es un TPS.
“En estos 24 años que llevo en Estados Unidos, en los que he trabajado y he pagado impuestos, no ha habido ningún otro mecanismo para que yo cambie de estatus”.
“Qué difícil es pensar en volver a Nicaragua”.
El estatus migratorio de Nora es la mayor preocupación de toda la familia.
De hecho, Christell y Leah votaron por primera vez en estas elecciones con la esperanza de que si Kamala Harris ganaba, podría hacer “algo a favor de los migrantes”.
Durante su campaña, Harris prometió que buscaría agilizar el proceso de asilo y abrir vías legales para que los indocumentados tramitaran la ciudadanía.
Pero desde la victoria de Trump, temen verse obligadas a separarse de su madre.
“Me siento un poco triste y decepcionada de ver cuántas personas apoyaron a Trump”, asegura Christell. “Nos afecta mucho saber que nuevamente hay una amenaza hacia nuestra comunidad migrante y en especial hacia nuestra familia”.
En el ejercicio de imaginar los próximos pasos que van a seguir, Christell reconoce que emigrar de Estados Unidos “es una decisión difícil”.
Sin embargo, alberga la esperanza de que Biden tome una medida de última hora y decida conceder el TPS a los nicaragüenses.
En medio de la incertidumbre, Leah se aferra a una única certeza: “Haremos lo que sea por mi mamá”.
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