Gobierno de AMLO usó Pegasus para espiar al menos a 456 personas entre abril y mayo de 2019, según documentos judiciales
En tan solo dos meses del primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador −entre abril y mayo de 2019−, los teléfonos de por lo menos 456 personas fueron espiadas con el software Pegasus, revelan documentos judiciales del litigio entre WhatsApp y la empresa israelí NSO Group.
La organización Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) dieron a conocer que de las mil 233 víctimas de ataques con Pegasus que WhatsApp identificó entre sus usuarios globales, entre abril y mayo de 2019, 456 personas eran mexicanas, 100 de la India y 82 de Baréin.
El número de ataques correspondientes a México representa el 37 % del total de los incidentes documentados.
“Esta información inédita muestra, por primera vez, la escala del espionaje estatal con Pegasus que ha sido sistemáticamente negado por el gobierno mexicano”, de acuerdo con las organizaciones.
“Además, la aceptación de que México es cliente de NSO Group por parte de los propios representantes de la empresa tira por la borda los intentos por negar lo innegable. Las mentiras de la administración pasada han quedado expuestas ante las abrumadoras pruebas del uso de Pegasus, cuyo alcance real es aún desconocido, pero sin duda, de proporciones mayúsculas”, señalaron.
Ambas organizaciones han denunciado que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como el gobierno de López Obrador han pretendido mantener en la impunidad la corrupción y el espionaje ilegal con Pegasus.
En 2022, la investigación Ejército Espía reveló que la Sedena suscribió un contrato por un “Sistema de Monitoreo Remoto de Información” con Comercializadora Antsua –empresa con derechos exclusivos para vender Pegasus– con fecha del 12 de abril de 2019.
Ese mismo año, los teléfonos de al menos tres personas fueron intervenidos con Pegasus para monitorear llamadas y mensajes: un periodista de Animal Político; Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas, y el periodista y escritor Ricardo Raphael, como pudo comprobar Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, luego de hacer un análisis forense a sus equipos.
En los tres casos, la intervención ilegal a los teléfonos ocurrió cuando los afectados investigaban temas relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.
Hasta la fecha, la Sedena se niega a entregar la información sobre dichos contratos, pese a la resolución del INAI que le obligó a entregar información que fue solicitada vía transparencia.
La Sedena también ha negado la existencia del Centro Militar de Inteligencia (CMI), el área encargada del espionaje durante sexenio de AMLO, pese a las evidencias que confirman su operación, como la referencia que la propia dependencia hizo sobre él en su segundo informe de labores en 2020.
Ejército Espía y el software Pegasus
El software de espionaje ilegal ha sido utilizado para espiar en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, principalmente a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, e incluso funcionarios públicos.
El primer antecedente de Pegasus en México se registró en 2012, cuando investigaciones periodísticas publicaron que la Sedena se convirtió en el primer cliente internacional de NSO Group, al adquirir el sistema Pegasus como parte de una serie de contratos celebrados con la empresa Security Tracking Devices S.A. de C.V., los cuales ascendieron a 5.6 mil millones de pesos.
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Aunque Sedena ha intentado negar el espionaje, en la investigación Ejército Espía se ha podido documentar tanto la existencia del CMI como el uso del software en contra de los ciudadanos.
Pese a la ilegalidad del espionaje, en México no hay un solo sentenciado por ello, y las autoridades ni siquiera han realizado el trabajo de investigación de manera expedita.
En 2017, 2022 y 2023, las personas vigiladas por Pegasus presentaron denuncias penales ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), pero hasta el momento no han hallado a ningún responsable.
La negativa de la dependencia encabezada entonces por Luis Cresencio Sandoval ha pasado por encima del compromiso público que el expresidente hizo durante sus conferencias matutinas en las que instruyó la entrega.
“Vamos a entregar toda la información, no hay nada ilegal, se hace trabajo de inteligencia porque es mucho mejor la inteligencia que la fuerza”, declaró en marzo de 2023.
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El Presidente Nayib Bukele dijo que liberaría a los 252 venezolanos que están en el CECOT si Maduro soltaba a 252 “presos políticos” en sus cárceles.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció repatriar a 252 venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos y encarcelados en su país si Venezuela libera la misma cantidad de “presos políticos”.
Nayib Bukele se dirigió a las redes sociales para responderle directamente al presidente de Venezuela (cuya legitimidad aún está en disputa) Nicolás Maduro, después de que en marzo el líder venezolano hubiera presentado una demanda de habeas corpus ante la Corte Suprema de El Salvador, buscando la liberación de los ciudadanos venezolanos que fueron deportados de EE.UU. a El Salvador.
En un mensaje que publicó en la red social X, Bukele negó que los ciudadanos venezolanos que actualmente están recluídos en el temido Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de su país sean prisioneros políticos, y aseguró que “muchos (…) han asesinado, otros han cometido violaciones, y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados”.
El presidente de El Salvador luego acusó a Maduro de ser él quien tiene prisioneros políticos en su país: “la única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales”.
“Sin embargo, quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene.”
A la declaración de Bukele respondió inicialmente la Fiscalía General de Venezuela, diciendo que con sus palabras, el presidente de El Salvador estaba “confesando” “mantener secuestrados” a 252 venezolanos en su país.
“Secuestrados”
El comunicado del Ministerio Público de Venezuela tildó a Bukele de ser “el más fiel exponente del neofascismo del presente siglo XXI”, y de estar cometiendo, junto a EE.UU. “una grave violación del derecho internacional, de los derechos humanos y constituye un crimen de lesa humanidad que imita las repugnantes prácticas nazis de la mitad del siglo XX”.
Además, el Ministerio Público venezolano le pidió al gobierno de El Salvador que le enviara “de manera inmediata la lista completa con la identificación de todos los secuestrados y su estatus judicial, así también como la fé de vida y el informe médico de cada uno”.
“Al mundo entero debe causarle repugnancia el hecho de que el CECOT ya no es un centro de tortura (…) para sancionar a delincuentes de su país, sino un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana”.
Bukele por su lado, mencionó algunos de los nombres de miembros de la oposición en Venezuela que actualmente están pagando alguna sentencia o recibiendo presión estatal: ” Entre ellos, Rafael Tudares, yerno de Edmundo González; el periodista Roland Carreño; la abogada y activista Rocío San Miguel”.
“La señora Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado, a quien amedrentan a diario y le sabotean el acceso a servicios básicos como la luz y el agua; así como los cuatro dirigentes políticos asilados en la embajada de Argentina y otros venezolanos presos políticos.”
Una pelea en EE.UU.
Los 252 ciudadanos venezolanos actualmente en el CECOT fueron deportados de EE.UU. y enviados a El Salvador por el gobierno del presidente Donald Trump, quien los acusa de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua sin ofrecer evidencia que lo soporte.
Washington le paga a El Salvador para mantener a los deportados en su notorio Centro de Confinamiento de Terroristas de alta seguridad.
Desde que asumió el cargo en enero, las políticas migratorias de línea dura de Trump se han topado con varios obstáculos legales.
En el último acontecimiento, la Corte Suprema de EE.UU. ordenó el sábado a Washington que suspendiera la deportación de otro grupo de presuntos pandilleros venezolanos.
La Casa Blanca ha calificado las impugnaciones al uso de la ley para deportaciones masivas como “litigios sin fundamento”.
Trump ha enviado a presuntos pandilleros venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que otorga al presidente la facultad de detener y deportar a nativos o ciudadanos de naciones “enemigas” sin los procesos habituales.
Esta ley solo se había utilizado anteriormente en tres ocasiones, todas en época de guerra.
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