Durante 2024, en promedio se presentaron dos denuncias diarias contra elementos de la Guardia Nacional por presuntos delitos relacionados con sus funciones de seguridad pública.
La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional presentó 286 denuncias penales en contra de 749 integrantes de esta fuerza de seguridad, por la probable comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones.
Las denuncias contra los elementos de la Guardia Nacional están contenidas en el Informe Anual de Actividades de la fuerza de seguridad, entregado al Senado de la República como parte de las obligaciones. La fuerza subordinada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no precisa de qué delitos se trata. Tampoco cuenta con información sobre cuántos de estos agentes han sido sancionados penalmente por delitos realizados durante sus funciones.
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Las denuncias penales contrastan con lo que reporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que en ese año emitió una sola recomendación por violaciones graves a derechos humanos, pero derivada de hechos ocurridos en 2023.
La CNDH determinó que elementos de la GN y del Ejército cometieron violaciones graves a los derechos humanos por tortura y por no garantizar el interés superior de la niñez en contra de dos menores de edad en San Luis Río Colorado, Sonora.
Respecto a las acciones realizadas en 2024, el organismo de derechos humanos no emitió ninguna recomendación en contra de la Guardia Nacional. No obstante recibió 409 quejas por violación de derechos humanos. La Comisión determinó que la corporación no tuvo responsabilidad en 171 de los casos, mientras que 238 todavía están en proceso de investigación.
Las pocas recomendaciones de la CNDH hacia la Guardia Nacional han sido una de las principales críticas desde la primera gestión de la titular del organismo, reelegida en esta Legislatura por la mayoría del Senado.
Piedra Ibarra defendió en noviembre pasado que desde 2019, de los mil 899 expedientes que involucran a la Guardia Nacional, se han resuelto mil 624, es decir el 85 %. Los derechos más frecuentes vulnerados, añadió la funcionaria, no son por violaciones graves sino a la seguridad jurídica, la legalidad a la integridad y al trato digno.
La Constitución y la nueva ley recientemente aprobada por el Congreso señalan que los elementos de la Guardia Nacional tienen fuero de guerra para delitos y faltas concernientes a la disciplina militar. Sin embargo, si cometen un delito dentro de sus funciones de seguridad pública, como los reportados en las denuncias penales, se les juzgará bajo la justicia civil.
En el último año, la Guardia Nacional removió a 22 elementos por indisciplina. Sin dar detalles, la corporación señala que 13 de ellos consumieron dentro o fuera de servicio drogas o sustancias ilegales, y dos de ellos consumieron bebidas embriagantes dentro de las instalaciones de seguridad o se presentaron bajo efectos etílicos a sus funciones.
Además, dos elementos no se condujeron con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos; dos más realizaron actos relacionados con corrupción; dos fueron removidos por no fomentar la disciplina y profesionalismo en sí mismo o en el personal bajo su mando, y uno incumplió órdenes específicas.
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La Guardia Nacional reporta también la suspensión temporal de 24 elementos. Tres de ellos incumplieron la ley y no respetaron los derechos humanos; nueve no fomentaron la disciplina y profesionalismo en sí mismos o en el personal bajo su mando; seis por consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones o presentarse a trabajar bajo efectos etílicos; tres consumieron drogas ilegales; uno utilizó fuerza desproporcionada en sus labores; otro por conductas que desacreditan la imagen de la Guardia Nacional y un elemento más fue suspendido por sustraer, ocultar, alterar o dañar información.
La Guardia Nacional reporta que en el último año, respondieron a 262 ataques en los que murieron 126 personas civiles y 26 elementos de la corporación.
El informe señala que en 2024, la Guardia Nacional detuvo a 10 mil 69 personas, de las cuales 2 mil 704 fueron puestas a disposición del ministerio público federal, 2 mil 746 al ministerio público del fuero común y 4 mil 619 que cometieron faltas administrativas.
Además del aseguramiento de vehículos, hidrocarburos, armas, sustancias ilícitas, divisas y equipo táctico.
El informe destaca que la Guardia Nacional capacitó y profesionalizó a 78 mil 15 de sus integrantes, con 2 mil 613 actividades académicas de formación inicial, formación continua, educación formal y certificación de competencias profesionales.
De forma complementaria, la Guardia Nacional colaboró con dependencias y organizaciones nacionales defensoras de los derechos humanos a través de 704 cursos para 18 mil 583 elementos, con la finalidad “de fomentar el respeto, la protección, la promoción y difusión de los derechos humanos”.
La Guardia mantiene un nivel de confianza ciudadano de 76.6 % entre la población mayor de 18 años en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, por arriba de las policías estatales y debajo del Ejército, la Fuerza Armada y la Marina.
La Guardia Nacional fue creada en 2019 como una fuerza de mando civil para realizar labores de seguridad pública ante la extinción de la Policía Federal. Sin embargo, en septiembre de 2024, el Congreso incorporó a la propia corporación bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, derivado de una iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 30 de junio, en el sexto aniversario de la creación de la Guardia Nacional, el Congreso formalizó su estructura militarizada y le otorgó nuevas facultades, entre ellas su participación en labores de inteligencia, operaciones encubiertas y como usuarios simulados, para la investigación preventiva del delito. Una de las principales críticas de activistas y legisladores opositores ante esas medidas es la participación de un cuerpo de la Sedena como principal ejecutor de las tareas de seguridad pública en todo el país.
En este lapso, 26 elementos de la Guardia Nacional murieron mientras realizaban tareas de seguridad pública.
El informe de la investigación apunta a que el jugador iba al volante y al exceso de velocidad como causa del accidente.
Las autoridades en España dieron a conocer las conclusiones de un informe preliminar sobre las posibles causas del accidente en el que murieron el futbolista portugués Diogo Jota y su hermano André Silva.
Según las mismas, todos los indicios hasta ahora indican que el delantero del Liverpool iba al volante cuando el auto en que viajaba se estrelló en una autopista española, y que probablemente circulaba a velocidad excesiva.
El jugador de 28 años, murió junto a su hermano André Silva, de 25, cuando el Lamborghini en que ambos se desplazaban sufrió el reventón de un neumático en la provincia de Zamora, en el noroeste de España, en la madrugada del pasado jueves.
La Guardia Civil de España dijo, tras conocerse la noticia, que el vehículo realizaba un adelantamiento en la autopista A-52, cerca de la población de Palacios de Sanabria, cuando se salió de la carretera y se incendió.
“Todo apunta también a una posible velocidad excesiva, superior al límite de velocidad de la vía”, dijo la Guardia Civil de Tráfico de Zamora en un informe.
La policía informó que había estudiado las marcas dejadas por uno de los neumáticos del Lamborghini y que “todas las pruebas realizadas hasta el momento indican que el conductor del vehículo accidentado era Diogo Jota”.
El informe pericial sobre el accidente es parte de la investigación judicial sobre el siniestro, dificultada por el incendio que destruyó casi por completo el coche.
El accidente ocurrió 11 días después de que Jota se casara con su pareja de toda la vida, Rute Cardoso, en Portugal. La pareja tenía tres hijos.
El futbolista y su hermano se dirigían al puerto español de Santander para que el delantero pudiera regresar a Liverpool para el entrenamiento de pretemporada.
Su funeral tuvo lugar en su ciudad natal de Gondomar, cerca de Oporto, el fin de semana.
Según los informes, las marcas de neumáticos eran visibles a unos 100 metros (330 pies) del punto de impacto.
Aunque se había sugerido que el asfalto de la carretera era irregular donde ocurrió el accidente, la policía dijo a los medios españoles que no era un “punto negro” de accidentes y que es posible rodar en ella a una velocidad superior a los 120km que tiene fijados como límite.
Según el diario español El País, fuentes cercanas a la investigación aseguran que el vehículo hizo un trompo y quedó en el hueco de dos guardarraíles, de tal manera que el propio guardarraíl “partió en dos” el depósito, provocando así la explosión “de imposible supervivencia”.
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